Con el plan de regionalización no existen beneficios para el ciudadano

El proyecto de Código de Ordenamiento Territorial presentado por el gobierno fue analizado en primer debate por la Asamblea Nacional. Y fue calificado como “privatizador e inconstitucional” por las organizaciones sociales, populares, indígenas, entre otros. A pesar de ser retirado por el régimen, como consecuencia de las críticas recibidas, el trámite continúo su curso normal; el informe para segundo y definitivo debate se alista con las sugerencias de la CONAIE, FENOCIN, FEINE, entre otras organizaciones y organismos autónomos, como es el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador CONCOPE y el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, COMAGA.

“El informe para el segundo debate dista totalmente del presentado por el gobierno, y el de la SENPLADES”, sostiene Diana Atamaint Asambleísta de Pachakutik y miembro de la Comisión que está a cargo del análisis del Código de Ordenamiento Territorial; “la consulta previa queda establecida para la conformación de las circunscripciones territoriales y la aprobación del Estatuto que regirá el funcionamiento de las circunscripciones o Gobiernos Autónomos Descentralizados o provincias autónomas descentralizados en cualquier lugar del país; así como las competencias de los consejos provinciales y municipios están bien definidas; temas como el agua, el manejo de cuencas y control ambiental, serán profundizados en sus respectivas leyes, para que nada se oponga a la Constitución”.

Por su parte, Carlos Almeida, secretario del COMAGA, dice que ese organismo logró que se tome en cuenta en el informe el Art. 250 de la Constitución: “la Amazonía es una circunscripción territorial especial, con ordenamiento territorial que garantiza la protección y conservación del ambiente”, y el art. 249 que determina que a fin de precautelar la biodiversidad del sistema, el gobierno central y los gobiernos autonómicos adoptarán políticas de desarrollo sustentable, que compense las inequidades de desarrollo…”; y se mantenga al igual que en la Constitución, la ley 010 (compensaciones por la extracción de recursos no renovables), en la nueva norma. Además que se rectifiquen errores como es la conformación de mancomunidades entre provincias, y eso sólo se puede dar entre municipios. Añadió que según la propuesta se eliminaría el COMAGA, que tiene 50 años de vida institucional y está entre los más antiguos de Latinoamérica”. Sugerencias que fueron acogidas según el presidente de la Comisión especializada Virgilio Hernández.

El representante del COMAGA dijo que al igual que la provincia de Galápagos, por la situación especial de la región amazónica: la biodiversidad, la cultura, las etnias ancestrales, los recursos naturales, requiere de una Ley especial, que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, todo que garantice el sumak kawsay.

“No estamos de acuerdo con la propuesta de división de 7 regiones horizontales, para la Amazonía no es conveniente una división política peor administrativa, de darse. En lo administrativo, un alcalde todo su período pasaría viajando por diligencias. La propuesta no es justa, si se busca el desarrollo del país se requiere de una la administración y distribución equitativa y sin privilegios”, acota Carlos Almeida.

Gustavo Reyes, asesor del bloque del MPD, manifiesta que el proyecto tiene avances importantes, pero también varios puntos que generan inquietudes, como es el tema de las competencias: la salud, la educación, la seguridad nacional, las responsabilidades administrativas y financieras, las áreas estratégicas como el agua, los recursos naturales; que deberían ser privativas del Estado; mientras que las competencias concurrentes para las municipalidades servirán para coadyuvar en el desarrollo y manejo de responsabilidades, el caso de la vialidad y otras obras; algunas como el manejo del agua, que deberían ser indelegables.

La creación de regiones especiales por cada una de las particularidades que tiene el país, desde el Bloque del MPD, no es la solución, sino más bien se debe integrar a un régimen de desarrollo (no del Plan Nacional de Desarrollo) que sea parte de una política a largo plazo. De la consulta previa, que menciona la Constitución, el problema radica en que es si es o no es vinculante; la participación no se da solamente por ser escuchados, sino también por la capacidad de decisión de los verdaderos representantes del pueblo. La participación ciudadana no debe ser mediante sorteos de meritocracia, que es un engaño de este gobierno.