Crimen organizado trastoca relación México-Guatemala

Aunque México despenalizó la migración indocumentada y concede cada vez más formas migratorias para que ingresen visitantes extranjeros locales, la delincuencia opera con total impunidad en los 957 kilómetros de la frontera con Guatemala, donde persisten actos de corrupción y abusos contra esos migrantes por funcionarios, taxistas, choferes y propietarios de hoteles, explica José Luis Chea Urruela, embajador de Guatemala ante México. Precisa que por esas condiciones, la relación binacional tiene “luces y sombras”.

Mientras tanto, la seguridad domina las acciones de México en su frontera sur y la blinda contra el paso de migrantes desplegando elementos de la Policía Federal, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), así como a las policías estatales y municipales, observa Silvia Soriano, especialista en temas latinoamericanos del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe (CIALC); además, asegura que esa medida es producto de la presión estadunidense para detener el flujo de migrantes centroamericanos.

A su vez, el embajador reitera que el fortalecimiento de las medidas de seguridad en esa zona busca convertirla en “un primer muro de contención para los migrantes y blindarlo, aunque eso signifique violar su dignidad y sus derechos humanos”. A pesar de la tensa situación en la frontera binacional, las fuerzas armadas de su país participaron en operaciones conjuntas con sus homólogos mexicanos para coordinar acciones ante eventuales amenazas.

Admite que el mayor desafío para la seguridad nacional de su país es la infiltración del crimen organizado en los organismos de seguridad nacional. Describe: “Es un hecho que tenemos esta situación, por lo que el gobierno trabaja para depurar a los elementos negativos de los ministerios encargados de la seguridad”. Este proceso se realizó, entre otros, en la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación, señala el exvicecanciller de Guatemala, quien apunta que un efecto negativo de ese esfuerzo es el reclutamiento de policías por la delincuencia.

Las caras del crimen

Las principales amenazas para la seguridad nacional de los países centroamericanos son: el narcotráfico, terrorismo, medio ambiente y desastres naturales, crimen organizado, pobreza y carencias sociales, tráfico de armas y guerrillas y grupos subversivos, de acuerdo con el estudio Crimen organizado en Centroamérica, de los investigadores Jairo Hernández Milián y Stella Sáenz Breckenridge, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Con datos de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, la investigación refiere que en el 66 por ciento de las muertes, suicidios y lesiones ocurridas en Centroamérica, está presente un arma de fuego. El Salvador presenta la mayor proporción de víctimas por esa causa, con 27 por ciento; Guatemala, el 24 por ciento, y Honduras, 24 por ciento. También revela que en el tráfico de armas se identifican dos dinámicas de violencia: una, asociada a los países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), que presentan características del posconflicto bélico de la región, con alta circulación de armas y municiones, y una creciente inseguridad urbana, “motivada, especialmente, por la operación criminal muy violenta de las llamadas maras o pandillas juveniles”.

Otra expresión de esa dinámica se asocia a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, países puente para el embarque de cargas de armas desde Centroamérica hacia Colombia, en un intercambio que permite a las redes criminales acceso al lucrativo negocio de las drogas ilegales. Los autores de la investigación afirman que la posición geográfica de Centroamérica la convierte en corredor para el paso de armas, aunque éstas también encuentran numerosos clientes locales.

Igualmente, la región es zona de tránsito y reexpedición de las remesas de drogas ilícitas, en especial cocaína, fundamentalmente desde Colombia en su paso hacia Estados Unidos y Europa. El estudio calcula que el 88 por ciento de la cocaína que ingresa a Estados Unidos pasó por la región, y Guatemala se utiliza como zona de aterrizaje de aeronaves particulares procedentes de Colombia.

Además es un país de reexpedición de remesas de cocaína que se embarcan hacia Europa, y una zona de almacenamiento de las drogas que se trasladan a México. Guatemala también figura en las rutas de las redes del tráfico de personas que circulan desde Nicaragua a Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice.

Historias de dolor

En esa cadena de agravios y violencia que cometen algunos elementos de la fuerza pública o funcionarios, amparados en el argumento de que deben detener esta migración contra los indocumentados, la parte más débil y vulnerable son las mujeres. “Se enfrentan a elementos masculinos que las agreden no sólo de forma verbal, sino también físicamente, con golpes y las violentan de forma sexual”, explica la doctora Silvia Soriano, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además del robo, la extorsión y la violencia sexual, la vulnerabilidad de esas migrantes se expresa en las enfermedades venéreas y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que resultan de las violaciones que sufren y que también les dejarán importantes secuelas sicológicas. En otros casos, tendrán un embarazo no deseado que modificará su futuro, describe la especialista.

El intento fallido por llegar desde México a las ciudades estadunidenses de Miami, Los Ángeles, San Francisco, Chicago o Nueva York, para reunirse ahí con sus familiares o paisanos, conduce a cientos de guatemaltecos sin documentos migratorios hasta la oficina de Jorge Figueroa, el cónsul general de Guatemala en este país. Él atiende a sus paisanos en el peor momento de su estancia en México: luego de sufrir mutilaciones por el tren en que pretendían viajar clandestinamente hacia Estados Unidos; tras ser víctimas de ataques sexuales; cuando son abandonados por los coyotes o cuando denuncian haber sido objeto de secuestro o de tráfico de personas.

Hasta ahí llegó una joven indígena que llevaba en brazos a un menor. Le afligía su deportación inminente, y los agentes del INM la apremiaban para que comprobara su parentesco con Bayron, la criatura de un año que llevaba en su regazo. De no hacerlo, ambos serían separados durante el retorno a su país. La niña tenía apenas 17 años y pretendía llegar a Estados Unidos, pero fue interceptada por agentes migratorios, por lo que “busqué a sus familiares en Guatemala para confirmar su identidad y que el pequeño Bayron fuera su hijo. Afortunadamente pudieron regresar juntos”, narra el funcionario.

La creciente pobreza en los departamentos guatemaltecos obliga a algunos padres a confiar en extranjeros que les ofrecen hacerse cargo de sus hijos. Así sucedió con Chepe, un niño de apenas nueve años. “Y vos ¿qué hacés aquí?”, le preguntó el diplomático a Chepe, quien respondió que había llegado a México con un señor y que lo había abandonado.

Cuando el cónsul logró comunicarse con la madre del menor, escuchó una verdad que lo abrumó: ella lo había regalado con ese hombre que le dijo que era pastor y ofreció llevarlo a Estados Unidos, donde podría educarse y más tarde trabajar. “Sólo tenía dos semanas de conocerlo, pero le di a mi hijo porque me dijo que pronto tendría dinero y me podría mantener”, fue la razón de esta mujer.

Para hacer frente a estas historias de abandono y a los agravios que en México sufren los guatemaltecos, sean migrantes documentados o no, así como los que ya radican en México, en años recientes se amplió el número de consulados: tres en Chiapas (Tapachula, Comitán y Ciudad Hidalgo); dos en Tabasco (Tenosique y Villahermosa); uno en Veracruz; otro en la ciudad de México, y uno más en Tijuana. Operan consulados honorarios en Oaxaca, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Mérida y Cancún.

La investigadora Silvia Soriano considera que la situación económica de la nación centroamericana no mejorará en el corto plazo y que persistirá la migración hacia Estados Unidos.

Para la investigadora, desanima a los guatemaltecos ver al Ejército Mexicano en lugares y en tareas que antes eran competencia de los agentes migratorios. Recuerda que esos ciudadanos provienen de un país que vivió un dramático y prolongado conflicto interno protagonizado por las Fuerzas Armadas.

Además, los migrantes tienen que evitar los abusos que cometen algunos elementos del Ejército en todo el país, ahora que se le destinó la misión de combatir el narcotráfico, considera la autora del libro Mujeres y guerra en Guatemala y Chiapas. Soriano concluye: “Desde que los panistas llegaron al poder, hay menos sensibilidad hacia estos problemas. La gente encargada de la frontera tiene poca capacidad humana para enfrentar este tipo de problemas”.

Luces y sombras de una relación

Para normar su seguridad fronteriza y hacer de la migración indocumentada un proceso más ordenado, ambos gobiernos armaron en los últimos años varios mecanismos político-administrativos. En 2002, crearon el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza México-Guatemala (Ganseg), cuyo objetivo es trabajar contra el terrorismo, crimen organizado, delitos vinculados con la migración, tráfico ilícito de mercancías y seguridad pública fronteriza.

El Segundo informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 evalúa el desempeño de éste y otros mecanismos en su apartado de seguridad fronteriza, aunque le confiere al Ganseg otro objetivo: “Salvaguardar la seguridad de las fronteras, así como la integridad y el respeto de los derechos humanos, tanto de los habitantes de esas zonas como de los migrantes”. Además, ese documento cita que a ese grupo le compete integrar unidades mixtas de policías federales y estatales con el apoyo de las fuerzas armadas, para garantizar la seguridad de los habitantes de la región fronteriza.

El informe explica que la Policía Federal realizó acciones policiales en carreteras, aeropuertos, así como operativos con autoridades estatales y municipales que pusieron a disposición del INM o ante el Ministerio Público a “10 mil 3 indocumentados, en su mayoría, procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador”. De esa cifra, 6 mil 816 inmigrantes fueron “interceptados” por la Policía Federal a través de los operativos conjuntos; entre ellos, el “Chiapas-Campeche-Tabasco”, en el que fueron asegurados 4 mil 321 inmigrantes y 1 mil 390 más en el “Operativo Veracruz”.

También consigna que en mayo de 2008, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional participó en la “reunión de coordinadores de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que permitió dar seguimiento a los acuerdos de Nueva Orleans”, cuyas labores continuaron en diciembre de ese año.

Ese informe sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 alude a la cuarta reunión de la ASPAN que sostuvieron el 22 de abril de 2008, en Nueva Orleans, los presidentes George Walker Bush, Felipe Calderón y Stephen Harper, primer ministro de Canadá. Según la agencia informativa española EFE, la reunión abordó asuntos relacionados con “el comercio, la inmigración y la seguridad fronteriza”.

Pone de relieve que México y su vecino del sur diseñaron su agenda migratoria en la V Reunión del Grupo Ad-Hoc de Trabajadores Migrantes Guatemaltecos, y la XV Reunión del Grupo de Asuntos Migratorios. Indica, además, que se sostuvieron seis reuniones intersecretariales del Ganseg en las que se acordó que ese grupo ampliará “su alcance a todo el ámbito de la seguridad”, y evaluar el establecimiento de un grupo de reacción inmediata y reactivar la Coordinación Bilateral de Alerta y Respuesta Temprana.

Esa cadena de agendas y compromisos binacionales parece funcionar a nivel de altos funcionarios; comienza a descomponerse en los niveles más bajos, en los cuadros policiacos y algunos agentes del INM; aunque esa actitud no forma parte de una política institucional, “sí hay casos representativos de maltrato a guatemaltecos en los que figuran los agentes migratorios, de la Policía Federal y municipal”, asegura el embajador y exvicecanciller Chea Urruela.

Aprecia que la causa probable de tal conducta es la existencia en México de muchas policías y su falta de centralización, lo que “dificulta el cumplimiento de las instrucciones” que reciben de sus superiores. Explica que su gobierno pone especial énfasis en que sus policías y funcionarios locales se capaciten en las políticas de respeto a los migrantes.

Finalmente, el embajador Chea, quien ha representado a su país ante Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales, manifiesta que urge capacitar a los elementos policiacos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues contra ellos existen numerosas quejas debido a que “no saben tratar a quienes entran o salen del país. Esos señores con uniforme verde ignoran la Convención de Viena”.