Corrupción, clientelismo y mafias

De acuerdo con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - CLAD- la corrupción constituye un grave problema y una significativa amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades, en la medida en que socava las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y compromete seriamente el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, además de erosionar la moral de las sociedades y distorsionar las economías y la asignación de recursos para el desarrollo.

En el caso colombiano, esta patología3 presenta elementos similares a la situación italiana. Los fenómenos de clientelismo, corrupción, criminalidad organizada y negocios privados, si bien se trata de cuestiones diferentes, se encuentran relacionados y tienen un alcance sistémico, complejo, dinámico y evolutivo. Dinero, poder y violencia fluyen rítmicamente por todos los circuitos.

Hacia un Estado y una economía mafiosas

El estudio adelantado por Caciagli, sobresaliente representante de la academia politológica italiana, nos aporta elementos para la comprensión de la situación colombiana4. Según Caciagli, la corrupción ha resultado ser otra relación de intercambio como el clientelismo y ambas representan una «privatización» de la política claramente contraria a los principios y a las reglas de la democracia. El politólogo italiano recuerda que mientras el vínculo del clientelismo es vertical (patrono/cliente en posición jerárquica), el de la corrupción es horizontal ya que la relación entre corruptos y corruptores es igualitaria; en el primero predomina el poder y en el segundo el dinero. De otra parte, el crimen organizado tiene una dimensión política por los vínculos entre las mafias y determinados partidos e instituciones públicas. Las mafias controlan un submundo social semi-periférico apreciable y, por tanto, tienen influencia política (votos, cargos, finanzas). Por tanto, mientras la mafia ofrezca trabajo, distribuya dineros y proporcione carreras será imbatible, a menos que el estado sea más eficaz en esos ámbitos y no tolere ser suplantado. Además, la represión policial y judicial ha revelado ser notoriamente insuficiente, tanto por las «infiltraciones» mafiosas en el aparato del Estado como por la notable base social «cómplice» de cosa nostra dada la persistencia de una cultura popular que desconfía de los poderes públicos. Por tanto, ni una parte del Estado ni otra de la sociedad están a la altura de las circunstancias, de ahí que el combate estrictamente penal contra la criminalidad organizada fracase de modo reiterado.

Caciagli señala con acierto que entre la criminalidad, el clientelismo y la corrupción existen intricadas y complejas relaciones, de ahí que acaben confluyendo conjuntamente en el vaciamiento de la democracia. El clientelismo y la criminalidad pertenecen a una cultura política alternativa a la democrática («manera de ser»), mientras que la corrupción es un medio («manera de actuar»); dicho de otro modo, los dos primeros fenómenos son fisiología (afectan al funcionamiento del sistema), mientras que la corrupción es una patología (una «enfermedad»). Concluye el investigador italiano afirmando que sólo profundos cambios estructurales en las bases económico- sociales, culturales, políticas y subjetivas de la sociedad podrían reducir de modo significativo la terrible influencia condicionante y recíproca entre mafias, corruptos y clientelistas.

Para el caso colombiano, Gabriel Misas asimila la corrupción a un triángulo de hierro conformado por la alta administración pública, las empresas electorales y una parte del mundo de los negocios.

"Triángulo de hierro en cuyos vértices están los administradores de la cosa pública, políticos y empresarios que se coaligan para llevar a cabo negocios que les permitan a los últimos obtener contratos, eliminar la competencia, reducir costos, tener tratamientos favorables en materia tributaria y recibir subsidios a través de leyes diseñadas para tal efecto; a cambio de lo cual los primeros reciben sobornos y a los segundos se les financia las campañas políticas"5. En la concentración de tierras y en la acumulación de capital se han utilizado a lo largo de la historia colombiana prácticas fraudolentas y la violencia, concluyendo con el maridaje entre los poderes político y económico, la captura del Estado por parte de las elites y la exclusión de tres cuartas partes de la población de los beneficios del desarrollo.

De igual manera, Rensslaer W. Lee y Francisco Thoumi lograron demostrar en detalle el estrecho vínculo entre las organizaciones criminales, el régimen político y la economía legal en Colombia. Afirman que en situaciones de recesión económica, los empresarios locales han apelado a la industria de las drogas ilícitas para obtener inyecciones de capital, inclusive algunos de ellos se volvieron narcotraficantes6. Esta relaciones corruptas se ven beneficiadas por el amparo y protección de la clase política y la tecnocracia de alto nivel del Estado.

Todo ello ha conducido a definir la actual fase del capitalismo colombiano como mafioso. De acuerdo con los resultados preliminares de la investigación "Caracterización de la elite intelectual de las reformas estructurales en Colombia"7, al finalizar la década de 1980 las transformaciones capitalistas habían producido un cambio en el balance de poder en Colombia. La formación capitalista se orienta hacia un capitalismo más especulativo que consolida, igualmente, estructuras mafiosas. La prosperidad capitalista tiene como uno de sus soportes la incorporación de capitales del narcotráfico a los circuitos legales de la acumulación; es indiscutible la alianza con el latifundio, sectores del capital industrial, construcción, hotelería, turismo y de los mismos sectores financiero y comercio de importación.

Es notorio, agrega Jairo Estrada, director del estudio, el surgimiento de nuevos «polos regionales de acumulación» basados en los capitales del narcotráfico. Las estructuras mafiosas han permeado igualmente las instituciones del Estado (todos los poderes públicos), incluidas las fuerzas armadas, los partidos políticos y la iglesia. En consecuencia, la producción política de reformas para la desregulación económica y financiera para alentar el mercado de capitales, como base del crecimiento y el desarrollo, según los presupuestos neoclásicos, fue al mismo tiempo un factor decisivo para la consolidación de las estructuras mafiosas del capitalismo colombiano y, en ese sentido, se constituye igualmente en factor explicativo de las configuraciones actuales del régimen político.

Reforma del Estado y participación ciudadana

El afianzamiento de la democracia y la ineficacia de la estrategia en procura de una buena administración pública (relacionada principalmente con la ley, una supervisión cerrada y una auditoría acertada) vienen conduciendo a los países a encarar nuevos procesos de reforma a la gestión estatal. Los cambios que comienzan a producirse en la década de 1980 se orientan en dirección de la descentralización y la adopción de nuevos mecanismos de responsabilidad como la gestión por objetivos, la competencia administrada y un mayor control social. Para los países latinoamericanos el desafío es doble: la democratización de la burocracia obliga a concebir la reforma administrativa como una reforma política en la cual la ciudadanía actúe como un actor político clave. En consecuencia, la pregunta ha resolver es la siguiente ¿Cómo lograr el control de la sociedad civil sobre el servicio público?8.

La respuesta lleva implícita la necesidad de fortalecer la sociedad y recuperar la noción de lo público, lo que implica la reforma institucional y la democratización de la sociedad política y de la administración pública. La participación ciudadana se constituye en la estrategia fundamental para propender a transmutar las asimetrías en la representación e intermediación política a través de formas de representación social que no impliquen la delegación de mandatos y soberanía y que puedan, a su vez, contribuir a la presión por la democratización de los mecanismos tradicionales a través de los cuales la esfera pública-social puede operar como una instancia de crítica y control sobre el aparato del Estado. En consecuencia, la representación y la participación social adquieren una importancia central en la reforma administrativa y la superación del patrón corporativo y los enfoques mercantilistas actualmente dominantes9.

Pero este fortalecimiento de la esferas pública y la democracia implica vencer las resistencias que oponen las mafias, los clientelistas, los corruptos y los tecnócratas a la participación ciudadana. La oferta participativa en Colombia, además de ser restrictiva y atomizada, tiene un claro perfil: a la población se le asignan principalmente funciones de iniciativa y fiscalización y en menor medida de consulta, concertación, decisión y gestión. Por ello, las instancias oficiales que promueven el control ciudadano contra la corrupción son limitadas y reducidas a la casuística individual de poca monta frente a los alcances, complejidad y sofisticación del problema en Colombia: atención de denuncias sobre malversación de los recursos del Estado, auditorias articuladas con organizaciones de la sociedad civil, organización de comités de vigilancia ciudadana, audiencias públicas y foros deliberativos.

La falta de voluntad de las instancias oficiales para impulsar la participación ciudadana y democratizar la esfera pública queda al descubierto al observar que después de diez años de creada la «Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción», en el marco de la Ley 190 de 1995 o Estatuto Anticorrupción, ésta no ha sido implementada. Su materialización, por lo menos, sería un inicio del control social más formal a la vez que el gobierno demostraría su interés real en que los ciudadanos participen en el control a la gestión pública. Queda una pregunta, ¿está la sociedad y el Estado a la altura para enfrentar este contubernio entre mafias, clientelistas, corruptos, empresarios y élites que han capturado al Estado?