Despiden a trabajadoras del Instituto de las Mujeres

El 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer– entrará en vigor la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal. En su artículo siete define que hay violencia laboral “cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima, a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y discriminación por condición de género”.

Obligado a vigilar que se cumpla la ley, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF) “violenta los derechos de sus trabajadoras”, denuncian exasesoras del órgano despedidas el 15 de enero. Elda Soto, Lilia Pérez, Gloria Hernández, Abigail Zúñiga, Claudia Alcántara, Dora Luz Pérez, Lucero Núñez y Lizbeth Robledo declaran que el hostigamiento laboral es una práctica cotidiana en la entidad presidida por Martha Lucía Micher. Las extrabajadoras presentaron una queja ante la Procuraduría Federal del Trabajo por “supuestas violaciones a sus derechos laborales”.

Al despedirlas, la directora de recursos humanos, Karla Cedillo, y el representante legal, Antonio Cabrera, adujeron que la decisión fue de la directora del Sistema de Unidades Delegacionales, Alma Romo, en común acuerdo con las coordinadoras.

“Dijeron –explican– que era producto de una evaluación, la que no nos presentaron ni nos explicaron con qué metodología se realizó, y que de ella se desprendió que no teníamos compromiso para continuar laborando con el proyecto del instituto”. Exponen que en ningún momento les dieron notificación de su situación laboral o los motivos reales del despido. “Quieren evaluar nuestro trabajo cuando no hay un lineamiento de cómo o qué se califica. No hay oportunidad de réplica y se hacen expedientes y notas informativas sin avisarnos”, indica una trabajadora en activo que pide omitir su nombre.

Les dieron dos opciones: recoger sus pertenencias o aceptar una quincena a cambio de firmar su renuncia “para eximir al Inmujeres de cualquier responsabilidad legal”, asientan en un comunicado. Ninguna firmó y se presentaron a sus unidades al siguiente día.

Las coordinadoras les impidieron el paso, y en algunos casos se usó a la policía. “El trato que se nos dio fue de criminales, puesto que sólo con estricta vigilancia policiaca pudimos pasar por nuestras cosas”, apuntan. Madres solteras y jefas de familia, las extrabajadoras dicen que es falaz el argumento de la baja disposición para el proyecto: “Hablamos de trabajadoras con hasta nueve años de antigüedad, entre las que se encuentran fundadoras del instituto, que incluso fueron solicitadas para capacitar al personal de nuevo ingreso”.

Diplomas y reconocimientos consignan el trabajo en el Inmujeres DF de abogadas, trabajadoras sociales y especialistas en género, quienes también diseñaron programas para el órgano descentralizado. Lizbeth Robledo –exasesora en el área de Equidad de la Infancia y la Juventud– grabó a su coordinadora asegurando que no entendía el motivo de su baja, pues “su única queja era su exceso de trabajo”.

El 25 de enero, en un comunicado, la titular del instituto sostiene que las exasesoras delegacionales tenían baja disposición para construir un nuevo modelo de atención a las mujeres. Al respecto, Dolores Rojas Rubio, asesora de Martha Lucía Micher, asegura que la posición de la directora es que si obstaculizan la labor del instituto, su salida debe ser apegada a derecho. Las extrabajadoras consideran que fueron despedidas por organizarse y ser críticas. Advierten que su lugar es ocupado por personal sin visión de género, pero que sí tiene relación con la directora. Llegan tarde, cancelan actividades y pretenden dar asesorías sólo con un folleto.

El desgaste

Con permiso de maternidad y un periodo vacacional, a la asesora jurídica de la unidad Tlalpan, Rocío Nolasco –único sostén en su familia–, le dejaron de pagar dos quincenas, sin notificación de por medio. Como a sus ocho compañeras, a ella también la llamaron aquel 15 de enero, pero no se presentó debido a la anuencia.

Asegura que desde noviembre vio amenazado su puesto, cuando en una junta de trabajo del área, de manera agresiva, Micher les dijo a las asesoras que su labor era mala y que no tenían compromiso. Rocío le expuso que se sentía violentada. La perredista contestó: “Yo te voy a ayudar a que tomes una decisión”. La abogada Nolasco teme que esa muestra de descontento devenga en despido.

Muestra los múltiples diplomas que ha recibido como ponente, moderadora e instructora. Uno, del propio instituto. Nolasco fue elegida para trabajar en la elaboración de la propuesta de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el DF. Ésta, dice, no incluyó el concepto de acoso moral o intimidación sicológica en el trabajo, sugerido por el grupo multidisciplinario. “En el instituto practican esas formas de violencia y no trabajan para que quienes laboramos ahí, gocemos de derechos”, considera Nolasco.

En comunicado del 25 de enero, el Sindicato Independiente de Trabajadoras del Inmujeres DF anota que las arbitrariedades se “originaron en el despido injustificado de otras empleadas en 2002, y en un acoso laboral que se manifiesta en cambios de adscripción para provocar la renuncia de quienes no son incondicionales de las autoridades del instituto”.

A través de un oficio firmado por la jefa de unidad departamental de Recursos Humanos y Financieros, el 2 de julio de 2007, Dora Luz Pérez, madre soltera de 50 años y exasesora de Equidad en la Infancia y la Juventud, fue enterada de que por “necesidades del servicio debía presentarse a laborar a Tlalpan”.

“Mi cambio –señala– fue una presión para desgastarme. En diversas ocasiones me advirtieron que me estuviera quieta, porque expresaba mis inconformidades”.

Añade que alguna vez se habló de contratar personal joven y despedir a las mayores. Indica que era recurrente que las vigilaran. Durante la presentación del Programa Estratégico 2008-2012, Micher señaló frente a las 360 trabajadoras del órgano que iba a aumentar la supervisión del trabajo para verificar que estuvieran cumpliendo con las metas.

Lucero Núñez, exasesora en Equidad en la Infancia y la Juventud, cuenta que en 2001 le solicitaron su renuncia por un desacuerdo personal con su coordinadora en Tlalpan; al negarse a firmar, fue reinstalada en Milpa Alta, destino que le costaba tres horas de trayecto. En 2002 fue trasladada a Coyoacán. Cinco años después fue adscrita nuevamente a Tlalpan. Hace seis años Lilia Pérez –exasesora en Desarrollo Económico y Trabajo– y otras trabajadoras también fueron rotadas: “Desbarataron nuestro grupo porque estábamos en contra de la violencia que ejercía nuestra coordinadora”. Pérez dice que en julio de 2007 la enviaron de Xochimilco a Iztacalco a ocupar el lugar de Araceli Cortés, secretaria general del Sindicato –quien a su vez fue enviada a Atzcapotzalco– por participar en la organización sindical y ser crítica.

Ella no aceptó el cambio y envió un oficio al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, para que intercediera porque su reubicación significaría un traslado de cuatro horas; sin embargo, se le negó la entrada a su lugar de trabajo. En el comunicado firmado por Martha Lucía Micher, se asegura que la exasesora nunca se presentó a la unidad asignada.

“Nos cambiaron porque denunciamos hostigamiento y abuso. La primera vez que pedimos audiencia, no se nos recibió; cómo pueden decir que están abiertos a los cambios, cuando no tienen oídos para las trabajadoras”, sostiene Cortés.

En 2005 el órgano firmó un acuerdo con las trabajadoras en el que se comprometía a basificar a todo el personal sin afectar su salario, mantener la plantilla laboral y que no habría despidos ni represalias. Sin embargo –apuntan las extrabajadoras– pasaron dos años para ser consideradas técnicas operativas de confianza, con lo que se les dio la base y se les redujo un tercio de su sueldo debido, según el instituto, a las prestaciones.

En el comunicado del Inmujeres DF del 25 de enero, la titular expresa que el cambio de régimen laboral fue “reivindicado por un sector importante de las trabajadoras como una lucha ganada”. Explica que la razón de los cambios fue debido a la necesidad de realizar ajustes y con el fin de atender solicitudes de las propias asesoras para ser readscritas.

Dolores Rojas Rubio justifica los cambios por salud del organismo: “Algunas compañeras no aceptaron dar ese salto cualitativo para ampliar el servicio”. No obstante, una asesora –que actualmente labora en el Inmujeres y que solicita el anonimato– expone que, aunque la explicación de su cambio fue que se requería más personal, atendía más mujeres en la delegación en la que estaba que en la actual: mientras en una daba 60 asesorías, ahora sólo da 20.

“Expresé mi desacuerdo porque se privilegiaba a una compañera que le hacía trabajo extra a mi coordinadora, y eso le daba facilidades como no asistir o tomarse más vacaciones”.

Abigail Zúñiga –exasesora jurídica– observa que la organización sindical motivó los cambios: “El primer año de Micher fue de desgaste para irnos, pero seguíamos creyendo en el proyecto y resistimos”.

Objetivos perdidos

Las extrabajadoras observan que el Inmujeres está perdiendo el espíritu de promover el ejercicio de los derechos de las mujeres y ejecutar políticas que construyan una cultura de equidad. Por el contrario, advierten, con la dedicación prestada a actividades externas y a la entrega de mastografías, el organismo se precipita a ser instrumento político.

Como deber, las consejeras están ahí cuando se requiere entregar placas, vales de útiles y uniformes escolares, cupones para leche, si hay que auxiliar en los sábados de Ciclotón o pintar guarniciones en las Caravanas de Limpieza.

Lilia Pérez –quien laboró nueve años para el instituto– opina que con Micher aumentaron este tipo de tareas. “Parece que sólo somos personal para esos programas”. Rocío Nolasco señala que están contratadas para dar servicios profesionales, no para pintar banquetas.

Asesora de la directora del Inmujeres, Dolores Rojas Rubio sostiene que la obligación de una funcionaria es acudir cuando la ciudadanía requiere sus servicios: “¿Para qué se es una servidora pública sino para trabajar para lo que el gobierno necesita poner en marcha?”.

En tanto, se habla de desaparecer áreas como Construcción de Cultura Ciudadana, Desarrollo Económico y Trabajo, y Equidad en la Infancia y la Juventud, mientras proyectos como “Hasta que el amor nos separe” y “Compartiendo Caminos” –diseñados por las asesoras del órgano– se entregan a otras dependencias.

El objetivo de “Hasta que el amor nos separe” era la formación prematrimonial de familias. La abogada Abigail Zúñiga dice que fue seleccionada para realizar el manual de operación del programa durante cuatro meses hasta que finalmente se cedió al Registro Civil.

Ese futuro se entreve para “Compartiendo Caminos”, de Equidad en la Infancia y la Juventud, proyecto que podría depender de la Secretaría de Educación Pública. Lizbeth Robledo –quien trabajó en el área por siete años– señala que se les instruyó para ya no realizar actividades con primarias, pese a que el programa promueve entre los niños la igualdad de género y la prevención del maltrato y el abuso sexual.

“Pocas instituciones tienen esta área preventiva. No darle la importancia que merece es una visión corta porque si no orientas a las mujeres desde que son niñas a establecer relaciones de equidad, ellas vendrán en un futuro a pedir ayuda”, advierte Lucero Núñez. Agrega que los proyectos “Amor es sin Violencia” y “Hombres y Mujeres en la Equidad” podrían pasar al Instituto Mexicano de la Juventud.

Al respecto, Rojas Rubio aclara que, con la entrada en vigor de la ley para una vida libre de violencia, el objetivo del instituto es incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas de gobierno, como el programa Viajemos Seguras, el diseño de un presupuesto con perspectiva de género, la interrupción legal del embarazo y el Programa de Atención Integral al Cáncer de Mama.

Según el instituto, entre marzo de 2005 y febrero de 2006 se realizaron 47 mil 272 mastografías relacionadas con el último programa. Araceli Cortés, secretaria del Sindicato Independiente de Trabajadoras del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, opina que para la dependencia cada estudio es un voto.

“A las usuarias del programa se les pide su número de credencial de elector para afiliarlas a la campaña del PRD. Incluso a las coordinadoras de cada delegación se les requirió adherirse y que cubrieran determinado número de afiliados para continuar trabajando en el instituto”, revela una asesora que pide omitir su nombre.

Describe que no hay una meta sobre entrega de mastografías y aún así deben interrumpir su labor para la campaña. Señala que los estudios no se realizan con el mismo rigor que hace algunos meses y no se les avisa anticipadamente a las mujeres que sí están en riesgo de desarrollar cáncer.

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 1a quincena Marzo de 2008 | Año 5 | No. 97