De la coyuntura al proyecto nacional

No hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista. Así responde la sabiduría popular ante las reiteradas dificultades de una persona o un cuerpo, y el primer asomo de superación. Y ese es el caso del cuerpo del movimiento social y su dirección política: tras años de postración y confusas respuestas a la andanada privatizadora de los años 90 del siglo anterior y al arrasamiento del movimiento social, comienzan a manifestarse signos alentadores y prometedores de recuperación.

La primera gran señal de esa superación es, sin duda, la derrota propinada al referendo -oficial- todopoderoso en octubre de 2003. La segunda y tercera señales, se dieron en las inmensas marchas del año anterior, sobre todo la de los indígenas (14 al 18 de septiembre) y la llevada a cabo en todo el país, por el conjunto de fuerzas sociales y políticas, el 12 de octubre. Antes se habían realizado otras menores pero también de gran significación contra el TLC. Triunfos e importantes jornadas que permiten visualizar la capacidad de respuesta que va ganando el movimiento social y los aciertos puntuales que se dan en su conducción política.

En medio, cerca o en la cabeza de buena parte de estas jornadas siempre estuvo la Gran Coalición Democrática (GCD), iniciativa popular surgida como respuesta a las pretensiones del referendo pero que por la orfandad en la conducción social y política de las mayorías nacionales encontró campo abonado para mantenerse más allá de la jornada del 25 /26 de octubre de 2003.

El reto de la GCD

Una vez derrotado el referendo oficial y ante la viabilidad de darle continuidad a la alianza social y política que sintetiza la GCD, la pregunta fundamental era y sigue siendo ¿es necesario y posible que esta alianza de fuerzas políticas y sociales se transforme en una alternativa política nacional? O, en su defecto, ¿es suficiente que conserve su carácter de simple ente articulador de actividades?

Las preguntas demandan con urgencia su respuesta desde octubre de 2003, una vez que se veían las ventajas de actuar coordinadamente, cuando se presenciaba el desespero y la confusión al interior del establecimiento. Ante la confusión oficial que siguió a su derrota, era imperioso dar un salto de calidad y avanzar en un debate y un actuar público que le permitiera a la CGD ganar la conducción política del país.

Esa opción no fue aceptada por la mayoría de fuerzas que constituyen este espacio de coordinación y que optaron por que siguiera como tal. Pero en la práctica, ante el éxito de las jornadas relacionadas, la respuesta es positiva: el país espera con ansiedad el surgimiento de una opción política que le dé paso a un modelo económico, social y político de justicia y bienestar.

Una opción que no debe ni puede restringirse a un simple calendario electoral. Una alternativa que debe proponerse la construcción de soluciones inmediatas a la crisis humana que vive el país (así se puede entender la decisión de elaborar un documento que desarrolle los cinco ejes que cohesionan a la GCD y el debate que con base en él -en perspectiva a un programa- se desarrollará en marzo), levantando al mismo tiempo la bandera de su recomposición moral y ética, sumido como se sabe, en una crisis de valores que mella de manera profunda la legitimidad institucional y da espacio para el posicionamiento de una nueva institucionalidad.

En su marcha y Congreso Itinerante, los indígenas lo expresaron claramente: justicia propia, guardia indígena, congreso de los pueblos, sistema integral de comunicaciones, etcétera. Es decir, toma cuerpo poco a poco, como un ideario de mediano y largo plazo -pero con realizaciones concretas en el presente-, una institucionalidad propia que de pie a un nuevo poder. Y este mismo es el reto de la GCD: transformarse en conducción política nacional que dé cuenta del vetusto poder tradicional.

Claramente, este propósito supera la coyuntura electoral. Al abocarse una intención de dualidad de poderes -como lo están haciendo los indígenas-, se reconoce que el poder moderno no se centra únicamente en la cabeza del gobierno o en la de los otros poderes que le equilibran (según el postulado liberal) sino que éste se irradia por múltiples vetas en una profunda microfísica que hace necesario, para construir un poder real, fundarlo de múltiples y variadas maneras.

Una de estas es recuperar la calle; otra, tener poder constituyente en un legislativo alterno que debata todos los tópicos del país y legisle sobre los mismos. Uno más, atender las relaciones internacionales con todos los movimientos y partidos políticos por el mundo entero. Y uno más, romper los modelos de intercambio y consumo, generando una economía basada en la solidaridad y en modelos limpios de producción y transformación de materias primas y alimentos.

Podrían ser muchos más los ejemplos: en la escuela, en la salud, en el control social, en el funcionamiento de las organizaciones sociales y partidos políticos, al fin y al cabo se trata de la vida misma y de la sociedad en toda su complejidad.

En un libro en prensa sobre el actual gobierno, su autor, el catedrático Rafael Ballén, plantea a la GCD el reto de ganar la calle y lograr que el próximo 12 de octubre se movilicen millares de personas por todo el país, y que en la Plaza de Bolívar de Bogotá se congregue un millón de manifestantes. Propone, asímismo que la GCD se dote de un cuerpo diplomático, colocando plenipotenciarios por todo el mundo con la tarea de mostrar ante sus ojos que en Colombia se incuba una dictadura civil.

Todas estas tareas y propósitos, de ser asumidos, demandan que pequeños y grandes partidos, pequeños y grandes movimientos sociales, asuman el reto de darle cuerpo a una expresión política colectiva. Pero, al mismo tiempo, que no dejen todos sus propósitos pendientes de la suerte que tengan los procesos electorales, pues siendo importante, éstos no son los únicos, y para el caso de la disputa en que se encuentra entrabada Colombia tal vez no son los fundamentales. ¿Qué es y cuáles serían las funciones del Congreso de los pueblos?

El Congreso de los pueblos es una posibilidad organizativa, de conducción social y referente político, ideológico y moral para una sociedad en crisis.

Puede plantearse cuando el parlamento oficial de un país cualquiera no es legítimo, no tanto por un aspecto de legalidad de las elecciones sino por el resultado del ejercicio de sus funciones. En el caso particular de Colombia, si bien el Parlamento ha estado generalmente cuestionado por ser complaciente con el Ejecutivo y por la carga de corrupción que soporta, desde el 20 de octubre de 1999 está cuestionado moral y políticamente por aceptar la violación de nuestra soberanía. En efecto, en esa fecha el gobierno de los Estados Unidos aprobó, como se sabe, el Plan Colombia, por medio del cual legisló sobre el conjunto de nuestra vida nacional, negando en la práctica la existencia de un parlamento autónomo. Usurpando funciones propias del Parlamento nacional, los Estados Unidos decidieron qué se haría, desde entonces, en nuestro país. La actitud del parlamento nacional -incumpliendo sus funciones- fue cómplice o cuando menos complaciente con esa imposición de una potencia extranjera.

El Parlamento de los pueblos se propone por tanto, a partir de una integración representativa del conjunto de expresiones sociales en que está organizado el país nacional, para debatir y resolver los problemas que aquejan a las mayorías nacionales, planteando soluciones concretas para esos problemas.

Como representante y vocero de esas mayorías, debe consultar las decisiones que tome. Es decir, los proyectos por tramitar procederán de ejercicios consultivos e investigativos con las fuerzas sociales. Con la voluntad de estas mayorías, se pondrán en marcha proyectos y ejercicios de poder que concretan estas decisiones.

Al mismo tiempo, este Parlamento debe emplazar a los congresistas democráticos, que hacen parte del parlamento oficial, para que se hagan presentes ante su par popular y recojan las iniciativas de allí emanadas con la tarea de tramitarlas en su institución. Si el parlamento oficial las niega como acatamiento al mandato popular, estos parlamentarios deben llamar, como último recurso, a que la presión social se haga sentir en las calles. Así, debatiendo, consultando, legislando, presionando, administrando con nuevas reglas sociales y realizando proyectos de sociedad, se irá creando una dualidad de poderes, legitimada por su ética, por una práctica democrática real y un nuevo referente de gobierno que colme las expectativas de paz y convivencia con que sueña el país nacional.