La disputa de intereses de los sectores oligarcas y las equivocadas decisiones de Palacio que no satisfacen a los sectores populares, aceleran una nueva crisis política. La renuncia de ministros, y el regreso de otros, evidencia que existe de un gobierno con las mismas dificultades que el anterior.
La crisis política que atravesó el país y desembocó en la caída del ex Presidente Lucio Gutiérrez el pasado 20 de abril, aún se siente en el Gobierno de Alfredo Palacio. Por una parte, la presión que ejercen los sectores de poder para enfilar a varios de sus representantes en el gabinete, y por otra, la serie de movilizaciones de los sectores populares para exigir el justo cumplimiento a sus demandas.
La actitud asumida desde un inicio por el Jefe de Estado provocó severas críticas, debido al nombramiento de varios simpatizantes y afiliados del Partido Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID) en el supuesto “despolitizado” gabinete. Así tenemos, por ejemplo, a Antonio Parra Gil, ministro de Relaciones Exteriores; Mauricio Gándara, ministro de Gobierno; Oswaldo Molestina, ministro de Comercio Exterior, entre otros, claramente identificados con esas tiendas políticas. Algunos de ellos, que antes de la caída de Gutiérrez presentaron ya su declaración de bienes para asumir cargos en el Gobierno de Palacio, aparecieron de pronto con antiguas deudas en la banca nacional, banca que se mostró cómplice de estos nombramientos.
A esto se suma la decisión del ministro de Defensa, Gral. Solón Espinoza, de renunciar si no se removía del cargo de asesor en seguridad al Crnl. Jorge Brito, “por ser una función que interfiere el trabajo militar y hasta policial”. Esta presión fue aceptada por el Jefe de Estado con el propósito de continuar recibiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas, institución que ha decidido una vez más el rumbo de la crisis política y ha terminado apoyando la dominación de los sectores de poder.
A esto se suman los últimos hechos entre el “Pinocho” Lucio Gutiérrez y el “Serrucho” Blasco Peñaherrera Padilla, este último uno de los cuatro representantes que Alfredo Palacio envió a los Estados Unidos para enfrentar políticamente al ex Presidente Lucio Gutiérrez y que lo único que ha demostrado es debilidad e ingenuidad política.
La presencia del ex Presidente Gutiérrez en ese país, para muchos analistas, demuestra la presión que ejerce el Gobierno de Bush para que Ecuador no desvíe su política económica a causa de las últimas resoluciones adoptadas por el Ministro de Economía, Rafael Correa. La crisis se ahondaría si terminan, por la presión externa e interna de los grupos de poder, destituyendo al titular de esta cartera, único funcionario que ha adoptado políticas sociales y que sería apoyado por los sectores populares con movilizaciones en las calles.
De esta manera, Alfredo Palacio González es un personaje que entró a ocupar Carondelet para pagar los favores recibidos de los sectores de poder incrustados en el Congreso Nacional y de algunos ‘forajidos’, decisiones desacertadas en medio de la inestabilidad y con claros síntomas de debilidad.
El Gobierno de Palacio, que intentó brindar una imagen estable a través de la conformación de un supuesto ‘despolitizado’ gabinete, terminó por rodearse con los tradicionales políticos deudores de la banca. Según el artículo 6 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, el principal requisito para ingresar al servicio civil es “no encontrarse en mora de créditos de cualquier naturaleza, definitivamente establecidos a favor de entidades u organismos del sector público”, sin embargo, 10 funcionarios incumplieron esta ley. Fausto Cordovez, ex ministro de Energía (66 690 dólares al banco de Guayaquil), Mauricio Gándara, Ministro de Gobierno (102 500 dólares al Banco del Pichincha), Antonio Parra Gil; Ministro de Relaciones Exteriores (1 026 dólares al Banco de Guayaquil y 389 al banco Amazonas). Asimismo, Roosevelt Chica; asesor del Presidente (70 000 a la AGD, 8 797 al Banco del Pichincha y 7 019 dólares a Pacificard), Diego Guzmán; Gerente del FISE (48 717 a Mutualista Benalcázar), Cornelio Tamariz, miembro del Directorio de Andinatel (19 000 dólares a varios bancos). A estos se suman: Héctor Espinel; secretario de Planificación (503 dólares al Banco de Guayaquil); Nestor Coello; Gobernador de los Ríos (1 610 dólares al IECE), Robert Pinzón; ex Presidente de Petroecuador (47 500 al Banco del Pacífico y 3 339 dólares a Proinco) y Carlos Cortez; Secretario de Comunicación (1 794 al Banco del Pichincha, 2 000 dólares al banco de Machala). ¿Pero cuáles fueron los que terminaron renunciando pese a que los 10 funcionarios incumplen la ley?
La primera cabeza fue la del “forajido” Fausto Cordovez, quien fue destituido de la cartera de Energía, hombre que planteó la moralidad, la honorabilidad como principales destrezas que debería tener un funcionario y terminó contradiciéndose. Aunque es cierto que la salida de Cordovez obedecería a presiones de los sectores de poder por el apoyo que brindó a la propuesta de reestructuración del FEIREP y la decisión de revisar una serie de contratos petroleros ilegales. Hoy, en reemplazo de Cordovez fue nombrado Iván Rodríguez, cercano a la política del PSC cuando ocupó la presidencia del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Guayas al formar parte, junto a Jaime Nebot, del directorio del fideicomiso que maneja la CATEG. Otro que estaba de acuerdo con la propuesta de reformar el FEIREP y terminó sus funciones fue Robert Pinzón, ex presidente de Petroecuador, que ahora es reemplazo por otro socialcristiano: Carlos Pareja, antes vicepresidente de Petroindustrial, desde donde defendió la inversión extranjera en el petróleo. Por último, la renuncia del secretario de Comunicación, Carlos Cortez, porque fue denunciado por haberse reunido con el ex ministro de Gobierno, Oscar Ayerve, para discutir sobre los equipos de espionaje en el Gobierno de Lucio Gutiérrez. Sin embargo, también resulta evidente que no era de simpatía de los medios de comunicación, que ejercen presión sobre el gobierno. Su reemplazo es Andrés Seminario, sobrino del ex ministro de Agricultura, Sergio Seminario, quien ocupó esa cartera de Estado en el anterior Gobierno, quién dictó políticas agrarias contra los pequeños agricultores, obedeciendo al PSC. El nuevo Secretario de Comunicación es además vicepresidente de Gray Comunnications Inc, empresa filial de Maruri Comunications Group, de propiedad de Eduardo Maruri, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Esta empresa realizó una serie de spots publicitarios para convocar a los ciudadanos de Guayaquil a la “Marcha Blanca” y el asesoramiento publicitario para llamar a los ciudadanos quiteños a participar de la marcha “Por la Democracia”. Estas marchas fueron dirigidas por el PSC en Guayaquil y la ID en Quito. Lo que causa repugnancia es la actitud cómplice de los medios de comunicación oligarcas que, luego de la salida de estos tres funcionarios de instituciones estratégicas del Estado, no han dicho nada por el resto de funcionarios que aún continúan con las deudas ilegales en el Gobierno.
El Gobierno de Alfredo Palacio ha demostrado una serie de desaciertos con los sectores populares, y también con el “Mandato de los Forajidos”, que pese a estar desorganizados, tienen presencia a nivel mediático y podrían promover, si quieren, el aceleramiento de una nueva crisis. Del otro lado, los sectores de poder apoyan a este gobierno de transición con el objetivo de aferrarse al poder y buscar con calma las estrategias electorales para las elecciones del año 2006
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