«Acta Patriótica» atenta contra los derechos constitucionales de los Norteamericanos

La excesiva afición de la Administración USA por la observancia de los derechos humanos en otros países, que se manifiesta en los informes anuales del Departamento de Estado a este respecto, le impide a Washington percibir hasta qué punto algunos modelos de su propia legislación entraron en contradicción con la democracia.

Se trata, desde luego, del “Acta Patriótica”, o sea, la ley que les concede a los servicios secretos de EE.UU. carta blanca para vigilar la vida privada de los ciudadanos estadounidenses bajo el pretexto de protección contra el terrorismo. La ley deviene tema más hablado en los medios de comunicación norteamericanos porque esta semana su vigencia expira. Pese a los colosales esfuerzos que el equipo de George Bush emprende por hacer esta ley permanente, el Senado prolongó su vigencia temporal sólo por seis meses, mientras que la Cámara de Representantes lo redujo a 1 mes que vence el 1º de febrero.

América afronta de hecho un dilema de excepcional importancia de si el volumen de las libertades cívicas corresponde a lo enunciado en la Constitución o en el país sigue manteniéndose un control total de las autoridades sobre el estado de las mentes del míster o missis John Smith, donde quiera que habite en Estados Unidos este matrimonio estadístico medio.

Cabe recordar que el “Acta Patriótica”, que entró en vigor inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, no sólo legalizó la escucha de las conferencias telefónicas, la intercepción de la correspondencia y los mensajes del correo electrónico y la vigilancia externa, sino también formas más refinadas de intervención en la vida privada, tales como sustracción en secreto de documentos de trabajo e historias clínicas. Los servicios secretos hasta llegaron a ver las tarjetas bibliotecarias de los norteamericanos a fin de saber si leen literatura subversiva. Y todo eso sin autorización judicial.

Paralelamente, en EE.UU. se han instituido “comisiones militares” que de hecho son consejos de guerra integrados por tres miembros para ver casos de ciudadanos extranjeros sospechosos de terrorismo. El estatuto de estos órganos no preveía observar el principio de la presunción de inocencia como tampoco requería unanimidad para meter a una persona entre rejas en la base militar de Guantánamo. El poder ejecutivo en EE.UU. también se arrogó el derecho de declarar a algunos ciudadanos extranjeros “combatientes enemigos” e interrogarlos aplicando torturas en las cárceles secretas de Europa, lo más lejos posible de las costas americanas a fin de no responder por las burdas violaciones de procedimientos judiciales. Concretamente, los sospechosos eran detenidos por algún tiempo sin que se les formulara acusación concreta, negándoles todo acceso a los abogados.

Total que la Administración presidida por George Bush ha preferido a las libertades democráticas, de que los norteamericanos están acostumbrados a gozar, cierto modelo propio y dudoso de seguridad pública.

Inmediatamente después del atentado terrorista del 11 de septiembre esta situación parecía más o menos aceptable todavía. Mas, 4 años después, cuando la sed de venganza cedió al sentido común, la América liberal se muestra indignada por una “agresiva”, como la interpreta, actitud del poder ejecutivo y de George Bush personalmente. Organizaciones democráticas, congresistas y senadores, medios de comunicación y hasta jueces llegan a la conclusión de que el presidente usurpó sus derechos de que no está investido según la Constitución y atenta contra la libertad del individuo.

Si bien todo indica que Bush dista mucho de sus predecesores en lo que se refiere a apretar tuercas en tiempos de crisis. Durante la Guerra Civil el presidente Lincoln hizo arrestar a miles de sospechosos de simpatizar con los rebeldes. Durante la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Willson persiguió a los activistas del movimiento antibélico. Después de la tragedia de Pearl Harbour, Franclin Roosevelt, a su vez, internó a decenas de miles de ciudadanos norteamericanos de origen japonés.

De manera que Bush, como hasta sus críticos reconocen, sigue un camino trillado con la única diferencia de que después de Vietnam, Watergate y escándalos en torno a la CIA y FBI la gama de las libertades cívicas en EE.UU. se ha ampliado, cayendo bajo sospecha pública el poder ejecutivo. Teniendo por fondo esta situación nueva y liberal, el desfase del equilibrio racional entre la seguridad nacional y la libertad del individuo parece más chocante.

El “Acta Patriótica” no es el único instrumento de ataque contra las libertades cívicas. Hace un mes, The New York Times informó sobre las operaciones realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional en las escuchas masivas de teléfonos privados que se llevaron a cabo con violaciones de la ley. El presidente admitió haberlas autorizado personalmente sin decisión judicial o notificación al Congreso.

¿Está investido de tales facultades el inquilino de la Casa Blanca? Quienes dicen que “no” son cada vez más en América. Los diputados al Congreso declaran que hace 4 años, cuando la Administración los puso al tanto de los nuevos métodos de lucha contra el terrorismo, no se habló de estos poderes. Más aun, se supo que la intercepción de conferencias telefónicas y correo electrónico se realizan por la maquinaria de la Agencia de Seguridad Nacional detrás de un órgano secreto especial instituido hace 30 años y encargado de controlar operaciones supersecretas de esta clase.

Nuevos debates sobre el destino del “Acta Patriótica” que han surgido en medio de un escándalo de proporciones nacionales podrán contribuir a la caída del prestigio del presidente Bush, que ya de por sí se ha reducido al 43 por ciento.