En algo que coinciden, equivocadamente, Rafael Correa y Jaime Nebot, es en que el centralismo ha provocado inequidad en el desarrollo socioeconómico y cultural de los territorios, como si en Quito, la capital de los ecuatorianos, no existiera pobreza o diferencia de clases. El problema no esta ahí, sino en los supuestos 27 años de democracia en que ha gobernado la oligarquía ecuatoriana.

Sin embargo, el proyecto autonómico del Gobierno resultaría más democrática que aquella autonomía defendido por la oligarquía guayaquileña. Las diferencias son evidentes en muchos aspectos, especialmente, en el sistema de representación autonómica, donde el Ejecutivo asegura una mayor participación social, a diferencia de un separatismo y consolidación del poder de la oligarquía de Jaime Nebot.

Propuesta de Gobierno

Para el Gobierno, la representación debe conformarse por un Ejecutivo Regional o Consejo Regional (integrado por prefectos de la región autónoma y un delegado del presidente quien presidirá el Consejo); por la Asamblea Regional (integrado por los diputados y representantes de las provincias de la región); por el Ejecutivo Provincial (integrada por el prefecto de la provincia con elección popular); por el Consejo Provincial (integrado por alcaldes o delegados de las provincias, delegado del presidente, y el presidente de las juntas parroquiales); por el Ejecutivo Cantonal (integrado por alcaldes de elección popular, quienes serán los titulares del poder ejecutivo en el nivel cantonal y tendrán competencias administrativas autónomas de conformidad con la nueva Constitución y con la ley); por el Concejo Cantonal (integrado por miembros electos en distritos plurinominales, más dos delegados por todas las juntas parroquiales del cantón); por los Distritos (con participación ciudadana, y ejecución de acciones delegadas por el respectivo municipio); y por la Junta Parroquial (en cada parroquia existirá esta instancia de participación ciudadana, y ejecución de acciones delegadas por el respectivo municipio).

Propuesta de la oligarquía guayaquileña

La siguiente propuesta fue realizada por Jaime Nebot con la venia de la partidocracia socialcristiana y de varios partidos políticos de la derecha ecuatoriana, en el Congreso Nacional. Este proyecto se denominó “Ley Orgánica del Sistema Autonómico”.

Para Nebot, “La Asamblea Legislativa se integrará con los concejales y/o consejeros de los Municipios y/o Consejos Provinciales y/o Distritos Metropolitanos asociados, que conformen el Gobierno Autónomo. El Presidente del Gobierno Autónomo será elegido por mayoría simple, por los concejales y/o consejeros respectivos, de entre los alcaldes y/o prefectos correspondientes. Dichos concejales y/o consejeros ejercerán su derecho al voto en proporción al número de habitantes de la comunidad territorial a la cual representan. Igual proporcionalidad se mantendrá en general para todas las resoluciones que debe adoptar la Asamblea Legislativa, incluyendo la expedición y reforma del Estatuto. Para efectos de la representación legal, judicial y extrajudicial del Gobierno Autónomo, que será conjunta con el Presidente del Gobierno, se deberá designar un procurador síndico desde la vigencia de esta ley.

La oligarquía pretende monopolizar su poder

Según el analista Alejandro Ríos, la Ley Orgánica del Sistema Autonómico no implica la defensa del Estado actual, sino un instrumento de explotación al servicio de las clases dominantes: “La Ley de Descentralización y Participación Ciudadana (1997) sirvió de base legal para traspasar competencias a los municipios en el manejo de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Lo primero que hicieron fue concesionarlos a empresas privadas; proceso similar ocurrió en Guayaquil con el agua potable, en donde se descubrió la contaminación del líquido con heces fecales. Interagua no respondió por ello, mucho menos el alcalde del puerto”, asegura Ríos.

Asimismo, Elizabet Bravo, analista política de la provincia de Santa Elena, indica el porqué se opuso el Partido Social Cristiano a la creación de la provincia de Santa Elena. Con el proyecto Daule Peripa, según Bravo, los suelos de esta provincia pueden convertirse en tierras de extrema fertilidad por lo que los agroexportadores de Guayaquil iniciaron un proceso de reconcentración de la tierra a través de la privatización del agua de riego. Esta analista asegura que las comunas fueron objeto de acoso por parte de los empresarios del agronegocio, que deseaban estas tierras para implantar cultivos de exportación como mango (y hoy caña para la producción de etanol). Además, dice esta analista, la ambición de los grupos poderosos de Guayaquil también pretendía extraer recursos hidrocarburíferos que posee la península. Recursos naturales que, a pretexto de su anhelada autonomía, pueden ser explotados en otras partes de la provincia del Guayas.