Aumentan el hambre y el desamparo en EEUU

Los homeless «sin casa» están por todos lados en las calles de Estados Unidos. Foto cortesía de Dylan Tauber.
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Ver los otros artículos del Proyecto censurado.

Los estadounidenses con hambre y sin casa ni hogar continuaron aumentando en 2005 en las ciudades de EEUU, a pesar de las anunciadas mejoras en la economía. Sigue en aumento la demanda de servicios vitales para las necesidades de los más desamparados, según el informe anual de la Conferencia de Alcaldes, que viene documentando necesidades crecientes desde 1982.

El estudio registra casos de alimentación de emergencia y de ayuda en alojamiento en 24 ciudades del país utilizando información suplementaria del censo estadounidense y datos del ministerio del Trabajo. En más del 75 por ciento de las ciudades inspeccionadas se reportaron aumentos en la demanda de ayuda en comida y alojamiento, sobre todo entre las familias. Las demandas de ayuda por comida crecieron 12% en 2005, mientras la ayuda de centros y bancos de alimentos creció en sólo 7%. Los proveedores de servicios estimaron que el 18% de las demandas fueron desatendidas. La necesidad de alojamiento siguió una tendencia similar, pues la mayoría de las ciudades informó de aumentos en la demanda para el amparo de emergencia, a menudo insatisfecha debido a la falta de recursos.

Mientras aumentan en EEUU el hambre urbana y la gente sin hogar ni vivienda, la administración Bush está planeando eliminar los estudios nacionales que miden la realidad social y, al mismo tiempo, son ampliamente utilizados para mejorar los programas federales y estatales en favor de los ciudadanos de bajos ingresos y jubilados, informó en marzo de este año el periodista Abid Aslam, escribiendo para OneWorld.net.

«Matar al mensajero»

El presupuesto propuesto por el presidente Bush para el año fiscal 2007 que empieza en octubre del 2006 incluye un plan del Departamento de Comercio para eliminar la Oficina del Censo del Estudio sobre Ingreso y Programa de Participación (Survey of Income and Program Participation, SIPP). La propuesta marca por lo menos la tercera tentativa de la Casa Blanca en otros tantos años por eliminar la recolección de datos federal en los problemas económicos políticamente espinudos. Establecidos en 1984, los estudios de la Oficina del Censo siguen a las familias estadounidenses por varios años y monitorea el uso que hacen de la Ayuda Temporal para las Familias Necesitadas (TANF, en inglés), del seguro social, medicación, salud, seguro de desempleo, cuidado del niño, servicio social y programas de educación.

Unos 415 economistas y científicos sociales firmaron una carta dirigida al Congreso, después que en febrero 2006 se conoció la propuesta del presupuesto federal de Bush, instando a que “el estudio sea consolidado totalmente por tratarse explícitamente del único estudio de gran potencia diseñado para analizar el impacto de una amplia variedad de programas gubernamentales para el bienestar de las familias americanas”.

Heather Boushey, economista de Washington, D.C., del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, en inglés), le dijo a Abid Aslam: “Nosotros necesitamos saber qué efectos tienen estos programas en las familias americanas. . . El SIPP se diseñó simplemente para esos eso”. Boushey agregó que el estudio se ha demostrado inestimable para rastrear los efectos de los cambios en los programas del gobierno. Tanto como para que en 1996 la ley de reforma de bienestar mencionara específicamente al estudio como el medios más idóneo para evaluar la efectividad de la ley.

Los partidarios de la eliminación del estudio dicen que los costos del programa requieren demasiado: 40 millones de dólares por año. Lo matarían en septiembre y en el futuro lo reemplazarían con un descascarada versión que insumiría 9,2 millones en los costos de desarrollo durante el próximo año fiscal. La recolección real de los datos empezaría en 2009.

Los defensores del estudio alegan que el costo está justificado porque el SIPP “proporciona un arroyo constante de datos en profundidad que le permiten al gobierno, a académicos y a los investigadores independientes evaluar la efectividad y mejorar la eficacia de varios cientos de miles de millones de dólares gastados en los programas sociales,” incluso los resguardos de los sin hogar y la ayuda de comida de emergencia.

Actualización de Abid Aslam

A partir de fines de mayo de 2006, centenares de economistas y de científicos sociales se comprometieron en una campaña por salvar al US Census Bureau’s Survey of Income and Program Participation (SIPP). Ideológicamente, diversos usuarios describen al estudio como un camino abierto y aseguran que ayuda a mejorar la captación de datos para calibrar los efectos en las familias norteamericanas de los cambios en los programas de provisión pública que van desde Medicina a Ayuda Temporal a las Familias Necesitadas y programas de almuerzo en las escuelas.

Muy pocos periodistas se interesaron en la noticia, aunque los usuarios de los datos, incluido el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR), con sede en Washington, cuyos directivos optaron por hacer algo de ruido. Pero al fin de cuentas, el tema aparece como una simple lucha sobre dinero: la administración esta empecinada en cortar casi todos los presupuestos burocráticos (quizás para financiar mejor sus persecuciones políticas en el extranjero) en tanto los usuarios del estudio quisieran que el dinero se gastara en el SIPP porque, según su punto de vista, el programa es valioso y no existe ni se ha propuesto ninguna alternativa factible.

Ese debate aún no está resuelto. Los cabilderos esperaban más acción legislativa en junio y entre ellos, algunos del CEPR están dispuestos a hacer lobby proporcionando nuevos antecedentes. Sin embargo, ¿es sólo una lucha aislada del presupuesto? Este es el tercer intento por eliminar esos fondos de investigación en todos los años que lleva la administración Bush -y en los dos casos anteriores, fueron mantenidos por la presión de los usuarios y abogados.

En 2003, el gobierno intentó matar los informes de Estadísticas de Despidos en Masa del Escritorio de Estadísticas Obreras (Bureau of Labor Statistics BLS), que detallan cuáles son los lugares de trabajo con más de 50 trabajadores que han sido cerrados y qué tipo de obreros son los afectados. En 2004 y 2005 intentaron eliminar las preguntas a los empleadores sobre contratos y despidos de mujeres en los datos sobre empleo que recoge el BLS. Encontrándose entre los artículos más pesados del presupuesto federal, los informes sobre despidos en masa proporcionan datos cruciales para su planificación a las agencias de servicios sociales federales y estadales, así como a quienes escriben crónicas sobre las pérdidas de puestos de trabajo y la llamada “recuperación sin empleo”. El cuestionario sobre las mujeres destapó la discriminación en el empleo.

En otras palabras, los programas SIPP y los trabajos del BLS son políticamente espinosos. Ellos resaltan, sin tener en cuenta lo que algunos políticos y ejecutivos podrían decir, que los problemas económicos y sociales persisten e involucran a las personas reales, cuyas necesidades verdaderas continúan sin solucionarse. Esto evoca el viejo aserto de que existen varios tipos de mentiras, entre ellos las mentiras estadísticas. Si el gobierno cree estar convenciendo, debe ser ampliamente consistente y si los números no apoyan la narrativa, simplemente algo falta por darse. Con el sustento, la oportunidad de vida y los derechos de millones de ciudadanos en la estacada, ésta es una historia más sobre los misterios ocultos en las disputas sobre el presupuesto.