América Latina: resurgen las guerras sucias impulsadas por EU

Proyecto censurado /Red Voltaire

El resurgimiento del viejo militarismo estadunidense amenaza nuevamente la paz y la democracia en América Latina. Hasta 2005, la ayuda militar de Estados Unidos a la región había aumentado 34 veces respecto de la cantidad utilizada en 2000. En un notable cambio de su estrategia militar, Estados Unidos descentralizó el callado entrenamiento de militares y policías latinoamericanos que solía tener lugar sólo en la bien conocida Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, entrenamientos que incluyen técnicas de tortura y ejecución.

El presupuesto federal de Estados Unidos en 2008 incluyó 16.5 millones de dólares para financiar la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) en El Salvador, igualmente con operaciones vía satélite en Perú.

Es decir que con estas nuevas iniciales –ILEA– se esconde la nueva cara de la tristemente célebre Escuela de las Américas.

Con inmunidad estipulada ante eventuales acusaciones de crímenes contra la humanidad, cada academia entrena anualmente en “técnicas de contraterrorismo” a un promedio de 1 mil 500 oficiales de policía, jueces, fiscales y otros cuerpos encargados de imponer el cumplimiento de la ley en toda Latinoamérica.

La academia de El Salvador forma parte de una red de ILEA creada en 1995 bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, quien promocionó las instalaciones de entrenamiento como una serie de escuelas estadunidenses “en todo el mundo, para combatir el tráfico de drogas, la criminalidad y el terrorismo internacionales por medio del fortalecimiento de la cooperación mundial”.

Hay ILEA en Budapest, Hungría, Bangkok, Tailandia; Gaborone, Botsuana; y en Roswell, Nuevo México (Estados Unidos).

Según directores de ILEA, el centro de El Salvador se creó para que América Latina fuera “segura para la inversión extranjera” al “proveer seguridad regional y estabilidad económica y combatir el crimen”.

La mayoría de los instructores proviene de agencias de Estados Unidos, como por ejemplo la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Immigration and Customs Enforcement (ICE) y la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Este último ha tenido una presencia notablemente grande en El Salvador desde que abrió su propia oficina allí en 2005. La mayoría de los gastos de la escuela se pagan con dólares provenientes de los contribuyentes de Estados Unidos.

Los salvadoreños se refieren a la ILEA como una nueva Escuela de las Américas (School of the Americas, Soa) para policías.

Las sospechas se agravan con comparables políticas de secreto. Al igual que en la Soa, la lista de asistentes y graduados de la ILEA es confidencial, así como el contenido de los cursos.

A muchos observadores les preocupa este secreto, teniendo en cuenta las atrocidades de la Soa que salieron a la luz en septiembre de 1996 con el descubrimiento de la reportera Dana Priest, del Washington Post, de los manuales de la Soa de entrenamiento para la tortura, y después con la adquisición, por parte del padre Roy Bourgeois, fundador del Soa Watch (Observadores de la Escuela de las Américas) de una lista previamente clasificada de graduados de la Soa, muchos de los cuales fueron reconocidos como líderes de escuadrones de la muerte y notorios grupos de contrainsurgencia.

Después del anuncio de Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado estadunidense, de nuevos planes para la ILEA en San Salvador, durante una reunión de la Organización de Estados Americanos en Miami, en junio de 2005, el padre Bourgeois escribió:

“El legado del entrenamiento de fuerzas de seguridad por parte de Estados Unidos en la Soa y por toda Latinoamérica es el derramamiento de sangre, la tortura, el tiroteo dirigido a poblaciones civiles, los desaparecidos (…) El reciente anuncio de Rice sobre los planes para la creación de una academia internacional para el cumplimiento de la ley en El Salvador debe suscitar serias preocupaciones en cualquier persona interesada en los derechos humanos.”

Las sospechas se agravaron aún más con la cláusula de inmunidad autorizada por Estados Unidos. Ésta exime al personal de la ILEA de cualquier crimen contra la humanidad.

Aunque la falta de transparencia hace imposible conocer el contenido de los cursos, la conducta de la policía salvadoreña –que constituye el 25 por ciento de los graduados– ha demostrado un alarmante empeoramiento desde que se inauguró la ILEA.

A principios de mayo de 2007, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado emitió un informe donde se implicaba a la Policía Nacional Civil salvadoreña (PNC) en ocho asesinatos del tipo de los cometidos por los escuadrones de la muerte (sólo en 2006).

Entretanto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador también publicó informes que conectaban a la PNC con los escuadrones de la muerte y repetidos casos de corrupción y falta de ética profesional.

Mientras el interés de Estados Unidos en la ILEA consiste en asegurar un ambiente que proteja al libre comercio y a los intereses económicos estadunidenses, la PNC ha desempeñado un activo papel en cuanto a medidas enérgicas contra los derechos civiles, dirigidas a reprimir las protestas sociales y el crimen. Los acuerdos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Cafta, por su acrónimo en inglés), han sido muy polémicos. La administración del presidente Saca hizo todo lo posible para asegurar que tuvieran éxito, incluyendo la aprobación de una ley contra el terrorismo en septiembre de 2006, inspirada en la Patriot Act de Estados Unidos, que ha sido utilizada para arrestar desde activistas opuestos a la privatización del agua hasta vendedores ambulantes que violan las normas de propiedad intelectual del Cafta.

A medida que los graduados de ILEA son empleados en toda Latinoamérica, los militares de Estados Unidos también establecen mecanismos similares de cooperación en toda la región.

La ILEA se une a una gran cantidad de centros de entrenamiento policial y militar dirigidas por agencias estadunidenses, tales como la FBI, el ICE y la DEA, así como en los programas dirigidos por compañías de seguridad privadas de Estados Unidos, como DynCorp International y Blackwater.

El periodista Ben Dangl observa que, continuando el legado de las guerras sucias de América Latina de las décadas de 1970 y 1980, cuando los secuestros, torturas y asesinatos eran utilizados para aplastar a la disensión y los opositores políticos, Colombia y Paraguay también ponen de manifiesto cuatro características del militarismo de derecha en Suramérica: ejercicios conjuntos con los militares de Estados Unidos en el entrenamiento de la contrainsurgencia; seguimiento de disidentes potenciales y organizaciones sociales; uso de mercenarios privados para la seguridad, y criminalización de la protesta social mediante tácticas y leyes “antiterroristas”.

Actualización de Wes Enzinna

El 22 de mayo, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Iniciativa Mérida que, como parte de un paquete de 450 millones de dólares para un programa contra las bandas y el crimen en México y Centroamérica, proporciona 2 millones de dólares para el presupuesto, de 2009, de la ILEA de San Salvador.

Con estos nuevos fondos, la academia intensificará sus esfuerzos, entrenando a la policía de todo el hemisferio, sin supervisión pública o transparencia en cuanto a las operaciones o el plan de estudios de la academia. Lo que exactamente se estudia en la escuela continúa siendo un secreto, y la implicación de la PNC en la academia no ha disminuido en lo más mínimo, al igual que los presuntos abusos de ésta.

Aunque la presencia en la escuela de Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), en El Salvador, ha sido motivo de desprecio y crítica –un tópico en el que me centré en mi artículo–, la organización estadunidense de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA) ha salido públicamente en defensa de Cuéllar.

Al mismo tiempo, WOLA negocia con el Departamento de Estado un trabajo conjunto con Cuéllar y el Idhuca para monitorear los ILEA.

Aunque la lógica de WOLA es que espera “presionar para que haya una mayor transparencia y responsabilidad dentro de la institución”, no ha articulado un plan para idear cómo exactamente van a conseguir lo que Cuéllar no ha podido lograr (una escuela más transparente, haciendo público su plan de estudios), ni han explicado la forma en que su presencia en la escuela, como la de Cuéllar, podría ofrecer legitimidad a las actividades de los ILEA sin producir realmente ningún cambio en la manera en que funciona la academia.

Como precisaba Lesley Gill en mi artículo original, el uso del discurso de los derechos humanos y la manera de [captar a los] defensores de los derechos humanos por parte de las instituciones militares y policiales de Estados Unidos en América Latina es un viejo truco en la estrategia de las relaciones públicas de la que fue pionera la tristemente célebre Escuela de las Américas, y no, recuerda Gill, “un indicio de esfuerzo alguno de Estados Unidos por reformar las fuerzas militares o policiales con las que están involucradas”.

Sólo el tiempo dirá si la asociación con el Departamento de Estado planeada por WOLA para monitorear los ILEA ayudará o no a hacer más transparente la escuela, o si le dará legitimidad a una academia que continúa estando ligada a abundantes abusos de los derechos humanos.

Las señales, sin embargo, no son prometedoras. En marzo, fue rechazada la solicitud sobre la base de la Ley de Libertad de Información hecha por este escritor para obtener los materiales del curso de los ILEA, porque, como señala la carta de rechazo, “podría razonablemente esperarse la revelación de estos materiales de entrenamiento y correr el riesgo de que se burle la ley. Además, las técnicas y procedimientos en cuestión no son bien conocidos por el público”.

Desde la publicación de mi artículo, han continuado los abusos y los asesinatos políticos de la PNC en El Salvador, y el secreto de los ILEA sólo parece haberse afianzado más, a pesar de la participación de Cuéllar y del Idhuca, y a pesar de la creciente protesta internacional.

Todavía no está claro si los ILEA resultarán o no ser “otras escuelas de asesinos”, como los detractores llaman a la academia. No obstante, si la situación actual constituye algún indicio, estas críticas pueden resultar ciertas.

Actualización de Benjamín Dangl

Varios acontecimientos recientes han cambiado de manera espectacular el panorama militar y político de América Latina. Mientras algunas victorias electorales en América Latina señalan un cambio regional hacia la izquierda, Washington continúa ampliando su presencia militar y naval por todo el hemisferio.

El 20 de abril de 2008, Fernando Lugo, de tendencia izquierdista, fue elegido presidente de Paraguay. Su victoria rompió el reinado de 61 años del derechista Partido Colorado.

Lugo, un exobispo que comparte la teología de la liberación, se unió a una creciente lista de líderes de centro izquierda de toda la región y ha prometido tomar medidas enérgicas contra las violaciones de los derechos humanos en Paraguay, vinculadas con las relaciones militares paraguayo-estadunidenses.

Poco después su victoria, Lugo dijo a los reporteros que Washington debería reconocer el nuevo ambiente regional en que los gobiernos latinoamericanos “no aceptarán ningún tipo de intervención de país alguno, sin importar cuán grande sea”.

En la vecina Bolivia, el presidente izquierdista indígena Evo Morales ha enfrentado una creciente resistencia de la oposición de derecha. Documentos y entrevistas del gobierno de Estados Unidos sobre el terreno en Bolivia prueban que Washington ha gastado millones de dólares en otorgarle poderes a la derecha boliviana por medio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación Nacional para la Democracia.

El 1 de marzo de 2008, los militares colombianos bombardearon un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en suelo ecuatoriano, desencadenando una crisis regional.

Este ataque fue parte de un conflicto de varias décadas, alimentado por el entrenamiento militar y el financiamiento de Estados Unidos a los militares colombianos.

Al mes siguiente, el 24 de abril, el Pentágono anunció que la IV Flota de la Marina de Guerra de Estados Unidos se colocaría nuevamente para monitorear las actividades en el Caribe, América Central y Suramérica.

La IV Flota había cesado sus operaciones en el área en 1950.

Los analistas en la región sugieren que la reactivación de la IV Flota es una advertencia a los líderes latinoamericanos, como Hugo Chávez, que trabajan para construir un bloque regional progresista fuera de la influencia de Washington.

Aunque Washington continúa expandiendo su alcance por una América Latina cada vez más izquierdista, las alianzas regionales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, crecen entre los líderes latinoamericanos progresistas. Tal cooperación política, económica y militar está contrarrestando eficazmente la hegemonía de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el futuro de las relaciones estadunidense-latinoamericanas dependerá en gran parte de cómo el próximo presidente de Estados Unidos [es decir el actual presidente Barack Obama] interactúe con esta región.

Mientras la mayoría de los medios corporativos [de prensa] ignora a América Latina, su cobertura de la región está por lo general predispuesta contra los líderes izquierdistas y los movimientos sociales de la región.

Dos publicaciones en línea que proporcionan coberturas y análisis continuos en la región son upsidedownworld.org, un sitio web que cubre el activismo y la política en América Latina, y towardfreedom.com, una perspectiva progresista de los acontecimientos mundiales.

Los activistas interesados en conocer más sobre la agresión militar de Estados Unidos en América Latina pueden visitar el sitio soaw.org.

Para mayor información sobre las operaciones militares en la región y la esperanzadora respuesta de gobiernos progresistas y movimientos sociales, ver el libro The Price of Fire: Resource Wars and Social Movements in Bolivia (AK Press).