Los empresarios que apoyaron a Felipe Calderón durante su campaña electoral cobran las facturas, como el Grupo Zeta, que mantiene en Pemex una red de corrupción de funcionarios de alto nivel, entre quien está Marcos Ramírez, estratega designado por el michoacano para diseñar el programa sexenal de la paraestatal.
Lejos de iniciar una gestión transparente, Felipe Calderón teje en Petróleos Mexicanos redes de negocios privados para hacer de la paraestatal la caja chica del gobierno y moneda de cambio para beneficiar a los empresarios que lo impulsaron para llegar a Los Pinos.
La operación de los negocios la realiza desde hace unos meses el ex director de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Marcos Ramírez Silva, designado por Calderón como responsable del diseño de la estrategia petrolera 2006-2015.
De forma ilegal y sin haber sido sometido a la aprobación del Consejo de Administración ni del Congreso, el director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, desde noviembre de 2005 desarrolla el modelo SUMA para abrir áreas estratégicas de la paraestatal al capital privado nacional y extranjero, el cual fue aprobado por Calderón cuando aún el Tribunal Federal Electoral no le reconocía su triunfo.
En septiembre pasado Felipe Calderón designó a Ramírez Silva (quien desde hace dos años es el director corporativo de Operaciones de la paraestatal), como enlace en Pemex para su equipo de transición. Ramírez Silva oficializó en Pemex -por orden de Calderón- el modelo SUMA, diseñado por él y Luis Ramírez Corzo, cuando éste fue nombrado director general de la paraestatal (Contralínea 54).
Uno de los objetivos de SUMA es la entrega al sector privado de la red de ductos de Pemex en un esquema en el que la paraestatal deberá pagar a compañías privadas por el uso de esos ductos (considerados como instalaciones de seguridad nacional) y se basa en un esquema similar al de la privatización del sistema carretero impuesto por Carlos Salinas de Gortari, quien apeló a la urgencia de inversión para “hacer eficiente” esta área.
Antes de que se dé a conocer oficialmente, la privatización de la red de ductos ya tiene beneficiario: el consorcio gasero mexicano Grupo Zeta, que en el 2000 impulsó con aportaciones millonarias la campaña de Fox, por medio de Amigos de Fox, y benefició a Felipe Calderón en su campaña, previo acuerdo de que pagaría a través de Pemex.
Sobre las aportaciones que la familia Zaragoza, propietaria del Grupo Zeta, hizo a Amigos de Fox, incluso en Estados Unidos se abrieron indagatorias con el supuesto de que estos montos serían producto de lavado de dinero de Miguel Zaragoza y su hijo Jesús Zaragoza.
En el portafolios de negocios que maneja Marcos Ramírez -a ejecutarse en el gobierno de Calderón-, está entregar a este grupo empresarial las “licencias” para mantenimiento, administración y operación de ductos en labores que -de acuerdo con la Ley Orgánica de Pemex- corresponden a Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB).
La entrega de licencias al Grupo Zeta se haría, de acuerdo con una fuente de Pemex, a las distintas razones sociales que maneja el consorcio gasero: Compañía de Gas de Tijuana, Baja Gas, Combustibles, Distribuidora Mexicana de Gas L.P., Gas Butano Propano de California, Gas Comercial e Industrial, Gas Guadalajara, Gas Licuado, Thermogas, Multigas y Super Gas.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) archivó gruesos legajos de quejas y denuncias contra el consorcio gasero, propiedad de Miguel Zaragoza Fuentes y sus hijos Miguel y Jesús Zaragoza López sobre irregularidades en concesiones, tráfico de influencias y sobornos a funcionarios de Pemex como Marcos Ramírez, Roberto Ramírez Soberón (encargado del despacho de Pemex Gas cuando Ramírez Silva tomó la Dirección Corporativa de Operaciones) y Alberto Cervantes, gerente de operaciones de Pemex Gas.
Aunque las denuncias fueron presentadas en la SFP desde inicios del sexenio y se repitieron sistemáticamente por consigna del entonces titular de la Secretaría de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, los contralores internos de Pemex protegieron a la empresa por el apoyo que la familia de gaseros dio a Barrio durante su gobierno en Chihuahua, y luego a Fox en su campaña presidencial.
A cambio, el entonces gobernador les dio jugosos contratos para el suministro de gas en todas las dependencias del gobierno estatal, además de facilidades para multiplicar sus negocios. De hecho, uno de los principales clientes del consorcio son dependencias como el IMSS y el ISSSTE en todo el país.
Ya como secretario de Estado, Barrio mantuvo empantanadas o archivadas las denuncias contra el consorcio, en tanto se multiplicaban los beneficios a Grupo Zeta por parte del gobierno de Vicente Fox.
Desde sus tiempos de gobernador, Barrio protegió abiertamente a otro de los integrantes de la familia: Pedro Zaragoza, investigado durante el gobierno de Salinas de Gortari por la PGR por supuestos vínculos con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes y lavado de dinero. La indagatoria se archivó cuando el entonces gobernador de Chihuahua intercedió por el empresario.
La entrada masiva de funcionarios de Barrio en áreas clave del gobierno federal fue decisivo para que el Grupo Zeta se expandiera y llegara a controlar el 72 por ciento del almacenamiento y distribución de gas. Con apoyo del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), el consorcio expandió sus negocios a Guatemala, Belice, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y España.
Como última prebenda del gobierno foxista, en marzo pasado el presidente Fox ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que otorgara a Grupo Zeta la concesión, única en su tipo, para construir y operar en Manzanillo, Colima, la Terminal Marítima exclusiva para recepción, almacenamiento y distribución de Gas L.P., aun cuando estas funciones son propias de Pemex.
La concesión se tramitó en sólo seis días y se emitió a nombre de Zeta Gas del Pacífico, S.A. de C.V., acompañada de un contrato de Pemex por 300 millones de dólares al año para la importación de Gas L.P.
Fox ordenó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) avalar la concesión, aún cuando la CRE tiene el expediente de la empresa que documenta las deficientes condiciones de sus ductos y el robo a consumidores en la venta y distribución de gas.
Un mes después que en el Diario Oficial de la Federación se publicara la concesión, el gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos, y el delegado de la SCT en ese estado, Guillermo Frank Escobar, ya habían inaugurando la obra privada.
Aunque Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) ocupa una posición estratégica en la paraestatal, contralores de Pemex entrevistados por Contralínea definen a la subsidiaria como la “más hermética” de todas las áreas, y en la que los negocios se acuerdan entre un reducido grupo de funcionarios y empresarios.
Los contralores hablan de licitaciones amañadas, concursos simulados y concesiones que se aprueban a cambio de millones de pesos entregados fuera de las oficinas de la paraestatal. Durante su administración en PGPB, Marcos Ramírez protegió al consorcio de los Zaragoza.
En el contexto de esta red de negocios privados, la salida de Raúl Muñoz Leos benefició a Marcos Ramírez y a las empresas protegidas por él y por el propio Ramírez Corzo, quien convirtió a aquel en su principal asesor y titular de la Dirección Corporativa de Operaciones.
Hasta la Dirección General de Pemex del sexenio foxista llegaron denuncias y quejas de corrupción por el desempeño en PGPB del hoy flamante asesor de Felipe Calderón, las cuales no prosperaron por complicidades entre Ramírez Silva y Muños Leos y Ramírez Corzo, pues éstos últimos fueron contratistas de Marcos Ramírez, Muños Leos con DuPont, y Ramírez Corzo con Turbinas Solar.
Los manejos turbios que Ramírez Silva hizo en Pemex Gas para beneficiar a Ramírez Corzo con contratos otorgados mediante adjudicaciones directas por montos de 48 millones de dólares para Turbinas Solar, se ventilaron en la SFP a mediados del sexenio, cuando la SFP abrió una indagatoria que descubrió la inexistencia del material que supuestamente Pemex Gas habría comprado a Turbinas Solar.
Sin embargo, cuando Ramírez Corzo ocupaba ya la Dirección de PEP, la Secretaría de la Función Pública determinó que no existía desvío ni daño patrimonial, e incluso la SFP despidió a los contralores que denunciaron las irregularidades.
Así, desde la DCO, Ramírez Silva privilegió al Grupo Zeta al grado de ordenar auditorías ambientales para cancelar la operación de ductos a los competidores del consorcio en la zona metropolitana de la ciudad de México, como Gas Metropolitano, Unigas, Gasomático, Bello Gas, Vela Gas y Gas y Servicio.
La primera encomienda de Ramírez Silva como titular de la DCO, encargado del programa Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) de Pemex, fue hacer el diagnóstico de la situación de la accidentabilidad en Pemex, diseñar líneas de acción a corto, mediano y largo plazos de un plan de emergencia para evitar los accidentes y establecer las acciones relacionadas con el mantenimiento y operación en ductos.
El mapeo interno elaborado por personal bajo la dirección del funcionario (cuya copia obra en poder de Contralínea) arrojó 12 mil 592 kilómetros de 26 gasoductos distribuidos en distintas áreas del país con niveles de riesgo peligroso en las ciudades de Monterrey, Chihuahua, Veracruz, Minatitlán, Reynosa, Toluca, Guadalajara, Poza Rica y Tlaxcala.
Sin embargo, la consigna fue que sólo se ventilaran las condiciones del gasoducto de 18 kilómetros de Venta de Carpio-San Juan Ixhuatepec, y que de acuerdo con el diagnóstico interno de la paraestatal está en la media de riesgo por debajo de otros 26 gasoductos del país.
La premura por clausurar el gasoducto de San Juan Ixhuatepec respondía al interés de Zeta Gas para sacar del mercado a sus competidores en el Valle de México, las gaseras Gasomatic, Unigas, Velas Gas, Bello Gas, Gas Metropolitano, así como Gas y Servicios, que operan el 50 por ciento del consumo doméstico del energético en la zona.
Ramírez Silva ordenó a funcionarios asignados al SSPA cerrar el ducto de San Juanico y omitir información sobre el resto de gasoductos. Por su parte, el gerente de operaciones de gas en PGPB, Alberto Cervantes, se encargó de que la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación avalara el alto riesgo en San Juanico, sin presentar el resto de la información de las condiciones en que se encuentran los otros 26 ductos de alto riesgo.
En torno al cierre del gasoducto de San Juanico, en junio pasado la CRE emitió una resolución dirigida a PGBP para “reforzar la seguridad y el celaje del ducto” y de “cualquier otro que se encuentre en condiciones similares”. La CRE ordenó a PGPB que si los ductos se encontraban en riesgo preventivo, debía ordenar suspensiones temporales. Pero las medidas ordenadas por la CRE no fueron cumplidas.
Contralores internos de Pemex señalan que el cierre del ducto de San Juanico se acordó entre funcionarios de Pemex y Grupo Zeta desde inicios del 2006, en una supervisión simulada, para que en los primeros meses del 2007 se autorice a la empresa Zeta Gas del Pacífico dotar a la zona centro del país de Gas LP, desde su Terminal Marítima en Manzanillo.
También afirman que en la administración de Felipe Calderón se anunciará en breve el cierre de ductos de Pemex en la región Occidente del país -argumentando cuestiones de seguridad- para dar también a los Zaragoza esta ruta de distribución de gas.
Esta negociación está programada para que en los primeros meses del 2007 Grupo Zeta controle la distribución y almacenamiento de gas desde Manzanillo, fecha en la que, según Víctor Moya, gerente de Grupo Zeta Gas del Pacífico, entrará en operación al ciento por ciento esa terminal portuaria.
Los beneficios que los operadores de Felipe Calderón darán a Grupo Zeta -durante el sexenio del michoacano- incluyen la supuesta rehabilitación de los ductos de la zona de San Juanico para que luego sean entregados a las empresas de Miguel y Jesús Zaragoza.
Para justificar la entrega de ductos a empresas privadas, Ramírez Corzo ha argumentado públicamente que los constantes accidentes en ésta área se deben a la falta de inversión en reparación y mantenimiento, pese a que Raúl Muños Leos gastó 16 millones de dólares en la compra -a su empresa DuPont- de sistemas de seguridad industrial para los ductos.
Y aunque Marcos Ramírez avaló tanto las contrataciones, como la supervisión de los trabajos, en los complejos de gas las contingencias continuaron.
En su momento, trabajadores de la paraestatal remitieron a la SFP denuncias que indicaban que los contratos de seguridad industrial eran un negocio privado entre Ramírez Silva y Muñoz Leos, pero la SFP nunca fincó responsabilidades.
Además de su negro historial en la SFP, el Grupo Zeta acumula otro en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, donde también gozó de la protección del titular Carlos Arce, contra denuncias por venta “ordeñada” del gas. Las quejas se dispararon a finales del año pasado con el huracán Stan, cuando en zonas de desastre de Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, el Grupo Zeta vendió a los damnificados el combustible “ordeñado” y a precios por encima de los autorizados.
Entre las “recomendaciones” que Ramírez Silva ha hecho a Calderón de que entregue la operación de ductos de Pemex al monopolio de gaseros, está el que la SHCP elimine los subsidios al gas licuado, lo que daría a éstos mayor margen de operación para fijar los precios del energético.
En Estados Unidos se les acusa de narcotráfico y lavado de dinero. En el sexenio foxista la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, investigaba a Miguel y Jesús Zaragoza por contrabando de cocaína dentro de las pipas de gas que embarcaban de Yucatán hasta Baja California y de allí a Estados Unidos, y por lavado de dinero en Amigos de Fox.
Los Zaragoza están fichados también en Centro y Sudamérica por prácticas monopólicas, violación a las leyes de trabajo, despidos injustificados y soborno a funcionarios locales.
Organizaciones laborales de Perú emitieron recientemente una “Señal de Alerta” en la que acusan a Zeta Gas de prácticas monopólicas en ese país y de sobornar a empresarios locales La Asociación de Empresas de Gas, encabezados por Carlos Jara, denunciaron prácticas de corrupción del emporio mexicano en el que involucran al titular de Energía y Economía del país sudamericano, Jaime Quijandría.
En julio pasado el Programa Laboral de Desarrollo (Plades) de Perú, lanzó una “alerta nacional” para fichar a Zeta Gas Andino S.A como una “trasnacional fraudulenta” en el país sudamericano.
La alerta se deriva de una denuncia hecha por la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) que acusa a la empresa mexicana de aplicación sistemática de políticas antisindicales, específicamente contra los afiliados al Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de Envasadoras de Gas del Perú (Suntegasp).
De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas de Perú, Zeta Gas recibió la autorización para sus operaciones en ese país apenas en enero de 2006, como parte de la apertura que el gobierno de ese país dio al sector energético privado.
En sólo unos meses de operación, Zeta Gas se hizo en ese país del repudio de los trabajadores del sector, que en su denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, asientan que sufren despidos injustificados y que el gerente de la empresa, Miguel Monge Alonso, “utiliza métodos antisindicalistas, amenaza y chantajea a los trabajadores para que firmen una carta de renuncia voluntaria y una declaración jurada”, documentos que “son utilizados tendenciosamente por la empresa contra los trabajadores sindicalizados que reclaman derechos fundamentales”.
En Guatemala, donde los negocios de la empresa fueron facilitados por funcionarios de Bancomext y de la embajada de México en ese país, los Zaragoza están también fichados como una empresa que “ordeña” los cilindros de gas.
La Asociación de Distribuidores de Gas Propano y Similares de Guatemala presentó denuncias contra el consorcio -que opera ahí como Zeta Gas- por prácticas monopólicas y los acusan de “ordeñar” los cilindros de gas. La Dirección General de Hidrocarburos de ese país ha impuesto multas a Zeta Gas "por vender menos contenido o cantidad de producto en los cilindros que esa compañía envasa con gas licuado de petróleo".
Según información de la Dirección General de Hidrocarburos de Guatemala, los depósitos de la empresa mexicana -en las localidades de Villa Nueva, Quetzaltenango, Cobán, Chimaltenango y Retalhuleu- han sido multados por anomalías en sus instalaciones.
Pero como las irregularidades de la empresa en ese país continúan y la Dirección General de Hidrocarburos se niega a retirar la licencia o imponer penas más severas, se vincula al gerente para Guatemala de Zeta Gas en sobornos a Richard Smith, titular de la Dirección General de Hidrocarburos.
Por estos hechos, recientemente la Asociación de Distribuidores de Gas Propano y Similares presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala para que se investigue al respecto. En la denuncia se habla de favoritismo y corrupción.
Los artículos de esta autora o autor
Enviar un mensaje
Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
