A pesar de sus crímenes, Washington se presenta como modelo

Desde el 16 de enero de 2006, la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) transmite, en nombre de los «derechos humanos», mensajes políticos dirigidos a la población cubana mediante una enorme pantalla luminosa. En medio de escándalos como el de Abu Ghraib, el de Guantánamo o el de las prisiones secretas de la CIA, esa pantalla luminosa transmite el artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos que estipula que nadie debe ser sometido a la tortura.

Las fotos que publicó la prensa internacional sobre los abusos cometidos en la prisión de Abu Ghraib no son más que la parte visible del iceberg. El Pentágono decidió, efectivamente, mantener en secreto 1 325 documentos, fotos y videos de actos de tortura, violaciones sexuales y asesinatos contra detenidos iraquíes, específicamente mujeres y adolescentes, cometidos entre el 18 de octubre de 2003 y el 30 de diciembre de 2003. El informe del agente especial James E. Seigmund sobre esa documentación no publicada habla de 660 agresiones sexuales, 93 videos que muestran prisioneros torturados y 547 imágenes de detenidos muertos en prisión [1].

El Pentágono justificó ante el Tribunal Supremo federal su decisión de no divulgar los documentos, esgrimiendo, con monumental hipocresía, la necesidad de «proteger la intimidad de los detenidos iraquíes de Abu Ghraib». En septiembre de 2005, cuando un juez ordenó la publicación de ese material, el Departamento de Defensa mantuvo su posición afirmando entonces que no podía poner en peligro la vida de los militares responsables de los actos de barbarie. Según la Cruz Roja, entre el 75 y el 90% de los prisioneros iraquíes son liberados al cabo de varios meses de calvario sin que se formulen cargos contra ellos [2].

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) condenó el doble rasero que aplica Estados Unidos en lo tocante a los derechos humanos. «Esta administración ha dado prueba de desprecio por los valores jurídicos universales. Estados Unidos no tiene reparos en ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el suyo propio cuando se trata de emitir críticas sobre las violaciones de los derechos humanos», declaró José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW. Según él, los abusos y tratos degradantes que las fuerzas estadounidenses cometen contra los prisioneros, en nombre de la guerra contra el terrorismo, constituyen la mayor violación del derecho internacional cometida en la historia [3].

El representante de la organización internacional fustigó también la detención ilegal y sin juicio de cientos de personas de diferentes nacionalidades sospechosas de terrorismo así como los asesinatos cometidos en Afganistán, en Irak y en las prisiones secretas de Europa entre el año 2002 y el año 2005. «Esos prisioneros murieron estando detenidos por las fuerzas de seguridad estadounidenses y cerca de un tercio de esas muertes […] son resultado de homicidios […] [y] los responsables siguen sin ser objeto de acciones legales», subrayó [4].

Hasta el siempre fiel Parlamento Europeo, controlado por la derecha y gran aliado de Estados Unidos, publicó, el 16 de febrero de 2006, una resolución que exige el cierre del centro de detención de Guantánamo. «Todos los prisioneros deben recibir un trato acorde con la legislación humanitaria internacional y ser juzgados en el más corto plazo posible[…] por un tribunal competente, independiente e imparcial», afirma la declaración que «condena todas las formas de tortura y de malos tratos y reitera la necesidad de respetar el Derecho Internacional [5] ».

Al mismo tiempo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Manfred Nowak, llamó a la Unión Europea, que al permitir el uso de su espacio aéreo se hizo cómplice de los abusos cometidos por la CIA, a unirse al reclamo y a exigir que Estados Unidos cierre definitivamente la prisión de Guantánamo. «Es importante que la Unión Europea desempeñe su papel para convencer a Estados Unidos de que sus argumentos jurídicos para el mantenimiento de la detención de esas personas no son aceptables a la luz del derecho internacional», señaló Nowak [6].

Manfred Nowak también criticó severamente a países europeos como el Reino Unido y Suecia que extraditaron sospechosos a países que practican la tortura. En cuanto a las prisiones secretas, el relator especial afirmó que «mantener los lugares secretos de detención significa que hay desaparición de personas, que éstas son mantenidas sin ningún contacto con el mundo exterior y que, por consiguiente, están expuestas a la tortura», y agregó que la desaparición constituye «una de las peores violaciones de los derechos humanos [7]».

Las prisiones de Guantánamo y de Abu Ghraib, reflejadas por la prensa internacional debido a las siniestras torturas que allí se han cometido contra los prisioneros, no son sin embargo los peores centros estadounidenses de detención. Cerca de 500 prisioneros son retenidos por tiempo indefinido en la base aérea de Bagram, al norte de Kabul, en Afganistán. Algunos están encerrados en jaulas desde hace más de tres años sin que se les haya formulado cargos y sin que hayan podido tener contacto con algún abogado (contrariamente a los detenidos de Guantánamo). Mientras que se organizan visitas cuidadosamente restringidas a la base naval estadounidense enclavada en territorio cubano, la existencia de la prisión de Bagram se mantuvo en secreto desde su creación en 2002. Las autoridades militares siguen negándose a publicar los nombres de los prisioneros y no permiten más visitas que las de la Cruz Roja [8].

Según Clive Stafford Smith, abogado británico que representa a 40 detenidos de Guantánamo que estuvieron en Bagram, varios prisioneros de la base afgana fueron entregados a terceros países para que fueran torturados y varios de ellos «desaparecieron». «Si usted piensa que hubo gente que sufrió tratos crueles en Guantánamo, eso no es nada comparado con lo que pasa en otros lugares», señaló. «Uno de mis clientes se llama Binyam Mohammed. Él fue entregado a Marruecos. Tenemos los números de los vuelos. Tenemos hasta los nombre de los soldados que iban en el avión. Él fue torturado durante 18 meses. Le cortaron el pene con una cuchilla de afeitar, ¡Dios mío! Y ahora el ejército de Estados Unidos lo está juzgando en Guantánamo. […]Lo hicieron confesar que había cenado con Khalid Sheik Mohammed, Ramsey Ben al-Said, Abu Zubaydah, Sheikh al-Libbi y José Padilla, con todos juntos, el 3 de abril de 2002, en Pakistán. El problema es que dos de ellos, Abu Zubaydah y Sheikh al-Libbi, estaban en manos de los soldados estadounidenses en esa fecha. […]Hassin ben Attash, un joven de 17 años, fue llevado a Jordania y torturado durante 16 meses. Y la lista es larga», denunció [9].

Según Michael Ratner, abogado estadounidense que también representa a otros detenidos de la base de Guantánamo y presidente del Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), los sospechosos son enviados a Bagram porque no tienen existencia jurídica. En junio de 2004, la Corte Suprema estadounidense exigió que la administración Bush presentara a las personas retenidas en Guantánamo ante un tribunal. Según Ratner, la Casa Blanca respondió enviando esas personas a Bagram, entre otros lugares. «Ninguna corte, ningún abogado, nadie puede visitar a alguien en Bagram [y Estados Unidos] instaló cámaras de tortura por todo el mundo», deploró [10].

Por su parte, Amnesty International (AI) presentó un informe abrumador sobre la detención y la tortura en Irak. «Numerosos casos de tortura y de malos tratos[…] han sido relatados[…]. Las víctimas fueron sometidas, entre otros métodos, a descargas eléctricas o fueron flageladas con cables eléctricos», declaró la organización [11].

A pesar de la condena internacional contra las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la guerra contra el terrorismo, Washington no vacila en publicar su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, documento en que, por supuesto, el único país que no se menciona es Estados Unidos. Nuevamente, en el continente americano, las naciones que se niegan a alinearse en la fila del neoliberalismo, como Cuba y Venezuela, son estigmatizadas. Se puede apostar que la Bolivia de Evo Morales estará entre los países «violadores de los derechos humanos» en el próximo informe del Departamento de Estado, en 2007 [12].

No tiene nada de sorprendente, por consiguiente, ver al embajador John Bolton votar contra la creación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que reemplazará la Comisión de Derechos Humanos, desacreditada debido a su tratamiento parcializado y parcial de ese tema. En 2005, por ejemplo, la Comisión se negó a abrir una investigación sobre los abusos de Guantánamo pero adoptó una resolución contra Cuba. Estados Unidos está aislado en el seno de la comunidad internacional. En efecto, 170 países aprobaron el nuevo Consejo y sólo tres naciones se alinearon con la posición de la administración Bush (Israel, las Islas Marshall y Palau).

No es la primera vez que Washington se niega a aceptar un instrumento internacional sobre los derechos humanos. Estados Unidos se opone al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los dos protocolos de pacto sobre los derechos civiles y políticos. También rechazó la convención contra el Apartheid, la convención sobre la no prescripción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la convención sobre la supresión del tráfico de personas y la explotación de la prostitución, la convención sobre el estatuto de refugiado, la convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, la convención de Ottawa de 1979 sobre las minas antipersonales, la convención sobre los derechos del niño, la Corte Penal Internacional y 158 convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).