Colombia: gobierno cuestionado por discriminación racial

El examen del acatamiento de Colombia a las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial arrojó evidencias de que ese país conserva barreras para el ejercicio de los derechos de diversos grupos étnicos.

Subsisten problemas, hay muchísimo trabajo por hacer y la situación es sumamente compleja, resumió el experto rumano Ion Diaconu, relator del caso colombiano en el debate sostenido en el seno del Comité de las Naciones Unidas sobre Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés).

El relator resaltó la falta de aplicación, por parte del gobierno colombiano, de disposiciones y programas que podrían resolver esos problemas. “Es en especial en la aplicación que las autoridades deberían hacer hincapié en el futuro”, dijo Diaconu.

El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Evelis Andrade, coincidió con ese diagnóstico. Si fuera por el texto de la Constitución, “los indígenas colombianos estaríamos muy bien”, sostuvo. El problema es de voluntad política y de actitud. Como lo dijo el relator, “de aplicación”, dijo Andrade a IPS. “Y ahí no vemos mayor voluntad”, subrayó.

La delegación de Bogotá aceptó que las comunidades de descendientes de africanos, estimados en más de 10 millones de personas, así como los pueblos indígenas, unos 1.3 millones, y los roma o gitanos, entre 5 mil y 8 mil habitantes, han sido víctimas de discriminación racial.

Aunque Colombia ha hecho esfuerzos considerables para combatir ese flagelo, aún queda mucho por hacer y el gobierno se ha comprometido a dar los pasos decisivos para adoptar acciones afirmativas y programas que contribuyan a erradicar la discriminación, dijo Rosa García, responsable de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio de Interior y Justicia.

Andrade describió una situación “muy trágica”. En lo que va de este año han sido asesinados 64 indígenas, el doble que en el mismo periodo de 2008. Los niños aborígenes mueren por desnutrición. “Setenta y cinco por ciento de la población de nuestra comunidad tiene carencias alimentarias. Y eso merece una respuesta del Estado”, dijo Andrade.

Diaconu expuso de manera panorámica las falencias de la situación colombiana en materia de discriminación racial. En primer lugar citó el problema del conflicto armado que se libra desde 1964 entre el Estado y grupos guerrilleros izquierdistas, al que se sumaron en la década de 1980 bandas de paramilitares ultraderechistas y narcotraficantes.

El relator reclamó la eliminación de la violencia y la protección contra los actos de ese tenor. También mencionó el caso de los desplazados internos a raíz del conflicto, que al 30 de junio sumaban 3 millones 163 mil 889 personas, unas 718 mil familias, según datos suministrados por la delegación gubernamental.

El experto demandó asistencia y reparación para la población desplazada interna, así como la seguridad del retorno a sus hogares.

A esas aspiraciones, las organizaciones no gubernamentales colombianas que asistieron a la sesión del CERD sumaron la demanda de la reposición de las tierras despojadas a los desplazados.

Las preocupaciones del relator se extendieron a la protección de los derechos de indígenas y afrodescendientes, sobre todo en lo que respecta a la tenencia de la tierra que les pertenece o al hábitat que disponían antes del conflicto armado.

Andrade dijo que los indígenas se asientan por lo general en territorios donde los recursos naturales son más valiosos. “Por eso se explica que el conflicto se escenifique en nuestro territorio. No es sólo por la presencia de la guerrilla o el narcotráfico. Hay otros intereses económicos en los que el Estado juega un papel muy importante”, afirmó.

Otras recomendaciones del relator apuntaron a la adopción de disposiciones para erradicar la discriminación de los medios económico, social y cultural.

El dirigente de la ONIC estimó que el deterioro de los derechos humanos se extiende a todos los sectores de actividades de Colombia. En respaldo de su afirmación citó la descripción del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, el estadunidense James Anaya, al concluir su visita a Colombia en julio.

El cuadro de esas poblaciones es “grave, crítico y preocupante”, dijo entonces Anaya.

Las organizaciones de la sociedad civil colombiana expresaron preocupación por la ausencia de legislación y de acciones judiciales contra la segregación. Cuestionaron también la falta de estadísticas oficiales detalladas sobre los grupos étnicos, la violencia y el desplazamiento forzado que afectan a las comunidades negras y a los pueblos indígenas.

Otra inquietud se refirió a la violación del derecho a la consulta previa, reconocido a indígenas y afrodescendientes, sobre actividades o proyectos en sus territorios, y a las desventajas que presentan todos los grupos étnicos en materia de bienestar y derechos sociales.

Vladimir Angulo, de la organización Proceso de Comunidades Negras (PCN), coincidió en que los principales problemas para su etnia y para los pueblos indígenas son la tierra y la consulta previa.

“Queremos que se nos respete cuando a una consulta del gobierno decimos no”, explicó Angulo a IPS. “El gobierno debe aceptar cuando nosotros estimamos que un proyecto no es viable para las comunidades”, insistió.

Diaconu recomendó medidas para extender la educación a toda la población, incluyendo en la medida de lo posible enseñanza bilingüe y enseñanza intercultural para todos los habitantes.

Angulo dijo que “se ha hablado mucho de ‘etnoeducación’, pero cuando vamos a la práctica en los institutos, los ‘etnoeducadores’ no existen o no están presentes la cantidad de horas previstas”.

Andrade comentó que la Organización de las Naciones Unidas es un escenario en el que se puede realizar un debate en un ambiente de mayor garantía. “Una presentación de este tipo en Colombia nos pone en una zozobra permanente”, dijo.

“La gente no se atreve a estar en un escenario donde cuestionamos al gobierno, porque en Colombia el que habla es asesinado”, sostuvo.

Además de la ONIC y el PCN, asistieron a la sesión del CERD las organizaciones colombianas Observatorio de Discriminación Racial, Comisión Colombiana de Juristas y Universidad de los Andes.