El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de las pasteras se agudiza y amenaza con una crisis regional. El abrazo en Santiago de Chile entre los presidentes Kirchner y Vázquez parecía un principio de solución, pero por diversos motivos se frustró. Las multinacionales se aprovechan de las necesidades de la periferia y la desesperación no es un buen consejero.
Es frecuente la tensión que se genera entre la instalación de empresas que crean empleo, pero contaminan; y la visión que supera el cortoplacismo y se plantea qué tipo de desarrollo estratégico le conviene al país. Pero es falsa la antinomia que se le intenta plantear a la clase obrera entre elegir tener trabajo y contaminación, o desempleo y pobreza. Morirse de hambre hoy o mañana por un cáncer. Esto se intensificó en el Tercer Mundo, donde el drama de la miseria y la marginación se agudizó en las últimas tres décadas. La tendencia actual es que los países centrales comenzaron a construir en la periferia las fábricas de sus industrias que más polución irradian.
Hace más de 15 años que organismos financieros internacionales brindan créditos blandos para la forestación de Uruguay con una especie foránea, proveniente de Oceanía: el eucalipto. De ese árbol se obtiene el insumo fundamental para la producción de la pasta celulósica. Las fábricas que la producen lo hacen mediante el capital intensivo, es decir, grandes inversiones para producir grandes cantidades con baja demanda de empleo. Por esto, la producción de pasta celulósica se localiza principalmente en países o regiones con baja densidad de población y grandes extensiones territoriales para la forestación.
Las empresas europeas encuentran enormes ventajas comparativas para instalar sus fábricas en Sudamerica. Botnia, una de las compañías que edificará una planta de celulosa en Fray Bentos, se beneficiará con impresionantes tasas de ganancias gracias a la posibilidad de utilizar tecnologías más baratas, que demandan un 20 por ciento menos de inversión, como consecuencia de la inexistencia o endeble legislación ecológica del Uruguay. Otro gran “atractivo” para la empresa, es que en Finlandia, los operarios perciben un salario de 4000 euros mensuales (unos 4800 dólares, equivalente a 14.500 pesos aproximadamente). No es lo que van a cobrar los obreros en Uruguay por la misma labor.
Las plantas celulósicas que se están comenzando a construir en Fray Bentos blanquearán la pasta con el sistema “Libre de Cloro Elemental” o parcialmente exento de cloro. En los países centrales hay fábricas que todavía utilizan este sistema, pero se prohibió la instalación con esa tecnología.
Además, Botnia produciría 1.000.000 de toneladas de pasta de celulosa, mientras Ence, que en principio iba a fabricar 500.000, ahora analiza igualar a la compañía finlandesa. Esta cantidad de pasta producida en un perímetro tan exiguo no tiene precedentes y es varias veces mayor a lo que se fabrica en toda la Argentina. La mayoría del pueblo uruguayo apoya la instalación de las plantas celulósicas. En primer lugar, porque tiene expectativas que generará muchos puestos de trabajo en un país en el que cientos de miles de jóvenes fueron expulsados por no tener un futuro digno; una inversión de 1.800 millones de dólares para Uruguay no tiene antecedentes en Sudamérica y es un porcentaje sumamente importante de su Producto Bruto Interno. Y en segundo término, porque confían en su gobierno que sostiene que las plantas no contaminarán. El tema se ha convertido en una verdadera causa nacional. La lucha del pueblo de Gualeguaychú, resistiéndose a la instalación de las pasteras, es interpretado por el gobierno frenteamplista y gran parte de los uruguayos como una injerencia en sus asuntos internos.
La crisis en la relación entre Argentina y Uruguay no legitima que el gobierno del Frente Amplio amenace con firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que su presidente vocifere que el MERCOSUR, así, no sirve o solicite, como la derecha Argentina, que Kirchner desaloje a los vecinos de Gualeguaychú que cortan las rutas. Tabaré Vázquez acusa que Argentina no cumple con los acuerdos del MERCOSUR sobre libre tránsito, mezclando y confundiendo lo que significa una decisión del Estado con un reclamo popular.
Uruguay protesta porque los cortes de rutas internacionales le proporciona un grave perjuicio económico por la disminución de visitantes argentinos, siendo el turismo uno de los ingresos más importantes del país. Los ánimos se van exaltando y aparece el peligro del chauvinismo.
El biólogo español Antón Masa, presidente de la Asociación en Defensa de las Rias de Galicia, alertó sobre los efectos contaminantes que la empresa Ence produjo en Pontevedra. Aseguró que la polución alcanzaría las dos orillas del río Uruguay, dañándolo gravemente. Esto traería problemas de salud a la población y heriría de muerte a la producción agrícola y a la industria del turismo.
El gobierno uruguayo se niega a la realización de un estudio sobre el impacto ambiental que provocarían las plantas celulósicas por una institución científica neutral. El del Banco Mundial, es absolutamente parcial por los intereses económicos que tiene el organismo financiero internacional como ideólogo y prestamista del proyecto.
Por otra parte, es absolutamente cierto que en Argentina hay empresas contaminantes, específicamente papeleras como la que se encuentra en Misiones y pertenece a Pérez Companc.
El 11 de marzo, horas antes de la asunción de Michelle Bachelet, Kirchner y Vázquez tuvieron una breve pero fructífera reunión en Santiago de Chile que finalizó en un abrazo. Parecía que se abría una posibilidad para encauzar el conflicto. Pero la oposición uruguaya criticó agriamente a su presidente: el impresentable representante de la derecha oriental Jorge Batlle, denunció que Vázquez había traicionado a su pueblo. Además, Botnia y Ence se negaron a paralizar las obras por 90 días y la esperada reunión bilateral entre los dos presidentes se frustró.
Condición fundamental hasta que se expida una comisión neutral sobre el asunto. A partir de ese veredicto, los dos países deben exigir a las fábricas que sólo podrán hacerlo con tecnología no contaminante y que exista un ente permanente de control.
Con cada día que pasa, la tensión aumenta y el problema se complica. Uruguay quiere recurrir al MERCOSUR, pero al mismo tiempo lo descalifica y su ministro de Trabajo no concurre a una reunión con sus pares en Buenos Aires. En tanto, Argentina apelará al Tribunal Internacional de La Haya.
En las últimas semanas, se conoció la noticia que el Banco Mundial congeló el crédito destinado a la construcción de Botnia, el banco ING Group desistió de otorgarle un préstamo y una importante compañía se negó a brindarle una poliza de seguro al Estado español por el préstamo que le otorgó a ENCE. Pero al mismo tiempo, la Unión Europea rerspalda a Botnia y una ministra finlandesa que va a realizar una visita oficial por la región, desiste de venir a Buenos Aires por temor a no ser bienvenida. Frente a esto, todos los comunicadores voceros del poder económico agitan el fantasma del aislamiento.
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