Desde 1996, cuando «permitieron» el acceso a Cuba a Internet, las administraciones norteamericanas han brindado jugosos aportes monetarios para la creación y mantenimiento de una serie de sitios web que exhortan a la subversión interna en Cuba y llaman a ejecutar acciones terroristas, e incluso se vanaglorian públicamente de estar violando las más elementales leyes, entre estas la propia legislación norteamericana.
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Ver tercera y última parte de esta investigación
Desde que EE.UU. autorizó la conexión de Cuba a Internet, la Casa Blanca estimula, financia y dirige el uso de la Red de redes contra la Revolución.
El dinero que reciben las organizaciones contrarrevolucionarias para mantener una «imagen negativa de Cuba» en el ciberespacio es tan cuantioso, que incluso les ha permitido «comprar» voceros en otras partes del mundo.
Quizá en ese sentido el caso más típico sea el de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que desde 2002 ha recibido del Center for a Free Cuba (CFC) cuantiosas sumas para que calumnie a la Revolución en diversos tópicos, entre otros la famosa «libertad de Internet».
Estas subvenciones escondidas, que fueron descubiertas por la Red Voltaire y confirmadas por RSF ante la evidencia palpable, ascendieron en 2002 a 24 970 USD; ya en el 2003 se multiplicaron por más del doble, y el año pasado alcanzaron la cifra de 92 330 USD, un monto lo suficientemente jugoso como para que Robert Menard, secretario general de RSF, no tenga reparos en desvariar contra Cuba y su supuesta «represión a Internet», desconociendo que el país en más de una ocasión ha sido reconocido por organismos internacionales como un ejemplo de «desarrollo social» de la Informática.
Lo más curioso de esta situación es que el CFC está dando a Reporteros Sin Fronteras un dinero que en su mayoría proviene de donativos de la USAID, una agencia oficial del gobierno norteamericano, por lo cual el Center For a Free Cuba en la práctica actúa como un puente monetario entre la Casa Blanca y Menard.
Sin embargo, este no es el único ejemplo de encubrimiento de estas campañas, pues para ello la Oficina Oval utiliza a terceros organismos, supuestamente imparciales, y a periodistas y medios de prensa de todo el mundo, a quienes paga por calumniar a la Revolución Cubana y silenciar sus logros en materia de informatización de la sociedad.
Mediante organismos gubernamentales como la USAID, el Plan Bush en el año 2004 destinó 36 millones de dólares para promover la subversión y apoyar materialmente a los grupúsculos contrarrevolucionarios, a los cuales dota de modernas tecnologías que niega al pueblo cubano en virtud del bloqueo.
Esta llamada «Comisión para una Cuba Libre» otorgó adicionalmente en el 2004 otros cinco millones para difundir una imagen negativa de la nación, primordialmente a través de Internet, presentándolo como un país que viola los derechos humanos, promueve el terrorismo, fomenta la desestabilización, realiza actividades de espionaje y desarrolla un programa de investigación de armas biológicas.
Con estos fondos, que han aumentado a partir del endurecimiento de la política del bloqueo, se ha incrementado la agresión directa a las redes informáticas cubanas, estrechando así el cerco norteamericano en la red.
Ya el pasado 14 de febrero de 2006 el Departamento de Estado anunció la formación de un equipo que monitorea puntualmente a los países considerados «regímenes represivos que controlan el uso de la Internet», dentro de los cuales se apresuró a ubicar a Cuba.
El Global Internet Freedom Task Force (GIFTF), subordinado directamente a Condoleezza Rice, se concentrará en los «aspectos de política exterior de la libertad en Internet», por lo menos de forma abierta.
En realidad, el verdadero trasfondo de esta guerra cibernética ya anunciada por Donald Rumsfeld está en la noticia divulgada la semana pasada, cuando el secretario de la Fuerza Aérea, Michael Wynne, anunció que ese cuerpo armado tiene previsto crear lo que podría llegar a ser un comando destinado a «proteger el ciberespacio civil y militar de Estados Unidos».
Si a esto le unimos que una de las líneas de propaganda ideológica en la campaña de mentiras contra la Mayor de las Antillas es tratar de estigmatizarla como una «amenaza cibernética», no es de dudar que en el futuro próximo veamos fortalecer la ya evidente agresión.
Incluso Estados Unidos pudiera justificar el corte del servicio de Internet a Cuba con el supuesto «peligro informático», algo totalmente risible si se tiene en cuenta que por culpa de la Casa Blanca los cubanos tenemos para todo el país un ancho de banda de Internet similar al que tiene un solo usuario norteamericano o europeo. Y no exageramos en ese sentido, pues ya la guerra empezó, aunque en el plano económico, al impedir que empresas norteamericanas suministren equipos, tecnologías y software a homólogas cubanas o de terceros que comercien con estas.
En este sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés) mantiene una vigilancia estricta para impedir que los ciudadanos norteamericanos utilicen la web como pasarela para cualquier transacción electrónica que pueda beneficiar a una institución cubana.
Desde que Bush anunció el endurecimiento de las acciones contra el pueblo cubano en 2003, las que entraron en vigor en 2004, el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, ha regulado los vínculos de los norteamericanos con 13 empresas de Cuba o vinculadas a la Isla. De estas, cinco operaban o tenían expresión por Internet y mantenían sitios que fueron incluidos en la lista negra: www.caribesol.ca, www.cimexweb.com, www.havanatur.cu, www.cuba-shop.net y www.sercuba.com.
Es muy significativo que con todas estas medidas y agresiones contra el ciberespacio cubano, Estados Unidos no solo viola las más elementales regulaciones internacionales en materia de comunicación, sino que pisotea sus propias leyes, incluyendo legislaciones recientes como la Ley Patriótica, que condena el terrorismo, y la Ley Antispam.
Hoy el gobierno norteamericano permite con total impunidad, y hasta de manera encubierta financia, a páginas web de corte terrorista como las de Alpha 66 y la de la radioemisora La Poderosa, y otras que exhiben contenidos terroristas o llaman a través el ciberespacio a su práctica, sin que nunca hayan sido molestadas.
Alpha 66, por ejemplo, en su sitio muestra fotografías de grupos armados terroristas entrenándose en campos cercanos a Miami o escalando armados montañas en el sur de California, sin que el FBI jamás haya «detectado» este ciberterrorismo, a pesar del rastreo constante de la red con programas espías.
Además, muchos de estos grupúsculos y hasta las web financiadas oficialmente por el gobierno estadounidense, violan la legislación federal y también la estatal de Florida que pena el «spam», al permitir el envío masivo de mensajes de correo electrónico no deseados, con la complicidad de empresas informáticas como AOL, Yahoo y Hotmail. Sin embargo, a pesar de las denuncias públicas de estas prácticas, y la complicidad de grandes empresas informáticas, en esto, como en muchas otras facetas, las leyes norteamericanas son ciegas, sordas y hasta mancas, pues con solo dar un par de clic pudieran cancelarse muchos sitios que hoy promueven impunemente el ciberterrorismo contra Cuba.
Este artículo fue publicado originalmente el 16 de noviembre de 2006.
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Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
