La privatización de los servicios sanitarios no sólo ha sido un fiasco en Chile, sino a nivel mundial. Por eso, el 13 de mayo cientos de personas en diferentes países se concertaron para protestar contra la transnacional francesa Suez Lyonaise, mientras la junta anual de accionistas de la mayor sanitaria del mundo se realizaba en París.
En Chile, los manifestantes se instalaron frente al edificio que ocupa la empresa Aguas Andinas, principal sanitaria de la Región Metropolitana que pertenece mayoritariamente a Suez Lyonaise desde 1999.
“Sus cinco años de gestión han significado alzas de tarifas de hasta 200 por ciento, reducción de consumo de agua hasta de 30 por ciento en los sectores más pobres -por no poder pagar las cuentas del servicio- y, lo que es peor, fallas severas y recurrentes en el sistema de tratamiento de aguas servidas, afectando a todo el sector poniente”, acusa la Coordinadora Multisocial Intercomunal que reúne a organizaciones de nueve comunas de la zona norponiente de la capital: Maipú, Pudahuel, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Renca, Quilicura, Colina y Tiltil.
La población de estas comunas está padeciendo los efectos malolientes de La Farfana, la planta de tratamiento de aguas servidas “más moderna de América Latina”, según la propaganda de la empresa repetida como un eco por voceros del gobierno. “Chile se pone a la cabeza de América Latina en el tratamiento de aguas servidas”, dijo el presidente Ricardo Lagos al inaugurar la planta. A 45 días de comenzar a funcionar -el 29 de octubre de 2003-, una falla en el sistema de biodigestores provocó una crisis ambiental que afectó a cientos de miles de habitantes de Maipú y Pudahuel. A menos de un año, las emanaciones y el hedor de 50 mil toneladas de lodos mantenía a la población con dolores de cabeza, náuseas y vómitos en un área de más de veinte kilómetros cuadrados. En tanto, la contaminación amenazaba las napas subterráneas de donde se obtiene agua potable y de riego. Como “solución”, Aguas Andinas propuso trasladar los lodos pestilentes (450 toneladas diarias) a la comuna de Tiltil, en camiones cubiertos con una lona. Según la Coordinadora, eso sólo cambia el escenario del problema, a la vez que implica el paso de “22 camiones diarios cargados de lodos por nuestras calles, y los líquidos percolados serán devueltos por las tuberías del alcantarillado”.
Luis Márquez, dirigente del Centro Cultural, Social y del Medio Ambiente Ceibo, de Maipú, explica que el sistema utilizado en La Farfana es arcaico. Se basa en el secado de lodos por la acción del sol. “Hay procedimientos modernos para sacar el líquido a los lodos, mediante el uso de filtros y prensas, y dejar solamente los sólidos para ser utilizados posteriormente como abono o combustible industrial”. Pero la empresa optó por lo más barato.
Una de las razones del gobierno para transferir a manos privadas las empresas sanitarias fue solventar la instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas -pagadas por los consumidores-. Pero el remedio salió peor que la enfermedad. La Farfana no es el único caso. La planta El Melón, de la empresa Essel en la comuna de Nogales (V Región), mantiene semintoxicados a los habitantes de Villa Disputada de Las Condes, donde se creó la Comisión de Erradicación de Fecas, aludiendo a los pozos de acumulación construidos junto al poblado para los desechos provenientes del alcantarillado.
Estas experiencias avalan la resistencia a que se pongan en marcha plantas de tratamiento de Aguas Araucanía (Essar, del grupo económico Solari) en Temuco, Puerto Saavedra y Villarrica, en la IX Región. Trece comunidades lafkenche del sector norte de Puerto Saavedra se resisten a la instalación de un ducto de aguas “tratadas”. El ducto desembocará en el río Imperial, fuente de abastecimiento de agua para consumo y riego de estas comunidades. No sólo no fueron consultadas ni informadas -como lo exige la Ley Indígena-, sino que tanto la empresa como el gobierno regional y el municipio han actuado con engaños. Pese a las promesas del alcalde, la obra sigue adelante. “Nosotros necesitamos agua limpia, no queremos afectar la salud de las familias, nuestras tierras, animales ni la pesca, ya que sobrevivimos de ella, como también de la pequeña agricultura de subsistencia”, declararon representantes de las comunidades mapuche.
La gente de la zona atribuye a Aguas Araucanía la responsabilidad por la muerte de peces en el río Claro, a comienzos de año, debido al vaciamiento de aguas supuestamente “tratadas” en una planta ubicada en la comuna de Pucón. La empresa también ha sido denunciada por cobros indebidos. En tanto, la comunidad Pedro Ancalaf, de Pute, comuna de Villarrica, presentó un recurso de protección contra Aguas Araucanía por infracción de garantías constitucionales y atentar contra derechos fundamentales de las personas con el Proyecto Sistema de Tratamiento de las Aguas Servidas de la Comuna de Villarrica. La empresa pretende construir la planta frente a tierras de esa comunidad, lo que afectaría a 45 familias y haría desaparecer sitios de significación religiosa y cultural para el pueblo mapuche.
Y en Temuco, vecinos de Labranza también se han movilizado para expresar su rechazo a la aprobación ambiental otorgada por la Corema a otra planta de Aguas Araucanía, que procesará aguas servidas de Temuco y Padre Las Casas, las que serán trasladadas por un ducto que pasará por esa localidad. La planta evacuará las aguas tratadas al río Cautín y generará 1.500 toneladas de lodos al año.
El Estado, por su parte, hace la vista gorda. Tardíamente, el Servicio de Impuestos Internos descubrió oscuros manejos realizados en Essbio en 2001. Entre otras cosas, significaron el pago de más de dos mil millones de pesos de la empresa Hidrosán a Thames Water, principal accionista de Essbio, sin que se enteraran los representantes de Corfo -propietaria del 43 por ciento de las acciones-. A Essbio se le aplicaron el año pasado millonarias multas por incumplimiento de obras sanitarias proyectadas en once localidades de la VIII Región. Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, Guillermo Pickering, afirmó que “lo que está en cuestión no son las prácticas del sistema”. Destacó que se han invertido más de dos mil millones de dólares en los últimos cinco años y que se pasó de menos de 20 por ciento de tratamiento de aguas servidas a más de 70 por ciento, “con lo que superamos el nivel de tratamiento de América Latina y gran parte de los países europeos”. Todo un récord. ¿A costa de qué y de quiénes?
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