Jean Jacques Rousseau, ciudadano de la ilustre ciudad de Ginebra, escribió en su famoso Contrato social: "La voluntad no puede alienarse ni representarse (...) los diputados del pueblo no son ni pueden ser sus representantes, no son nada más que sus comisarios; no pueden concluir nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no haya ratificado es nula; no es una ley".
Rousseau, partidario de la intervención directa del pueblo en los asuntos de la polis, debe sonreír en su tumba al tenor de los resultados del referéndum francés y holandés, que han puesto de manifiesto el desfase entre las mayorías parlamentarias existentes en ambos países y el pueblo soberano, que se ha pronunciado claramente contra una nueva abdicación de soberanía. Las consecuencias políticas de este voto "franco y masivo", como calificaba el general De Gaulle a la consulta popular directa al pueblo, sólo han comenzado, y se puede afirmar que el Tratado por el Establecimiento de una Constitución Europea (TCE) (título oficial del documento) ha muerto, puesto que para su ratificación se requería la unanimidad de los 25 Estados miembros.
El 55% de los electores franceses y el 62% de los holandeses -dos países fundadores de la Comunidad Europea en 1951, junto a Alemania, Luxemburgo, Bélgica e Italia-, han expresado su oposición tajante a la construcción europea tal como ha sido llevada hasta hoy. El TCE ha recibido un golpe decisivo antes que la totalidad de los países europeos haya podido pronunciarse al respecto.
El presidente Jacques Chirac, de acuerdo a la tradición constitucionalista gala, convocó a un referéndum. El Sí contaba con el apoyo de los grandes partidos institucionales, esto es, los gobiernistas UMP (Unión por un Movimiento Popular) y UDF (Unión por la Democracia Francesa), que reagrupan a los partidos de derecha, más el PS y los Verdes, (ecologistas), que en su conjunto disponen del 90% de los escaños en la Cámara de Diputados.
Francia es el primer país que ha organizado un referéndum vinculante, luego de meses de un debate en el que participaron millones de ciudadanos. Fue una gran demostración de democracia efectiva.
En Francia, a la aplanadora formada por las instituciones del Estado, se le opuso un movimiento nacido en lo más profundo de la sociedad francesa que tomó cuerpo y logró, gracias a la intervención de ONGs, partidos, sindicatos, personalidades e intelectuales, revertir en menos de seis meses la tendencia general favorable al Tratado que se había manifestado hasta el mes de enero. El PC, la Liga Comunista (trotskista), varios dirigentes y diputados socialistas que rompieron con la decisión de su partido de votar Sí participaron en la campaña por el No al lado de ecologistas disidentes, Attac, la Confederación Campesina de José Bové, dirigentes sindicales y profesores. Desde otras posiciones y poniendo énfasis en la fibra nacionalista y el respeto a la soberanía nacional, el Frente Nacional de Jean Marie Le Pen y los "soberanistas" de Philippe de Villiers, además de algunos disidentes gaullistas encabezados por el diputado Dupont Aignan y el senador Charles Pasqua, también se opusieron públicamente.
El Tratado carecía de legitimidad "originaria". Fue elaborado por una "Convención" dirigida por el ex presidente francés Giscard d’Estaing, que no tenía mandato para elaborar un texto constitucional sino que únicamente debía reagrupar los tratados precedentes.
A pesar de este déficit democrático inicial, se puede constatar que tanto en Francia como en Holanda los electores concurrieron masivamente a las urnas, lo que contrasta con el desinterés y tradicional abstención en las precedentes justas electorales europeas. Con ocasión del referéndum, la abstención bajó en Francia al 30%. En Holanda, donde el referéndum pedido por el Parlamento tenía carácter consultivo, el gobierno democratacristiano se vio obligado a anunciar que si la participación electoral sobrepasaba el 30%, se tomaría en cuenta el veredicto popular. En esas condiciones, más del 70% de los holandeses concurrió a votar. La alta participación ciudadana ha conferido al No una gran legitimidad.
Aparte de su oposición a esta Europa liberal, el No del electorado francés traduce la profunda inquietud de los asalariados por el aumento o persistencia del desempleo, por la multiplicación de la deslocalización de empresas que en gran parte se establecen en países del Este, donde los costos de producción son menores. Es también una sanción contra el presidente Chirac y su primer ministro Jean Pierre Raffarin, por la política cada vez más neoliberal de éste y el ataque a las conquistas sociales de los trabajadores. El No de los franceses, expresa un "voto de clase" más marcado que el No holandés. Según las encuestas de opinión -que esta vez acertaron en sus pronósticos- el 81% de los obreros franceses habría votado No, así como el 79 de los cesantes, un 60 de empleados y 56% de electores de profesiones intermedias. Desde el punto de vista de la composición etaria, el 59% de los electores entre 18 y 24 años también se habría pronunciado por el No, porcentaje que aumenta a 65% entre los electores de 35 a 49 años. Sin embargo, los electores de más de 65 años, habrían votado Sí.
La oposición a un tratado de inspiración liberal, la grave situación económica por la que atraviesa Francia y la voluntad de dar un escarmiento al gobierno de Chirac, fueron factores determinantes en la victoria del No.
En Holanda, a pesar del alto porcentaje reunido por los opositores al Tratado, hay otros factores. País pequeño, de quince millones de habitantes, teme diluirse en un conjunto europeo de 450 millones, perdiendo algunas de las características de su permisiva sociedad. Por ejemplo, el tema de la legislación sobre el consumo legal de estupefacientes y el matrimonio y adopción de hijos entre homosexuales. A ello se agrega el asunto relativo a los inmigrantes, cuyo número es considerado por muchos holandeses como "más allá de lo aceptable". Pero también está presente en este voto la sanción por la acción de la UE cuyas medidas y decisiones han perjudicado a los asalariados. En efecto, desde la adopción del euro, se registró un alza de precios generalizada que no conllevó un aumento de salarios. En el horizonte, los electores también avizoran el espectro de la eventual adhesión de Turquía a la UE, temor acentuado por la ausencia de delimitación geográfica del espacio europeo.
El ingreso, en mayo de 2004, de nuevos países del Este -Eslovenia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Estonia, Lituania y Estonia- sin consulta popular en los otros Estados europeos, es otro motivo que explica el rechazo al Tratado. La UE aportará más de 25 mil millones de euros durante el período 2004-2006 a título de "fondos estructurales", para que dichas naciones puedan disminuir la diferencia de nivel de vida con sus pares occidentales. Mientras ello no ocurra, se mantendrá el desnivel con el consiguiente poder de atracción para las empresas occidentales deseosas de instalarse en el Este.
Para muchos franceses, la adhesión a la UE de los países del Este, sin haberlos consultado por vía referendaria, ha significado un pésimo negocio. La UE les ha acordado miles de millones de euros en "fondos estructurales", y, como en el caso de Polonia, ésta no ha tenido empacho en comprar una flota de aviones F-16 a Estados Unidos, en lugar de optar por las empresas europeas Grippen o Dassault. Para EE.UU. constituye un negocio redondo desde el punto de vista económico y político, puesto que a su caballo de Troya inglés, se le agregan ahora sus caballitos de Troya del Este europeo -que han pasado de la órbita de la ex URSS a la órbita de Washington- y lo secundan en todas sus aventuras guerreristas.
El modelo social francés resiste, a pesar de la embestida del liberalismo propugnada por los países anglosajones con Tony Blair a la cabeza. El papel que ha tenido el Estado en Francia desde 1945 se ha expresado en una especial preocupación por la protección social, la educación y salud gratuitas, el transporte público y las industrias energéticas. A pesar de los procesos de privatización y de desmantelamiento de empresas estatales, dicho modelo goza de buena reputación entre los franceses.
El tinglado construido a espaldas de los pueblos se está viniendo abajo gracias a la acción decidida de los ciudadanos. En esa perspectiva, el pueblo francés, heredero de combates memorables, ha mostrado una vez más el rumbo. Ante la demanda de dimisión a su cargo y de disolución de un Parlamento carente de representatividad, el presidente Chirac ha contestado con una faramalla que ha conseguido exasperar a los pocos partidarios que le quedan: ha procedido a nombrar un nuevo gabinete, designando a Dominique de Villepin como primer ministro. Se considera que tiene una visión "gaullista" y además goza de prestigio por su acción en la arena internacional. Pero a la vez Chirac ha incluido en el gabinete al ultraliberal Nicolás Sarkozy, que sin tapujos propugna un modelo neoliberal
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