El empresariado se apodera de carreteras, calles, puertos, islas y... cárceles. Subsiste en la economía chilena el modelo pinochetista. Trágico panorama, efecto de las privatizaciones, de la agonía del «Estado benefactor» y, en fin, de un sistema que con razón el papa Juan Pablo II motejara de capitalismo salvaje.
En el marco de la refundación del capitalismo, que fue el objetivo central del golpe de estado de 1973, la dictadura de Augusto Pinochet privatizó unas 400 grandes empresas estatales que constituían alrededor del 60% de la economía nacional. Pero, quienes heredaron el poder político, los sucesivos presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, han proseguido aplicando el modelo neoliberal a ultranza sobre todo en el plano del empequeñecimiento del Estado, tanto que se puede afirmar que han sido más pinochetistas que Pinochet.
Mientras fueron oposición, los partidos, ahora gobernantes y agrupados en la Concertación Democrática, rechazaron las privatizaciones, pero en vez de recuperar para el área social, los servicios públicos estratégicos de las comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas o la vital industria del acero, han incrementado el traspaso de rubros que la tiranía no alcanzó a entregar a los entes privados.
Un primer ejemplo. En 1989, en vísperas de que Pinochet abandonara el Poder Ejecutivo, escribí un artículo (Pinochet privatiza hasta el agua) que comenzaba así: «Si alguien desea tener una isla propia en el mar Pacífico lo único que debe hacer es trasladarse a Chile y comprarla pues el Gobierno las subasta al mejor postor y ellas son de variados tamaños y precios»... Tales islotes, por cierto, se vendieron.
Trece años después, en diciembre de 2002, ahora bajo la administración del "socialista" Ricardo Lagos se anunciaba la venta de nueve islas fiscales en los lagos Ranco, Tagua Tagua y San Rafael. En ese lugar, al extremo sur de Chile, el conocido animador de televisión Mario Kreusberger (Don Francisco), adquirió las Islas Nalcayek con el propósito de instalar allí un complejo turístico. La ley que permite tales adquisiciones de tierras, que en teoría, son de todo el pueblo chileno, es de 1999.
El diario conservador El Mercurio se aprovechó de esa iniciativa del Ministerio de Bienes Nacionales, para pontificar: «Cualquier política moderna de desarrollo debiera traspasar los enormes recursos bloqueados por la propiedad estatal a los ciudadanos, sin condiciones ni objetivos prefijados. Dichas fuentes de riqueza tendrían que licitarse a chilenos y extranjeros. El subdesarrollo de Regiones (división geográfica-administrativa) se explica por el virtual monopolio paralizador del Estado» (sic).
Hay otras privatizaciones, como la que atañe al importante sector de la comunicación masiva y que posee rasgos singulares. Al apoderarse del poder a sangre y fuego, el golpismo castrense estatificó (mejor hurtó) 40 radioemisoras, la única agencia informativa nacional llamada Orbe y naturalmente controló el Canal Nacional de TV que ya era del Estado. Como al mismo tiempo clausuró todos los medios opositores y eliminó la libertad de expresión, durante unos tres lustros solo existió una voz informativa. Sin embargo, en los días previos al cambio de poder, Pinochet privatizó de nuevo Orbe y todas las radioemisoras que eran estatales. En el caso de la Radio Nacional y de sus 14 filiales el proceso de privatización lo completaron, en realidad, los gobiernos de Aylwin y de Eduardo Frei. Para congraciarse con el empresariado, Enrique Correa, ministro vocero de Patricio Aylwin, proclamó aún antes de asumir el cargo, que no habría ninguna clase de comunicación estatal, porqu, argumentó, eso sería propaganda... Olvidó, claro, que cualquier gobierno requiere, necesita informar de sus tareas y que, verbigracia, Estados Unidos maneja un gigantesco aparato noticioso y propagandístico gubernamental que es varias veces mayor que el privado.
Otro caso: la Empresa de Obras Sanitarias (EMOS) era una eficiente y floreciente industria del Estado que cubría el área de la capital y alrededores. Empero, fue asimismo privatizada en un acción que inició Frei y terminó Lagos. Los favorecidos fueron empresarios españoles y, por supuesto, los pagos de estos servicios de agua potable y alcantarillado se han incrementado para los consumidores. Las empresas análogas de otras zonas también han sido adquiridas por privados.
El año 2004 trae la novedad de que los capitalinos tendrán que pagar por transitar en cuatro avenidas de Santiago que han sido «licitadas» a compañías privadas para construirlas, mas asimismo para cobrar peaje por utilizarlas en cualquier clase de vehículos. Se trata de calles fundamentales para el tráfico vehicular de manera que el negocio es suculento.
Aunque hasta la constitución heredada de Pinochet garantiza el libre tránsito, este sistema de favorecer al empresariado, nacional o foráneo a costa de la población, no es nuevo pues se practica desde 1990, en la etapa pos dictadura alcanzó auge cuando Ricardo Lagos se desempeñó como ministro de Obras Públicas.
Las principales carreteras del país están concesionadas y autorizadas para imponer el pago de peajes. Hay l4 empresas de esa índole que han formado una Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura. Se puede tener una idea de la magnitud del negocio por el hecho de que ya en el año 2002 millones de vehículos pasaron por las plazas de peaje y produjeron una utilidad superior a los 100 millones de dólares. (El Mercurio, Santiago, 6-1-03)
Las ya famosas concesiones o privatizaciones no tienen límite, como que fue creada además una denominada «Comisión de Borde Costero» consistente en que firmas privadas controlan las playas y su trabajo comienza por cobrar ingentes sumas por el estacionamiento de vehículos en los lugares cercanos a las playas. La existencia de estas curiosas privatizaciones se hizo más conocida en enero de 2003 cuando un concesionario se excedió en sus atribuciones y prohibió una publicidad del Ministerio de Salud acerca del uso de condones...
Si la dictadura prácticamente liquidó los servicios de salud pública y convirtió la medicina en un macabro y sustancioso negocio, los Gobiernos de la Concertación no han revertido la situación y, por el contrario, bajo la administración de Lagos ha habido intentos de privatizar lo que resta de los hospitales públicos.
En junio de 2003, el Gobierno de Lagos anunció un proyecto para licitar a privados la concesión de hospitales que en una primera etapa serían cuatro. La iniciativa fracasó al mes siguiente luego de una férrea oposición de las organizaciones de trabajadores de la salud encabezados por el Colegio Médico.
Mas, cada cierto tiempo, emergen nuevos intentos por favorecer a la industria privada de la salud en desmedro de la pública. Se sugirió, por ejemplo, que los entes empresariales de salud, tuviesen derecho a utilizar camas de los hospitales del Estado. Fue tal el rechazo que el Ministerio de Salud abandonó el proyecto.
Cualquier gobierno que no pretendiera minimizar el papel del Estado procuraría mejorar la paupérrima situación en que se encuentra la atención médica estatal. Los recintos de salud tienen hoy deudas millonarias y carencias en todas las áreas. Según el Colegio Médico hay un déficit de 75% en la existencia de camas para las Unidades de Tratamiento Intensivo (UTI). Uno de cada dos pacientes que llega a la posta de urgencia del hospital Sótero del Río, termina internado en una silla, denunció el 30 de enero en curso el Consejo Regional del Colegio Médico en referencia a uno de los más importantes establecimientos del ramo en la capital de Chile.
«La situación que viven esos pacientes es inhumana», señaló Carlos Villarroel, presidente de ese Consejo regional. Puntualizó que la demanda promedio es de 70 pacientes diarios y de ellos, la mitad es hospitalizada en sillas o simples colchonetas instaladas en el suelo.
En un escrito periodístico no se puede detallar una tan la amplia gama de privatizaciones, pero es necesario mencionar que, además de que varios puertos son manejados por firmas particulares, en el 2004 habrá cárceles privadas. ¡ Sí, usted leyó bien! En junio del año pasado, el propio presidente Lagos inauguró la construcción de la primera prisión de esa naturaleza.
Al efecto, el Gobierno creó el proyecto que llamó «Programa de concesiones de infraestructura penitenciaria» que contempla la edificación de l0 cárceles a cargo de empresarios que, una vez en funciones, operarán en los marcos de la alimentación, la salud, el aseo, la evaluación psicológica y la rehabilitación de los reos. ¿Quién pagará todo eso? Obviamente, el Estado.
Risible o trágico, la prensa empresarial ha anotado que con este cambio «La vida en prisiones comenzará a cambiar radicalmente». ¿Por qué? Los presos -agrega la nota- estarán segmentados por módulos de no más de 50 y tendrán patio, talleres, aulas, lugares de esparcimiento y celdas individuales. (Como en Chile existe el localismo leso, equivalente a tonto, se adelanta que el eslogan publicitario será: -No sea leso, hágase preso...)
Si este se convierte en realidad, ¿por qué no lo hizo antes el Estado? Y la respuesta es que con ello, se opondría a la médula del neoliberalismo: que algunos se hagan millonarios explotando todas las áreas de la actividad humana y que de esa manera desaparezca por completo la entidad Estado.
Cotidianamente, la prensa que prevalece en Chile hace la apología del capitalismo y proclama que todo, absolutamente todo debe ser privatizado. De soslayo, apunta que un millón 200 mil personas vive en extrema pobreza y que en Chile, el l0% más rico recibe el 45% de los ingresos totales, en tanto que el l0% más pobre percibe el 1,1%.
Trata de ocultarse también el Informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de agosto de 2003 que sostiene: unos 220 millones de latinoamericanos viven en la pobreza, lo que representa el 43,4% de la población total; 95 millones son indigentes y un 11% de la población está «subnutrida» (curioso eufemismo utilizado para nombrar el hambre permanente).
Todo ese trágico panorama es el efecto de las privatizaciones, de la agonía del «Estado benefactor» y en fin de un sistema que con razón el papa Juan Pablo II motejara de capitalismo salvaje.
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