En una sola cosecha, Cargill, Minsa y otras 18 agroindustrias obtienen apoyos de la Sagarpa por casi 300 millones de pesos, mientras que los campesinos más pobres del país son marginados de esos beneficios, otorgados con recursos públicos
(Por: Erika Ramírez)
Las compañías Cargill y Minsa, así como otras 18 agroindustrias nacionales, recibieron casi 300 millones de pesos del erario, entre 2006 y 2007. Las empresas fueron favorecidas por la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), mientras que más de 25 millones de campesinos son marginados de los programas que opera la entidad encabezada por Alberto Cárdenas Jiménez. De acuerdo con el padrón de beneficiarios de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) –órgano desconcentrado de la Sagarpa–, las compañías comercializadoras de maíz recibieron 292 millones 432 mil 575 pesos, por concepto de cabotaje y flete terrestre, en dos periodos. Aserca registra entre las primeras beneficiarias a la Compañía Nacional Almacenadora, que al 29 de diciembre de 2006 obtuvo 85 millones 971 mil 853 pesos. Para el segundo trimestre de 2007 ya había recibido 83 millones 781 mil 686 pesos más. Le sigue Minsa –segundo productor más grande de harina de maíz para tortillas en México–, que recibió en la primera fecha 19 millones 728 mil 909 pesos y, posteriormente, 13 millones 959 mil 421 pesos. La trasnacional estadunidense Cargill, calificada por organizaciones campesinas como “coyote del maíz” (Contralínea 81), consiguió 18 millones 47 mil 265 pesos en diciembre de 2006 y medio año más tarde, 5 millones 387 mil 15 pesos más. Los “apoyos” fueron entregados a éstas y otras 18 comercializadoras por el coordinador general de Comercialización, Manuel Martínez de Leo; el director general de Desarrollo de Mercados, Ulises Luna Ferra, y el director de Pagos de Apoyos a la Comercialización de Aserca, Eduardo Jacobo González. La entrega de recursos fue operada por el esquema de “subsidios” dotados por concepto de cabotaje o flete terrestre de maíz blanco, de la cosecha otoño-invierno 2005-2006 de Sinaloa, y fue aprobada por la directora en jefe de la oficina gubernamental, Ana Graciela Aguilar Antuñano.
De acuerdo con el informe El sector rural en el siglo XXI, un mundo de realidades y posibilidades –elaborado en 2007 por el investigador Héctor Robles Berlanga, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados– existen grandes asimetrías en la colocación de apoyos al sector agropecuario en México. El análisis señala que entre los proyectos que menos benefician a los agricultores en situación de miseria se encuentran los programas de Competitividad, Agricultura, Inversión y Capitalización y Sistemas Productos de la Sagarpa, la Financiera Rural –creada en 2003 durante la administración de Vicente Fox– y los Fideicomisos Instituidos en relación a la Agricultura (FIRA), constituidos en el Banco de México. David Lozano, investigador del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que las integradoras agrícolas y de producción son espacios a los que no toda la gente tiene acceso. “La obtención de recursos del medio rural es en su mayoría para grupos muy pequeños, ligados a cierto tipo de ingreso o interés político”. En el caso de Sinaloa, señala el experto en economía agrícola, “la producción está vinculada con grupos de interés muy fuertes, ligados al gobierno del estado”. Opuesto a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que ordena atender prioritariamente las zonas con mayor rezago social, las secretarías de Agricultura, Economía, Reforma Agraria, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Turismo, Financiera Rural y los FIRA entregan más del 60 por ciento del erario a los sectores con niveles medio, bajo y muy bajo de marginalidad. Mientras, los estratos de alta y muy alta marginación, donde se concentran más de 25 millones de campesinos en situación de pobreza alimentaria, reciben en promedio el 40 por ciento de los apoyos económicos asignados al agro nacional. El estudio de Robles Berlanga asegura que, “sin duda, el problema estructural más significativo en el campo mexicano es la pobreza. Es evidente que en el país existen grandes desigualdades regionales en el crecimiento, la dotación de servicios básicos y oportunidades de empleo y desarrollo de los habitantes. Sin embargo, es en las zonas rurales donde existen las mayores carencias. Lo rural, desde luego, es también otra forma de inequidad”. Las cifras del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 fueron el marco de referencia para la investigación, que precisa que el 63.5 por ciento de los beneficiarios de la Sagarpa viven en municipios de alta y muy alta marginación, aunque reciben sólo el 40.8 por ciento del presupuesto. En contraste, indica el estudio del CEDRSSA, en municipios de baja y muy baja marginación viven el 19.6 por ciento de los beneficiarios y recibieron el 25.6 por ciento del presupuesto. El investigador David Lozano asegura que esta distribución de los recursos a través de los programas representan una “radiografía” del porqué el campo mexicano se encuentra en pobreza extrema.
De acuerdo con el documento del CEDRSSA, que actualmente se discute en las comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, la cobertura del Programa Especial Concurrente, que para el ejercicio fiscal tiene un presupuesto de 1 mil 400 millones de pesos, “es muy baja”. Los datos de 2006 señalan que Financiera Rural otorgó créditos por 8 mil 400 millones 450 mil pesos, de los que el 30.5 por ciento fue para los más pobres, es decir, 2 mil 520 millones 135 mil pesos. Mientras, el 69.3 por ciento de empréstitos fue asignado a los niveles de marginación medio, bajo y muy bajo. Los recursos ocuparon 5 mil 880 millones 315 mil pesos de la única institución gubernamental que financia el sector, desde la quiebra del Banco Nacional de Crédito Rural en 1999. Rafael Galindo Jaime, secretario general de la Central Campesina Independiente, dice que desde su creación Financiera Rural ha impuesto un diseño de difícil acceso para el sector social del campo. El también expresidente de la Comisión Especial para el Campo en la Cámara de Diputados critica: “Tienen un esquema de garantías que no permiten que el sector social reciba apoyos, exigen garantías hipotecarias o prendarias que los pobres no tienen” (Contralínea 32). El estudio de CEDRSSA señala que en el financiamiento logrado por Financiera Rural y FIRA se otorgan siete de cada 10 pesos en municipios de baja marginalidad, “lo que se puede explicar, porque estas instituciones atienden preferentemente a productores rentables y comerciales que puedan pagar los préstamos que se les dan”. En el caso del FIRA, fueron aprobados, al cierre del ejercicio fiscal 2006, 28 mil 485 créditos, de los que el 0.9 por ciento fue asignado al estrato social con mayor rezago económico; el 19.4 por ciento, al nivel alto de marginación; 22.3, al medio; 24.3, al bajo, y 36.1, al muy bajo, que pueden solventar la deuda contraída.
La Sagarpa, que concentra la mayoría de los programas de apoyo al sector, es otra de las entidades que asignó menos recursos a los más pobres del país. El estudio elaborado por Robles Berlanga indica que de 16 programas que opera la Secretaría de Agricultura, 63.5 por ciento de los beneficiarios vive en municipios de alta y muy alta marginación. A éste se le asigna sólo el 40.8 por ciento del presupuesto. “En contraste, en municipios de baja y muy baja marginación viven el 19.6 por ciento de los beneficiarios y recibieron el 25.6 por ciento del presupuesto”, precisa. El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) asignó recursos por 12 mil 88 millones 793 mil pesos en 2006, a favor de 2 millones 137 mil 777 beneficiarios. El 59.8 por ciento de éstos se localiza en los municipios más pobres del país. No obstante, dicha población sólo recibe el 33 por ciento de los recursos que otorga el programa: 3 mil 989 millones 301 mil 690 pesos, indica el documento El sector rural en el siglo XXI, un mundo de realidades y posibilidades. El estudio del la Cámara de Diputados agrega que en los programas de la Sagarpa existen grandes contrastes. “En el Programa Fomento Café, nueve de cada 10 beneficiarios viven en municipios de alta y muy alta marginación, y en los programas de Competitividad, Agricultura, Inversión y Capitalización y Sistemas Productos sucede lo contrario: poco más del 70 por ciento de los recursos llegan preferentemente a municipios de baja y muy baja marginalidad”. Añade que “los 1 mil 741 municipios en donde la población rural es mayor que la urbana, se encuentra el 57.6 por ciento de los beneficiarios y se ejerció el 48.8 por ciento del presupuesto, cuando en éstos se concentra el 68.3 por ciento de las unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal”. David Lozano, investigador de la UNAM, añade que el gobierno ya no tendría que hacer la política de fomento al campo que practica desde hace 30 años, “ahora, tendría que erradicar la corrupción que hay en el sector, eliminar todas las instancias que hay en el medio campesino que no han posibilitado el flujo de los recursos y transparentar el manejo del presupuesto nacional”. Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista a la Sagarpa a través de la Unidad de Comunicación Social, sin que hasta el cierre de esta edición se obtuviera respuesta.
Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 1a quincena Marzo de 2008 | Año 5 | No. 97
Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
