Cada día más evidencias de la descomposición del poder político mexicano frente al narcotráfico, el cual se beneficia o se ampara en las estructuras gubernamentales para su expansión. México un narco-estado.
El narco-estado mexicano, inaugurado en el gobierno del «nacionalista» Lázaro Cárdenas, se ha definido sin pudor bajo la administración del PAN como el intermediario oficial de los cárteles de la droga, incluyendo a la mafia rusa, con el mercado y la mafia norteamericana. La reciente designación de Miguel Angel Yunes es reveladora del involucramiento de la clase política mexicana con el narcotráfico, protegida a la vez por la mafia rusa incrustada en el PAN y por egresados conspicuos de la Escuela Libre de Derecho.
El presidente Fox escupe hacia arriba cuando afirma que el fenómeno del narcotráfico fue «menospreciado y solapado por regímenes anteriores». Y escupe hacia arriba por dos razones elementales: Es cierto, la narcopolítica no nace con los gobiernos panistas, sino durante la dictadura priísta, pero con el PAN en el poder el fenómeno se ha incrementado desmesuradamente.
Un ejemplo más: Su flamante subsecretario de Seguridad Pública federal, Miguel Angel Yunes Linares, cuando fungió como subsecretario de gobierno en la administración del priísta Patricio Chirinos protegió y se beneficio del narcotráfico. Un testigo protegido acusa al ahora funcionario de la administración panista de haber recibido 12 millones de dólares del narcotraficante Albino Quintero Meraz, detenido en el estado de Veracruz Boca del Río, donde por cierto posee una residencia el segundo hombre en la SSP federal que dirige Martín Huerta.
Es decir, el Vaquero Fox se equivoco al nombrar a Yunes Linares, es decir pusieron al lobo a cuidar a las gallinas. Así de sencillo. Pero también, sin lugar a dudas, el narcotráfico ha crecido desmesuradamente con los gobiernos panistas en Chihuahua con Francisco Barrio(¿presidenciable?), Ernesto Rufo Apell en Baja California, por sólo nombrar a los más destacados.
Tampoco podemos olvidar que durante la gestión del panista Antonio Lozano Gracia como procurador general de la República en la administración de Ernesto Zedillo, las plazas de comandante en el norte de la República se vendieron al mejor postor y durante esa época se protegió a varios carteles de la droga como fueron Los Arellano Félix, Sinaloa y el de Juárez.
Inclusive, al actual subsecretario de Gobernación Armando Salina Torre se le acuso de operar esta venta de plazas al narco, en su calidad de secretario particular de Lozano Gracia. Por cierto, este oscuro personaje del panismo llegó a la PGR al amparo del traficante de influencias Diego Fernández de Cevallos, al hacerse un lado cuando compitió con Zedillo por la Presidencia de la República.
Otra vez, al lobo lo pusieron a cuidar a las gallinas. Es decir, la iglesia en manos de lutero. ¿Cuántos narcos fueron protegidos o fueron excarcelados a cambio de millones de dólares?
Por consiguiente, no entraña novedad alguna la información de que el narcotráfico se infiltró en la residencia presidencial de Los Pinos con Fox, toda vez que también ha penetrado en las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y, más recientemente, en la Secretaría de Seguridad Pública federal con todo y titulares. Primero Alejandro Gertz Manero y en la actualidad Martín Huerta.
Consultados por Tinta Negra, especialistas en Inteligencia advierten que para describir los vínculos de los barones de la droga con el poder político son insuficientes las conceptualizaciones de narcopanismo o narcopriismo, porque en la actualidad impera una auténtica narcodemocracia mexicana.
Se trata, de manera casi idéntica a como sucedió en el salinato, del afianzamiento del narco-Estado. Desde 2001, el influyente Observatorio Geopolítico de las Drogas con sede en París ha revelado, en un exhaustivo informe, que en el transcurso de los gobiernos tecnocráticos, México se constituyó en una narcodemocracia.
Entre más de 80 países analizados por el organismo, a México se le dedica el mayor espacio en el documento, en el cual se advierte, sin eufemismos, que en tan sólo una década en la República se apuntaló a una nueva aristocracia mafiosa.
El caso más significativo de este fenómeno, que convierte a México en otro Colombia, ocurrió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En ese periodo, su hermano Raúl —recluido en el penal de Almoloyita acusado de ser el probable asesino intelectual de su excuñado Francisco Ruiz Massieu— desde la cúspide del poder protegió a varias organizaciones criminales.
El hermano incómodo estaba vinculado, se afirma, con varios cárteles delictivos, entre otros con el Del Golfo, dirigido por Juan García Ábrego; el de Juárez, cuyo jefe en esa época era Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos, y con el de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, cuyos sucesores en este momento combaten unos contra otros.
Héctor A. González, autor de este artículo, firma todos los días la columna Tinta negra en el diario Ovaciones, de la ciudad de México. Es el director de la revista Bajo Palabra.
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