Comienza la insurrección contra la dictadura de los medios de comunicación

Dos interesantes eventos acabo de compartir relacionados con la información y los medios de comunicación. Se han desarrollado consecutivamente en Caracas y en la bella ciudad boliviana de Cochabamba. El primero de ellos fue organizado los días 18, 19 y 20 por el canal de televisión Telesur bajo el título “El derecho a informar y estar informado. Un debate sobre la propiedad de los medios de comunicación”.

Durante tres días medio centenar de periodistas, responsables de medios de comunicación o académicos aprovecharon el debate social que se está desarrollando en Venezuela ante la decisión del gobierno de no renovar la concesión de la licencia de emisión a una televisión privada, para ir más allá y analizar cuál debe ser el papel de los estados, cómo están manejando la información la mayoría de medios de comunicación y cómo puede desarrollarse la participación ciudadana y la propiedad social de estos medios. En Cochabamba, también durante dos días, el 23 y el 24 de mayo, se celebraba el V Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad bajo la temática “En defensa de la verdad y contra la manipulación mediática”.

La sensación que se respiraba en el ambiente de ambos encuentros era similar: una ciudadanía y un relevante colectivo intelectual y social indignado con un modelo comunicacional controlado por un élite económica. La percepción era la de que, apropiándose para su provecho de los nobles conceptos de la libertad de prensa y libertad de expresión, los habían cercenado para convertirlos sólo en su exclusiva potestad por controlar quién puede acceder y quién no a los medios para poder difundir su mensaje, y qué se puede difundir y qué no. Para millones de personas esos derechos no significan nada porque nunca van a poder utilizar esos medios de comunicación para hacer llegar sus informaciones y pensamiento a sus iguales, ni nadie les va a garantizar que el contenido que esos medios les envíe será veraz y garantizará su derecho ciudadano a estar informado. Como se dijo en una de esas jornadas, estamos ante “un sordo hablándole a millones de mudos”.

Pero el asunto todavía era más grave. Cuando algún Estado pretendía aplicar medidas que garantizasen el uso público de elementos relacionados con los medios -como el espacio radioeléctrico o la difusión de mensajes de contenido social- o intentaba aplicar medidas sancionadoras para quiénes mintiesen, engañasen, no informasen o utilizan los medios como mero método de plataforma política para alcanzar el poder, aunque fuese mediante la desestabilización, la violencia y el derrocamiento de un gobierno, ese Estado era acusado de atentar contra la libertad de expresión.

Recuerdo en Cochabamba a un periodista ucraniano contándonos la vergonzosa situación de la prensa de su país, donde la mitad de los ingresos del periodista procedían del soborno de empresas. Eso que resultaba indignante para todos, no era muy diferente del modelo legal vigente, donde precisamente el cincuenta por ciento aproximadamente de los ingresos de los medios procede de la publicidad de las empresas. El método es el mismo, condicionar los contenidos mediante el pago de un dinero que termina siendo imprescindible para el funcionamiento del medio y la supervivencia del periodista.

En estos dos encuentros, un clamor gritaba que ya era hora de que la democratización, la participación ciudadana y el imperio de la ley llegasen a los medios de comunicación. En la situación actual, un ministro apoyado por el voto de millones de ciudadanos no tiene garantizado el acceso a los medios de comunicación, una multitudinaria manifestación popular puede ser silenciada si no es del gusto de los propietarios del medio y cualquier intento de pedirles explicaciones y compromisos con el derecho ciudadano a recibir información veraz es respondido con la acusación de intervencionismo estatal y agresión a la libertad de expresión.

Como no podía ser de otro modo, mientras decenas de medios alternativos y comunitarios recogían los comentarios, opiniones y propuestas de los participantes de Caracas y Cochabamba, los medios masivos reservaban los lugares más nobles de sus páginas de opinión para criticar los análisis que salían a la luz en estas dos jornadas: “se promueven encuentros y seminarios, en alguna medida promovidos por Venezuela y Cuba, en los que se cuestiona la labor de los medios y la necesidad de ajustarlos que les restrinja el campo de la crítica los gobiernos”, afirmaba al final de su editorial el periódico Los Tiempos de Bolivia.

Es evidente que los bandos de esta confrontación que se acerca se van delimitando. Por un lado, grandes medios, propiedad de poderosas empresas asociadas en torno a instituciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el caso de ese continente, asociaciones que se presentan como defensores de la libertad de prensa pero financiadas por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de embestir contra gobiernos no sumisos como es el caso Reporteros sin Fronteras, gobiernos cómodos en un modelo informativo que no deja lugar para ideas que se replanteen el neoliberalismo o el mercado, acusen a las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea de intervenciones militares y saqueos en los países pobres o defiendan y quieran contar los avances de los procesos populares emergentes en América Latina.

Frente a este eje conservador existen organizaciones masivas de periodistas concienciadas en la necesidad de que su profesión no dependa de decisiones empresariales como la Federación Latinoamericana de Prensa (FELAP), proyectos informativos de los que se espera posiciones alternativas al modelo de información vigente en las grandes agencias como Al Jazzera o Telesur, numerosos profesionales de la comunicación que no dejan de organizarse y coordinarse para señalar las manipulaciones, mentiras e intereses a los que sirven los grandes medios, y gobiernos que están sufriendo y comprendiendo la necesidad de que la misma democracia y participación ciudadana que los aupó al poder y les exige reformas en su país, debe llegar a los medios de comunicación si no quieren tenerlos como principal batería de desestabilización política.

Son todos estos últimos los que han dicho basta, y ya comienzan a levantarse contra la dictadura mediática vigente, esa que quita la voz de los críticos al sistema económico imperante, no permite que las leyes democráticas erosionen los privilegios de los empresas multinacionales de comunicación y se arroga el derecho a quitar y poner gobiernos.

Este domingo 27 de mayo, finaliza la concesión a la televisora privada venezolana RCTV, su señal pasará ahora a ser pública. El eje neoliberal está promoviendo una fuerte campaña contra el gobierno de Hugo Chávez acusándole de atentar contra la libertad de expresión sólo por defender el uso público del espacio radioeléctrico y la competencia del Estado para distribuir las concesiones, tal y como hacen todos los países. Es sólo el principio de una dura batalla entre una dictadura mediática que va perdiendo su poder y una insurrección ciudadana que, con ayuda de gobiernos dignos y populares, exige democracia y participación en la información.