Crimen organizado produce 40% del PIB

La llamada “narcoviolencia”, de acuerdo con diversos analistas y reportes especializados, tiene origen y destino, por lo que consideran que es necesario observar este fenómeno como parte de las políticas del gobierno estadunidense en su esquema de lucha global contra el narcotráfico.

El informe especial de Laurie Freeman, Estado bajo asalto: La narcoviolencia y corrupción en México, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), revela que “la competencia cada vez más violenta entre los cárteles mexicanos tiene un solo objetivo: beneficiarse del mercado de la droga en Estados Unidos. El narcotráfico es lucrativo porque millones de estadounidenses consumen drogas”.

En el apartado “La Narcocorrupción” la investigadora precisa que “al igual que la violencia, la corrupción asociada al narcotráfico se da como consecuencia de la existencia de un mercado negro. El negocio exige que los funcionarios de aplicación de ley y agentes judiciales sean sobornados e intimidados en ambos lados de la frontera”.

Se describe cómo “el crimen organizado no puede vivir sin la corrupción. Por eso el narcotráfico ha exacerbado la corrupción existente en México, un país donde las instituciones son débiles, carecen de transparencia o supervisión interna”.

Revela que hace dos años, durante el gobierno de Vicente Fox, al aplicarse el programa de seguridad pública México Seguro, ocurrieron 2 mil ejecuciones “al producirse una guerra contra las drogas que condujo a México a una profunda violencia en el 2005”.

Subraya que “el gobierno estadunidense, por una parte, prohíbe drogas como la marihuana, cocaína y heroína, y por otro lado fracasa en reducir sustancialmente la demanda en Estados Unidos de estas sustancias ilegales. Entonces esto no es un problema que México pueda solucionar por sí mismo.

“La prohibición de drogas alimenta la violencia de los productores y distribuidores de sustancias sicotrópicas por lograr posicionarse en el mercado de productos ilegales y entre los consumidores”.

Freeman señala que “la violencia es el árbitro del mercado negro y sus efectos secundarios son sumamente destructivos en México porque se alimentan de instituciones corruptas que tradicionalmente no han tenido la capacidad de hacer cumplir la ley o proporcionar seguridad pública, lo que hace que la violencia se salga de control”.

Por sus drogas los conoceréis

Para el académico y doctor en derecho Fernando Tenorio Tagle, el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en México corresponde al que genera el crimen organizado asentado en nuestro país, situación similar a la que ocurre en Italia, con el mismo porcentaje.

El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco afirma que “la inseguridad frente al delito sigue siendo un problema serio, si consideramos que al radicalizarse las cosas, como se ha venido confirmando año con año, el aumento de las tasa de homicidios dolosos en el país, de 20 o 22 por cada 100 mil habitantes, nos sigue ubicando en el segundo lugar mundial de ejecuciones después de Colombia, la cual vive una situación de guerra permanente”.

De acuerdo con el sociólogo y experto en temas de seguridad nacional, José Luis Piñeyro, las estadísticas ayudan a medir el problema cotidiano de la violencia criminal, que ahora suma, en los poco más de 180 días que van del año; 50 homicidios cada semana, siete muertes cada 24 horas, una cada tres horas y media, cada uno de ellos funcionario, agente, delincuente, policía, soldado, civil, periodista con nombre propio y familia”.

Dice que las cifras son elocuentes, pero “falta precisar cómo se maneja esto en los círculos políticos, si la ola de muertes de elementos de policías estatales y municipales son ajustes de cuentas de los sicarios contra agentes corruptos que no cumplieron acuerdos con la mafia o fueron verdaderos servidores que resultaban un estorbo a la delincuencia”.

Luis Astorga Almanza, titular de la cátedra UNESCO en Transformaciones económicas y Sociales Relacionadas con el Tráfico de Drogas, apunta que “el gobierno estadounidense calcula como discurso político y acto de fe que las organizaciones criminales mexicanas obtienen unos 15 mil millones de dólares anuales por la venta y tráfico de estupefacientes, sin decir cómo se reparten los recursos y luego comparan esto con otros indicadores como las reservas y remesas de los mexicanos en los Estados Unidos”.

Para el autor del libro Mitología del narcotraficante en México, “los montos de los recursos obtenidos por el crimen organizado se desconocen al ser una actividad ilícita, pero al contrario se conoce el aumento de adictos al consumo de drogas por las encuestas que se realizan cada cinco años, las cuales miden la prevalencia, no adicciones”.

Cuentas Alegres, pactos rotos

El Departamento de Estado de Estados Unidos en su Informe sobre la estrategia internacional para el control de narcóticos (Internacional Narcotics Control Strategy Report, INCSR), correspondiente al 2006 y publicado en abril de 2007, precisa que “México ha sido profundamente afectado por el tráfico de drogas. Durante 2006 aumentaron los niveles de violencia, corrupción y abuso de drogas”.

El documento describe las políticas antidrogas de Estados Unidos en el mundo. Poco menciona sobre México al destinar sólo 6 cuartillas, de manera superficial toca la creciente narcoviolencia en este país, ni tampoco sugiere una propuesta para enfrentar al crimen organizado.

Su idea básica para que México mejore su capacidad de combatir al narcotráfico es dotar a los cuerpos policiacos de “mejor equipo, entrenamiento y herramientas de investigación”, así como “reformas judiciales… para que los avances en cuanto a calidad sean consecuentes con la capacidad para aplicar la ley”.

En este contexto el gobierno de George W. Bush subraya y califica de excelente el trabajo realizado durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), respecto al desmantelamiento de grandes organizaciones de traficantes de drogas, por extraditar a 63 fugitivos de las leyes estadunidenses, por erradicar cultivos de opio y marihuana, y por mantener procesos abiertos y darle seguimiento jurídico a delitos relacionados con el lavado de dinero.

Se acota que “México es uno de los principales países de producción y tráfico de las drogas ilícitas que llegan a Estados Unidos, cerca del 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa por México”.

Respecto a la evaluación sobre la policía mexicana, se menciona que “la Agencia Federal de Investigación se ha convertido en el elemento central de los esfuerzos gubernamentales por generar instituciones de aplicación de ley más profesionales, honestas y eficaces”.

El Departamento de Estados Unidos apunta que en México ha ido en aumento el consumo de drogas, especialmente de marihuana, seguida por la cocaína y de enervantes en aerosol, como son la pintura y el pegamento.

Sin metas

Para Valeriano Ramírez Medina, investigador en temas sobre el poder político y seguridad nacional, el aumento de la narcoviolencia tiene referentes políticos y de poder.

En este sentido explica cómo, “durante el largo control priísta, las bandas del crimen organizado lograron acuerdos no escritos para la definición de las fronteras de operación, esto era que los grupos delictivos no se metían a la política, ni los políticos se introducían en el crimen organizado. Este pacto fue roto por las policías cuando se convirtieron en aliados, cómplices y hasta miembros de las bandas criminales”.

Describe que el problema actual de violencia estalló en 1984 cuando el columnista Manuel Buendía fue asesinado porque tenía en su poder información que evidenciaba que las policías estaban al servicio del narco. “Un año después el asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena se confirmaron públicamente esas sospechas “.

Resalta cómo aumentó el problema del narcotráfico desde hace 20 años en lugar de disminuir. “En estas dos décadas el asunto se agravó con las sospechas de que altos funcionarios y políticos apadrinan a bandas del crimen organizado”.

Según el catedrático, en México el fenómeno del narcotráfico toma cauces diferentes a partir de la década de 1980, con la generación de cuatro cárteles: el de Amado Carrillo (cártel de Juárez), los Arellano Félix en Tijuana, el cártel del Golfo con Juan García Abrego y el grupo de Rafael Caro Quintero en Sinaloa.

“A partir de la consolidación de estos grupos en la producción y envío de drogas hacia Estados Unidos, se dan nuevos vínculos que no son con gobiernos locales o federal sino con las policías federales y estatales, creando una acelerada descomposición en los órganos de seguridad, lo cual garantiza impunidad y protección a las zonas de producción y distribución”.

Para el doctor en ciencia política Francisco Javier Jiménez Ruiz, otro problema es que hasta 1990 México era considerado como “un país puente” o de paso de las drogas con rutas muy específicas y aparentemente se puede decir que existían mecanismos de respeto entre los grupos de narcotraficantes con respecto a sus plazas donde mantenían control social y poder político.

En la década de 1990 se desarrollan las peleas entre los cárteles: no sólo son ya las rutas de exportación hacia Estados Unidos, sino se compite por los mercados internos, sobre todo en la zona norte y la zona del bajío, “donde regresan los emigrantes a sus lugares de origen que han adquirido adicciones a través de su vida en Estados Unidos y por tanto se generan mercados seguros de consumidores”, advierte.

Prosigue Jiménez Ruiz: “El problema es que el crimen organizado se había especializado en áreas específicas de la delincuencia como narcotráfico, fraude financiero, prostitución, secuestro, robo y otras más, pero con la diversificación de actividades, al ampliarse las redes delincuenciales, comienzan a coordinarse diversas actividades en redes más amplias vinculadas con diversos grupos”.

Para el doctor en sociología Jerónimo Hernández Vaca, a finales de la década de 1990 las grandes cabezas de los cárteles habían tenido una organización interna muy segura, pero empiezan a tener rupturas que generan a su vez pequeños bastiones de poder locales o regionales y esto deriva en una competencia interna, lo que produce mayor violencia donde se enfrentan cárteles grandes con los pequeños.

Resalta que ahora los cárteles grandes, al sentirse traicionados por los grupos pequeños que se fracturaron de su estructura, “utilizan formas de prevención; por eso ha crecido la violencia y las ejecuciones. Entonces, el gobierno no tiene control sobre de ellos porque ha permitido el crecimiento de estos grupos y no ha actuado cuando ha tenido la posibilidad de hacerlo”.

De acuerdo con José Luis Piñeyro, el aumento de la violencia indica un reacomodo de grupos de poder pero también el efecto natural del relevo de autoridades gubernamentales a nivel estatal y el arribo de nuevos jefes policíacos.

Resalta que esto revela la incomprensión del problema y por lo tanto “la certeza de que el crimen organizado se ha hecho del control social y político de algunas partes de la República y anda en busca de la redefinición de zonas francas”.

Curar cáncer con chochos

Tenorio Tagle advierte que la inseguridad y el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón “será un serio problema a lo largo del sexenio, muy semejante a los gobiernos anteriores, donde las negociaciones y pactos de los entonces candidatos presidenciales para recibir ciertos apoyos se daban por debajo del agua; sin este aspecto no se entiende por qué el Chapo Guzmán está fuera de la cárcel”.

Menciona que el presidente de la República “no la tiene fácil, si consideramos que la inversión en materia de seguridad pública se ha ido a la basura en algunos segmentos, por ejemplo todo lo que es el ámbito de la Policía Federal Preventiva (PFP), donde hay más desperdicios que resultados”.

Valeriano Ramírez subraya que Calderón “está atacando el cáncer con aspirinas. El problema del narcotráfico no son los narcotraficantes, sino las causas que generan que grandes sectores de la población pauperizada en amplias regiones del país se vean obligados a ingresar, tolerar o formar parte del narcotráfico”.

Según Hernández Vaca, el uso del Ejército contra los grupos dedicados al narcotráfico por parte del gobierno de Calderón tiene varios perfiles políticos.

Por un lado, asegura, “los operativos contra el narcotráfico son mediáticos, no buscan realmente acabar con el crimen organizado, sino que tienen el objetivo primordial de confirmar la subordinación del gobierno mexicano a los objetivos continentales del gobierno estadunidense”.

Precisa que “la lucha mediática contra el narcotráfico busca brindar tranquilidad a los negocios estadounidenses establecidos en México para que no abandonen el país ante la ola de protestas populares contra el gobierno federal por las reformas a la ley del ISSSTE, y los problemas locales como la APPO en Oaxaca”.

Para José Luis Piñeyro los grupos criminales también han establecido prácticas mediáticas que les han funcionado, como “sembrar cuerpos mutilados, amenazas directas, cabezas cercenadas y una imagen de ingobernabilidad y terror basado en una ofensiva que ya tuvo una contundente respuesta”.

La fuerza de la ley

En el reporte Estado bajo asalto, de Laurie Freeman, se describe cómo “en Estados Unidos investigaciones encubiertas del FBI revelaron que soldados estadunidenses, conspiraron para utilizar la protección que sus uniformes y vehículos militares con el fin de traficar drogas en el suroeste de ese país”.

Describe que “en las investigaciones del FBI también han detectado corrupción dentro de la Patrulla Fronteriza, pero existen indudablemente muchos ejemplos de corrupción en el lado estadunidense para permitir que las drogas ilegales continúen fluyendo”.

La investigadora indica, de acuerdo con las cifras del reporte bianual de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud (Nacional Survey on Drug Use and Health), de 2004, cómo el consumo de cocaína y heroína ha aumentado drásticamente en EU. En el 2003 se tenía una población de dos millones 228 mil personas que consumían cocaína todos los días, cifra que aumenta con 57 mil adolescentes y más de 94 mil adultos por año.

Este número de consumidores en el año 2007 podría alcanzar 2 millones 732 mil adictos, sin contar más de 3 millones de “drogadictos ocasionales”, por lo tanto, la reducción de la adicción a las drogas beneficiaría en gran medida a Estados Unidos y a México.

En las propuestas que indica el reporte para reducir la narcoviolencia y la narcocorrupción, se plantea que Estados Unidos debe apoyar y cooperar en diversos rubros; reducir la demanda de drogas y establecer estrategias de prevención basadas en evidencia; incrementar el acceso a tratamientos de alta calidad con el objeto de eliminar el consumo de droga.

Otro punto indica fortalecer las regulaciones de las ventas de armas en Estados Unidos para dificultar que las armas vendidas en ese país caigan en manos de la delincuencia; Ayudar a México a restaurar el orden público y con ello proporcionar a sus ciudadanos seguridad pública, por medio de una profunda reforma de sus instituciones policiales y judiciales, garantizando un estado de derecho exitoso.

Finalmente apunta que el gobierno mexicano debe ser más exitoso a través del estado de derecho llevando a la delincuencia ante la justicia y no sólo demostrando su fuerza con una exhibición de potencia en las calles.

Fecha de publicación: Julio 2a quincena de 2007