Desplazamiento, promesas, deslizamientos

El sector de Potosí del barrio Jerusalén en Ciudad Bolívar en Bogotá, resume esta triple tragedia. Construido por miles de desplazados provenientes de diferentes regiones del país, y del desplazamiento interno que vive la misma Bogotá, no es visitado por los políticos sino cada que hay elecciones, y cuando llueve con intensidad las tragedias no faltan: de los 2500 predios que componen el barrio Potosí, 58 familias sufren las consecuencias de los deslizamientos; 62 padecen por inundaciones de aguas lluvias; 43 permanecen habitando en zonas de ronda, y 13 continúan en zonas ilegales por la ausencia de su incorporación en los planos del Distrito. Las restantes sobrellevan la pobreza sin dejar totalmente a un lado el dejo lejano de las promesas de cada campaña electoral. Por lo pronto el invierno les recuerda que deben profundizar la solidaridad y la unidad con sus vecinos de barrio.

Del dicho al hecho

En el artículo 82 del Decreto 619 de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito Capital, define las zonas prioritarias sujetas a análisis de riesgo en Bogotá, para lo cual la Dirección de Prevención y Atención de Emergencia (DPAE) complementa progresivamente los estudios para mantener actualizada la información que permita definir y adelantar acciones para la mitigación de riesgo en zonas identificadas como de “Riesgo de Remoción en Masa”.

El avance del DPAE en esta labor es notoriamente bajo. De acuerdo a sus funcionarios “la ausencia de recursos impide más acciones”, por lo cual ante el drama de los deslizamiento o ante la necesidad de reubicación de las familias, lo único que hace es ordenarles abandonar sus viviendas. Pero la incapacidad no tiene límite, sino la familia no accede a desocupar su techo, les hace firmar una acta donde renuncian a cualquier reclamación posterior en caso de pérdida de vidas humanas. Por ninguna parte se le presenta alternativa alguna de solución que permita una vivienda digna. Sin embargo la DPAE se ufana de sostener 700 familias en arriendo mientras son reubicadas, sin comentar que el valor de los mismos no supera los $100.000.oo mensuales, en últimas se traslada el hacinamiento de 700 familias mientras esperan su incierta reubicación.

Se ha dicho que la CVP es la entidad coordinadora del Programa de Mejoramiento Integral de barrios, conforme a lo dispuesto en el Decreto 124 de 2002, del cual hace parte el subprograma de reasentamiento. Que la CVP es la entidad encargada de otorgar el Valor Único de Reconocimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 094 de abril de 2003, instrumento económico que posibilita el reasentamiento de las familias de estratos 1 y 2 asentadas en predios declarados como de alto riesgo no mitigable.

Que en virtud de los principios de eficacia, economía y celeridad que rigen las actuaciones administrativas, se determinaron las funciones del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias y de la CVP para la ejecución del programa de reasentamiento.

Una cosa manda la norma, otra cosa confirma la realidad. Recientemente la Contraloría de Bogotá envió un control de advertencia al Alcalde Mayor de la ciudad, con el objetivo de que se tomen las acciones pertinentes para garantizar que los hogares reubicados por la CVP, dentro de su programa de reasentamiento de población localizada en zonas de alto riesgo no mitigable, tengan una vivienda digna.

Señala el informe: “La alerta la generó el Organismo de Control luego de constatar, mediante visitas técnicas, la situación denunciada por la ciudadanía , en la que 24 familias fueron reubicadas en alternativas habitacionales inadecuadas e insalubres, a pesar de que la CVP contaba con más de 229 millones de pesos para este cometido.”

Precisa en su informe la Contraloría de la ciudad:

  Seis de estas familias se encuentran viviendo en sitios que no cuentan con baños y las paredes son forradas en plástico y cartón para mitigar el frío.
  Ocho familias más fueron ubicadas en viviendas que no tienen acceso a servicios sanitarios ni conexión a servicios públicos. Algunas de ellas por sus propios medios lograron hacer habitables las mismas y otras debieron esperar 17 meses para que la CVP realizara los trabajos respectivos.
  Los 10 hogares restantes no están ocupando el sitio de reubicación que les proporcionó la Caja, pues existen nueve lotes sin ninguna construcción y una casa desocupada por no tener las condiciones de habitabilidad. No obstante, en la base de datos de la CVP aparecen registrados como procesos culminados

La CVP destinó entre los años 2003 y 2005, más de 3.900 millones de pesos para llevar a cabo 304 traslados, lo establecido indica que la CVP no cumple con las normas nacionales e internacionales que definen la reubicación de familias, pues las soluciones dadas no son seguras, salubres, ni económicamente sostenibles.

Así, a la incapacidad de la DPAE se suma la evidente corrupción de la CVP, pues nada explica que cada traslado haya tenido un costo de 129 millones de pesos, a lo que suma la ausencia de gestión por el abandono de normatividad existente emanada de los decretos reglamentarios del POT.

Si esto no es apología a la proliferación de los asentamientos ilegales, demagogia multiplicada, irrespeto de los derechos ciudadanos, y ausencia de voluntad política en la superación de la tragedia humana que constituyen los deslizamientos y la vivienda en zonas de riesgo, por las entidades del Distrito Capital, entonces ¿cómo se denomina?