La administración Bush pretende ahora utilizar a la Unión Europea para el envío de una Misión de Observadores del referéndum presidencial que tendrá lugar el próximo 15 de agosto, con el propósito de que opere como juez paralelo y superior del proceso. El intervencionismo electoral emerge como el nuevo caballo de Troya en su pretensión de derribar al gobierno del Presidente Chávez.
Venezuela enfrenta el referéndum sobre el mandato presidencial el próximo 15 de agosto, abriendo para la solución pacífica de las controversias políticas, un nuevo camino en los sistemas electorales del mundo. Sin embargo, en lugar de que el proceso sea valorado como un paso adelante para la democracia, a seguir por los distintos países que dicen profesarla como el mejor régimen político, para la administración Bush, es la ocasión de una nueva conspiración que sigue el camino del golpe de estado de abril del 2002 y del sabotaje petrolero del 2003, en la búsqueda de la salida del Presidente Chávez.
Usando la apertura completa de Venezuela a la observación internacional del referéndum, que debe cumplirse bajo los parámetros internacionales y en estricta observancia de las leyes de Venezuela, la CIA, pretende que una Misión de Observadores de la Unión Europea (UE), actúe como un órgano de intervención y opere como un Consejo Electoral paralelo y finalmente como el árbitro superior del proceso, violentando todas las normas internacionales y la soberanía legal de Venezuela.
Su objetivo político es imponer una derrota de Chávez, improbable después de que ha ganado 7 elecciones consecutivas y cuando las encuestas afirman su ascenso cotidiano en las expectativas de voto. La maniobra aparece como una versión actualizada de la estrategia que reconociendo la incapacidad de ganar la guerra en el terreno de batalla, se prepara para triunfar en la mesa de negociaciones.
Colonialismo electoral
Desafiando todos los precedentes de observación electoral, el «Memorando de Acuerdo» propuesto por la UE al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, busca instituir una misión con facultades plenipotenciarias, diplomáticamente encubiertas, de observadores con atribuciones de auditores, escrutadores, informadores y jueces del proceso, en franco desafío a la soberanía de Venezuela y a la autoridad del Consejo Nacional Electoral.
La propuesta pretende el establecimiento por tiempo indeterminado de un equipo de observadores de número ilimitado para el referéndum y para las elecciones presidenciales que sostiene deben realizarse 30 días más tarde, como si los resultados estarían definidos y el mandato del Presidente Chávez, ya hubiese sido revocado, lo que expone y denuncia su papel abiertamente parcializado con el interés de la oposición y deslegitima su papel de observador independiente.
Desconociendo que la nueva Constitución de Venezuela, creó la figura del referéndum revocatorio del Presidente e innovó el derecho constitucional moderno al jerarquizar al Consejo Nacional Electoral (CNE) como un Poder del Estado independiente y autónomo, similar al ejecutivo y legislativo, la propuesta de la UE, demanda la suscripción de su acuerdo con el Gobierno para actuar en el proceso, vulnerando las facultades del CNE y propiciando de hecho su intervención sobre el Poder Electoral.
El proyecto de Acuerdo, plantea que el CNE se subordine no a la Constitución y leyes de su país, sino a las normas y códigos de conducta impuestos por la UE. Esta demanda incluye la imposición de la libertad total de movimientos de los observadores con plenas facultades y sin permisos ni notificaciones, como si efectivamente se tratase no de observadores, sino de interventores de las elecciones. La imposición de su número y su designación por la UE sin calificación e invitación del CNE. Su acceso a todos los cuerpos de administración e información electoral, incluyendo al equipo técnico durante todo el período de su actuación en el país.
Su presencia por un tiempo indeterminado. La auditoria completa del proceso electoral, centros de votación, de recuento de votos y agregación y tabulación de resultados. Y el establecimiento de una vocería pública oficial y vocerías no oficiales, con la potestad de intervenir en cualquier momento, lo que implica incluso, implícitamente, establecer la facultad de difundir los resultados y en consecuencia el abierto desconocimiento del CNE.
La propuesta de la UE, muta la figura del observador electoral en la de un juez superior, con atribuciones para descalificar de facto al juez legal, el Poder Electoral venezolano constituido por el CNE, lo que implica que la suscripción por Venezuela de ese Acuerdo abriría las puertas a la intervención extranjera en el proceso y los resultados electorales.
Una patente de corso
Para el efecto, el memorando pretende imponer a Venezuela un conjunto de privilegios en beneficio de sus observadores que incluyen: la inmunidad contra todo proceso judicial, allanamiento, requisición, confiscación, expropiación y toda otra forma de intervención ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo, contra detención y arresto contra todo procedimiento judicial respecto a sus actos y expresiones orales o escritas en el desempeño de sus funciones.
Exige además la inviolabilidad de los locales que ocupe el Grupo de Observadores, de sus haberes y bienes, de sus archivos, de todo papel y documento. La exención del pago de todo tributo interno, incluso los aduaneros y de las prohibiciones y restricciones respecto a artículos que importen o exporten de cualquier naturaleza para su uso oficial. La libre posesión de divisas y libertad para transferir sus fondos en divisas. La excepción de toda restricción de inmigración para cónyuges e hijos.
Demanda un derecho de comunicación y mensajería bajo los mismos privilegios de valijas diplomáticas. Y el establecimiento de las operaciones de un sistema de radiocomunicación autónomo con cobertura nacional e internacional.
La interconexión entre las facultades de los «observadores» y sus inmunidades y privilegios, revelan que la Unión Europea prepara una Misión a un país en guerra o militarmente intervenido y no a un país democrático que está resolviendo sus conflictos internos por la vía electoral. Expone que su tarea es desafiar la soberanía y la legalidad existente en el país y que por lo tanto requiere actuar en «secreto» y con una absoluta protección legal, imponiendo una condición de extraterritorialidad, que le permita cometer cualquier desafuero en la impunidad.
El «Memorando de Acuerdo» por su estilo, propio de la administración Bush, denuncia la pretensión de la Casa Blanca de usar a la Unión Europea como el caballo de Troya de su nueva conspiración contra la democracia y la soberanía de Venezuela.
* Marcelo Larrea, escritor y periodista corresponsal de Adital de Brasil, de la Red Voltaire de Francia y Director de la revista «El Sucre» en Ecuador.
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