¿Continúa la escalada bélica?

Cuando escuchamos por primera vez esta hipótesis el año pasado, de que ante la imposibilidad de los Estados Unidos de abrir nuevos frentes de guerra -en vista de los altos costos y cada vez más contraproducentes resultados en Irak y Afganistán- la estrategia militar decidida para América Latina era la promoción de uno o varios conflictos regionales, aplicando la política de guerra de los neocoms en forma indirecta; la consideramos algo atrevida o el producto de un análisis puramente militar de la situación.

Sin embargo, en el tiempo transcurrido, los hechos parecen irla apoyando. Las marchas y contramarchas del gobierno de Colombia en todo el proceso de entrega de prisioneros, con la mediación humanitaria encabezada por el presidente Chávez y las crecientes tensiones en las relaciones diplomáticas consecuencia de estos hechos, marcaron los primeros meses del 2008.

El pico de tensión que conmovió a todo el continente, fue la acción militar (un “asesinato selectivo”) de las fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano, contra un campamento de las FARC en el que se encontraban varios civiles, en el cual resultó muerto Raúl Reyes, segundo al mando del contingente insurgente, además de casi todos los que allí se encontraban.

Las consecuencias fueron la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Ecuador y Venezuela con Colombia y el movimiento de tropas y material bélico hacia las fronteras neogranadinas. La intervención de la OEA y la resolución de su Consejo de Ministros, que reafirmó la inviolabilidad territorial de los estados miembros, y que constituyó una derrota a la posición promovida por los Estados Unidos respecto al incidente, fue un primer factor de distensión.

La situación pareció llegar a una cierta solución diplomática, cuando el Grupo de Río, reunido en la República Dominicana y con la mediación del presidente de esa nación, logró una cierta conciliación. En esa reunión, el propio Uribe pidió disculpas formales y prometió que no se volvería a repetir un incidente de este tipo.

Durante este proceso, el gobierno colombiano basó su defensa en la necesidad de eliminar militarmente a las FARC y en las acusaciones más o menos veladas de que los gobiernos ecuatoriano y venezolano apoyan a la guerrilla, mucho más allá del no haberse plegado a la calificación de “terroristas” que el gobierno de Uribe, los Estados Unidos y la Unión Europea han endilgado al contingente guerrillero.

En las últimas semanas, varios acontecimientos han producido un nuevo recrudecimiento de esa tensión bélica que pareció apaciguada. Declaraciones de voceros del gobierno norteamericano y de los grandes medios masivos que reproducen y difunden la política de la Casa Blanca persistieron, a través de opiniones puntuales, en relacionar a los gobiernos de Ecuador y Venezuela con las FARC, y en el caso particular del gobierno del presidente Chávez, también con el narcotráfico.

Se produjeron declaraciones del Ministro de Defensa de Colombia, que atacaron directamente al gobierno venezolano como promotor y colaborador con la guerrilla.

Los Estados Unidos decidieron activar su cuarta flota en el Caribe.

Y como broche final, la INTERPOL realizó una conferencia de prensa, que fue profusamente difundida por las grandes cadenas internacionales en todo el mundo, dónde anuncia los resultados de su experticia forense sobre los computadores y discos duros externos que el gobierno colombiano le entregara y que fueran adjudicados por ese mismo gobierno a Raul Reyes y las FARC.

Los inagotables computadores

Ya desde el principio de los incidentes, el gobierno colombiano intentó respaldar sus posiciones con la existencia de supuestos computadores, que la acción militar habría requisado en los restos del campamento guerrillero, y que aportarían elementos de prueba de la estrecha colaboración de los gobiernos ecuatoriano y venezolano con las FARC. La información que probaría esto, fue suministrada a cuentagotas, no a través del propio gobierno colombiano, sino por medio de “filtraciones de información” que la gran prensa institucional, mucha de ella de clara filiación derechista, como el Mercurio de Chile o El País de Madrid, proporcionaban a la opinión pública internacional.

El gobierno neogranadino declaró que había puesto en manos de la INTERPOL los computadores, para que este cuerpo de policía internacional los analizara y diera un veredicto técnico sobre su autenticidad. Nadie tuvo en cuenta en ese momento, que entre las funciones de este cuerpo internacional de coordinación policial, no están previstos procedimientos de investigación, ni dispone (según las propias declaraciones dadas en la conferencia de prensa) de un cuerpo especializado en experticia forense informática.

La conferencia de prensa que constituyó el eje central de la noticia fue bastante curiosa. El Sr. Ronald Noble, secretario general de la INTERPOL, fue quien realizó la presentación del informe producido por este cuerpo policial. A su lado se encontraba un personaje tan destacado como el General Oscar Naranjo, director general de la policía colombiana, uno de los voceros más notoriamente agresivos del gobierno colombiano, con una trayectoria de confrontación directa, sobre todo con el gobierno venezolano, un general al que el propio presidente Uribe ha tenido que desautorizar públicamente algunas veces en los últimos tiempos, por el tono y contenido de sus declaraciones.

Lo curioso de la conferencia fue la postura del Sr. Noble, que resaltó aquellos puntos más espectaculares del informe, tales como la gran cantidad de información que tenían los elementos informáticos (610 gigabytes) y el extraordinario esfuerzo (4.000 horas hombre) que había significado para los técnicos la experticia forense, destacando que las conclusiones habían sido que los computadores y discos duros no habían sido alterados. Sin embargo el Sr. Noble “olvidó” aclarar en la conferencia de prensa que el propio informe final elaborado por su equipo, decía cosas tales como que “el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”, o "La verificación realizada por INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen" y varias consideraciones más acerca de que la forma como los cuerpos de seguridad colombianos habían manejado las pruebas, las volvía muy difíciles de tener alguna validez jurídica.

Lo más significativo que podemos destacar es que todas las menciones del Sr. Noble a las FARC estuvieron referidas a “los terroristas”, dejando claro que la supuestamente técnica intervención de INTERPOL, partía de una visión política definida, afín a los criterios del gobierno colombiano y de los EE.UU. Y como remate, frente a la pregunta directa de un periodista de cómo la INTERPOL podía asegurar de quien eran los computadores, el Sr. Noble respondió que por supuesto los computadores pertenecían a las FARC, y ante la insistencia del periodista aclaró que eran de propiedad de Raúl Reyes. Sin dar para tales afirmaciones ningún tipo de argumentación ni elementos de prueba, esos computadores supuestamente pertenecen a la guerrilla porque “así son las cosas”.

En definitiva, estudiando detenidamente el video de la conferencia de prensa, no pudimos más que asociarla a otro video histórico de una situación similar. Aquel que nos mostró a Colin Powell presentando ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las “pruebas”, que incluían fotografías y videos de satélite, que “demostraban” que Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva.

Alrededor de la conferencia de prensa aparecieron también informaciones adicionales proporcionadas por voceros colombianos. Una que llama mucho la atención es que según ellos los computadores estaban en el campamento guerrillero en cajas metálicas cuando los requisaron (lo que explicaría por qué no fueron afectados por el bombardeo). Pero al respecto recordamos que entre los mínimos fragmentos de video distribuidos por el gobierno de Colombia cuando el ataque al campamento guerrillero, vimos claramente uno tomado con sistema de visión nocturna (todo en tonos verdes), donde se veían dos computadores que estaban encima de una mesa provisional en el momento del ataque. Son las contradicciones de la información “elaborada”.

Sin siquiera tomar en cuenta la situación política y estratégica, los propios hechos huelen significativamente a “montaje mediático” de los que se han hecho habituales en el sistema globalizado de la información para la generación de una realidad “virtual”.

Hasta dónde

Las reacciones de los gobiernos involucrados no se hicieron esperar. El gobierno ecuatoriano, a través de su Sra. Canciller declaró inmediatamente no reconocer la validez de los elementos presentados, por no tener ninguna garantía del respeto a lo que se llama la “cadena de custodia” y sigue manteniendo la ruptura de relaciones diplomáticas que se produjo cuando el primer incidente. Igualmente mantiene la determinación de tener custodiadas militarmente sus fronteras con Colombia.

El gobierno venezolano a través del propio presidente Chávez fue muy duro frente a este suceso. Declaró que nuevamente las relaciones con Colombia estarían en revisión, y que no sólo reforzarían la presencia militar en la frontera, sino que ser restringiría el comercio bilateral y la entrega de dólares a las empresas colombianas. En la declaración dejó traslucir la indignación por el no cumplimiento por parte de Colombia de lo acordado en República Dominicana.

Un dato importante es que entre la renovación de sus equipos militares, que el gobierno venezolano está adquiriendo en Rusia, se encuentran tanques de última generación que serían el material adecuado para la defensa de la frontera terrestre con Colombia.

En los últimos días, dos nuevos hechos se agregan a la verificación de la hipótesis de escalada bélica. El gobierno venezolano denuncia que un contingente del ejército colombiano penetró en suelo venezolano, siendo obligado a retroceder por fuerzas de su guardia de frontera. Proporciona inclusive el nombre y grado del oficial colombiano a cargo de ese contingente. Colombia no responde.

En el mismo período, un avión militar Viking norteamericano (diseñado para la lucha antisubmarina), incursiona en el espacio aéreo venezolano. El gobierno norteamericano explica que esa penetración fue debida a un error de navegación, de un aparato con base en las Antillas (a pocos Km. de la costa venezolana) que se encontraba realizando una misión antidrogas y declara que se están tomando las medidas para que no se vuelva a repetir. El gobierno venezolano no encuentra satisfactoria esta explicación y su Canciller emite unas duras declaraciones calificando el incidente.

En definitiva, todo parece indicar que el gobierno de Uribe, con el estímulo y apoyo de los EE.UU., está jugando activamente sus cartas para aumentar la tensión militar con sus vecinos. Juego muy peligroso éste para todo el continente.