En la “guerra” de Calderón, los narcotraficantes lavan 80.7 veces la ayuda económica de la Iniciativa Mérida: 1.3 billones de pesos; una tercera parte se legaliza en el circuito financiero, según “sospecha” Hacienda. El delito, sin embargo, está impune: sólo 112 miembros de siete cárteles han sido consignados y apenas 53 sentenciados por blanquear capitales sucios; a los bancos, sanciones por 1 millón 560 mil pesos. Intactos, los bolsillos de los capos
Este artículo es la continuación de :
1. « Una farsa, la "guerra" contra el narco »
2. « Con Calderón, sólo 114 consignados del cártel de Sinaloa »
3. « Calderón no combate crimen organizado »
4. « México garantiza base social al narcotráfico »
5. « Guerra” contra las drogas: el intervencionismo de EU »
Las finanzas de los narcotraficantes no son prioridad para la “guerra” contra las drogas que, desde el 1 de diciembre de 2006, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa impuso a los mexicanos y que ha costado la vida a más de 23 mil civiles. Hasta ahora, las autoridades federales han decomisado menos del 0.5 por ciento del dinero que se lava en el país.
En total impunidad, las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de estupefacientes han lavado entre 52 mil 500 millones y 105 mil millones de dólares, desde que el panista asumió la Presidencia de la República y hasta junio de 2010.
Las cifras –que equivalen a 661 mil 500 millones y 1 billón 323 mil millones de pesos, respectivamente, a un tipo de cambio de 12.6 pesos por 1 dólar– se desprenden de seis informes elaborados por el gobierno de Estados Unidos, y uno más generado por esa nación y por México.
El máximo reconocido por las autoridades –es decir, 105 mil millones de dólares lavados– es 80.7 veces el dinero que implica la Iniciativa Mérida. La ayuda para “combatir” el tráfico de drogas que los gobiernos de George W Bush y Barack Obama han dado a la administración calderonista, entre 2007 y 2010, asciende a apenas 1 mil 300 millones de dólares.
Mireille Roccati, investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, refiere que el negocio de las drogas es altamente rentable. Así lo demuestran, dice, la compra masiva de armas, la corrupción al más alto nivel de autoridades de los tres niveles de gobierno y el pago de nóminas de las propias organizaciones criminales, que alcanza incluso para cooptar a jóvenes como vigías, llamados halcones.
—Es dinero que se está produciendo, que está entrando al país y que está teniendo un flujo. Éste no se da con una, dos o tres maletas [tráfico de dólares a granel]. Mucho de ese dinero entra directamente a través del sistema financiero, no sólo en México sino a nivel internacional. El lavado también se da en grandes niveles en Estados Unidos y en otros países del mundo.
Aunque la capacidad operativa, de fuego y de corrupción de los cárteles depende directamente de su poder adquisitivo, a tres años y medio de “guerra”, éste se mantiene intacto.
Cada año, los criminales han legalizado de 15 mil millones a 30 mil millones de dólares provenientes de la venta ilegal de drogas en territorio estadunidense, señalan los reportes International narcotics control strategy report, en sus versiones 2008, 2009 y 2010, del Departamento de Estado; National drug threat assessment 2008, 2009 y 2010, del Departamento de Justicia; y Bi-national criminal proceeds study 2010, cuya autoría recae en ambas naciones.
“México sigue siendo un centro de lavado de dinero”, afirma, por ejemplo, el International narcotics control strategy report 2010. El Departamento de Estado añade: “Se estima que los ingresos brutos anuales de las organizaciones delictivas oscilan entre 15 mil millones y 30 mil millones de dólares por ventas de drogas ilícitas en Estados Unidos. La mayoría de estos ingresos que se obtienen en territorio estadunidense se repatrian principalmente a través de los envíos de divisas a granel y el lavado a través de negocios legítimos de México”.
No obstante, la administración de Felipe Calderón omite aplicar medidas en contra de la clase empresarial que facilita la logística a los cárteles del narcotráfico, señala en entrevista Edgardo Buscaglia. Ello, a pesar de que el Departamento del Tesoro estadunidense y la Unión Europea han generado listas negras de empresas que colaboran con la mafia mexicana.
—No hace falta ni siquiera que se cometa un delito para que esas empresas legales sean intervenidas y así desmantelar la logística operativa a los cárteles de Sinaloa, Zetas, Golfo, etcétera. Ahí se necesita solamente que la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, envíe a sus inspectores y auditores tributarios para que intervengan a la empresa. Así se detectarían los focos de irregularidad patrimonial que explican que esas empresas legales están vinculadas a los cárteles.
El experto en temas de seguridad y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México asegura que los funcionarios federales no investigan al empresariado “porque lo que se ve en televisión, en Televisa y en TV Azteca, es un show mediático que, básicamente, está destinado a que la Presidencia de Calderón sea percibida como una administración en donde realmente se combaten a estos grupos”.
Con base en la experiencia internacional, Buscaglia indica que es fundamental desmantelar las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial. Ésta es una de las cuatro medidas (“las cuatro ruedas”) imprescindibles para luchar “efectivamente” contra la mafia. Las otras tres son: combate a la corrupción política, prevención social del delito y que sea la inteligencia civil la que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga.
Como lo ha demostrado Contralínea a lo largo de esta serie periodística, la administración federal no aplica ninguna de esas medidas. Más aún, la parálisis gubernamental ha permitido que, de enero a junio de 2010, los narcotraficantes legalizaran alrededor de 15 mil millones de dólares o su equivalente en moneda nacional: 189 mil millones de pesos, según las informaciones generadas por la inteligencia estadunidense.
El monto de esta proyección es 37 veces el presupuesto total del Programa de Apoyo Alimentario que la Secretaría de Desarrollo Social destina al combate a la pobreza y que, para este ejercicio, asciende a 5 mil 109 millones 600 mil pesos. También representa 11.5 veces la ayuda que Estados Unidos ha dado a México desde 2007 para la lucha contra el narcotráfico.
La inacción de las autoridades federales va más allá. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 1 billón de pesos contrastan con las incautaciones que el gobierno de Calderón ha hecho en lo que va de la “guerra” contra las drogas, por únicamente 5 mil 200 millones 400 mil pesos.
Al presentar los resultados de la Iniciativa Mérida a mayo de 2010, la embajada de Estados Unidos en México informa que las autoridades mexicanas han decomisado 299 millones de pesos y 389 millones de dólares en tres años y medio. Esto representa sólo el 0.39 por ciento de los recursos que se habrían lavado en el mismo periodo.
Los aseguramientos sólo han sido de dinero en efectivo; es decir, los golpes se han dirigido al trasiego a granel. El caso más relevante es el de Zhenli Ye Gon, a quien se le incautaron 205 millones de dólares el 15 de marzo de 2007.
El hecho de que los decomisos de dinero hayan sido sólo en efectivo descubre que el sector financiero no ha sido plenamente investigado ni sancionado por las autoridades federales mexicanas; ello, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera ha acreditado operaciones altamente sospechosas en ese sector.
De 2007 a 2008, dicha Unidad, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) 73 operaciones que podrían constituir el delito de lavado de dinero y que se realizaron en el circuito financiero mexicano.
Las transacciones involucraron recursos por 14 mil 101 millones 674 mil 607 pesos en total: 5 mil 552 millones 510 mil 314 pesos corresponden a 25 denuncias interpuestas en 2007, y 8 mil 549 millones 164 mil 293 pesos, a las 48 de 2008, consta en la respuesta a la solicitud de información 0000600021909 hecha por Contralínea.
De acuerdo con el Bi-national criminal proceeds study 2010, la repatriación hormiga de las ganancias ilícitas de los cárteles es el método más utilizado para blanquear el capital. Ésta consiste en “transferir dinero a través de la ant route (ruta hormiga) fronteriza: a diario, personas cruzan la frontera para llevar pequeñas cantidades, que van de los 5 mil a los 10 mil dólares”.
Si la totalidad de los recursos que los cárteles lavan en México –30 mil millones de dólares anuales– se repatriaran de esta manera, la ant route tendría que utilizarse entre 3 millones y 6 millones de veces al año.
Ante lo inverosímil que resulta ese dato –pues los cruces se darían en la frontera más protegida del mundo–, el propio reporte binacional admite que parte del dinero ingresa directamente al sector financiero. Sin embargo, no precisa el porcentaje ni el tipo de institución que con mayor frecuencia accede a realizar las operaciones ilícitas de los narcotraficantes.
El National drug threat assessment 2010 señala que el contrabando de efectivo a granel no es el fin de la cadena del lavado: una vez que los cárteles trasiegan “las decenas de miles de millones de dólares” en efectivo, “proceden a la colocación final [del dinero] en las instituciones financieras extranjeras”.
En un hecho inédito, el pasado 14 de junio Hacienda reveló su sospecha respecto de unos 35 mil millones de dólares –440 mil millones de pesos– que ingresaron al circuito financiero en lo que va del gobierno calderonista.
Al anunciar las nuevas medidas para regularizar la entrada de dólares en efectivo al sistema financiero, el secretario Ernesto Cordero admitió que no se conoce con exactitud el origen del excedente de dólares que los bancos han registrado durante varios años, y que asciende a unos 10 mil millones de dólares anuales. Ese ingreso es el que ahora se regulará como un principio clave en el combate al lavado, según la SHCP.
Sin embargo, el National drug threat assessment 2010 refiere que esta medida ha resultado ineficaz en el caso práctico de HSBC, banco que canceló sus operaciones con dólares en efectivo en México, desde el 1 de enero de 2009.
El informe indica: “La pérdida del Hong Kong Shanghai Banking Corporation México para la colocación de las divisas lícitas e ilícitas no ha tenido ningún efecto a largo plazo sobre la actividad de colocación en el mercado negro cambiario del peso en México. Los blanqueadores de dinero han demostrado su capacidad para adaptarse rápidamente a las acciones de las instituciones financieras”.
De comprobarse la ilegalidad del excedente de dólares en bancos, los 440 mil millones de pesos constituirían una tercera parte de los recursos atribuidos a las ganancias brutas que los cárteles mexicanos se han embolsado en el actual gobierno.
—Gran parte de la delincuencia no confía en los sectores financieros por temor a ser detectados, pero estamos totalmente conscientes de que los grandes flujos de dinero se manejan a través del sistema financiero con prestanombres, con empresas ficticias y con entidades simuladas. Hay muchos sectores a través de los cuales se está lavando el dinero: el inmobiliario, de empresas de venta de servicios y de artículos suntuosos como joyerías –señala Mireille Roccatti.
La investigadora del Tec de Monterrey indica que “se requiere tener una supervisión estricta en torno a todo lo que concierne al manejo de capitales y del sector bancario, porque los bancos permiten cualquier transacción y cualquier apertura de cuenta sin cuestionar a los clientes. Se han abierto cuentas incluso para la extorsión y el banco no señala nada, permite cualquier manejo del flujo de dinero con el puro propósito de hacer la operación financiera. Ahí hay muchas deficiencias”.
A pesar de las evidencias generadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y de las sospechas manifestadas por el secretario Cordero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores admite –en respuesta a una solicitud de Contralínea– que ha aplicado sanciones por 1 millón 561 mil 387 pesos a los bancos que violaron el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Dicho artículo castiga el blanqueo de capitales en el circuito financiero.
Las sanciones, impuestas entre octubre de 2008 y febrero de 2010, representan el 0.0001 por ciento del billón 323 mil millones de pesos que habrían sido lavados en México en lo que va de la “guerra”, y el 0.0003 por ciento de los 440 mil millones de pesos que ingresaron al sector financiero en efectivo y de los cuales no se acredita plenamente su origen lícito, según Ernesto Cordero.
Además de la laxitud en la aplicación de las normas antilavado, destaca el ineficaz castigo a los responsables: en la administración que dice combatir al narcotráfico, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita –tipificado en el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada– se mantiene impune.
Entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, la PGR sólo consignó a 112 miembros de siete cárteles ante las autoridades judiciales por lavar dinero. De los cárteles de Tijuana, Díaz Parada y Amezcua Contreras, no registró una sola consignación.
De acuerdo con 13 respuestas a solicitudes de información hechas por este semanario, a 32 se les acreditó su vínculo con Los Zetas; a 31, con el cártel de Sinaloa; a 25, con el del Golfo; a 14, con los Beltrán Leyva; a ocho, con La Familia Michoacana; a uno, con el cártel de Juárez, y a uno más con el de los Valencia Valencia.
Carlos Flores, profesor asociado en el Center for Development and The Environment, de la Universidad de Oslo, Noruega, critica que la guerra contra el narcotráfico se haya centrado sólo en el despliegue masivo de elementos de seguridad federal (policías y militares).
—Se ha dejado de lado el desmantelamiento de la estructura de protección política con la que todo grupo de esta naturaleza cuenta y se ha hecho muy poco esfuerzo por investigar sistemáticamente los activos patrimoniales y financieros de este tipo de estructuras criminales.
Ese escaso esfuerzo se refleja en los índices de impunidad. El Consejo de la Judicatura Federal admite, ante una petición de información de Contralínea, que sus juzgados de distrito sólo han dictado 53 sentencias de última instancia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de diciembre de 2006 a febrero de 2010.
Si los 10 cárteles vigentes registraran los mismos ingresos anuales, cada uno habría obtenido 132 mil 300 millones de pesos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, su “enemigo público”. No obstante, por su capacidad operativa y de fuego, el cártel de Sinaloa se considera el más poderoso de México y América Latina.
Señalado como el principal beneficiario de la guerra contra las drogas, el líder de ese grupo delictivo, Joaquín Guzmán Loera, tendría una fortuna personal calculada en 1 mil millones de dólares, según la revista Forbes.
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la versión de la Secretaría de Hacienda. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Aunque el combate a la corrupción gubernamental es básico en la lucha contra la criminalidad, tampoco ha sido prioritario para el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
—La corrupción política en Estados Unidos, en Alemania, en China se combate a través de unidades autónomas de fiscales y policías especializados, con unidades de inteligencia financiera que simplemente aplican las medidas más básicas para detectar los vínculos entre los grupos criminales y los políticos en todos los niveles: municipal, estatal y federal. Hoy en día, estas instituciones ni siquiera están funcionando [en México]. No hay una unidad autónoma que esté dirigida a detectar las acciones de corrupción, la infiltración de los grupos criminales en el ámbito político –señala Edgardo Buscaglia.
El experto en temas de seguridad indica que, por el contrario, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República (PGR), le redujeron el presupuesto a la mitad.
Respecto de la Secretaría de la Función Pública, dice: “Es una vacilada: no es autónoma, está bajo las órdenes del presidente de la República, cosa que no cumple con los controles internacionales que se utilizan para combatir la corrupción, y no hacen nada al estar controlados por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esa segunda dimensión también está a la deriva. No se hace nada al respecto”.
Salvo la Operación Limpieza –ocurrida en febrero de 2009 y que culminó con la detención de unos 25 altos funcionarios y agentes de la PGR, entre ellos el exfiscal antidrogas Noé Ramírez Mandujano–, la actual administración ha omitido actuar en contra de este flagelo.
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