Alberto Gonzales, el jurista de la tortura

Alberto Gonzales es el primer hispano en acceder a la función de secretario de Justicia de los Estados Unidos. Al hacer pública su nominación, el 10 de noviembre de 2004 en el Salón Rolsevelt de la Casa Blanca, el presidente George W. Bush no dejó de señalar sus modestos orígenes [1].

Nacido en una familia de emigrantes mexicanos, de un padre obrero de la construcción con apenas el nivel de estudios secundarios terminado, obtuvo resultados brillantes en sus estudios que le permitieron, a través de la Air Force Academy, proseguir estudios superiores. Se graduó de Ciencias Políticas en la Rice University y luego de Derecho en Harvard.

Su ejemplar trayectoria vendría a ilustrar maravillosamente «el sueño americano» de promoción individual mediante la iniciativa y el esfuerzo. Sería motivo de estímulo y orgullo para todos los latinoamericanos [2]. Sin embargo, el Sr. Gonzales sólo debe su fulgurante ascenso a la devoción y lealtad de que ha dado pruebas con respecto a su patrón George W. Bush. Luego de haber trabajado unos doce años en el bufete Vinson & Elkins en Houston, Texas, se convirtió en el consejero jurídico del gobernador Bush en 1994.

Ejecución capital de un reo por inyección en Texas, EE.UU.

Como tal, Alberto Gonzales estuvo especialmente encargado de estudiar los recursos de gracia de los condenados a muerte. La revista conservadora Atlantic Monthly [3] ha estudiado 57 memorandos por él redactados. Todos resaltan los crímenes y silencian lo insuficiente de los derechos de la defensa, los conflictos de intereses de jurados y magistrados, las pruebas dudosas e incluso las pruebas de inocencia.

Sistemáticamente, el gobernador Bush rechazó las propuestas de conmutación de la pena de muerte escudándose en las decisiones judiciales; ahora bien, esta no es una decisión judicial, sino política, y se basó en los memorandos para estigmatizar a los condenados. El caso más famoso es el de Terry Washington, un asesino de 33 años, reconocido culpable del atroz asesinato de la joven propietaria de un restaurante. Pero el Sr. Washington era un retrasado mental cuyo nivel de comprensión era comparable al de un niño de siete años. De niño, adolescente y adulto había sido él mismo martirizado de forma especialmente cruel. Fue ejecutado como los demás.

En el caso de Irineo Tristan Montoya, Alberto Gonzales le negó al reo el derecho a ser juzgado en su lengua. Escribió al Departamento de Estado de los Estados Unidos señalando que el estado federado de Texas no era signatario de la Convención de Viena, por lo que la firma del gobierno federal de los Estados Unidos de América no lo obligaba a acatarlo. El reo, que había firmado una confesión redactada en inglés creyendo que se trataba de un formulario de inmigración, fue también ejecutado, sin dejar de declarar su inocencia, antes de poder retractarse cuando su abogado le reveló la maniobra [4].

Durante los seis años del gobierno George W. Bush 152 personas fueron ejecutadas en Texas. James Hatfield, en la biografía que le dedicó, relata las bromas que estos castigos inspiraban al gobernador [5].

El Sr. Gonzales le aconsejó igualmente al Sr. Bush no actuar como jurado cuando su nombre fuera escogido. Su argumento fue que un gobernador no podía ejercer dicha función en un litigio, pues ello privaría al reo de la posibilidad de solicitar a un tercero la conmutación de la pena en caso de ser condenado. En realidad con esto estaba protegiendo al Sr. Bush que de otro modo hubiera tenido que revelar la condena de que había sido objeto y que le hubiera hecho perder su derecho de elegibilidad, pero, gracias a las relaciones de su padre, todo se resumió a cuestiones de interés general [6].

En 1998 Alberto Gonzales es nombrado por el Sr. Bush secretario de Estado de Texas, y, en 1999, es elegido juez en la Suprema Corte de dicho estado. Durante este período, el gabinete Vinson & Elkins, al que el Sr. Gonzales se había asociado, defendió los intereses de la sociedad Enron, dedicada al corretaje en el campo de la energía. La compañía fue la principal contribuidora de la campaña de reelección del juez, que recibió en total 100 000 dólares de la industria energética.

Magistrado notoriamente corrupto, aceptó 2 000 dólares del Texas Farm Bureau durante un litigio en que esta compañía era la acusada para terminar absolviéndola. Igualmente aceptó 2 500 dólares de la Royal Insurance durante otro caso que concluyó con la victoria del donante [7].

En 2001 George W. Bush se apoderó de la Casa Blanca mediante el fraude y llamó junto a él a Alberto Gonzales como consejero jurídico de la presidencia. Al día siguiente de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Alberto Gonzales redactó un decreto presidencial en el que instituía «comisiones militares» para juzgar a los terroristas. Las mismas no deben ser confundidas con los tribunales militares y menos aún con las jurisdicciones civiles. No disponen de Código de Procedimiento y los militares que las componen acuerdan entre sí, en la medida de las necesidades, el procedimiento a seguir.

Los reos no tienen derecho a abogado y la comisión puede sesionar a puertas cerradas. Única restricción: sólo pueden juzgar a extranjeros [8].

El 25 de enero de 2002, Alberto Gonzales remite un memorando al presidente Bush en el que indica que «la guerra al terrorismo es una nueva forma de guerra», «este nuevo paradigma hace obsoletas las estrictas limitaciones de las Convenciones de Ginebra sobre el interrogatorio a los prisioneros enemigos y hace caducar algunas de sus disposiciones» [9], un análisis en la misma línea de los que había formulado en Texas sobre la aplicabilidad de la Convención de Viena. Es en virtud de este documento que los prisioneros de Guantánamo no están protegidos por las Convenciones de Ginebra [10].

El 1º de agosto de 2002, Alberto Gonzales dio un nuevo paso al aprobar en un nuevo memorando el recurso a la tortura [11]. Fue el documento que sirvió de base legal para la generalización de la tortura en Afganistán e Irak, especialmente en la base militar de Bagram y en la prisión de Abu Ghraib [12].

Finalmente Alberto Gonzales se mostró inflexible para defender los secretos de la Casa Blanca, obstaculizando toda comunicación pública de los memorandos referentes a las diferentes nominaciones de magistrados por parte de la presidencia. Sobre todo mientras prestó servicios a Enron, impidió que el Congreso accediera a los documentos internos del Grupo de Desarrollo de la Política Energética Nacional (National Energy Policy Development Group, NEPDG), la famosa «Cheney Task Force».

El Sr. Gonzales no es un hombre aislado. Llega al Departamento de Justicia con un numeroso equipo reclutado en el seno de una asociación de juristas de extrema derecha vinculada al lobby de la Energía, la Federalist Society [13]. En los próximos meses debería dedicarse a infiltrar todo el sistema judicial.