Corrupción pone en jaque al Gobierno

Se pensaba que la “mala actitud” iba a desaparecer en el gobierno de la revolución ciudadana porque era una de las principales lacras que iba a combatir el entonces candidato a la Presidencia de la República, Rafael Correa. Ahora en el poder no sabe cómo hacerlo, al menos eso lo demuestra hasta el momento, y no ha sido contundente en pedir que estas denuncias sean investigadas.

Nunca pensó que su círculo íntimo sería el que más denuncias de corrupción tendría en su contra, personas a quienes hasta ahora defiende de graves acusaciones que, progresivamente, ponen en jaque al gobierno. Posibles actos de corrupción donde ahora aparece involucrada también su otra familiar: Pierina Correa, que a decir de Jaime Solórzano, ex empleado de la empresa Invermun, institución ahora denunciada de entregar dinero a funcionarios del gobierno por permitir la reapertura de sus casinos, recibió coimas a cambio de beneficios para la campaña a la Prefectura del Guayas. Caso donde nuevamente aparecen involucrados los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, así como Alexis Mera, y otros como el asambleísta, Juan Carlos Cassinelli, de PAIS; y el intendente y el teniente político del Guayas, Julio Quiñónez y Luis Monge, respectivamente. Denuncias que en primera instancia fueron presentadas, lamentablemente, por Fabricio Correa, el hermano que fue denunciado por realizar millonarios contratos ilegales con el gobierno. A estos funcionarios públicos se suman otras denuncias de corrupción contra Raúl Carrión, Jorge Marún, Alfredo Vera, Derlis Palacios, Karla Chávez, Mercedes Diminich, Raúl Vallejo, Julie Ordóñez, Manuel Buenaño, Marco Germán Abarca, los cuatro últimos, acusados de graves actos ilegales en el Ministerio de Educación. Algo sobre lo que hasta el momento no se ha dicho nada.

Luego de tantas denuncias de actos de corrupción y tras exigir a la Fiscalía para que ayude a combatir la corrupción en el país, el Contralor General del Estado, Carlos Pólit, y el Fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, decidieron formar un frente para combatir esta plaga. Actitud que deja en sospecha la agilidad con que debieron actuar estos organismos de control ante las denuncias planteadas antes por el hermano mayor del Presidente, Fabricio Correa.

Uno de los primeros pasos que hasta el momento ha tomado el Fiscal fue ordenar el allanamiento de las instalaciones de Invermun, con el fin de recuperar la información que ayude a verificar si hubo pagos a funcionarios, contribuciones electorales y otros egresos ilegales. La experiencia lo dice: en la mayoría de casos donde se han incautado computadores que puedan implicar a funcionarios de gobierno en actos de corrupción, lo “famosos” peritos no han descubierto nada. Además, es necesario indicar que el Fiscal del Guayas, Antonio Gaglliardo, hijo del Ministro de Trabajo, fue quien encabezó la incautación de las computadoras, que desde el lado legal estaría bien hacerlo, pero la duda nace en que otra de las personas involucradas en el caso Invermun es nada menos que su hermano, Gastón Gagliardo, asambleísta de País. ¿El hermano investigando al mismo hermano?

Las denuncias ahora no solo son de Fabricio Correa, sino también de Jaime Solórzano, dos “personajes” con penosos antecedentes, pero que han asegurado desenmascarar la corrupción en el gobierno. Una de las fuertes denuncias, que ayudó a sustentar la presentada por el hermano mayor de Jefe de Estado, es la del ex empleado de Invermun. Él aseguró haber entregado, tanto al Secretario de la Administración Pública, Vinicio Álvarado, como a su hermano, Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación de la Presidencia, la cantidad de 10.000 dólares; asimismo, que la empresa Invermun aportó a la campaña de Pierina Correa. “Invermun financió la campaña de Daniel Avecilla, alcalde de Yaguachi; de Gastón Gagliardo, asambleísta, y de Julio Quiñónez, Intendente del Guayas, todos relacionados al Gobierno y al movimiento PAIS” , dijo este ex empleado.

Al respecto, el director del Movimiento Popular Democrático (MPD) indicó que "debe procederse inmediatamente a la audiencia de formulación de cargos para adoptar la orden de detención de los funcionarios implicados en el caso, así como la prohibición de la salida del país y la prohibición de venta de bienes para evitar la impunidad y lograr además indemnizaciones por daños y perjuicios". De su parte, Alexis Mera, Secretario Jurídico de la Presidencia y una de las personas involucradas en denuncias de corrupción, aclaró que el caso Invermun es un claro ejemplo de la corrupción judicial que debe ser investigada por la Fiscalía. “Si se confirma la comisión de actos irregulares, los funcionarios judiciales implicados no solo deben ser destituidos sino que deben ir a la cárcel. En la operación de las casas de juego nada tuvo que ver el Gobierno o el Municipio de Guayaquil, pues no tienen competencia para ello, ya que el tema está a cargo de las intendencias”.