El Congreso legislativo de Ecuador destituyó este miércoles al presidente Lucio Gutiérrez, abriendo paso a la asunción del vicepresidente Alfredo Palacio, luego de una semana de intensas movilizaciones en la capital del país y de cuatro meses de crisis política.
Alfredo Palacio, un médico de 56 años, dijo a IPS que instalaría un gobierno de "concertación nacional” y que cumpliría todo el periodo presidencial, hasta enero de 2007, aunque gran parte de los manifestantes que se movilizaron contra Gutiérrez reclaman una permanencia de sólo cuatro meses, un llamado anticipado a elecciones generales y el cese de los tres poderes del Estado.
Palacio tampoco cumplirá con el anhelo de los opositores de suspender las negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y la anulación del convenio que cedió la base aérea del puerto de Manta a las Fuerzas Armadas estadounidenses.
"No tenemos que tener miedo al TLC (tratado de libre comercio), pero debemos negociar de igual a igual con Estados Unidos”, argumentó el nuevo presidente.
Mientras que sobre la base de Manta, afirmó que respetaría todos los contratos firmados por Ecuador, ese incluido.
Los gobiernos de la región han reaccionado con cautela.
El gobierno de Argentina manifestó su "preocupación por la grave crisis institucional que atraviesa la hermana República del Ecuador, lamentando particularmente la pérdida de vidas humanas", en referencia a la muerte de un periodista en las manifestaciones del martes.
El comunicado, emitido por la cancillería, anunció que Buenos Aires realizaba consultas con los países del Grupo de Río, cuya secretaría rotativa ejerce.
El presidente chileno, Ricardo Lagos, suspendió su viaje previsto a Ecuador y dijo desde Caracas, donde se encuentra de visita, que confiaba "en que a los ecuatorianos les sea posible resolver los problemas dentro del Estado de derecho y las normas constitucionales que ellos tienen".
Su par de Venezuela, Hugo Chávez, añadió que "estamos en contacto todos los gobiernos de América del Sur, para que ante situaciones lamentables como ésta comencemos a tener una posición conjunta como unión sudamericana".
El mandatario no quiso confirmar si su país estaría dispuesto a prestar asilo al derrocado Gutiérrez. "Es muy temprano para pronunciarnos sobre esos asuntos. Todo es todavía muy confuso", justificó.
El canciller venezolano Alí Rodríguez había dicho que su país "en principio no tiene ningún inconveniente en recibir a Lucio Gutiérrez o a cualquier persona que se encuentre en una situación parecida".
"El principio de asilo está consagrado en la legislación internacional", recordó Rodríguez, quien se negó a contestar si la caída del mandatario ecuatoriano constituía un golpe de Estado. "Sólo tenemos la información aportada por la prensa. No nos precipitaremos a fijar posición", remarcó.
La salida de Gutiérrez se precipitó tras la dura represión policial del martes a una marcha en la que participaron más de 30.000 personas, y en la que murió el fotógrafo chileno Julio García de un paro respiratorio por efecto de los gases lacrimógenos. Más de cincuenta personas fueron heridas.
Los acontecimientos fueron vertiginosos: este miércoles Quito amaneció con movilizaciones ciudadanas en varios barrios de la ciudad y cortes de calles por parte de los manifestantes, mientras llegaban autobuses de provincias con cientos de personas pagadas para apoyar al gobierno y enfrentarse con los manifestantes opositores.
A las 13.00 hora local, tras instalarse en sesión extraordinaria, el Congreso destituyó a Gutiérrez por abandono del gobierno, aunque éste todavía permanecía en la Casa Presidencial y no había renunciado.
Pocos minutos más tarde se confirmaba la salida de Gutiérrez, cuando el jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, almirante Víctor Hugo Rosero, anunció que los militares le retiraban su apoyo para "salvaguardar” la paz del país.
Fue el fin de Gutiérrez como gobernante. Pocos minutos antes de las 14 horas abandonó el Palacio Presidencial y se dirigió al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para salir de la ciudad en una avioneta sin destino conocido.
El 8 de diciembre de 2004, una mayoría legislativa integrada por partidos cercanos al gobierno destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombró a otros, basándose sobre una cláusula transitoria de la Constitución, medida considerada inconstitucional por partidos opositores.
Durante cuatro meses, y pese a diversas propuestas del gobierno y de la oposición, los legisladores no lograron ponerse de acuerdo para buscar una salida a esta crisis institucional.
La situación se agravó el 1 de abril, cuando el presidente de la Corte, Guillermo Castro, anuló los juicios por corrupción contra los ex mandatarios Abdalá Bucaram (1996-1997) y Gustavo Noboa (2000-2003) y contra el ex vicepresidente Alberto Dahik (1992-1995), fugados del país.
Esto permitió a los tres acusados regresar a Ecuador, con el consiguiente rechazo de distintos sectores de la población.
El Congreso, reunido en forma extraordinaria el domingo 17, cesó por unanimidad de los 89 parlamentarios presentes a la Corte cuestionada y declaró "vacancia judicial" hasta lograr un acuerdo para aprobar una ley que establecería un mecanismo no partidista para elegir a los magistrados.
La resolución, sin embargo, no dejó sin efecto la nulidad de los juicios contra Bucaram, Noboa y Dahik.
Mientras los diputados del Partido Roldosista Ecuatoriano, de Bucaram, señalan que los juicios están cerrados porque la resolución no aborda este tema, los legisladores opositores argumentan que al cesar la Corte, sus providencias no son válidas.
El diputado Guillermo Landázuri, líder de la opositora Izquierda Democrática (socialdemócrata), aceptó que correspondería a la futura Corte decidir sobre los procesos contra los tres ex gobernantes.
"Tendrá que ser la nueva Corte Suprema de Justicia la que asuma nuevamente esos juicios”, argumentó Landázuri.
Los manifestantes rechazan cualquier injerencia de los partidos políticos en sus movilizaciones y exigen la renuncia de los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con las consignas "Lucio Fuera" y "Que se vayan todos".
Las protestas surgieron espontáneamente el miércoles pasado en Quito y continuaron el lunes con menor intensidad, mientras se preparaba la concentración multitudinaria del martes.
El miércoles 13 de abril había tenido escasa aceptación la convocatoria a una huelga general efectuada por el alcalde de Quito, Paco Moncayo, y por el prefecto (gobernante provincial) Ramiro González, de Pichincha, provincia donde se encuentra la capital ecuatoriana.
En cambio, los oyentes de radio La Luna, de Quito, propusieron una movilización espontánea contra el gobierno, que fue creciendo a partir de la difusión desde la propia emisora y de mensajes enviados a través de teléfonos celulares.
La convocatoria logró una amplia adhesión, y durante varios días miles de personas se movilizaron en distintos puntos de la capital, sobre todo en zonas de clase media, para exigir la salida del presidente.
El sábado, ante la presión de las movilizaciones, Gutiérrez echó mano a la Ley de Seguridad Nacional para decretar el Estado de Emergencia, que suspendió los derechos civiles, movilizó a las Fuerzas Armadas y dio al Ejecutivo la facultad de intervenir en otros poderes del Estado.
En el mismo decreto, el presidente cesó a la Corte de Justicia cuestionada. Gutiérrez se justificó explicando que debía poner fin a la crisis política, utilizando los poderes especiales que le otorgaba el Estado de Emergencia.
Distintos sectores criticaron el decreto y acusaron a Gutiérrez de haber tomado una resolución "dictatorial" para reprimir las manifestaciones.
La influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se solidarizó con las protestas de Quito e inició movilizaciones en algunas provincias pidiendo la renuncia de Gutiérrez.
El presidente de la Conaie, Luis Macas, dijo que su organización no negociaría ningún tipo de salida a la crisis, y en caso de que fuera sustituido Gutiérrez, exigiría el cumplimiento de su programa de reclamos.
"Nosotros exigimos que el país suspenda las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cierre la base militar de Manta (cedida a las Fuerzas Armadas estadounidenses), y se oponga al involucramiento del país en el Plan Colombia” financiado por Washington, contra el narcotráfico y la guerrilla del país vecino, dijo Macas.
El ahora presidente Palacio se había distanciado de Gutiérrez más de un año atrás, y venía realizando declaraciones públicas en contra del gobierno cada vez que se presentaba una crisis política.
"La patria está en peligro de disolución”, dijo Palacio antes de la destitución de Gutiérrez, y aseguró que eran insistentes los pedidos para que asumiera el poder, pese a los cuales se mantendría defendiendo la legalidad.
Gutiérrez y Palacio ganaron las elecciones presidenciales en la segunda vuelta electoral de noviembre de 2003.
IPS
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