Organizaciones ecologistas valoraron este martes la ausencia del presidente de Chile, Ricardo Lagos, en la inauguración de Ralco, la mayor central hidroeléctrica del país, cuyas turbinas se pusieron en marcha tras una historia de ocho años, plagada de conflictos étnicos y ambientales.
“La presencia del presidente de la República habría significado legitimar el cúmulo de ilegalidades en política indígena y ambiental” que acarreó la construcción de Ralco, dijo a IPS Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, quien culpó de las irregularidades a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, antecesor de Lagos de 1994 a 2000.
Frei Ruiz-Tagle, de la coalición centroizquierdista Concertación por la Democracia al igual que Lagos, fue uno de los invitados de honor entre las 300 personas que estuvieron el lunes en el acto de inauguración, realizado en el curso superior del río Bío-Bio, unos 500 kilómetros al sur de Santiago, donde se construyó la represa de la central que aporta ahora 10 por ciento de la electricidad que consume Chile.
Tampoco estuvieron en la inauguración las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, símbolos del largo litigio que 11 de las 92 familias de indígenas pehuenches desplazadas por la central mantuvieron con la firma transnacional española Endesa en defensa de sus tierras ancestrales, hasta llegar el año pasado a un acuerdo de indemnización con el Estado chileno.
Lagos, quien el día 10 de este mes visitó las obras de Ralco y se reunió con los pehuenches, anunció solo el viernes último que no asistiría a la puesta en marcha de la central, invocando otros compromisos de agenda. El ministro de Economía, Jorge Rodríguez, fue el funcionario gubernamental de mayor jerarquía presente en la inauguración.
En rigor, el conflicto por Ralco se extendió durante 15 años, desde que en 1989 se anunciara la construcción de cuatro centrales en el Bío-Bio, el río más importante de la zona central de Chile en términos de caudal. El 6 de marzo de 1997, Frei Ruiz-Tagle inauguró Pangue, la primera de esas cuatro hidroeléctricas.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) resolvió más tarde cancelar la construcción de las otras de dos centrales, mientras en 1999 Endesa-España se transformaba en accionista mayor del consorcio Enersis, propietario de Pangue y Ralco.
“El funcionamiento de Ralco pone fin a un conflictivo y triste episodio de la política indígena, ambiental y energética nacional”, dijo Larraín.
En este episodio, añadió, “se vieron afectadas las comunidades indígenas, los movimientos ciudadanos, muchos funcionarios gubernamentales, sectores empresariales, e incluso el gobierno en el ámbito internacional,” agregó la ecologista y ex candidata presidencial.
Desde que se formuló el plan de construcción de Ralco se advirtieron contradicciones tanto con la Ley de Bases del Medio Ambiente, de 1994, y con la legislación indígena, expedida también a comienzos de los años 90, por la presencia ancestral en el Alto Bío-Bio de los pehuenches, una rama de la etnia mapuche.
Los ambientalistas acusan al ex presidente Frei Ruiz-Tagle de haber privilegiado los intereses empresariales y una inversión de 570 millones de dólares, en perjuicio de los derechos territoriales y culturales reconocidos por ley a los indígenas y de la preservación de un ecosistema considerado único en el mundo.
Las presiones del gobierno de la época permitieron que la Comisión Nacional del Medio Ambiente aprobara en 1997 la construcción de la central, “con insuficientes estudios e irregularidades técnicas en materia ambiental”, señaló Larraín.
Los ambientalistas acusan, además, al ex gobernante de haber “deslegitimado” a la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, donde hizo renunciar a dos de sus presidentes y a otros dos consejeros para conseguir que ese organismo, representativo de las minorías étnicas, diera también su aprobación a la controvertida central hidroeléctrica.
La porfiada resistencia de las hermanas Quintremán y otras familias pehuenches hizo que el conflicto llegara hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en España se presentaran demandas contra Endesa por etnocidio.
El apoyo que el Estado chileno dio a Endesa-España, “ignorando su obligación de hacer respetar la ley indígena y ser el garante en la protección de sus tierras, fue lo más grave en estos 15 años de conflicto”, comentó a IPS Isabel Lincolao, coordinadora de la Red Nacional de Acción Ecológica (Renace).
“Por ello la Corte Interamericana condenó a Chile en 2003, pero la central ya estaba construida en 90 por ciento. Así, al gobierno de Lagos le tocó reparar lo que cometió el gobierno de Frei y compensar a las familias pehuenches ante los hechos consumados”, alegó la activista.
Las compensaciones, que incluyeron entregas de 1.200 hectáreas y pagos de 300.000 dólares a cuatro familias, entre otros acuerdos, fueron asumidas principalmente por el Estado a cuenta de fondos públicos. “Los chilenos tuvimos que pagar más de la mitad de esas compensaciones, en lugar de que las financiara Endesa”, señaló Larraín.
El debate en torno a Ralco bajó en alguna medida en intensidad cuando se comenzaron a construir en Chile centrales termoeléctricas, abastecidas por gas natural importado a bajo precio desde Argentina, pero los suministros de este combustible están racionados desde fines de 2003.
“Puede ser que los chilenos entiendan que, con la crisis energética que vive el país, hay que ver la consolidación de Ralco como un mal menor,” indicó a IPS Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política (IEP).
Pero, en definitiva, esta central “no es más que la expresión de un desarrollo desequilibrado, que privilegia los intereses económicos por sobre las necesidades de la comunidad”, agregó.
Para Baquedano, es necesario comprometerse “a que nunca más habrá un nuevo Ralco”, y evitar los daños al ecosistema de las grandes hidroeléctricas con el desarrollo de fuentes de energía renovables y sustentables, como la solar, eólica, geotermia, la mareomotriz y pequeñas plantas hidráulicas.
Distinta es la visión de Endesa-España, cuyos ejecutivos aprovecharon la inauguración de Ralco para demandar al gobierno “señales claras” de que favorecerá el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos, sobre todo en el extremo sur del país.
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