Descalabro diplomático

El canciller mexicano Luis Ernesto Derbez Bautista fue candidato a la Secretaria General de la OEA.

Foto Ministerio de la presidencia México.

José Miguel Insulza ha sido electo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) por 31 votos a favor, dos abstenciones y un sufragio en contra. Así quedó plasmado el nuevo consenso regional hemisférico. Quienes habían pensado que esa posición debería ser para México se olvidaron de sopesar el nuevo equilibrio de fuerzas políticas y movimientos sociales que ha surgido en América Latina y el Caribe en los últimos cuatro años.

Como resultado de ese nuevo balance político hemisférico, el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez Bautista, quien apareció como el candidato del gobierno de EEUU, no pudo sumar el número suficiente de votos y por ello fue sacrificado. Esa decisión, que le abrió finalmente el paso a la elección de Insulza, la tomó el gobierno de Estados Unidos. La diplomacia mexicana mostró incapacidad y subordinación durante este proceso, lo que le impidió alcanzar a Derbez el apoyo necesario de la comunidad latinoamericana.

Algunos diplomáticos anticiparon que toda la aventura por alcanzar la secretaría general de la OEA terminaría en un gran fracaso personal para Luis Ernesto Derbez y en un descalabro diplomático para México. Lamentablemente tuvieron razón y las dos cosas se cumplieron, sin que sus costos políticos puedan ser considerados como un asunto totalmente concluido. De inmediato se hicieron escuchar las voces de diplomáticos de amplia experiencia y trayectoria, como Jorge Montaño y Gustavo Iruegas, pidiendo la salida del canciller Derbez por haber afectado la imagen internacional histórica de México con su fallida aspiración personal.

En realidad son muchas y muy graves las anomalías que están ocurriendo al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de ellas tendrá que ocuparse y preocuparse el canciller Derbez ahora que reasuma sus tareas. Por principio de cuentas, llaman la atención los ilegales nombramientos de embajadores de México que Derbez viene firmando a espaldas del Senado de la República, sin preocuparse por recabar la aprobación constitucional establecida en el artículo 76 de nuestra Carta Magna.

Tal es el caso de los acuerdos 765 y 766, ambos de fecha 3 de diciembre con efectos retroactivos al 28 de octubre de 2004, en los que Derbez ordenó a la Dirección General del Servicio Exterior y de Personal los ascensos de dos funcionarios carentes de idoneidad y de los requisitos profesionales para ocupar el cargo de embajadores, dándolos de alta en las respectivas plazas de embajadores, sin tener la aprobación del Senado. Se viola la Constitución con ese tipo de designaciones, aunque aleguen que como son embajadores que no saldrán al exterior por ello no se recabó la aprobación de los senadores.

Es una manera de eludir el trámite constitucional indispensable para la designación de embajadores de México el tratar de justificar que no están actuando a espaldas del Senado porque los designados son embajadores que no tendrán funciones acreditadas ante un gobierno extranjero o ante un organismo internacional, y que por ello fueron designados de manera administrativa, pero inconstitucional, mediante un ilegal acuerdo expedido por el canciller, sin la aprobación de los senadores, violando así la facultad senatorial exclusiva consagrada en el artículo 76, fracción segunda de la Carta Magna.

Si la diferencia de funciones en los embajadores designados fuera parte de la intención normativa de la Constitución federal en lo que se refiere a nombramientos hechos por el Ejecutivo, pero que están supeditados a la aprobación del Senado, tendríamos que imaginar el dislate de que cuando los coroneles y jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales no tengan comisión con mando de tropas en las comandancias militares, entonces de manera económica y sin el conocimiento del Senado podrían ser designados por el secretario de la Defensa Nacional y sin acuerdo expreso del Presidente de la República.

Obviamente, nuestras Fuerzas Armadas nunca han hecho semejante cosa y siempre han dado un ejemplo de cumplimiento exacto del mandato constitucional previsto en el artículo 76. Ahora solamente queda exigir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que corrija esas designaciones de embajadores que resultan antijurídicas y que sientan un grave precedente de inconstitucionalidad y de irregularidad administrativa en nuestra diplomacia.

Esa crisis de legalidad que se vive en la Secretaría de Relaciones Exteriores hará necesaria la intervención del Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación. Es asombroso que la dependencia que representa a nuestro país ante la comunidad de estados acumule tal número de irregularidades administrativas y de actos ilegales con un patrón de ejercicio inconstitucional de sus facultades.

El oportuno espíritu de civilidad y distensión política interna generado en los últimos días podría servir para que también la Secretaría de Relaciones Exteriores respete la Constitución.