Desarrollo con ejército privado

«A esta región se ha acusado siempre de ser encubridora de bandoleros. Pero resulta ilógico que por esta causa haya ahora tanta persecución, cuando las primeras autoridades del orden público transitaron por aquellos senderos de brazo con el señor Desquite y tuvieron la oportunidad de grabar su voz. Los más eminentes comerciantes y aún religiosos tuvieron contacto con las gentes en armas, a ciencia y conciencia de la fuerza pública. Entonces por qué hoy se juzga, incluso por sujetos que han pertenecido a esas fuerzas armadas del monte, a los pobres y humildes campesinos que están sometidos a la intempestiva visita de los unos y de los otros» [1].

En los últimos años, como en las peores épocas de la violencia de los años 50 y 60, el norte del Tolima, vive de manera callada una tragedia de muerte y recurrente violación de derechos humanos, asociada al conflicto armado interno. Sin embargo, estos hechos más que referidos a la confrontación militar en la subregión, se relacionan de manera directa con la dinámica económica y política generada en el Eje cafetero, en función de la diversificación productiva y la superación de su crisis económica agro exportadora. Se asocia, de igual manera, con el impulso de nuevas formas de aprovechamiento de recursos naturales y la tierra en el marco de la Nueva Ruralidad, donde el mercado verde en general y el ecoturismo en particular son algunas de las líneas de inversión consolidadas en los últimos años en el Eje cafetero, proyectando su implementación en la provincia de los Nevados (norte del Tolima). Se asocia además, con éste fenómeno, la prospección biológica, la biotecnología y la apropiación privada de las denominadas «fábricas de agua».

Este proceso de inversión y diversificación económica agenciado por organizaciones gremiales como la Federación Nacional de Cafeteros, empresas privadas e instancias gubernamentales como alternativas a la crisis cafetera, se basa en ofrecer y garantizar condiciones de seguridad para la inversión del capital (nacional y multinacional) en la región [2], permitiendo la consolidación de un cinturón de seguridad regional que facilite la movilidad de inversionistas y el flujo de consumidores que demandan los diversos servicios (ambientales en su mayoría).

El norte del Tolima, caracterizado a lo largo de su historia como una zona de inestabilidad política –fruto de la movilización de las comunidades rurales–, significaría una amenaza para la seguridad de la región cafetera, pero a la vez para la implementación de las políticas nacionales y regionales de reconversión productiva, garantizadas a partir de la Seguridad Democrática. Si bien esta región ha contado históricamente con procesos productivos ligados a la economía cafetera, la crisis de la última década profundizó necesidades en las comunidades rurales y urbanas, derivando en manifestaciones de protesta como último mecanismo para su satisfacción.

Por otra parte, en la subregión hacen presencia frentes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Igualmente permanecen en la zona la VI Brigada del Ejército Nacional, con el Batallón Patriotas y una Brigada Móvil Contraguerrilla. En los últimos años, se incrementó la presencia de unidades paramilitares tanto en el norte del Tolima como en el Eje cafetero, pertenecientes al bloque Tolima, las Autodefensas del Eje cafetero, el Bloque Calima y las Autodefensas del Magdalena Medio. La coincidencia espacial y geográfica de unidades guerrilleras, paramilitares y del ejército estatal, han generado confrontaciones militares contribuyendo a la inestabilidad política de la región y a la violación sistemática de los derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de asesinatos registrados en los últimos años involucran a personas civiles: jornaleros, campesinos, trabajadores y profesionales.

Como resultado de este proceso, entre 1999 y febrero de 2003 de los 1953 casos de violación a derechos humanos en el norte del Tolima, 80 víctimas perecieron por ejecución extrajudicial, 36 por desaparición forzada, 18 fueron desaparecidas y posteriormente asesinadas y 22 fueron víctimas de masacre. Esto sin contar las ejecuciones realizadas entre 2004 y lo que va del año 2006. Paradójicamente, entre 1994 y 1999 el Instituto de Medicina Legal de El Líbano registra apenas dos muertes por causa de la confrontación militar entre ejército y guerrilla.

La conclusión parece ser obvia: las condiciones de seguridad para la inversión de capital en la zona cafetera y en el norte del Tolima particularmente, más que estar brindadas por las fuerzas oficiales del Estado, parecieran ser garantizadas por unidades paramilitares las cuales convierten en objetivo militar a la población no combatiente. Mediante la generación de miedo y terror y a través de la intimidación han logrado la «estabilidad de la región».

Producción económica y diversificación productiva

El Eje cafetero se proyecta desde hace varios años como una dinámica región, con el potencial para convertirse en el centro industrial y comercial de Colombia. Su ubicación privilegiada entre Bogotá, Cali y Medellín, lo convierten en un punto de encuentro para los inversionistas2 En la actualidad se destacan en el norte del Tolima inversionistas italianos quienes, a parte de adquirir predios, impulsan la construcción de hoteles y circuitos turísticos hacia el Parque de los Nevados. [3].

“Entre sus fortalezas se encuentra ser una de las zonas con mayor cubrimiento de servicios públicos en el país. Está ubicada en la mitad del eje industrial Medellín, Cali, Bogotá. Hay unión regional. Los sectores privado y público de los tres departamentos saben trabajar en llave. Manizales es un destacado centro de investigación y universitario, con cerca de 25.000 estudiantes en 7 universidades. Las condiciones de seguridad son superiores al promedio nacional. Ya esta adjudicada la instalación de la red de gas domiciliario. Alto potencial de recursos naturales. Si bien el café ha sido el producto central, la base productiva es diversificada, incluyendo industria y comercio” [4]. Así mismo, los departamentos de Caldas y Risaralda, cuentan con potencialidades productivas, atractivas para la inversión.

“Caldas y Risaralda son fuertes en manufactura mientras la ventaja del Quindio está en la agroindustria. Pereira se ha convertido en un nuevo centro manufacturero de prendas de vestir del país con abundante mano de obra calificada para este sector[…] En los tres departamentos se están desarrollando proyectos de explotación de caucho con la financiación de la Corporación Financiera de Caldas [5] financiero de la Federación Nacional de Cafeteros. La Organización Ardila Lülle contrató con el Comité de Cafeteros de Risaralda la siembra de 150 hectáreas de mora, y Alpina desarrolla 30 hectáreas del mismo cultivo en Caldas. Cordicafé ha sido una de las principales promotoras de la agroindustria, al financiar varios proyectos para siembra de cítricos –maracuya, naranja y mora– para empresas que producen jugos. [6].

En materia de ecoturismo, muchos son los adelantos en infraestructura y mercadeo para garantizar a los turistas una permanencia agradable en la región, constituyéndose este renglón en una de las principales fuentes de ingresos para las finanzas públicas de la zona como para los inversionistas privados. Hoy operan cerca de 400 fincas cafeteras con servicio de hospedaje lo cual confirma el gran potencial de ingresos de esta actividad, que puede atraer viajeros de Colombia y el exterior. El centro de turismo es el Parque Nacional del Café, en el Quindio [7]. Una trama de redes comerciales permitieron organizar y estructurar en los tres departamentos una oferta que posibilita a los visitantes acceder a toda la región en un sólo plan turístico, propiciando que en una sola semana puedan llegar entre 20.000 y 30.000 turistas. El aseguramiento militar generado sobre la vía Fresno - Manizales por parte de los paramilitares, garantiza el flujo permanente de los turistas.

Las políticas de desarrollo regional implementadas para enfrentar la crisis cafetera, impulsaron la conversión de la zona en una plataforma de exportación sobre la base de diversos proyectos y programas. Se cuentan entre estas las denominadas zonas de desarrollo tecnológico, para lo cual las ventajas comparativas en materia de educación y generación de conocimiento ofrecidas por Manizales [8], sumadas a la disponibilidad de mano de obra, las ‘condiciones de seguridad para la inversión de capital’ [9] y la ‘zona franca’ proyectada en La Tebaida, (además de otros megaproyectos), garantizan su realización.

De igual manera el norte del Tolima, y en particular la provincia de los Nevados, son potencialmente un centro turístico y vacacional que demanda la estabilización y despeje de la región para posibilitar la inversión de recursos económicos y la recomposición económica. Así mismo, se proyecta como una región para la provisión de agua, manejada bien por las multinacionales o por Aguas de Manizales.

La presencia del paramilitarismo, asociada a la inversión de capital privado posibilitan en gran medida estas dinámicas. Más allá de observar con estupor las cifras de violaciones a derechos humanos, o de hacer conjeturas que conduzcan dentro del discurso oficial al señalamiento de las comunidades rurales como auxiliadoras de la insurgencia, nos enfrentamos con un contexto en el que la reconfiguración productiva de las regiones a nivel nacional, se garantiza a partir de la generación de condiciones de seguridad, provistas la mayoría de las veces por ejércitos privados o con la utilización de la fuerza pública para fines particulares como ha sucedido con la fuerza militar colombiana al servicio de la Oxy, la BP o de Isa, en el departamento de Antioquia. En pocas palabras, el crecimiento del producto interno bruto y la estabilidad macroeconómica se consolida de manera directamente proporcional a la violación de los derechos humanos, una realidad que se vive de manera idéntica en otras muchas regiones del país.