La emboscada paramilitar contra la caravana humanitaria –ocurrida en Juxtlahuaca, Oaxaca, el pasado 27 de abril– es el primer antecedente de un ataque de esta naturaleza en el mundo. El asesinato de los activistas Cariño Trujillo y Jiry Jaakkola se suma a las agresiones que sufren a diario los defensores de derechos humanos en México. La impunidad y el contexto de violencia e inseguridad favorecen esas embestidas, señalan organismos internacionales
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| Ciudad de México (México)
Los activistas Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Jiry Antero Jaakkola fueron asesinados el pasado 27 de abril en una emboscada a la caravana humanitaria de paz que se dirigía a la comunidad autónoma de San Juan Copala, Oaxaca, para llevar víveres y documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren sus habitantes.
El contingente fue atacado por un grupo armado que disparó contra los vehículos en que se transportaban activistas, observadores internacionales y periodistas. Nueve personas resultaron lesionadas, y la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y el activista finlandés sucumbieron a las balas.
El asesinato de Cariño Trujillo y Jaakkola se suma a los 11 homicidios de defensores sociales perpetrados en el país desde 2006, de acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de Amnistía Internacional (AI). Amén de los decesos, en los últimos cuatro años se han enlistado 128 agresiones y obstaculizaciones al trabajo de los defensores de derechos humanos, que van desde amenazas y detenciones arbitrarias hasta agresiones físicas en contra de los defensores o de sus familiares.
De acuerdo con el informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, de la OACNUDH, la mayoría de estos incidentes ha tenido lugar en Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero y Chiapas. Con excepción del Distrito Federal, se trata de entidades con los más altos niveles de marginación del país, así como de exclusión social, represión y violencia, a decir del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
No obstante, la emboscada paramilitar del pasado 27 de abril sería el primer ataque a una caravana humanitaria en el ámbito nacional e internacional, pues recientes informes de AI, del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, y de la OACNUDH no documentan casos similares en ninguna parte del mundo en los últimos años, ni siquiera en países con conflictos armados en el sureste asiático y la región de los Balcanes.
Estado, responsable de agresiones
El informe Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos en México es contundente: “México es un país peligroso para defender los derechos humanos”. El documento de AI señala que aun cuando el Estado está obligado a responder por los ataques a defensores sociales, en ocasiones son las propias autoridades, en sus tres niveles, quienes presentan cargos falsos en su contra o los procesan indebidamente y suelen ser lentas en dar respuesta a sus denuncias y en investigar, “lo que agrava aún más los abusos”.
Para el doctor Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, el Estado es siempre responsable de estas agresiones, ya sea por acción u omisión. En el caso de Oaxaca, el doctor en teología considera que la responsabilidad recae en el gobierno local por la protección que brinda a grupos paramilitares en la región.
El informe de la OACNUDH señala que durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz se han cometido 26 agresiones contra defensores y organizaciones sociales en Oaxaca, con lo que ocupa el primer lugar de los estados donde se perpetran ataques en contra de este sector. En ninguno de los casos ha habido consignados, no obstante que, conforme a los tratados internacionales en derechos humanos, el Estado debe rendir cuentas de los ataques cometidos contra defensores.
Entre las agresiones que la OACNUDH enlista, sobresale el de las indígenas triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, quienes desde la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio denunciaban los abusos cometidos por los caciques de la zona. Las locutoras fueron emboscadas y asesinadas cuando viajaban rumbo a Putla, Guerrero, en abril de 2008. A dos años de su muerte, las investigaciones no han arrojado datos que permitan identificar a un responsable.
Concha Malo apunta que el riesgo para los defensores de derechos humanos se incrementa en entidades donde son vistos como “enemigos del Estado mexicano”, que suele ser donde hay interés de aprovechar los recursos naturales, donde hay planes de supuesto desarrollo, sin que se informe o se haga partícipe de los proyectos a la comunidad, o cuando hay pueblos que quieren ejercer su legítimo derecho a la autonomía y no se doblegan a los cacicazgos tradicionales.
Defensores en la indefensión
Agnieska Racsynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), ve en el caso del ataque a la caravana humanitaria un mensaje de desdén hacia los defensores sociales.
“Nos están diciendo que no hay garantías al trabajo de solidaridad nacional e internacional y que no importa. [La muerte de los activistas] es muy grave, pero más allá de una vida, está amenazada toda una comunidad, toda una organización, entonces todos nos sentimos afectados y desprotegidos”.
En 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que quienes agreden a defensores sociales buscan producir un “efecto ejemplificador” que detenga o reduzca las denuncias de violaciones o motive el abandono de las organizaciones de derechos humanos en determinadas zonas.
Frente a este panorama de vulnerabilidad, los defensores han asumido las agresiones como una realidad implícita en su trabajo y no como situaciones extraordinarias que deben ser prevenidas y, cuando sea el caso, investigadas y sancionadas, lo cual resulta “preocupante”, a decir de la OACNUDH.
El organismo señala que 92 por ciento de los defensores de derechos humanos ha sido objeto de alguna agresión. Las amenazas suelen ser el mecanismo más recurrente, pero en muchos casos, los amagos son el preámbulo de una serie de agresiones que implican hostigamiento, campañas de desprestigio, detenciones arbitrarias, atentados, secuestros, desapariciones e incluso el asesinato del defensor.
En una reunión de organizaciones sociales realizada en la ciudad de México el 29 de abril, se reflexionó sobre las implicaciones de la emboscada en Oaxaca. Para los defensores, y particularmente para las misiones de derechos humanos, el ataque a la caravana estaría señalando los límites del discurso de los derechos humanos y la manera en que los defensores también son agraviados: el principio de solidaridad no tiene garantía.
Criminalización de la protesta
Los informes de la OACNUDH, AI y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos coinciden en señalar que el incremento de la violencia y de la inseguridad en el país, así como la impunidad con que se cometen las agresiones son factores que vulneran el trabajo de los defensores de derechos humanos en México.
Pero consideran que los prejuicios y el desprestigio de su trabajo también son obstáculos que los defensores tienen que librar, entre los que son comunes señalamientos de que protegen delincuentes, obstaculizan la labor de la justicia, se oponen al desarrollo, lucran con su labor, no canalizan sus demandas por las vías institucionales, o que sólo protestan y no contribuyen a nada.
En febrero pasado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, dio a conocer el informe Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual, en el que advierte del patrón de desprestigio y criminalización en contra de los defensores de derechos humanos que existe en México.
Señala que en este país no sólo no se reconoce la labor de defensores y organizaciones sociales, sino que “hay una tendencia a criminalizar su actividad”, al acusarlos de delitos que no cometieron para justificar su detención o para desacreditarlos ante la sociedad. Ello deriva en que los abusos contra los defensores queden impunes y la defensa y promoción de los derechos humanos sean castigadas. De esta forma, el gobierno también criminaliza a las comunidades o individuos que ante los abusos responden exigiendo sus derechos.
Agnieska Racsynska advierte que la defensa de los derechos humanos en México es una cuestión histórica en la que se ha tenido que reivindicar la imagen de los defensores para luego hacer que se reconozca el trabajo que realizan. Agrega que ha habido un giro en la descalificación del defensor social, al pasar de un “defensor de delincuentes” a aquél que “no quiere que México mejore”.
Para la representante de la Red TDT, las amenazas a la defensa de los derechos fundamentales exhiben la ausencia de una democracia auténtica, a la que se suma la persistencia de la impunidad tanto en los casos de los defensores como en los asuntos que ellos protegen.
Solidaridad de organizaciones socialesA dos días de que la caravana humanitaria en la que viajaban 27 personas fuera emboscada camino al municipio autónomo de San Juan Copala, más de 30 organizaciones de derechos humanos se reunieron para reflexionar sobre el hecho. En ese contexto, se planteó el reto de hacer visible la añeja problemática de la comunidad triqui, “no por el dolor de la sangre, sino por la esperanza de un proceso de paz que urge impulsar”. El 30 de abril se dio un pronunciamiento a nombre de 36 agrupaciones y 21 personas en el que acusan al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz “por su negligencia e impunidad”, al no actuar ante la violencia histórica que vive la comunidad indígena triqui a manos de paramilitares. En el documento también se denunció la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los defensores de organizaciones sociales y civiles, debido a la violencia política, la criminalización de su labor y la indiferencia del Estado para proteger su vida e integridad física. El pronunciamiento se dio a conocer en una manifestación frente a las oficinas de la Representación del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la que participaron cerca de 50 personas, entre ellas miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, y de Servicios y Asesoría para la Paz, AC, así como familiares de los dos reporteros de Contralínea, Érika Ramírez Pardo y David Cilia García, quienes hasta la noche del 29 de abril estaban desaparecidos. El día anterior, en Huajuapan de León, Oaxaca, 13 agrupaciones, entre ellas el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hicieron un pronunciamiento similar en el que además acusan al gobierno estatal de no haber brindado las mínimas garantías de seguridad a la caravana y de haber actuado con lentitud ante el ataque. (MS) |
Contralínea presenta queja ante CNDHEl pasado 3 de mayo, el equipo de Contralínea presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En ella, le solicita “realizar una investigación exhaustiva” sobre los hechos ocurridos durante la emboscada a la caravana de paz con destino al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, en la que participaban, en calidad de reporteros, Érika Ramírez y David Cilia, integrantes de esta publicación. “Vamos a responsabilizar al gobierno de Ulises Ruiz, al presidente municipal, a Rufino Juárez, jefe de los paramilitares, y a quien resulte responsable de todo esto”, declaró Érika Ramírez a los medios de comunicación. Ante funcionarios de la CNDH, Miguel Badillo, director del semanario, y Érika Ramírez evidenciaron la “inacción” de los gobiernos federal, estatal y municipal –de la que se derivan responsabilidades– durante todo el conflicto y, en particular, cuando se les pidió que coadyuvaran en la búsqueda de los dos periodistas, hasta entonces desaparecidos. Érika Ramírez solicitó a esta instancia medidas cautelares para ella y para su compañero David Cilia pues, al huir del ataque armado, sus documentos e información de carácter personal [carteras, teléfonos celulares, computadoras portátiles] se quedaron en el automóvil en que viajaban. “No sabemos qué quieran hacer con esta información [los integrantes del grupo paramilitar]”, comentó. Además, la solicitud de protección se extendió a los pobladores del municipio autónomo, quienes viven en constante asedio y violencia. La reportera de Contralínea se refirió al estado de salud de Cilia, quien continúa hospitalizado y ha sido intervenido en tres ocasiones, consecuencia de los balazos que recibió. “Estuvo a punto de perder la pierna”, denunció, pues los médicos del hospital de Juxtlahuaca no se percataron de la magnitud de la lesión: perdió el 30 por ciento del hueso. Andrés Calero, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, y Gerardo Monfort, director general de la Quinta Visitaduría de esta comisión, informaron a Contralínea que ya iniciaron el expediente y que están en la mejor disposición de “conocer y atender los pormenores del caso”. Por ahora, están “solicitando todos los elementos a la autoridad”. (Flor Goche) |
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