En plena crisis alimentaria, la administración de Felipe Calderón intenta vender en el extranjero, sin licitación pública, las plantas de amoniaco de Pemex Petroquímica, insumo básico para la producción de fertilizantes. Como parte de su política privatizadora para que los procesos de la petroquímica los realicen consorcios nacionales y extranjeros, mantiene subutilizado más del 50 por ciento de la infraestructura de los ocho complejos de la subsidiaria.
Socios
El pasado 26 de mayo el presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó la eliminación de aranceles para todos los fertilizantes nitrogenados y los insumos químicos para su producción. Se trata, dijo, de “medidas orientadas a impulsar la producción de alimentos y aumentar la productividad del campo mexicano”, para “proteger el ingreso y fortalecer la economía de las familias más pobres”.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, a mayo de este año –previo a la liberalización arancelaria–, el 60 por ciento de los fertilizantes que se utilizan en México, es decir, cerca de 3 millones de toneladas, llegan del mercado ruso y de las trasnacionales estadunidenses Cargill, IMC Global Inc., y Mosaicde; Terra Industries y Norsk Hydro, de Noruega, y Potash Corp., de Canadá.
Para las organizaciones campesinas, lejos de apoyar al sector agropecuario, la medida beneficiará a los grandes importadores de fertilizantes y condicionará al grueso de los agricultores a depender por completo del suministro externo y de los mercados internacionales. De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, durante 2007 el precio de los fertilizantes en el mercado internacional se incrementó en 122 por ciento, subiendo paulatinamente durante 2008. En 2009, estima el organismo internacional, el precio volverá a dispararse.
En mayo pasado, el periódico estadunidense The Wall Street Journal publicó que, en medio de la crisis alimentaria, las empresas trasnacionales productoras de fertilizantes, procesadoras de granos, fabricantes de maquinaria agrícola y proveedoras de semillas, en ese orden, han alcanzado ganancias récord.
En las condiciones actuales del campo mexicano, dice Cruz López Aguilar, presidente de la Confederación Nacional Campesina, “es prácticamente imposible que la simple eliminación de aranceles aliente la producción agrícola, porque el nivel adquisitivo de los productores no les permite comprarlos; los precios son simplemente inaccesibles. Así que la decisión de Calderón es tardía, insuficiente e ineficaz. Es más, va contra los productores de alimentos del país, los aniquila, porque ahora dependeremos de los fertilizantes importados”.
La medida tampoco ayudará a frenar la escalada de precios, pues México no es autosuficiente en materia alimentaria, y las importaciones llegarán sujetas a las condiciones de los precios internacionales, agrega Salvador Rivera Castrellón.
El dirigente de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos abunda: “Acudir a las importaciones es sólo alentar la especulación, por eso consideramos que la medida es otro error del gobierno de Felipe Calderón, porque no está subsidiando al campo mexicano, sino a los países que nos venderán los fertilizantes y los alimentos. Así que nuestro campo, que de por si está devastado, ahora dependerá también de que del extranjero le lleguen fertilizantes, lo que no garantiza tampoco que campesinos puedan acceder a ellos”.
—Si la medida no ayudará al campo mexicano, ¿qué hay detrás de la decisión del presidente? –se pregunta a los dirigentes.
Coinciden en que la decisión es parte del desmantelamiento de la industria petroquímica, porque el mensaje es que ante la entrada masiva de fertilizantes importados, la industria local no va a poder competir.
El presidente de la CNC, Cruz López, dice que la única vía para que México resuelva la crisis agrícola es reactivar la producción nacional de fertilizantes. Y es que nuestro país, a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), es uno de los pocos en el mundo que cuenta con la infraestructura y la materia prima para hacerlo.
El representante es enfático: “Felipe Calderón debe tomar conciencia de que estamos en una crisis alimentaria y como presidente tiene que ordenar las medidas correspondientes: que Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) provea a Pemex Petroquímica (PP) del gas natural que necesita para producir amoniaco; ello no sólo levantaría al campo, sino significaría el repunte de la industria petroquímica en general”.
En medio de la crisis alimentaria, México es el único país en el mundo que paraliza sus plantas de petroquímica para la producción de amoniaco, las cuales, según la Secretaría de Energía (Sener), son “de escala mundial”, y que, según Pemex, tienen una capacidad de producción de 4 millones 975 mil toneladas anuales, lo que rebasa la demanda del mercado nacional, estimada en 4 millones 700 mil toneladas. Aunado a los activos, el país cuenta con la materia prima para la operación de estas plantas, que es el gas natural. El amoniaco es el principal insumo de los fertilizantes.
En la última década, las organizaciones campesinas y los trabajadores del sector energético del país han exigido al gobierno federal que reactive los centros de producción de amoniaco de Cosoleacaque, Veracruz; Salamanca, Guanajuato, y Camargo, Chihuahua. Hasta la década de 1990 Cosoleacaque fue el productor de amoniaco más importante del mundo; actualmente, apenas alcanza a producir unas 400 toneladas anuales: la producción se desplomó casi 90 por ciento, simplemente porque las plantas están paradas.
Sin embargo, Felipe Calderón plantea concretar los fallidos intentos de sus antecesores: crear una industria petroquímica enteramente privada. El proyecto de reforma energética contempla que PP se encargue, como el resto de las subsidiarias, de administrar contratos a terceros, de maquilar todos los procesos operativos que, por mandato constitucional, aún realiza Pemex. José Felipe Ocampo Torrea, integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución de 1917, dice que la resistencia de Calderón a no operar las plantas de amoniaco en plena crisis alimentaria mundial “es una decisión deliberada para argumentar que es necesario vender o que la opere el sector privado”.
Las omisiones
En febrero de 2007, Juan Bueno Torio, secretario de la Comisión de Energía del Senado, presentó un punto de acuerdo para que el Legislativo exhortara a Pemex “a producir amoniaco suficiente para atender a precios competitivos la demanda de fertilizantes en el país”.
Ante el pleno, el senador explicó que PP cuenta con la infraestructura necesaria para activar la producción de amoniaco, y que la fabricación de fertilizantes a partir de la materia prima reduciría hasta un 40 por ciento el precio de cada tonelada. La fórmula para lograrlo, estimaba el senador, era simplemente que la otra subsidiaria de la paraestatal, PGPB venda a PP el gas natural a un precio menor y no al que se lo vende actualmente, que está referenciado en el precio de Tampa, Florida, que es el más caro del mundo.
Aunque el argumento principal de los directivos de la paraestatal de tener paradas las plantas de amoniaco es la escasez de gas natural, de acuerdo con cálculos hechos por el secretario de la Comisión de Energía del Senado, el volumen que requiere PP para operar una planta productora de amoniaco a máxima capacidad y atender la demanda nacional es de 61 mil 697 MMBTU (millones de unidades térmicas británicas) de gas por día, que representa apenas el 1.3 por ciento de los 4 millones 635 mil MMBTU de gas que se producen diariamente.
“Cosoleacaque cuenta con cuatro plantas productoras de amoniaco, propiedad de Pemex Petroquímica. La fabricación se considera en tres etapas: materias primas, productos intermedios y productos acabados. Las empresas que logran integrar estas etapas logran el nivel óptimo de producción; las empresas que logran el dominio de la cadena productiva: gas natural-amoniaco-fertilizantes nitrogenados, como lo podría hacer Pemex Gas, Pemex Petroquímica y empresas particulares, permitiría tener el proceso completo de la producción y abaratar costos, teniendo la opción de producir en grandes escalas diferentes fórmulas de fertilizantes a base de amoniaco”.
Con ello, argumenta el legislador, “se recupera la soberanía nacional en la producción de fertilizantes; se atiende con producción nacional la demanda interna de fertilizantes a precios competitivos; disminuye la salida de divisas por importación de fertilizantes nitrogenados; se generan empleos. México es un país productor de la materia prima como el gas natural del cual se obtiene el amoniaco, que a su vez es utilizado como materia prima para la obtención del fertilizante nitrogenado”.
En 2007, el Senado de la República exhortó al Ejecutivo a que PGPB vendiera a PP el gas a menor precio, con miras a fortalecer esta cadena productiva, pero Felipe Calderón fue omiso. En respuesta, el presidente entregó al Legislativo una propuesta de reforma que incluye el desmantelamiento total de los activos de producción de PP. Antes de que se decida si se aprueba o no su proyecto, a través de Jesús Reyes Heroles en Pemex, Calderón empezó a dar los primeros pasos. Las plantas de amoniaco de Cosoleacaque están en proceso de venta en el extranjero, mediante la compañía International Process Plants (IPP), especializada en la venta de plantas industriales a nivel global. “Plants for sale”
Actualmente, en su catálogo de ventas, el corporativo, cuya sede se ubica en Marlen Drive Hamilton, New Yersey, Estados Unidos, incluye la planta Amoniaco III, la cual fue construida en 1974, con tecnología Kellogg, cuya producción alcanza las 1 mil toneladas cortas de amoniaco por día, y que aún permanece en las instalaciones del complejo petroquímico Cosoleacaque, en el municipio del mismo nombre, en la cuenca del río Coatzacoalcos, al norte del Istmo de Tehuantepec.
La IPP es un consorcio que opera como chatarrero industrial en todo el mundo, con oficinas en Estados Unidos, India, Alemania y República Checa. La venta de la planta de PP está a cargo de Michael Joachim y Sanjeev Rege, presidente y vicepresidente global de venta de plantas. El proceso se realiza sin haber pasado por la Unidad de Racionalización de Activos de Pemex, y sin ser sometido a una licitación pública, como marca la ley.
Lo anterior fue denunciado el pasado 18 de mayo ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por el extrabajador de la subsidiaria, José Daniel de la Cruz Chung, ingeniero petroquímico que durante las dos décadas que trabajó en la subsidiaria se encargó de la instalación y mantenimiento de varias plantas en los complejos Cosoleacaque y Pajaritos. Según el oficio DGAC/DGAAC/DCSQD/SCC/3583/2008, que el pasado 28 de mayo le remitió la SFP, se abrió una investigación, en curso actualmente.
Al respecto, se solicitó a Pemex una explicación sobre quién autorizó la venta y sus condiciones; sin embargo, la paraestatal se negó a informar. En 1995 el Congreso de la Unión frenó el primer intento de venta de los activos del mismo complejo petroquímico, que el gobierno de Ernesto Zedillo negociaba con la familia Ancira Elizondo, propietaria de Agronitrogenados y del consorcio Altos Hornos de México.
La paralización
Hacia la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox, periodo en el que se desempeñaron como secretarios de Energía Felipe Calderón, Fernando Elizondo Barragán y Fernando Canales Clariond, sucesivamente, se destinaron 2 mil millones de dólares para la supuesta reactivación de las operaciones de PP. Pero, por el contrario, se aceleró la subutilización de las plantas, aunado a que antes de instalarse fracasó el denominado Proyecto Fénix, el cual, según el director de PP, Rafael Beverido Lomelín, generaría ingresos anuales por 17 mil millones de dólares.
Entre las plantas que la administración federal decidió suspender, se ubican cinco de amoniaco, cuatro se paralizaron de forma permanente y una de forma temporal. Las primeras son las denominadas Amoniaco III, Amoniaco IV y Amoniaco V, de Cosoleacaque; y la planta Amoniaco Camargo. De acuerdo con información de Pemex la planta Amoniaco VII, también de Cosoleacaque, suspendió operaciones entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, “por control de inventarios”.
La mayoría de esas plantas estaban en condiciones de competir en productividad con otras del mundo, destacó en un diagnóstico que realizó como asesor de Canacintra el perito en petroquímica, Felipe Ocampo. En 2003, cuando Calderón se desempeñaba como secretario de Energía, la Sagarpa realizó un diagnóstico en el cual determinó que México únicamente estaba aprovechando el 20 por ciento de la capacidad instalada en PP para la producción de amoniaco, lo que encarecía el precio de los fertilizantes, en detrimento directo de los productores agrarios. Se agudizó la crisis de los fertilizantes mexicanos y la tendencia fue el incremento hacia las importaciones de Rusia, Ucrania y Trinidad y Tobago, que ofrecían precios más accesibles. En diversas ocasiones, las organizaciones campesinas se acercaron con el titular de la Sener para que se reactivara la producción de amoniaco y redujeran los precios de los fertilizantes; sin embargo, no recibieron respuesta. A su paso como coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, en diciembre de 2002, a través de Juan Camilo Mouriño, presidente de la Comisión de Energía, Calderón había vetado el precio preferencial para los fertilizantes, de la iniciativa de la Ley de Energía para el Campo, promovida por el diputado César Duarte Jáquez.
Trabajadores de PP explican a Contralínea que algunas válvulas, tubería, instalación eléctrica y contenedores de residuos de diversas plantas han sido sustraídos. Los actos de rapiña más evidentes se registraron durante 2002 en el complejo petroquímico de Camargo, en Chihuahua, en donde la planta de amoniaco, que costó a PP 150 millones de dólares (que tenía una capacidad de producción de 1 mil 500 toneladas diarias de amoniaco) fue desmantelada parcialmente. Las piezas sustraídas se vendieron como chatarra en China. Lo anterior fue denunciado ante los órganos internos de control en la SFP, y aunque se verificó el robo, no se sancionó a funcionario alguno.
En mayo de 2007, la administración de Jesús Reyes Heroles inició el proceso de desmantelamiento y venta de la planta de Camargo. Un mes antes, el 9 de abril, el director general de PP, Rafael Beverido Lomelín envió un oficio donde solicitaba a la Subdirección de Administración y Finanzas y la Gerencia de Recursos Materiales el despido de los 3 mil 90 trabajadores adscritos a dicho centro de trabajo, entre sindicalizados y empleados de confianza.
En enero de 2008, Armando Villarreal Martha, presidente de la asociación civil Agrodinámica Nacional e impulsor del movimiento “El campo no aguanta más”, denunció públicamente que Pemex vendería la planta como chatarra al empresario Samuel Kalisch, propietario de la compañía Kalisch Fierro y Acero de compra y venta de chatarra industrial. Kalisch fue precandidato al gobierno de Chihuahua por el Partido Acción Nacional, y coordiandor estatal en Chihuahua de la campaña de Felipe Calderón. En marzo pasado, Villarreal Martha fue asesinado en Nuevo Casas Grandes, por un comando armado.
Desmantelamiento hormiga
En lo que va del gobierno de Felipe Calderón, se han registrado los niveles de producción más bajos en la historia de la petroquímica mexicana, no sólo de amoniaco sino de materias primas que sólo fabrica PP, como benceno, etileno, óxido de etileno, ortoxileno, paraxileno, tolueno, mezcla de xilenos, acrilonitrilo, metanol, cloruro de vinilo y el polietileno de baja y alta densidad.
En 2007, la producción en los ocho complejos petroquímicos apenas alcanzó 9 millones de toneladas de petroquímicos, cantidad que no cubre el 50 por ciento de la demanda nacional de materia prima para la fabricación de medicamentos, textiles, materiales de construcción, pinturas, solventes, pegamentos, productos de limpieza, detergentes, componentes automotrices. De acuerdo con datos ofrecidos por Rafael Beverido a la Comisión de Energía del Senado, las importaciones anuales de México en petroquímicos ascienden a 10 mil millones de dólares, cantidad que, según sus estimaciones, prácticamente equivale “a la exportación de crudo”. De dicho monto, las importaciones directas hechas por la paraestatal suman 40 millones de dólares anuales.
Ocampo Torrea, quien laboró durante 32 años en Pemex y representó a la paraestatal ante Estados Unidos y la Unión Europea, explica que al ser un país petrolero, y con toda la infraestructura en materia petroquímica que se tiene actualmente, México no debería importar petroquímicos; sin embargo, enfatiza, “la deliberada política de abandono provocó que de ser una potencial líder mundial, ahora somos importadores”.
Rafael Decelis Contreras, Premio Nacional de Química 2001 y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que hace dos décadas, PP fabricaba 22 millones de toneladas de petroquímicos, volumen que colocó al país entre los primeros cinco productores del mundo. El volumen fue decreciendo hasta caer al lugar 65 que ocupa actualmente. Ello, estima Decelis, representó la pérdida de 3.8 por ciento del producto interno bruto –31 mil 200 millones de dólares– y 72 mil empleos directos.
“El siglo XXI es el siglo de la petroquímica, porque nada de lo que usamos, comemos, vestimos está fuera de la petroquímica; por eso en los últimos años creció en el mundo 60 veces y, mientras afuera la industria crece, aquí el gobierno decidió paralizarla. Eso refleja que quienes están en el gobierno no saben lo que México está perdiendo con la inactividad de la petroquímica: fuentes de trabajo, ingresos, soberanía; por eso somos un país estancado, que no avanza. Los funcionarios de Pemex paran las plantas permanentemente, están desmantelando Pemex enfrente de nosotros”, explica Decelis.
En diciembre de 2000, Rafael Beverido Lomelín fue designado por Vicente Fox como director de PP. El guanajuatense lo promovió como quien llevaría a primer nivel la petroquímica mexicana. Fue él quien concibió el fallido Proyecto Fénix. El resultado de los ocho años de su gestión en PP: 18 plantas paralizadas, 14 de ellas declaradas en proceso de desincorporación y cuatro más fuera de operación.
En 2004, la entonces diputada Rosa María Avilés, integrante de la Comisión de Energía en San Lázaro, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar el desempeño de Beverido Lomelín con base en una docena de denuncias presentadas en su contra ante la SFP por supuestos malos manejos en la administración de las plantas, indagatorias que continúan abiertas.
La exlegisladora señala a dicho funcionario como responsable directo del desmantelamiento de los procesos de producción en todos los complejos: “Desde 2000, cuando se designó a Rafael Beverido como director de Pemex Petroquímica, éstos han sido los peores años. Se ha incurrido en malos manejos, y eso se refleja en la baja producción, lo que lleva en cadena al desmantelamiento, porque se reducen los clientes, los ingresos”, observa. Actualmente los ocho complejos petroquímicos del Estado tienen plantas detenidas temporalmente o de forma definitiva, desde los dos más grandes del país (Cangrejera y Morelos), hasta el más pequeño (Independencia); en todos hay plantas paralizadas: dos de clorados, dos de acetaldehído, una de óxido de etileno, una de cumeno, una de paraxhileno, una de óxido de etileno, una de acrilonitrilo y una de dodecilbenceno.
Ubicado en Coatzacoalcos, Cangrejera es el complejo más grande en su tipo en América Latina; cuenta con plantas de etileno, polietileno y aromáticos. A partir de 2006, PP redujo artificialmente la producción de todas. De forma escalonada, durante dos meses sacó de operación las tres plantas de polietileno y de manera permanente la de acetaldehído. Al mismo tiempo, México importó 1.2 millones de toneladas de polietileno, por un valor aproximado de 840 millones de dólares. El argumento de Pemex fue que su capacidad de producción no cubría la demanda del mercado nacional.
Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 01 de julio de 2008 | Año 7 | No. 105
Subutilización y gasto excesivo en plantas fuera de operación
La fiscalización de los recursos que PP ejerció durante el último año de gobierno de Vicente Fox, realizada en septiembre de 2007 por la Auditoría Superior de la Federación, comprueba que de forma discrecional la administración de Rafael Beverido Lomelín ha mantenido paralizadas algunas de las plantas de los complejos petroquímicos sin cumplir con el procedimiento de desincorporación de activos, en contravención al artículo 59, fracción IX de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP).
Cuando los auditores visitaron los complejos, encontraron que la subsidiaria no contaba con los dictámenes técnicos de factibilidad de operación o de improductividad, en contravención a los artículos 57 y 58 de la LFEP y 10 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. El órgano de fiscalización determinó que una de las razones de la baja producción es precisamente la subutilización de las plantas. Encontró que, durante los primeros meses del gobierno de Felipe Calderón, los complejos operaban al 42 por ciento de su capacidad y en medio de un caos administrativo.
Uno de los casos más graves fue en la Planta de Clorados I, del complejo petroquímico Pajaritos. Hace 12 años que ésta no opera y la mitad de la infraestructura fue sustraída. Aunque el dictamen para su desincorporación fue aprobado desde mayo de 2004, la Superintendencia de Recursos Financieros argumentó que aún sigue en proceso de baja.
En Cangrejera, una planta de Acetaldehído suspendió sus operaciones el 20 de junio de 2000, por lo cual se elaboró el Dictamen Técnico de Factibilidad de Operación, validado por las Subdirecciones de Planeación y Desarrollo, de Administración y Finanzas, de Producción Comercial, y por la Dirección General de Cangrejera; sin embargo, los trámites de enajenación se retrasaron hasta abril de 2006, en contravención a los Procedimientos Específicos para le Enajenación de Bienes Muebles Improductivos de Pemex.
Como consecuencia de lo anterior, PP atrasó la modernización y ampliación del tren de aromáticos, al que se destinaron 305 millones de pesos, de los cuales, 293 millones 800 mil pesos, son Pidiregas.
El mantener las plantas detenidas, no sólo ha impactado en la producción de petroquímicos, sino en la erogación para áreas improductivas. Tan sólo en 2006, Beverido Lomelín destinó 12 millones 642 mil pesos al “mantenimiento y limpieza” de las plantas inactivas, mediante 5 mil 876 órdenes de trabajo a empresas privadas. Lo anterior, cita la ASF, va en contravención de las Bases Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria de Pemex. PP paga también su salario a 1 mil 15 trabajadores asignados a las plantas sin que desempeñen actividad alguna. (ALP)
Denuncia pública
Armando Villarreal Martha dedicó los últimos meses de su vida a denunciar la paralización en la que los funcionarios de Pemex tienen las plantas petroquímicas, lo que encarecía los fertilizantes en detrimento de los campesinos.
En febrero de 2007, difundió el texto El amoniaco en México: una concesión a particulares sin reforma energética. Gran fraude al campo, en el que advierte la deliberada paralización de las plantas de amoniaco del gobierno de Vicente Fox y su sucesor, Felipe Calderón, para beneficiar a un reducido grupo de productores de fertilizantes. Explica que la poca producción de la materia prima de Cosoleacaque se vende sólo a empresas como Aprofider, Masagro, Tepeyec, a un costo de 298 dólares la tonelada, las cuales tras procesar los fertilizantes los venden a los agricultores en promedio de 830 dólares la tonelada.
En su mensaje, el también presidente de la asociación civil Aerodinámica Nacional, denuncia que sin que exista “de por medio ninguna reforma energética”, los fertilizantes ya se dejaron en unas cuantas manos: “Desde 2002 el gobierno de Vicente Fox y siguiendo sin ningún cambio el de Felipe Calderón de una manera insensible han dejado de manera discrecional a las grandes empresas de fertilizantes toda la distribución del amoniaco en el país. Para dar esta concesión a unas cuantas empresas, el gobierno federal no necesitó que se aprobara ninguna reforma energética, simplemente el gobierno disimuló sus obligaciones constitucionales de propiciar que haya insumos baratos para el campo”.
A lo largo de su activismo en defensa del campo, en diversas ocasiones, Villarreal Martha participó en marchas y tomas simbólicas de la CFE y Pemex, por lo que fue encarcelado.
En el citado texto, que fue una de las últimas denuncias que hiciera antes de ser asesinado, responsabiliza también al gobierno federal que de “forma perversa” fija precios artificiales al amoniaco mexicano para inflar el costo de los fertilizantes nitrogenados en el país. (ALP)
Los artículos de esta autora o autor
Enviar un mensaje
Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
