Alianza País, cómplice del atraco del siglo

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos han sido el objetivo de todos los gobiernos neoliberales y de derecha del Ecuador, que a través de varias figuras pretendieron privatizar la empresa petrolera del país, enriquecer a las transnacionales y privadas petroleras, dejando a un lado el bienestar del pueblo. No lo han logrado por la presión del pueblo; León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén, por ejemplo, se inventaron distintas formas de contratos para saquear la riqueza nacional.

El actual gobierno, superando a los anteriores, ha entregado lo que antes ningún Presidente pudo, el petróleo; en complicidad con los cerca de 60 zombis sin voluntad que forman parte del bloque gobiernista y que se mantienen en el poder legislativo; quienes este domingo 25 de julio mostraron una vez más su incapacidad de reaccionar frente a los atracos, y obedeciendo a sus domesticadores Alexis Mera y Ricardo Patiño, no dieron quórum a la sesión planteada para esa fecha en la Asamblea Nacional e iniciar la discusión de las Reformas a la Ley de Hidrocarburos, planteada desde el gobierno como proyecto económico urgente; con la cual dieron paso a la apropiación de dichas reformas a través del Ministerio de la Ley, por no haber sido tratados en los 30 días del plazo previsto.

En el mismo edificio, aparentemente, también se contaba con 63 voluntades que trataban de obligar a la primera autoridad legislativa a que inicie con el debate democrático del proyecto de ley, tal vez el más importante en materia económica y de soberanía, y así impedir que no se efectivice el atraco más grande de esta década y del golpe a los derechos de los trabajadores; objetivo que no se pudo lograr debido a la ausencia de cinco legisladores, quienes practicando las viejas costumbres del antiguo Congreso no llegaron a la sala del pleno, se presume que se habría dado la compra de conciencias de los siguientes “representantes populares”: Gerardo Morán, quien prefirió sus actos artísticos a la defensa de la soberanía, y a pesar de su palabra, ni la suplente llegó; Leonardo Cadena, ex ID; Geoconda Saltos, de SP; Schernarda Fernandez, todos ellos faltaron a su compromiso y abandonaron el recinto, como lo hizo Silvia Salgado, socialista.

Esta nueva Ley de Hidrocarburos afirma lo expuesto por varios expertos en el tema, ya que se terminaría con la empresa estatal PETROECUADOR; además, entrega sin proceso o concurso los campos petroleros, como se lo hizo con Sacha a Rio Napo y PDVSA, a través de la creación de dos instancias con super poderes: la Secretaría de Hidrocarburos, quien administraría dichos contratos, y el Ministro del ramo, que adjudicará los contratos a quien él crea más conveniente.

Con estas reformas los campos en producción como son Shushufindi, AUCA, los llamados campos maduros, lo que queda de campos marginales y el resto de campos productivos, que no requieren de equipos de última tecnología, porque PETROECUADOR sí los tiene, podrán ser entregados al mejor postor, todo a pretexto de la urgencia en el incremento de la producción que en estos meses ha ido cayendo estrepitosamente.

El Dr. Luis Aráuz, experto en contratación petrolera, señala que “esta ley es inconstitucional, ya que violenta los artículos 216, 313, 315 de la Constitución, crea dos instancias encargadas de la administración y adjudicación de contratos sin ningún proceso de licitación, y altera el Art. 29 de la misma norma zzlegal, señalando además que todos estos actos ilegítimos son meramente políticos, y serán manejados al capricho de los encargados y de las circunstancias”.

Según el proyecto de Correa, la participación del Estado en la producción mediante el contrato de prestación de servicios será del 25%, que pomposamente lo denomina “margen de soberanía”. El otro porcentaje, que es del 75%, será para cubrir inversiones, costo, gastos y una utilidad razonable a favor de la contratista (Arts. 7, 25, 27, y 28 del proyecto). Esto significaría una disminución de los ingresos petroleros en comparación a los que recibe actualmente el Estado.

En lo ambiental hay más cuestionamientos, puesto que esta ley permitiría a las empresas operadoras continuar con sus políticas antiambientalistas, ya que no existe, menos con esta ley, una instancia experta que regule o realice auditorías periódicas ambientales y legisle y sancione actos como los cometidos por la Repsol Texaco, que dejó daños ambientales que superan los 21 mil millones de dólares, y luego de casi dos décadas de litigio legal no hay una resolución ni en primera instancia, por las trabas que la Texaco interpone. A esto se sumaría las arbitrariedades realizadas por Petrobrás, con consentimiento de las autoridades de turno.

Por su parte, Jorge Escala, asambleísta del MPD, sostiene que esta aprobación arbitraria es “el saqueo del Siglo XXI”, y tiene un fuerte componente de un gobierno neoliberal, y esto lo hace para continuar con su política asistencialista de entrega de bonos, para luego quedarse sin nada. Según el Asambleísta emepedista, “esta ley obedece a la presión de las transnacional y la visita de Hillary Clinton”.

Esta aprobación ilegítima y planeada por el gobierno de la nueva ley, es un chantaje de las petroleras que adeudan al fisco cerca 1.180 millones de dólares por concepto de impuestos, y presionan por el incremento del precio del crudo, extensión de contratos, eliminación de regalías, además apunta a la entrega del megacampo ITT, según Jorge Escala.

Esta macabra maniobra de aprobación de esta polémica y trascendental ley petrolera, se pudo corroborar, dice Escala, “días antes de la convocatoria a sesión del pleno en la Asamblea, mediante un correo electrónico que envió José Luis Zirit, asesor del gobierno, y actual representante de la Asociación de compañías petroleras, a sus colegas, donde hace conocer que la aprobación de la mencionada ley es un hecho y se hace realidad la rebaja de impuestos, así como la eliminación de glosas y deudas que las compañias mantienen con el SRI”.

El jueves 29 el MPD y su bloque legislativo presentó la demanda de incostitucionalidad de la nueva ley de hidrocarburos, e iniciarán el juicio por actos colusorios, ya que se asociaron el representante de las compañías petroleras y el gobierno para dañar a un tercero, que en este caso es el pueblo; se prevé también iniciar debates para conseguir reformas a esta ley, la caducidad de varios contratos lesivos a los intereses del país y la reversión de éstos al Estado.