Delitos del crimen organizado que asolan a la sociedad mexicana –como el secuestro, tráfico de personas, pornografía infantil y lavado de dinero– no son prioridades para la “guerra” de Calderón. El Consejo de la Judicatura Federal admite haber dictado, en tres años, sólo 254 sentencias firmes contra secuestradores. Otros ilícitos, en la impunidad total
Este artículo es la continuación de :
1. « Una farsa, la "guerra" contra el narco »
2. « Con Calderón, sólo 114 consignados del cártel de Sinaloa »
La guerra que libra el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa –y que ha costado la vida a más de 23 mil civiles– no combate los delitos del crimen organizado, tipificados en el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Considerado uno de los ilícitos que más afecta a la sociedad mexicana en todos sus estratos, el secuestro es ejemplo de la impunidad que gozan los criminales en México. Entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, sólo se dictaron 254 sentencias de última instancia por ese delito, revela a Contralínea el Consejo de la Judicatura Federal.
De los datos oficiales de esa institución, que rige al Poder Judicial en todo el país, se desprende que el secuestro no es el único ilícito en situación de impunidad: también destacan la asociación delictuosa, la pornografía infantil, el tráfico de personas, el lavado de dinero, el tráfico de órganos y el lenocinio de menores de 18 años.
El doctor Edgardo Buscaglia, experto en seguridad y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, refiere que no sólo existe el delito relacionado con el tráfico de estupefacientes. “Hay otros 21 tipos de delitos que, sumados al de la droga, dan incentivos (a los delincuentes) para enfrentarse al Estado mexicano y jugarse el todo por el todo”.
En entrevista, señala que “eso va a seguir expandiéndose mientras la administración de este presidente y de (los presidentes de) las futuras administraciones no tomen las medidas adecuadas. México puede llegar a correr el peligro de caer en un síndrome de somalización masiva en donde los 982 pequeños pedazos de territorio (que actualmente controla la delincuencia organizada) se lleguen a transformar en lo común y corriente”.
Indica que, para luchar “efectivamente” contra la mafia, lo que se necesita en México es aplicar cuatro medidas conocidas internacionalmente como “las cuatro ruedas”: desmantelamiento de las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial, combate a la corrupción política, prevención social del delito y que sea la inteligencia civil la que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga, con una dirección jurídica apropiada para que los procesos judiciales no se caigan.
En 2009 se denunciaron 1 mil 521 plagios (sin contar los de inmigrantes ni los exprés) por los cuales se exigió rescate, documenta El secuestro en México, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Las sentencias firmes impuestas por el Poder Judicial en los tres años de guerra contrastan con el número de secuestros denunciados sólo en 2009: las primeras representan apenas el 16.63 por ciento de los 1 mil 521 secuestros cometidos el año pasado.
El análisis del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal indica que el promedio nacional de privaciones ilegales de la libertad es de 14.5 por 1 millón de habitantes.
Añade que, en 2009, Chihuahua ocupó el primer lugar con al menos 315 denuncias por igual número de víctimas. No obstante, en tres años, el Juzgado Quinto de Distrito en Chihuahua sólo dictó dos sentencias de última instancia –es decir, que ya no se pueden recurrir ante ninguna autoridad– por secuestro.
Baja California presenta un contexto similar. Aunque ocupa el segundo lugar en incidencia de plagios –al sumar 132 denuncias el año pasado–, sus juzgados Quinto, Séptimo y Décimo de Distrito apenas dictaron 10 sentencias firmes por privación ilegal de la libertad, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.
—Una situación de impunidad virtualmente garantizada es el mejor caldo de cultivo para problemas de inseguridad agravados. No es posible que se asuma una visión limitada de pensar que, si los delincuentes disputan fundamentalmente entre ellos, no habrá consecuencias mayores para la sociedad –indica Carlos Flores, profesor asociado en el Center for Development and The Environment, de la Universidad de Oslo, Noruega.
“En 2009 hubo casi 200 por ciento más plagios que cuatro años atrás: 1 mil 521 es la cifra más alta en la historia”, señala El secuestro en México. Además, acusa que, entre 1990 y el año pasado, 667 secuestrados fueron asesinados durante el cautiverio. De éstos, 200 homicidios ocurrieron entre 2008 y 2009.
Para el diputado perredista Jesús Zambrano, “el saldo de muertos que lleva la lucha del Estado mexicano contra el crimen organizado” revela su fracaso. “No hemos logrado los objetivos que se pensaban, y ahí es donde se cuestiona la validez de la estrategia seguida por el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, que ha puesto prácticamente sólo el énfasis en la acción punitiva del Estado, es decir, en el papel de las fuerzas armadas, y no, primero, en los programas para la prevención social del delito”.
Además del secuestro, la “guerra” calderonista “olvida” combatir ilícitos que asolan a la sociedad mexicana, como la asociación delictuosa, la pornografía infantil, el tráfico de personas y el lavado de dinero.
—Hay toda una variedad de actividades delictivas que se desarrollan bajo la modalidad “organizada”: los criminales las llevan a cabo permanentemente para obtener determinadas ganancias económicas a lo largo del tiempo. Algunas están más interconectadas que otras. Por eso, una actividad criminal de gran escala, como el trasiego masivo de drogas, implica generalmente la comisión de todo un conjunto de delitos asociados para facilitar la logística del mismo: se roban autos para contar con vehículos disponibles, se sobornan autoridades, se ejecuta la privación ilegal de la libertad de los enemigos (secuestros, si bien en este caso no extorsivos), se cometen múltiples homicidios como forma de imponer la voluntad al contrario –explica Carlos Flores, especialista en temas de seguridad.
De acuerdo con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, los delitos cometidos por la mafia son: terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, lavado de dinero, acopio y tráfico de armas, de indocumentados, de órganos, secuestro, corrupción de menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, pornografía infantil, turismo sexual contra menores, lenocinio de menores, robo de vehículos y trata de personas.
Consultado por Contralínea, el Consejo de la Judicatura Federal revela una tendencia de impunidad en la mayoría de ésos. Tal es el caso del ilícito de delincuencia organizada, que apenas sumó 735 sentencias firmes entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.
Carlos Flores, académico de la Universidad de Oslo, refiere que la impunidad que se vive en México favorece que los delitos conexos permanezcan sin castigo. Además, permite que otros delincuentes, que no necesariamente están vinculados con las grandes organizaciones, aprovechen las condiciones para llevar a cabo sus propias actividades criminales.
Tal sería el caso de la pornografía infantil. En su primer Análisis semestral de la pornografía infantil en internet, publicado en noviembre pasado, la Fundación Alia2 señala a México como el país con el mayor número de archivos en la red susceptibles de ser pornografía de infantes, seguido por España, Estados Unidos y Argentina.
De acuerdo con la organización, “la avalancha de este tipo de material en internet genera un incremento del número de adultos que desarrollan una conducta pedófila. Este crecimiento de pedófilos tiene como consecuencia directa el aumento de casos de pederastia y el de materiales con contenido pornográfico infantil demandados”.
Pese a ello, cifras oficiales del Consejo de la Judicatura Federal descubren que, en tres años de guerra contra la criminalidad, los juzgados de Distrito han dictado sólo seis sentencias firmes por pornografía infantil. Además, revela que por corrupción de menores se dictaron únicamente 53 se
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita también se ubican entre los delitos que continúan impunes. De diciembre de 2006 a febrero de 2010 se emitieron 53 sentencias firmes por el ilícito que provee al crimen organizado todo su andamiaje operativo.
Además, en ese mismo lapso, ninguna persona fue sentenciada por tráfico de órganos ni por lenocinio contra menores; mientras que 10 personas fueron sentenciadas por terrorismo.
Fernando García Cordero, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, cita al jurista Luigi Ferrajoli para explicar las consecuencias de la impunidad: el académico italiano vincula el fracaso de las democracias en todo el mundo al triunfo de la ilegalidad, a la quiebra del estado de derecho y a la violación sistemática de las constituciones nacionales, a partir de un análisis de lo que él llama criminalidad del poder.
Ese cáncer contemporáneo se expresa de tres maneras, detalla García Cordero: “La primera forma es la criminalidad de la delincuencia organizada, del crimen en todos sus niveles: narcotráfico, robo de vehículos, secuestro, tráfico de personas y de órganos, destrucción ambiental. Figuras que, a su vez, cobran expresión nacional e internacional. Es el poder de las mafias, de las camorras, de los cárteles, como decimos en México”.
La delincuencia que se da en los grandes enclaves económicos es la segunda forma. García Cordero –profesor por oposición de la materia derecho procesal penal en la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México– indica que a esta forma la caracterizan tres rasgos: la corrupción y la complicidad con la delincuencia organizada y con los centros de poder político, la apropiación de los recursos naturales y la devastación del ambiente.
La tercera forma, explica, es la criminalidad del poder que actúa desde las estructuras del Estado, denunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios, crímenes contra periodistas y comunicadores.
—Es la colusión de estas tres formas de criminalidad del poder la que explica la extensión de la ilegalidad y la que hace posible la impunidad. Por eso, en el saldo de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, no encontramos ningún proceso por los delitos de lavado de dinero ni detenciones de empresarios, ni de servidores públicos juzgados por su complicidad con la delincuencia –señala García Cordero, también director de la revista Criminalia.
Considerado por la Organización de las Naciones Unidas como el tercer negocio ilícito más rentable en el mundo, el tráfico de personas es otro de los pendientes en la guerra de Felipe Calderón. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, en tres años sólo se han dictado 3 mil 751 sentencias de última instancia por este ilícito.
Los delitos contra la salud y el acopio y tráfico de armas son los únicos que presentan miles de sentencias firmes. En el primer caso son 43 mil 849 y, en el segundo, 24 mil 918. Todas, dictadas entre diciembre de 2006 y febrero de 2010.
Respecto de las sentencias por delitos contra la salud, son por las modalidades de producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, prescripción, introducción, extracción, siembra, cultivo y cosecha.
Aunque los datos estadísticos proporcionados por la autoridad judicial no especifican cuántas sentencias corresponden a cada modalidad, la Procuraduría General de la República admite (PGR) que sólo 1 mil 306 consignados entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 tienen nexos probados con ocho cárteles de la droga (Contralínea 184).
De estos datos, se infiere que la mayoría de detenidos, consignados y sentenciados por delitos contra la salud es narcomenudista, consumidor, burro, campesino o incluso personas inocentes.
El doctor Carlos Flores, experto en temas de seguridad, explica que en un contexto de disputa entre las grandes organizaciones criminales –como el que se vive en México–, éstas echan mano de delincuentes menores e incluso de personas en condiciones económicas y sociales precarias, es decir de los grupos sociales más desprotegidos.
—Entre los incentivos que les ofrecen, está justamente la posibilidad de participar en actividades delictivas por su cuenta, pues de otra forma resultaría demasiado oneroso financiar los costos de la disputa entre organizaciones. La consecuencia es que estos delincuentes, que en todo caso sólo forman parte de manera muy periférica de las grandes organizaciones del narcotráfico, predan sobre la sociedad con otro tipo de delitos, como secuestros extorsivos, robos a agencias automotrices.
En su Informe de labores 2009, el Consejo de la Judicatura afirma: “El Poder Judicial de la Federación está comprometido con la seguridad, la legalidad y la justicia, sirviendo a la sociedad con estricto apego a las leyes y a los procedimientos que rigen su actuación y sus potestades, velando siempre por la vigencia del estado de derecho en todas sus actuaciones”. Ello, a pesar de los niveles de impunidad que registran sus propias estadísticas.
Para la elaboración de este trabajo y de toda la serie acerca de los resultados de la guerra contra las drogas, Contralínea solicitó conocer las versiones de la Presidencia de la República a través de su secretario técnico, Nicolás Lohmann; la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio del general Ricardo Trevilla Trejo; y de la PGR, con Adriana Pérez, subdirectora de Información. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
La Secretaría de Gobernación –por conducto de su subdirectora de Eventos, Dora González Lima– optó por remitir a sus boletines de prensa y a las declaraciones del secretario Fernando Gómez Mont. Según éste, el gobierno va ganando la guerra.
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