Concentrada, injusta, insostenible

Finales de 2005, grande es la euforia empresarial y del Gobierno por el 5 por ciento logrado en el crecimiento de la economía. Un solo sector, la banca, arroja ganancias por encima de los 5 billones de pesos. Junio de 2006, las cifras presentadas por el Centro de Investigaciones del Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, sobre el balance de la economía del país y la realidad de los colombianos, reflejan su grave situación.

Desigualdad galopante, concentración de la riqueza, monopolio de la tierra, salarios con poco poder adquisitivo, etcétera, son la constante de un sociedad donde la brecha entre ricos (unos pocos) y pobres (millones) se amplía de manera ininterrumpida.

El estudio parte por criticar la política del Banco de la República concentrada en reducir la inflación, sin advertir su impacto en la equidad, donde unos pierden y otros ganan. Por otra parte, el crecimiento del PBI no es condición para reducir la pobreza como cree el Banco.

En el informe se prueba que la reducción de la inflación (como se sabe ordenada por los Acuerdos de Stand bay firmados desde 1999 con el Fondo Monetario Internacional) ha tenido impactos negativos en la calidad de vida de los hogares pobres, obligados a destinar, cada día, mayores recursos en alimentos y vivienda.

Los indicadores de la política económica en boga no dejan dudas a quien benefician: en el período que comprende el estudio, las ganancias de las empresas aumentaron 400 por ciento y los salarios tan sólo 5 por ciento.

Pero la inequidad no es sólo en la ganancia. La concentración de la riqueza es abismal: el 10% de la población posee cerca del 46.5% de los ingresos (tres veces superior al segundo 10% más rico, 15.9%), y a su vez concentra un ingreso superior al obtenido por el 80% de la población con menores ingresos. Por ejemplo, el 60% de la población más pobre tiene acceso al 19.7% de los ingresos.

De acuerdo al CID, el crecimiento de la economía nacional se debió ante todo a factores externos: abundancia de dólares por la política expansiva de los Estados Unidos, aumento de ingresos de capital y por los precios internacionales de bienes básicos como el petróleo, café, ferro níquel, oro y carbón. Sin embargo, la cantidad de exportaciones del país –en su totalidad– han disminuido. Sin diversificar, pende sobre Colombia, además, que una quiebra de los afortunados precios que hoy tienen estas exportaciones la abocarían a una profunda recesión.

El crecimiento también se debió a la disminución de la tasa de interés internacional que favorece la inversión, haciendo el costo del capital más barato y reduciendo la deuda externa. Por último, el mundo experimenta una fase expansiva de las principales economías. También el flujo de capitales se ha intensificado debido a las remesas de los emigrados y exiliados, a la par que al lavado de dólares, en gran parte, por acción de los grupos paramilitares.

Industria, acciones y créditos

La concentración, fragilidad y necesidad de transformación de la economía nacional, se ve con más detalle cuando se precisa que en la economía real, entre 1991 a 2005 las industrias que mantienen un crecimiento alto corresponden a la madera y el corcho, con excepción de muebles y accesorios que son principalmente metálicos, fabricación de productos químicos, plásticos, de caucho y derivados del petróleo, fabricación de cemento, vidrio, cerámica y las industrias básicas de metales ferrosos y no ferrosos. En contravía, la fabricación de textiles, confecciones, calzado, artículos de cuero y las industria metalmecánica, tuvieron un crecimiento bajo.

El monopolio y fragilidad se incrementa cuando se detalle la supuesta propiedad colectiva de las empresas. Es el caso del mercado accionario donde la concentración es indiscutible: únicamente participan en él 118 empresas de las 14 mil sociedades anónimas que existen en el país. Pero además, sólo 18 de estas son catalogadas como de alta bursatilidad. Es tan estrecho el mercado accionario que en una empresa como Paz del Río se encuentra el 42.7 por ciento de los accionistas del país. El documento advierte que la rentabilidad de las acciones tiene fragilidades por un proceso de distanciamiento progresivo del valor financiero de los activos y la productividad física del mismo; es decir, entre los valores monetarios y reales.

Pero cuando se llega al sector financiero el escándalo es inocultable: el 80 por ciento de los créditos se conceden a grandes empresas, y el restante 20 por ciento se destina para pequeñas y medianas empresas, que tienen que sortear sus elevadas tasas de interés.

Propiedad del suelo

Pero en la zona rural, la concentración de la propiedad es doblemente escandalosa: 2.428 propietarios públicos y privados poseen 44 millones de hectáreas (la mayoría para uso de ganadería), es decir, son dueños del 53.5 por ciento del territorio nacional. En contraste, el Instituto Agustín Codazzi señala que 1.3 millones de propietarios poseen proporciones individuales menores de una hectárea, micro y minifundios que representan el 1.7 por ciento del territorio. Sin duda la explicación del multiplicado desplazamiento y la incesante exclusión que padecen en mayor proporción los campesinos.

En las ciudades la injusticia no es menor. 36.019 propietarios (el 0.54% de la población) poseen en promedio 5 hectáreas para un total de 175.795, mientras que el país vive un déficit de 2.5 millones de viviendas y los programas del sector –de Interés Social– apenas llegan a las 37.000 unidades por año.

El informe muestra como el costo de los servicios públicos se incrementa desde 1997, obligando a los hogares a destinar mayores ingresos para su pago oportuno.

| Estrato | Incremento (%) | | 1 | 175 | | 2 | 100 | | 3 | 80 | | 4 y 5 | 0 | | 6 | -29 |

Pobreza

Por tanto, la pobreza no es una casualidad. En la actualidad, en términos reales, el 48.5% de la nueva población nació pobre y el 5.3% indigente, sin que la acción pública o productiva hayan influido para sacarlos de esa situación. Aún faltan por escolarizar 1.5 millones de muchachas(os) que no ingresaron o desertaron de la secundaria básica.

La pobreza rural es más dramática: el 90.4% de la población se encuentra en ese estado. De hecho, más de una cuarta parte de campesinos no puede adquirir los bienes básicos para sobrevivir. Más de 655.000 hogares no tienen acceso a la tierra y cerca de 2.2 millones de propietarios de micro y minifundios no logran cubrir sus necesidades.

Adulto mayor

Las personas de la tercera edad que no están pensionadas suman 3.7 millones, las mismas que dependen –para su sobrevivencia– de sus propios recursos o del apoyo familiar.

El supuesto subsidio para esta población sólo es otorgado en condición de tener una edad mayor a 65 años, medida que reduce el número de subsidios para cubrir 668.000 personas, de las cuales se atiende de manera intermitente 138.000. Aún teniendo presente los 80 mil millones presupuestados por el actual Gobierno para dichos subsidios, a razón de $70.000 mensual para los adultos mayores de 65 años en condición de indigencia, apenas se alcanza a cubrir el 14.3% de estos en un año.

Por último, y en una coincidencia de tiempo con la próxima firma del TLC con los Estados Unidos, el estudio señala que al Gobierno nacional se le olvida que para llegar a una verdadera competitividad internacional, se debe trabajar en el largo plazo protegiendo la industria, para que esta pueda llegar a ser robusta. Cosa que hasta ahora nunca ha sucedido en Colombia. El informe enfatiza en la urgencia de mejorar la productividad en la agricultura y la industria, dejando el énfasis colocado por décadas en el sector especulativo y rentístico, como lo continúa haciendo la actual administración.

Desnudos ante la realidad, y ante los comentarios que despertó el informe, el director de Planeación Nacional, Santiago Montenegro, con el mismo cinismo que ha impuesto el actual Gobierno, sólo atinó a decir: “eso ya ha salido varias veces y básicamente están diciendo lo mismo”.

Para profundizar cualquiera de los aspectos aquí señalados, se recomienda la consulta de este importante informe. Debería retomarlo, en especial, un Gobierno que cree ciegamente en dogmas económicos sin validez empírica y que trata de tapar con cifras maquilladas la realidad de un pueblo empantanado en la pobreza, mientras una pequeña elite se beneficia de la inequidad.

* Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional.