Agua, Banco Mundial y paras

No siempre las críticas son de buen recibo. En la sala de un café bogotano, un ex empleado del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, relata su experiencia como tecnócrata del actual gobierno.

Actuando en consciencia, terminó amenazado y obligado a renunciar a su trabajo, por sus observaciones técnicas a la ejecución de un proyecto con el Banco Mundial, que ha resultado salpicado por situaciones de corrupción, nexos con el paramilitarismo y el incremento desmesurado en las tarifas de servicios públicos. Por obvias razones reservamos su identidad.

A continuación algunos apartes de la entrevista.

 ¿En qué consiste el proyecto de “modernización” de las empresas de acueducto, financiado por el Banco Mundial -BM-?

El gobierno colombiano recibió un préstamo por cuarenta millones de dólares para un programa de modernización empresarial en las empresas de acueducto y alcantarillado de las poblaciones intermedias. Para el mismo los municipios aportan 15 millones de dólares y otro tanto el gobierno central. Estos últimos tienen destinación específica: identificar los proyectos de privatización potenciales y preparar las condiciones de licitación para los estudios de ingeniería y financieros relacionados con la privatización. El estudio fue realizado por firmas consultoras, por gente del ministerio, y del BM. En estos estudios se evalúan las posibilidades políticas para la privatización del acueducto, se priorizan los proyectos, se definen las licitaciones, y se definen las empresas transnacionales que entran en la adjudicación de las empresas.

Ustedes saben como todos los acueductos de la Costa tienen problemas técnicos, de cobro -por deficiencias en la cobertura-, por problemas de infraestructura. El programa de modernización se proponía mejorar la cobertura con criterios mínimos de calidad: la idea era llegar al 90% de cobertura, lo que implicaba fuertes inversiones iniciales. Las concesiones tienen una duración promedio de 20 años, que pueden ir desde 10 hasta 25 años

 Existe un papel protagónico del capital transnacional en los procesos de apropiación de los servicios, especialmente los públicos, en las relacionadas, por lo general, con casos de corrupción, autoritarismo, entre otros casos, en el desarrollo de este proyecto, ¿cuál ha sido el papel de las empresas transnacionales?

En este proceso las multinacionales se presentan a través de sus filiales, empresas españolas, francesas, italianas y norteamericanas, que tienen prelación en los procesos de adjudicación. El resultado es que de diez años para acá los precios de las tarifas se han incrementado varias veces, asegurando las condiciones de rentabilidad de las empresas transnacionales. Es preocupante la regulación artificial de las tarifas, donde se pagan los costos relacionados, pero también se garantizan rendimientos excesivos a las inversiones.

 ¿Hay antecedentes o situaciones que puedan prestarse a corrupción en los procesos de adjudicación o privatización?

Los proyectos se adjudican regionalmente, se reúnen cuatro o cinco municipios para garantizar la economía de escala de la empresa. En los procesos de negociación se incluyen sobornos a la clase dirigente local, que afectan y sobredimensionan, por la corrupción, los proyectos de manera notable.

Pero esta no es una situación particular de nuestro país. El modelo financiero diseñado por el BM permite y estimula las sobredimensiones. En la mayoría de proyectos la empresa privada no realiza inversiones, simplemente recibe los dineros del BM, el gobierno y el municipio. Van a la fija. Al final y sin excepción el pueblo termina pagando, vía tarifas, las inversiones.

Los márgenes de la tasa interna de retorno, para el caso colombiano, giran en terminos reales entre el 12% y el 17% anual, mientras que en otras partes del mundo las tasas internas de retorno, para empresas de este sector, son del orden del 6% al 7% anual.

Estas empresas no tienen que hacer ninguna inversión, es un negocio casi tan bueno como el narcotráfico. Además las empresas están diseñadas para brindar ganancias, modificando las condiciones de adjudicación siempre en beneficio propio, ya sea disminuyendo la cobertura, aumentando las tarifas, o reduciendo el capital de inversión.

 ¿Y cuál es el impacto de las privatizaciones en las tarifas?

Hacen que el negocio sea mucho más rentable. Todos los contratos tienen entre 4 y 6 “otro si” que justifican el incremento de las tarifas. Por ejemplo, un incremento entre el 26% y el 28% en la ciudad de Montería que significó 36.000 millones de pesos en incremento excesivo en las utilidades, cuando realmente se justificaría un incremento del 5% al 7%. Este caso y otros, generaron una reacción de crítica, que desencadenó una reestructuración por parte del gobierno, despidiendo a muchos de los empleados del Ministerio.

 Existe una situación de “vulnerabilidad” dentro del Ministerio, que facilita estas situaciones?

Hay una desventaja del Gobierno, por la fragilidad política de la gente del Ministerio. Sus funcionarios se renuevan con gran facilidad, quedando relegadas las decisiones técnicas, expuestas al enorme poder de negociación que tienen las empresas transnacionales. Finalmente las decisiones se toman desde arriba. El trabajo técnico no importa, se da prioridad a las decisiones políticas, dejando muchas decisiones sin justificación técnica.

Creo que en lo fundamental buscan sacar plata a la Nación, para financiar proyectos privados. Todos los proyectos adjudicados en este proceso entraron en mejoramiento de condiciones para incrementar los márgenes de rentabilidad, ya sea bajando la cobertura o incrementando las tarifas.

Lo cierto es que se paga por el agua mucho más de lo que en realidad cuesta: cobran por un lado el crédito del BM, y por otro lado cobran a través del incremento de las tarifas.

 ¿Cuál es la posibilidad de denunciar abiertamente esto, o abrir procesos de judicialización en contra de los responsables?

Los acueductos adjudicados coinciden con las regiones de consolidación del proyecto paramilitar, que en esa época se concentraban en algunas regiones de la Costa Caribe, proyectos adjudicados de manera impositiva, sin justificación publica. Dentro del Ministerio ha existido un temor evidente por parte de los empleados para ventilar estos temas, por que aparte de los casos de corrupción, está el poder de coerción que ejercen los grupos paramilitares, sumado al poder de intimidación que tiene el Gobierno. Todo el mundo “come callado” por que nadie quiere perder el puesto o perder la vida.

No creo que se pueda demostrar esta situación, por que son discusiones técnicas, en las que se pagan a muchos profesionales para sustentar y fabricar pruebas, y evidentemente no existen condiciones políticas para demostrar los casos de corrupción de las empresas transnacionales y las altas esferas del Gobierno. Por ejemplo, el escandaloso incremento de las tarifas en Montería, es imposible llevarlo a debate o denuncia pública, por que ha sido patrocinado por los señores paramilitares de la región, que tienen sus intereses en aprovechar muchos acueductos como sistemas de riego para sus tierras.

Existe una alta rotación de personal que le impide a muchos funcionarios de bajo y medio perfil ganar una perspectiva sobre lo que está sucediendo con estos proyectos. En cada proyecto descabezan a mucha gente, y casi nadie queda que sepa lo que sucede alrededor de estos préstamos.

La esperanza no se pierde

La conversación se interrumpe nerviosamente. La impresión de que los vínculos entre los señores del paramilitarismo, el régimen y el capital transnacional son mucho más profundos y amplios que las cándidas negociaciones de Ralito, se consolidan. Recordando los escándalos en el Ejército, el Das, la Policía, la Fiscalía, alcaldías, gobernaciones, el Congreso, universidades públicas, entre otros.

Tal vez en el futuro, en una situación en la que la correlación de fuerzas no mantengan la impunidad y el olvido, podamos saber las dimensiones de la influencia de las mafias institucionalizadas sobre el actual gobierno