Aborto: persecución clerical contra las mujeres

Contra toda justicia y con el apoyo de algunos políticos, en muchas entidades de la república (18 de ellas hasta enero de 2010) se han implantado leyes que castigan así a las mujeres, a pesar de que en un Estado laico debe respetarse el derecho a tomar ese tipo de decisiones personales.

Esos preceptos se han impuesto gracias al oportunismo de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de otras fuerzas políticas, que a la medida de sus propias conveniencias, buscan complacer al clero, y garantizar, si no su apoyo, pues el Partido Acción Nacional (PAN) ha sido siempre el partido que representa sus intereses, sí en alguna medida su neutralidad en las contiendas políticas.

Como en el caso de la elevación de impuestos, de la militarización del país y de otras medidas que perjudican a la población, esos políticos respaldan el antiabortismo clerical no sólo porque les conviene hacerlo, sino porque juzgan que el pueblo y, en particular, los sectores afectados no tendrán la conciencia, el valor, la dignidad y la fuerza para defender sus causas y sus ideales.

La derecha, especialmente en la ciudad de México, ya no logra convocar prácticamente a nadie para defender sus proyectos, pero haría falta que quienes los reprobamos manifestemos públicamente ese rechazo.

Respaldadas por todas las personas que apreciamos las libertades, las mujeres en edad reproductiva, que son quienes están directamente en riesgo de ser perseguidas judicialmente en caso de practicarse un aborto, deberían asumir la actitud de defender su propio bienestar, su tranquilidad y su vida, haciendo todo lo posible para presionar a la jerarquía católica, a la derecha y a sus aliados oportunistas.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, difundidas en febrero de 2010, desde la legalización del aborto en la ciudad de México, en 2007, un total de 34 mil 660 mujeres habían tomado la decisión de someterse a ese procedimiento.

Si todas ellas hicieran algo para defender un derecho que han ejercido, entonces el clero, el PAN y sus aliados encontrarían muy difícil seguir aprobando leyes que criminalizan a las mujeres.

En lo que se refiere a los derechos de las parejas homosexuales, la sociedad en su conjunto y, ante todo, esas parejas tendrían que salir a las calles y recurrir a todos los medios lícitos para defender una conquista tan importante como la legalización del matrimonio homosexual en la ciudad de México, pues su premisa es el respeto a las diferentes preferencias y formas de vida.

La reacción por parte de cada uno de esos sectores y la unidad de esfuerzos entre ellos para defender las libertades personales constituirían una fuerza abrumadora contra los embates derechistas.

Tanto en el caso de la despenalización del aborto, como en el del matrimonio homosexual, la Procuraduría General de la República ha adoptado el papel de abogado del clero para defender su posición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procurando invalidar ese nuevo derecho.

Si todas las parejas y las mujeres defendieran lo que les incumbe, cabría esperar que las oficinas de esa dependencia, lo mismo que las del PAN y de instancias del clero, fueran objeto de nutridas protestas por parte de homosexuales, incluyendo los que laboren en ellas, y de mujeres que pueden verse en la necesidad de abortar, etcétera.

Sin embargo, hasta ahora esas movilizaciones no se han dado en la medida necesaria y, por ello, la derecha y sus aliados siguen actuando con toda impunidad.

Desde luego, en esa situación juegan un papel muy importante los “grandes” medios de comunicación, encabezados por las televisoras, que cotidianamente repiten las consignas oficialistas para hacer que la gente deje de lado sus verdaderos problemas (como puede ser para las mujeres un embarazo no deseado) y se concentren en temas, como la supuesta guerra contra el narcotráfico, que son ajenos a la mayor parte de la población.

Violencia contra las mujeres

Aunque la sociedad reprueba en forma unánime la violencia contra las mujeres, el clero la ejerce a través de sus testaferros y aliados, pues muchas mujeres en el país sufren persecuciones y castigos por haberse atrevido a desafiar las prohibiciones religiosas.

De acuerdo con defensoras de los derechos de las mujeres, actualmente hay en el país más de 200 mujeres presas, juzgadas y condenadas por el delito de “homicidio infantil”, por haber abortado; mientras que otras mujeres están bajo proceso, cientos son perseguidas, intimidadas y acosadas por participar de alguna forma en la defensa de los derechos de las mujeres.

En Puebla, por ejemplo, en enero de 2010, el procurador estatal, Igor Archundia, dio a conocer que en esa entidad había ya 30 mujeres sujetas a proceso penal por haber abortado.

En Guanajuato, las mujeres que abortan pueden ser acusadas de “homicidio en razón de parentesco” y sentenciadas hasta con 35 años de cárcel, pese a que el Código Penal estatal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión y un máximo de 30 salarios mínimos de multa.

Tan sólo de 2000 a 2009, 20 mujeres que abortaron fueron encarceladas, de un total de 130 que fueron denunciadas por esa razón ante el Ministerio Público.

En Veracruz, de acuerdo con información difundida a fines de enero de 2010, había nueve mujeres procesadas por abortar, acusadas de “homicidio calificado”; cinco de ellas ya estaban purgando condenas de 12 a 15 años de cárcel.

En Tamaulipas, Hidalgo, Yucatán y otras entidades, hay mujeres que han sido procesadas o amagadas por la policía como presuntas responsables de haber abortado.

Sin embargo, tan cínica es la actitud de muchos políticos convenencieros que, a fines del año pasado, mientras el yunquista César Nava amenazaba con que el PAN seguiría promoviendo leyes para penalizar el aborto en los estados, algunos políticos del PRI, e incluso del Partido de la Revolución Democrática, ya se estaban preparando para forjar alianzas políticas con el PAN, preservando así la hegemonía derechista y clerical, y facilitando, por tanto, su ataque contra las libertades y contra el Estado laico.