A palabras sabias… oídos sordos

Los contenidos del pronunciamiento presentado a la opinión pública por los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el municipio de Dibulla (Guajira) el pasado 18 de abril, poco aparecieron en la información publicada por los medios masivos de comunicación. La noticia fue la movilización, la multitud, la masa de indígenas manifestantes, pero no el sentido de sus protestas, el cual fue opacado por las opiniones e interpretaciones que sí tienen lugar en los medios: las de los políticos y empresarios que los financian e influyen.

Los indígenas pidieron de manera explícita a la opinión pública “que asuma prudente claridad para el uso adecuado al carácter de nuestro posicionamiento” ver pronunciamiento. Con excepción del semanario El Espectador y de algunos medios indígenas que le han dado un amplio cubrimiento al tema, los medios hicieron caso omiso de esta petición al elaborar sus contenidos alrededor de temas secundarios como la movilización o al reducir su discurso a un simple mensaje ecológico. Ver imagen.

Varios factores inciden en este hecho. En primer lugar, los pueblos indígenas, al igual que otros sectores tradicionalmente excluidos, no representan actores legítimos para la conformación de las agendas informativas de los medios masivos, como sí lo son las autoridades del gobierno local y nacional y los empresarios del puerto. De ahí la marcada tendencia al oficialismo de las fuentes, por encima incluso de los protagonistas del hecho. Así, para que éste haya logrado hacerse campo en las páginas de los periódicos (sobre todo los regionales) tuvo que ser mostrado como un hecho masivo, con halos de “disturbio” o “rechazo”, es decir, con dotes de esa espectacularidad que buscan los medios en términos de valores – noticia.

Como veremos en el artículo a continuación, el mensaje de los indígenas, frente al que la sociedad regional y nacional hace oídos sordos, es mucho más complejo que la simple recomendación medioambiental. A su vez, el sentido no pretendía ser de mera “oposición” a la construcción del puerto.

Jukulwa: Sitio sagrado

“¿Qué sentirán los indígenas al ver esto así?”, se preguntaba el jefe del parque Sierra Nevada de Santa Marta, mientras recorríamos la carretera construida hasta el lugar, a orillas del mar, en el municipio de Dibulla, Guajira, donde a comienzos de 2006 se iniciaron obras del Puerto Multipropósito Brisa S.A. A lado y lado de la vía que conduce al sitio escogido para el megaproyecto, el manglar del río Lagarto se ha secado, pues el cerro que naturalmente limitaba el paso al mar ha sido derribado de manera parcial por la empresa Brisa S.A, drenando, de esa forma, el humedal ver imagen.

El daño ambiental descrito motivó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) a suspender la licencia concedida a la empresa en diciembre de 2005, hasta tanto éste no haya sido reparado y no se haya concertado con los indígenas sobre su manejo, uso, acceso y protección del sitio sagrado. Sobre el poco transparente proceso de adjudicación de la misma y la posición del MAVDT y de la Dirección de Etnias de Ministerio del Interior ya se ha hablado bastante. Los indígenas presentan en su documento su azaroso recorrido.

No atendió la empresa Brisa S.A. que este lugar, denominado Jukulwa, hace parte de la Línea Negra, límite del territorio de las culturas de la Sierra Nevada, reconocido legalmente por el Gobierno Nacional (resolución 0002 de 1973 del Ministerio de Gobierno, Decreto 837 de 1995 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior). Jukulwa es uno de los sitios sagrados del pueblo indígena Kogui y, por lo tanto, de los pueblos Wiwa, Arhuaco y Kankuamo. En su misión de mantener el equilibrio ambiental y cultural de la Sierra Nevada, resulta vital para los indígenas realizar ofrendas o pagamentos en este sitio que controla el acceso de las enfermedades, no sólo de los Koguis sino de los cuatro pueblos, de los animales, los vientos, los árboles, entre otros ver imagen.

Allí se congregaron el 18 de abril unos cuatrocientos indígenas de los cuatro pueblos para expresar su preocupación frente a la construcción del puerto y su rechazo frente al desconocimiento de su autonomía. En este sentido, su posición fue extensiva a los proyectos: Represa de Los Besotes, sobre el Río Guatapurí, límite natural entre los territorios Arhuaco y Kankuamo, incluido en el cuestionado y recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo 2006–2010, con un plazo máximo de un año para que su construcción sea iniciada; y, a la Represa del Río Ranchería, devastadora obra que está en marcha desde enero de 2006 afectando sitios sagrados del pueblo Wiwa ubicados en la zona de ampliación proyectada para su territorio colectivo y que afectará igualmente al pueblo Wayuú del sur de la Guajira.

El gobierno cede en todos estos casos a los intereses de la empresa privada, eludiendo la responsabilidad que el mandato constitucional le impone al Estado de garantizar el acceso digno y equitativo al agua y a un medio ambiente sano, a todos los sectores de la población. De esta manera condena a estos grupos étnicos a asumir los pasivos ambientales de la construcción de estos proyectos, como lo demuestran dramáticos ejemplos como el del pueblo indígena Embera por la construcción de Urrá. [1]

Palabras más, palabras menos

Los argumentos gubernamentales para la implementación de estos proyectos giran alrededor de promoción del desarrollo regional a través de la extensión en el piedemonte de la Sierra Nevada, de la agroindustria, con la adecuación de los distritos de riego de los ríos Guatapurí y Ranchería y de San Juan del Cesar; y de la industria minero-energética, asociadas a las “oportunidades” que traerá la implementación del TLC. Estos intereses privados contrastan con el propósito altruista publicitado de proveer de agua a los habitantes del Sur de la Guajira y de Valledupar.

En la coyuntura de la movilización de los pueblos de la Sierra Nevada, algunos medios indígenas de comunicación y de organizaciones solidarias con sus procesos, y el semanario El Espectador -mediante informes especiales, entrevistas a las partes y columnas- han hecho seguimiento a la controversia desatada por la construcción del puerto. Por estos medios se presentó la manera en que la empresa Brisa S.A. promovió entre los habitantes de Dibulla la confrontación con los indígenas. La cuestionable estrategia, frente a la que los indígenas expresaron su desconcierto, fue interponer a los estudiantes de los colegios de Dibulla en su paso hacia el sitio sagrado. En otros medios regionales y nacionales, como El Tiempo y El Heraldo, se visibilizaron las posiciones de las dos comunidades; incluso, se hizo referencia a las visiones sobre la movilización calificada por miembros de la empresa y de la comunidad de “invasión de los indígenas a la propiedad privada” y “choque entre las dos comunidades” en la disyuntiva entre atraso y desarrollo.

En contraste, el mensaje de los indígenas a la comunidad del corregimiento de Mingueo fue claro: consideran a la comunidad como sus vecinos; no quieren que los niños y niñas aprendan desde pequeños el conflicto, las formas violentas de tramitarlo; no quieren perjudicar a los posibles beneficiarios del proyecto; no buscan un choque con la comunidad de Dibulla y consideran que no se justifica una confrontación entre las dos comunidades por otros, refiriéndose a la empresa. Creen, asimismo, que habrá camino para hablar con la comunidad no indígena y aclarar sus posiciones frente al proyecto, fundamentadas en distintos modelos de desarrollo.

Algunos voceros de la comunidad de Dibulla expresaron que creen en la vía del diálogo; se identifican con la conservación del medio ambiente pero, por encima de ello, demandan la garantía de los derechos al empleo, al desarrollo y, en consecuencia, a la vida. Estos voceros expresan su preocupación sobre los efectos negativos en la relación entre indígenas y campesinos que ha desatado la suspensión de las obras del puerto. El gobierno ha delegado esta función a la empresa Brisa S.A., al encargarle el proceso de concertación con los indígenas respecto al manejo del sitio sagrado llamado Jukulwa, eludiendo su responsabilidad en el ordenamiento territorial de la Sierra Nevada.

Su posición se basa en una concepción sobre el territorio en la que éste no es un bien comercial, no puede ser objeto de negocio, pues es el sustento de la vida en lo material, en lo cultural y en lo espiritual. Algunos medios de comunicación reproducen la postura del gobierno regional y nacional que trata de desviar la atención sobre el problema al presentar un enfrentamiento entre las visiones de desarrollo de indígenas y campesinos. Mientras tanto, los indígenas denuncian el irrespeto a los derechos reconocidos a los pueblos indígenas a través de la legislación nacional e internacional. Al respecto, el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 7º, es más que claro al reconocer los derechos de los pueblos indígenas a: “decidir su propias prioridades en materia de desarrollo en la medida que afecte sus vidas, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera” y “a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos”. Es decir, a ser consultados respecto a estos proyectos a través de procedimientos adecuados y de sus instituciones representativas.

El mensaje de los medios frente al de los indígenas

En el extenso comunicado presentado el 18 de abril en el cerro sagrado de Dibulla, los indígenas dejan claro que no se oponen al desarrollo sino, por el contrario, quieren contribuir a hacerlo viable mediante la conservación de las fuentes de agua de la Sierra Nevada. Reiteran su propuesta de unir esfuerzos para mantener el ciclo natural del agua y su flujo desde los manantiales que día a día se están acabando. Su posición se basa en una concepción sobre el territorio en la que éste no es un bien comercial, no puede ser objeto de negocio, pues es el sustento de la vida en lo material, en lo cultural y en lo espiritual. Esta visión profunda no es un ejercicio de retórica, pues en su territorio y en cada uno de los lugares sagrados están contenidas las claves para el manejo social y ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, de su sistema organizativo y de gobierno, del que depende el equilibrio del mundo en la lógica del efecto mariposa ver imagen.

En el cerro y en el comunicado los indígenas expresaron que no abandonarán su tarea de velar por los sitios sagrados de su territorio ancestral. No ocuparán dichos lugares pero deben cuidarlos a través de pagamentos que se realizan en los sitios en los momentos que determina el calendario tradicional; y a la distancia en las jurisdicciones de sus autoridades tradicionales o mamos. A cada uno de ellos se le ha encargado velar por una específica especie animal o vegetal, por un elemento de la naturaleza o aspecto de la vida entendida más allá de su forma humana; ése es el sentido del pagamento y la lógica del daño cultural.

Los indígenas consideran que desde hace una década se ha avanzado en la construcción de acuerdos con el gobierno nacional en torno al propósito común de garantizar la conservación de la naturaleza. Ecología, conocimiento indígena e incluso sentido común coinciden en torno a los fenómenos ambientales: el sitio sagrado Jukulwa, que abarca la zona de manglar, los pantanos, el mar, el cerro y sus alrededores, “está conectado con las lagunas de los páramos” y es esencial para conservar el ciclo natural de las aguas. Arriba y abajo todo está relacionado.

Este complejo proceso de diálogo y trabajo intercultural, que permite construir estas bases de entendimiento, se echa al traste cuando cuestiona la política económica del gobierno. La posición indígena es que en la medida en que se lesione la integralidad natural de su territorio, que constituye el eje de su argumentación y el elemento central en el reconocimiento al territorio ancestral por parte del Estado colombiano y de los acuerdos con el Gobierno, no podrán considerarse benévolos los efectos y consecuencias de los proyectos en cuestión.

El mensaje llevado a las playas de Dibulla desde la Sierra Nevada va más allá de lo reproducido por los medios de comunicación. No es solamente el legado ecológico de los “ángeles de la naturaleza”, como los nombra una periodista de la costa; es también, y sobre todo, un mensaje político de sujetos colectivos que reivindican sus derechos. Los pueblos de la Sierra se oponen a que se viole su territorio, su cultura y su autonomía, que al decir de ellos “es la que le compete a nuestras autoridades como funcionarios públicos al servicio del logro de nuestros fines como los concebimos, nos los proponemos y los expresamos en nuestra cultura”. [2]

Su intención, más que oponerse la visión del desarrollo de la sociedad regional y nacional, es dejar claro que constitucionalmente a ellos les corresponde definir qué se hace en su territorio. Éste fue justamente el énfasis que menos difundieron los medios: en primer lugar, los indígenas son autoridad en su territorio ancestral y en los sitios sagrados que lo conforman; en segundo lugar, tienen derechos reconocidos frente a los que se han dado avances que hoy se están reversando; y por último, su visión cultural es irrenunciable y la defenderán políticamente, sin embargo, no pretenden atropellar ni contraponerse a la de las otras comunidades de la región.

Información relacionada en Actualidad Colombiana:

Qué pensamos frente los megaproyectos en la Sierra Nevada Cayetano Torres. Indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta

Posición indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta frente a los proyectos multipropósitos puerto Brisa en Dibulla, represas en Besotes y Ranchería: Afectación de nuestras culturas

Correo de contacto: lilimunera@yahoo.com