Apuntes para una nueva política sobre la hoja de coca

«Si la coca del chapare tiene como destino casi total el narcotrafico, con alguna inteligencia y con razonabilidad debiera poder tratarse la legalizacion o despenalizacion de la misma en el contexto internacional, cuando en el mundo, europa en particular, crecen las tendencias en esa direccion y se ha oido incluso que el nuevo alcalde de Nueva York la plantea como posibilidad».

Editorial de Pulso (5 de julio, 2002)

El cultivo y uso tradicional de la coca en la cultura Panandina de Sudamérica se remonta a unos cuatro mil años de antigüedad. Evidencias de sitios arqueológicos en el Ecuador han demostrado que los habitantes de ese entonces ya masticaban coca. Sin embargo la coca emerge como un recurso mágico religioso importante, durante el florecimiento y consolidación de la formación económica y política del Tawantinsuyu. En este sentido, la coca era el segundo instrumento de circulación en el contexto de la economía substantiva de reciprocidad e intercambio, junto con los textiles. La coca por su carácter mitológico de mujer ch’ulla, es decir impar, es por excelencia la mediadora universal entre los opuestos. Se podría decir que los incas hicieron política del ropaje físico y espiritual de sus habitantes, a través de la distribución mediatizada de textiles y coca, para generar el efecto de la reciprocidad [1].

Con la llegada de los españoles al mundo andino, los extirpadores de idolatrías asocian el consumo de coca con los aspectos estructurales rebeldes de la religiosidad andina y de aquí nacen los primeros intentos de erradicación. Por otro lado, la coca se desvía de su circuito de producción ritualizado, a un circuito de producción mercantil por efecto del surgimiento de la extracción minera de la plata, donde se utilizaba mano de obra indígena consumidora de coca. Así nacen, los primeros grandes proto-hacendados de la coca que proveían este recurso a los centros de explotación de plata.

Las primeras asociaciones prejuiciosas entre el consumo de la coca y el sujeto indígena se dan a través de la hipótesis de que la coca era un buen sustituto a la alimentación entre masticadores indígenas. Este mito fue mantenido por muchos siglos en la conciencia colectiva de los sectores dominantes de las sociedades criollas de Bolivia, Perú y Ecuador que llegaron a pensar que el indígena andino solamente necesitaría coca para trabajar. Es más, este prejuicio llevó a algunos médicos criollos de mediados del siglo XX a pensar que el hábito de la coca era uno de los factores que mantenían a los indígenas andinos en su estado de «subdesarrollo» económico y mental, más el hecho de que deberían ser considerados «adictos» [2]. Así la leyenda negra de la hoja de coca se consolida en el siglo XX y entra a formar parte de la visión que las Naciones Unidas mantuvieron en sus paradigmas rectores de las Convenciones Únicas en materia de este recurso natural. Sin embargo, algunos investigadores norteamericanos como Timothy Plowman han llegado a la conclusión de que la coca no es un sustituto, sino un complemento a la alimentación, derrumbando así la mitología de la «adicción natural» de los indígenas del mundo andino, creado por los médicos peruanos Zapata Ortiz y Gutiérrez Noriega en la década de 1940.

Lo sobresaliente y a la vez extraño dato poco reconocido en la historia oficial de Bolivia es que este recurso natural jugó siempre un importante rol en el conjunto económico del país, desde la fundación de la República. La Sociedad de Propietarios de Yungas fue conformada en 1830, a cinco años de la independencia, para luego convertirse en un gran bloque de poder político. Para comienzos del siglo XX y durante las elecciones de 1918, el 30% de los nombres importantes del partido liberal eran propietarios productores de coca en Yungas [3].

Considerando el rol de la coca en la economía histórica y contemporánea de Bolivia, la producción de coca irrumpe en el escenario de la economía neoliberal moderna, sustentando parte de la base de las reformas de 1985, si se considera que es necesario tener un ahorro interno substancial para efectuar modificaciones en la estructura circulatoria de la aplicación de una economía de mercado. De ahí que la política de libre cambio de dólares en el Banco Centralde Bolivia, generaba una contabilidad en las cuentas nacionales, cuya columna de «errores y omisiones» para 1987 mostraba 400 millones de dólares. Este tipo de excedente financiero se generaba en una parte de la economía de la coca y en otra por su transformación ilegal en cocaína, que en 1987 constituía una cuantía global de aproximadamente 1.300 millones de dólares anuales, dejando un rédito neto de entre 300 a 600 millones de dólares en Bolivia. Es en este contexto que la Ley 1008 entra en la escena jurídica del país, convirtiéndose en uno de los instrumentos más contradictorios en materia constitucional, al romper el principio básico del Derecho: el ciudadano es considerado inocente ante la Ley hasta probar lo contrario. La Ley 1008 dice en esencia, el ciudadano es culpable y probará su inocencia desde la cárcel.

Recontextualizar el tema de la despenalizacion

Con el sorpresivo ascenso electoral de Evo Morales a las cúspides presidenciables del Estado boliviano y por ende al centro del poder gubernamental de la mano de Mama Coca y 590.000 votos, es necesario plantear lo que hace catorce años se puso en mesa de discusión colectiva: la despenalización de la producción y consumo de la coca en Bolivia, como parte del derecho cultural que le asiste al pueblo de raíces andinas.

Sin bien este planteo fue considerado tempranero y descabellado en los inicios de la promulgación de la Ley 1008 en 1988, hoy más que nunca y frente a la brutal y fracasada doctrina de la «Guerra contra las Drogas» [4], se debe pensar en soluciones inteligentes que cesen el hostigamiento innecesario y la matanza de campesinos productores de este recurso natural. Por ello, se abre nuevamente la necesidad de discutir la despenalización de la hoja de coca, como una medida absolutamente racional en el marco de una profunda crisis social y económica.

No es posible ya pensar que los que consumen coca para la masticación sean sutilmente tipificados por la Ley 1008 como fábricas humanas de la ecgonina (cocaína deshidrolizada) que es una substancia controlada en los listados internacionales de las Naciones Unidas. Si la interpretación de esta tipificación fuese llevada a sus últimas consecuencias, Bolivia tendría que encarcelar a unos 2 millones de habitantes.

De hecho, la promulgación y aplicación de la Ley 1008 a partir de 1988 fue una medida impuesta por los Estados Unidos en respuesta a una coyuntura psicosocial provocada por el incremento de la población consumidora a 25 millones de usuarios habituales y recreacionales de la cocaína. Leyes draconianas como la 1008 fueron igualmente promocionadas en otros países productores de coca.

El gasto colectivo de estos consumidores obviamente era astronómico y por cierto ha beneficiado a varias redes de traficantes pro y antinorteamericanos. Por ejemplo, piénsese en el caso de Oliver North y los Iran-Contras, Sendero Luminoso, los carteles colombianos, las FARC, los militares peruanos después de la derrota de Sendero, etc. En el contexto boliviano, la aplicación selectiva de la Ley 1008 ha tendido a incrementar la venta y el consumo interno de cocaína y sulfato base en las ciudades más importantes.

Al mismo tiempo, la política de erradicación permanente disfrazada con el ropaje del desarrollo alternativo, ha desembocado en una «opción cero» que monta un aparato de represión militarizada, incluyendo a mercenarios (ver El Juguete Rabioso No 59), cuya labor es absolutamente censurable en materia de garantizar el cumplimiento de la política de total erradicación militarizada.

Otros efectos de la 1008 incluyen el descenso de la calidad de la hoja de coca para su consumo natural; la reproducción ampliada de un ejército de productores artesanales de sulfato base y clorhidrato que se han desplegado en la amazonía y altiplano de Bolivia, creando un problema medioambiental serio. Con su frondoso aparato burocrático de represión e interdicción, la política norteamericana antidrogas en Bolivia ha logrado sobrepoblar las ya empobrecidas cárceles bolivianas con miles de humildes campesinos del Chapare, consumidores eventuales de cocaína y pequeños empresarios traficantes, los cuales representan casi un 80% de la población carcelaria. En este universo carcelario no ha existido ningún gran traficante de cocaína, con excepción del mitológico Roberto Suárez y el general García Meza. Los otros «empresarios» bolivianos de la cocaína han sido extraditados a los EEUU y están sirviendo sus «condenas» cómodamente instalados en los moteles-cárcel de ese país, incluyendo al coronel Arce Gómez. Finalmente, Bolivia se ha convertido en un país transito para la cocaína peruana.

En este panorama ambiguo y paradójico inscrito en los anaqueles de una política de doble moral, la Ley 1008 es claramente un instrumento jurídico de estigmatización y represión de millones de personas que consumen y producen la hoja de coca, que por cierto debe ser modificado.

Del desarrollo alternativo a una alternativa de desarrollo

Una mirada retrospectiva al paradigma del desarrollo alternativo nos muestra que se han gastado cientos de millones de dólares en un ejercicio estéril y engañoso que en términos de costo y beneficio es un fracaso. Aun reconociendo el estímulo a la producción bananera, la pimienta, el kutzu, la industria láctea, la ganadería, el palmito y otros, el reemplazo de la economía de la coca (ilegal) por otro tipo de economía de productos alternativos (legal) no ha tenido el éxito esperado. Es decir, los 600 millones de dólares anuales que generaba la hoja de coca como producto en su estado natural, no han sido reemplazados en el circuito del Producto Interno Bruto de Bolivia.

En este sentido se ha reconocido que en parte, la crisis económica por la cual Bolivia está transitando hoy, se debe a los efectos de la represión en el sector de los productores de hoja de coca y a los aspectos estructurales de una producción agrícola que no tiene mayores ventajas comparativas para el mercado mundial, salvo la soya, que hoy por hoy está también en su curvatura de descenso.

En este mismo orden de cosas, todos los bolivianos han puesto su esperanza en la exportación de gas a la Argentina, Brasil y los Estados Unidos, pero como se va perfilando este proceso de exportación, resulta que el propio gas tampoco sería una alternativa de sustitución al valor agregado que la coca podría producir si este recurso es adecuadamente industrializado en forma legal.

De lo que se trata entonces, es de entrar en una planificación económica de la hoja de coca que empieza por la despenalización de ésta materia prima. Para ello se necesita separar el Régimen de la Hoja de Coca de su codificación penal, es decir de la Ley 1008 para convertir este régimen en un instrumento de producción planificada, según las demandas legales que se vayan dando en el mercado mundial. No es nada inverosímil que la China y Europa podrían ser un gran mercado para los mates de coca; tampoco es improbable de que un buen aculli industrializado a la manera occidental, pueda reemplazar el hábito de los texanos mascadores de tabaco, salvando el hecho de confrontarse con los poderosos lobbys tabaqueros de EEUU. Más aún, por qué no ofrecer una buena goma de mascar de coca que ya ha sido experimentada por la propia NASA para los mareos producidos por la aceleración de los 13 kms. p/s necesarios para salir de la gravedad terrestre. También existen posibilidades en el desarrollo de jarabes estimulantes y antidiabéticos, como también pastas dentales de alto contenido de clorofila.

Sin embargo, la prohibición y estigmatización de la coca han inhibido la investigación científica en Bolivia, sobre los cientos de posibles productos farmacéuticos y medicinales que pueden ser derivados de los 14 alcaloides de la hoja, aunque es posible que los alemanes y norteamericanos ya tengan todo una cartera industrial preparada para ser lanzada al mercado mundial. En este sentido, no se debe olvidar que la Coca-Cola es la empresa más exitosa de la industrialización de la hoja de coca y compra este recurso natural de la ENACO (Empresa Nacional de la Coca) del Perú.

Si hemos de ser racionales y serios sobre la despenalización de la hoja de coca, vía la industrialización legal, también se debe señalar que la producción de cocaína seguirá su curso ilegal considerando las leyes de la oferta y la demanda, pero eso es harina de otro costal, porque es nomás cierto en términos reales que la coca no es cocaína, aunque el discurso represivo dice lo contrario. Paralelamente la despenalización de la cocaína ya es una cuestión asociada a los patrones de consumo de fármacos estimulantes en las sociedades industrializadas y éste es un problema que los Europeos y Norteamericanos deberán decidir por su propia cuenta. La tarea boliviana es liberar a Mama Coca del entrampamiento leguyesco de la Ley 1008, y por tanto una tarea inevitable de dignidad cultural.

Un analisis final sobre el ciclo de la guerra contra las drogas

Está plenamente demostrado que la política de la «guerra contra las drogas» es un fracaso de 17,000 millones de dólares gastados en diez años (véase el pie de página 4), sin embargo es extraño que unos meses antes de la Guerra del Golfo la industria armamentista de los EEUU, señalaban que ésta misma cifra era lo mínimo que se necesitaba anualmente para mantener la producción de nuevas armas y tecnología bélica. Desde 1992 hasta la fecha, la agresiva política armamentista de los EEUU ha conducido a este planeta a una multiplicidad de conflictos ampliados, que finalmente tuvieron una respuesta dramática en la destrucción de la torres gemelas del World Trade Center. Sin embargo en una insistencia discursiva perversa, la guerra contra las drogas ha sido asociada con la guerra contra el terrorismo. El presidente Quiroga calificó al narcotráfico y el terrorismo como "hermanos gemelos", indicando de ésta manera que el ciclo de la guerra contra las drogas ha sido ampliado indiscriminadamente, todo al buen estilo de las antiguas doctrinas de la Guerra de Vietnam que señalaban que todos somos potenciales enemigos.

Por otro lado, debemos tomar recaudo que existe en la agenda de ocupación territorial de los EEUU una tendencia a apropiarse de las fuentes de biodiversidad en la amazonia continental, pues a titulo de la guerra contra las drogas, los norteamericanos han construido bases militares en todos los países andino-amazónicos en los últimos diez años y éstas rodean el conjunto del espacio continental correspondiente a esta gran fuente de recursos naturales estratégicos para el futuro del planeta. Desde otra perspectiva, la globalización del sistema financiero capitalista muestra que en la civilización occidental contemporánea, el motor de la economía depende de tres productos básicos: los fármacos legales e ilegales, los armamentos y los hidrocarburos. Aunque parezca inverosímil esta síntesis, simplemente es una realidad inexorable. En este contexto, lo que está sucediendo en la democracia boliviana, se convierte en un punto de inflexión histórico estratégico, respecto a lo que vayamos a decidir con la hoja de coca y el gas natural. Es decir, si hemos de mantener un grado de autonomía en los marcos de las co-soberanías [5] compartidas con los bloques del MCA y Mercosur, la despenalización de la hoja de coca podría tener un efecto muy importante y positivo en materia de abrir nuevas reglas de negociación económica y transformación de la escalada militar que se ha dado en los últimos diez años en el continente sudamericano.

Por último, el ascenso de Evo Morales a una posición de poder de la mano de Mama Coca, requiere de un sistema de cogobierno, entre oficialismo y oposición, pero no necesariamente en el sentido de la gobernabilidad desacreditada por el accionar irresponsable de los partidos políticos tradicionales, sino en el sentido de la complementariedad de los opuestos como se observa en el viejo ritual del Tinku. Extrañamente, en la esencia de los opuestos complementarios, Mama Coca es considerada la perfecta mediadora. Seamos pues inteligentes y razonables para construir una sociedad que realmente sea unida en su diversidad de culturas y costumbres, porque hay muchos Tinkus por delante.