Democracia como condición para la gobernabilidad

Como en materia de ciencias sociales no existen acuerdos sobre la definición de los diferentes conceptos y hay que recurrir siempre a definiciones operativas, comenzaremos por precisar lo que entenderemos por democracia y gobernabilidad.

Recordemos que la objetividad en la ciencia no es más que una intersubjetividad compartida. El concepto de democracia esta asociado al gobierno del pueblo, de muchos, mientras que autocracia al gobierno de uno, de pocos. A los efectos de esta exposición utilizaremos como indicadores de democracia los elementos siguientes:

 Quién o quienes designan a los funcionarios en sus cargos y quién o quienes pueden revocarlos
 Quién o quienes elaboran las políticas, las estimulan o sus demandas son tomadas en cuenta para su elaboración.
 Quién o quienes tienen poder de veto. Tienen capacidad para impedir, mediante distintos mecanismos, que se implemente una determinada política expresada de cualquier manera: ley, decreto, resolución., ordenanza, acto administrativo etc.

En la mediada en que más personas, sectores, grupos, intervienen en esos procesos habrá más democracia, habrá menos cuando suceda lo contrario.

Por Gobernabilidad entenderemos como capacidad de gobernar. Para definir los términos en los que la vamos a entender recurriré a una afirmación de Talcott Parsons, para quien existe una contradicción básica entre sistema y miembros, en la medida en que esa contradicción se reduce, se produce una mayor integración y la estabilidad del sistema es mayor y, en consecuencia, su gobernabilidad: "Se puede decir que el teorema dinámico fundamental de la sociología es el siguiente: la estabilidad de cualquier sistema social, exceptuándole proceso de integración más evanescente, depende hasta cierto punto de esa integración. Este es el punto principal de referencia de todo análisis que pretenda ser un análisis dinámico del proceso social." [1].

El siguiente gráfico ilustra esa afirmación.

Si relacionamos esta concepción con la de Herbert Simon, quien señala que entre sistema y miembros se produce un proceso de negociaciones explícitas e implícitas, que debe conducir a un punto de equilibrio o punto de común acuerdo, entenderemos que, al lograrse ese punto, en el cual se sientan representados el grueso de los miembros, el sistema puede funcionar, es gobernable, se trata de un sistema consolidado. [2] La estabilidad estará asociada a los elementos a través de los cuales se logra ese punto de equilibrio.

El Sistema, que no es neutro políticamente y tiende a favorecer a determinados sectores de sus miembros dependiendo del bloque en el poder, hace una propuesta a través de su estructura institucional, su comportamiento o acción real, en el cual se integran premios y castigos. A partir de allí entre sistema y miembros se produce, como se ha señalado, un proceso de negociaciones implícitas y explícitas, que conduce a ajustes y a acomodos mutuos, lo que puede incluir la no aceptación por parte de algunos sectores de la propuesta del sistema.

Es una dinámica con altos elementos de subjetividad, está relacionado con el nivel de aspiraciones de los integrantes y de la posibilidad de encontrar alternativas válidas dentro o fuera del sistema. De no ser así, probablemente, bajen su nivel de aspiraciones, aunque esto tiene un límite. Mientras mayor es la distancia entre aspiraciones y las demandas, mayor será la tendencia a la inestabilidad e ingobernabilidad.

A su vez, este proceso está asociado a la forma en que se emplea, en que se distribuye el excedente. Para Raúl Prebisch, en los países democráticos del capitalismo periférico la presión del sector trabajo por satisfacer sus demandas y la forma de utilización del excedente, tienden a agotarlo, lo que reduce la capacidad para satisfacer las demandas de la población. Según Prebisch: "…el sistema tiende a la crisis cuando por el impulso del proceso de democratización, se fortalece el poder de la fuerza del trabajo, a la par que se acrecienta la función del Estado. En otras palabras, cuando la doble presión del comportamiento del excedente se vuelve más intensa" [3].

Prebisch señalaba que el ciclo democracia, dictadura, dictadura, democracia, por los que atravesaron muchos países latinoamericanos, sobre todo los de América del Sur, encontraba su explicación en esa afirmación. En virtud de los procesos democráticos se acrecienta la capacidad de la masa trabajadora para hacer exigencias al sistema, lo que se traduce en sistemas de seguridad social: salud, educación, paro forzoso, pensiones etc, que tienden a ser cada vez más costosos, lo que conduce a agotar el excedente. La manera de restituirlo es acallando las demandas mediante regímenes no democráticos, pero las presiones sociales de distinta índole, restablecen la democracia, reiniciándose el ciclo.

Lo que queremos establecer aquí es que, dado el nivel de conciencia de la población, asociado quizás a mayores niveles de información, de preparación, las salidas no democráticas para reestablecer el excedente ya no son viables, o no son tan fáciles de imponer, por lo que se generan procesos de ingobernabilidad sin la alternativa de un régimen represivo, razón por la cual, la opción que queda es dar mayor poder a la población. Si el sistema no puede dar más porque el excedente se agota, la vía posible es dar poder a la población.

Los siguientes gráficos ilustran el caso venezolano:

Como puede observarse a partir de los años ochenta comienza una caída del PIB Per Cápita Real, lo que reduce la capacidad distributiva del Estado, en un sistema caracterizado precisamente por su capacidad para distribuir una dilatada renta petrolera, mediante el cual se establecía el punto de equilibrio entre sistema y miembros. Este declive está asociado a los precios del petróleo y al aumento de la población.

Precios del petróleo 1974-2004(en términos constantes de 1974)

Podemos observar como han disminuido los precios del petróleo a dólar constante de 1974. Cuando en el año 2004 los precios nominales del petróleo estaban en $ 29, 54, a precios constantes del 74 se situaban en $ 7,86. Si establecemos la proporción ente uno y otro (29,54 /7,86) nos da una relación de 3,75, que si se la aplicamos a $40 que es su precio nominal para lo que va del 2005, nos dan que su valor es aproximadamente de $10 de 1974, lo que equivale al nivel de los precios para esa fecha, pero con una población mucho mayor.

Esta caída del ingreso petrolero, unida a otros factores, conduce a la reducción de la inversión, lo que debe traducirse, ente otros, al aumento del desempleo y a la obsolescencia de la maquinaria instalada, lo que reduce su competitividad.

Los siguientes gráficos nos indican cómo ha disminuido la inversión real tanto pública como privada del año 1970 al 2004.

De manera que después de los años ochenta tenemos otro país, la situación que se ha descrito rompe el punto de común acuerdo entre sistema y miembros, se resquebraja el pacto distributivo sobre el que se basaba.

Ello condujo a un alejamiento del sistema que se expresan entre otros, en desafiliación a los a los sindicatos, asociaciones gremiales, partidos políticos. La afiliación sindical nunca fue muy alta, no pasó del 17% de la población empleada. Para el año 2003 la masa sindicalizada era de un 12% de la población empleada, de los cuales el 8% eran sindicatos de empleados públicos. Mientras el 60% de los empleados públicos están sindicalizados, en el sector privado sólo lo esta el 5%.

La pertenencia a los partidos era muy alta, más del 70% del electorado se sentía vinculado a uno de ellos, lo que conducía a una gran estabilidad política, esta situación se revierte, crece la abstención electoral para elecciones presidenciales, surge un cuestionamiento a los partidos políticos tradicionales y se produce una situación de franca ingobernabilidad, asociada al proyecto neoliberal auspiciada por el Banco Mundial y asumida por el Presidente Pérez.

Se producen los sucesos del 27 de febrero de 1989, que evidenciaron la ruptura del punto de equilibrio del sistema, a ello se suman las rebeliones militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992 y, en las elecciones de 1993, gana por primera vez un candidato que no es ni de AD ni el de COPEI.

La salida del sistema para lograr estabilidad, debía orientarse a establecer un nuevo punto de equilibrio que ya no podía estar basado, como antes, en la capacidad de distribución de la renta petrolera, pero tampoco es viable un régimen autoritario que restrinja, mediante la represión, las demandas de la población. La alternativa es, por el contrario, incorporarla en la solución de sus propios asuntos, lo que implica darle mayor poder una mayor democracia en los términos que se ha definido.

Me atrevo a afirmar que procesos similares se están viviendo en estos momentos, al menos, en la América del Sur.

De tal manera que la tendencia de hoy en día es hacia una ampliación de la democracia que, por la dinámica de la misma, debe conducir a una mayor equidad. Pero el poder es una magnitud relativa, cuando le das más a uno, a otros se lo estás quitando. De tal forma que eso implica que habrá desplazamiento de elites. Lo que estimulará la lucha entre quienes no quieren ser desplazados y los que requieren mayor participación en el poder.

Pero esto no está exento de dificultades, la ampliación de la democracia asociada a una mayor seguridad social conduce a Estados costosos.

Si vemos el informe del Banco Mundial sobre el costo del Estado en los países de la OCDE comparado con los países en desarrollo nos damos cuenta que las dimensiones de éste han aumentado en todas partes. Debemos notar que el Estado crece en los países de la OCDE (desarrollados), a pesar de la era Reagan y Tacher, donde el esfuerzo neoliberal por reducirlo fue mayor, pero la dinámica del Estado democrático y social de derecho por mantener la gobernabilidad, lo obliga a gastos crecientes, lo que impidió que sus gastos pudieran reducirse.

Entendemos por Estado social a aquél que asume como función propia la garantía de la procura existencial de la población.

Pero eso crea problemas a Estados como los nuestros, si los desarrollados consumen aproximadamente el 50% del PIB, lo que les crea una contradicción entre el subsistema económico, que debe pagar ese 50% en forma de impuestos, y el subsistema político que necesita gastarlos, básicamente para garantizar la procura existencial de las población atendiendo las demandas de la seguridad social, para mantener la gobernabilidad. No obstante, pueden hacerlo porque su productividad per cápita es alta., como podemos observar en las gráfica.

De allí que Estados como los nuestros, con una productividad per cápita mucho menor, pero con demandas similares, tenemos que implementar formas de producción y de satisfacción de las demandas distintas a las del capitalismo clásico, para mantener la gobernabilidad. De tal manera que la tendencia al agotamiento del excedente producto del la creciente exigencia de la población en mejorar sus condiciones de vida, que es consustancial a la democracia, dado los niveles de conciencia, no se pueden resolver sino con más democracia, incorporando a la población en las decisiones, en participar en la solución a sus propios problemas para, dando poder, abaratar los costos del Estado y, a su vez, buscar soluciones y modelos económicos alternativos.

En el caso venezolano, iniciativas como el desarrollo endógeno, los comités de tierra urbana, la entrega de tierras y créditos por parte del INTI, el apoyo a la pequeña y mediana industria, las rondas de negocios, las misiones, entre otras, pretenden conseguir ese objetivo que, además de romper con la inercia de una Administración Pública engorrosa y lenta, busca formas alternativas de solución a los múltiples problemas de la población y van construyendo un nuevo entramado entre Estado y sociedad producto de esas nuevas relaciones, negociaciones y de puntos de común acuerdo, que prefiguran el nuevo modelo de sociedad que se está construyendo y hacen muy difícil darles marcha atrás.

Como ilustración me apoyaré en el informe presentado por la representante alterna de Venezuela ante el Dialogo de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, en el cual se señalaba que la esperanza de vida en el país pasó de 72,18 años en 1999 a 73, 18 en el 2004; la tasa de mortalidad infantil de 18.5 en 1999 a 16.8 en 2004; la tasa de escolaridad de 57% en 1997 a 70% en 2004; dos millones novecientas mil personas se han reinsertado en el sistema educativo a través de las Misiones Robinson I, II, Rivas y Sucre. Además Venezuela, estadísticamente, erradicó el analfabetismo en el año 2005.

De allí que, independientemente de las modalidades que los diferentes países de la América del Sur escojan, adaptado a las características de su economía, a la situación y forma de actuación de los diferentes sectores de la población, el sentido de la acción de los Estados para lograr gobernabilidad y estabilidad política, debe orientarse hacia una mayor democracia y equidad en la distribución de la riqueza.

También se pone de manifiesto que procesos como el que lidera Hugo Chávez no son causa sino consecuencia de los cambios que se han producido, en buena medida por efecto de la aplicación de los planes de ajuste y del paquete neoliberal. De tal manera que quienes se oponen a estos procesos partiendo de la idea de que liderazgos como el del Presidente de la república Bolivariana de Venezuela son la causa de los cambios y no su consecuencia y que, por lo tanto, al salir de esos liderazgos se elimina el problema, demuestran un profundo desconocimiento de su propia realidad, lo que los induce a cometer graves errores que inciden en su propia supervivencia como actores políticos, sociales y/o económicos.