EE.UU. violenta soberanía ecuatoriana a través de ONG

Una investigación del quincenario Opción (Ecuador) sobre el origen y el papel que cumplen algunas ONG en el país ha desencadenado una debate intenso sobre el tema. Diarios de gran circulación hablan de que es necesario auditar el orígen de los fondos que reciben estas ONG.

La Comunidad Europea y varias fundaciones belgas habrían sido las primeras instituciones que apoyaron a la Corporación Participación Ciudadana (PC) para que aparezca en la palestra política ecuatoriana como la organización representante de los ciudadanos y la auténtica defensora de la frágil «democracia» en el Ecuador.

Hoy, su principal fuente de financiamiento económico es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), conocida internacionalmente como la principal ONG extranjera que defiende los intereses de Washigton en el mundo.

PC (Participación Ciudadana) fue constituida con personería jurídica de derecho privado y sin fines de lucro el 12 de julio de 2002, mediante acuerdo ministerial Nro 01068 en el Ministerio de Bienestar Social, justo dos meses antes de las elecciones presidenciales ecuatorianas, con el objetivo de «fortalecer, promover y buscar el liderazgo democrático».

A esta empresa lo que menos le importa es generar ganancias económicas, pues su principal objetivo es crear aparatos ideológicos que fortalezcan la política norteamericana en nuestro país, y para ello, en menos de un año la USAID aprobó un financiamiento de dos millones 374.397 dólares, que deben destinarse a este propósito.

Según la empresa auditora Deloitte & Touche Tohmatsu, que realizó la revisión de Estados Financieros de PC entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2003, PC y la USAID aprueban el convenio con el proipósito de «apoyar los objetivos de la democracia de los Estados Unidos en el Ecuador y ayudar a consolidar la ONG Corporación Participación Ciudadana, lo cual desempeña un papel importante en asegurar libertad y justicia en las elecciones generales en el Ecuador».

Así mismo sostiene que: «el costo del programa es de 2’374,397 dólares, con una asignación inicial de 314,500 y una contribución de contraparte equivalente al 18% del costo total del programa, es decir, 428 967 dólares. El plazo de ejecución aprobado es 30 meses, desde el 1 de abril del 2003 al 30 de septiembre del 2005. La contribución de contraparte incluye contribuciones en ‘especie’, tales como personal de la Corporación que trabaja en actividades de apoyo técnico, equipo de oficina, apoyo logístico y arriendo de locales».

La justificación de los recursos recibidos es lo que ha llevado a esta ONG a realizar campañas ridículas pero ampliamente promovidas por los medios de comunicación, como la de la puntualidad y la del control del gasto electoral, como si estos aspectos fueran causas esenciales de los problemas del sistema en el Ecuador.

Ahora, luego de los sucesos políticos ocurridos en el Congreso en diciembre del año pasado, en los que se dio la reestructuración de los tribunales Constitucional, Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, a través de una mayoría parlamentaria que excluye al derechista Partido Social Cristiano (PSC) y a la Izquierda Democrática (ID) -quienes controlaban a los jueces y magistrados de los tribunales reestructurados-, PC encontró su oportunidad para desarrollar con más fuerza todo el discurso que inspira a la USAID, como la defensa de la democracia, el apoyo a reformas que permitan mejores condiciones en la justicia, etc.

En esta campaña ha invertido una cantidad de esos recursos entregados por los EE.UU., pero no se conoce exactamente el monto. En algunas declaraciones, Montúfar ha dicho que solo para hojas volantes había gastado alrededor de 1 000 dólares.

Montúfar y su organización «participaron en la denominada «Marcha Blanca», en la ciudad de Guayaquil, que fue convocada por el líder del PSC, Jaime Nebot, y en Quito, fue uno de quienes encabezó la organización de la «Marcha por la Democracia», convocada por la ID.

Simón Jaramillo: «Hay otras fundaciones que también reciben dinero de la USAID»

Simón Jaramillo, técnico del Área de Compromiso Democrático de Participación Ciudadana, en una entrevista con OPCIÓN, confirmó que esta organización sí recibe el financiamiento de la USAID, además señaló que existen otras instituciones como la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo y la Fundación Esquel, que también reciben fondos de esta ONG norteamericana.

«Entiendo que en años anteriores se tuvo (Participación Ciudadana) algún financiamiento de la Comunidad Europea y Fundaciones belgas. En este momento tenemos financiamiento de la USAID; son fundaciones norteamericanas que financian temas de democracia. Ellos financian instituciones tipo ONG’s en temas de democracia y algunos de justicia. Existen también fundaciones alemanas que financian a otras como CORDES, del doctor Osvaldo Hurtado, hay también la FLACSO, el ILDIS», sostuvo Jaramillo.

Asimismo, dijo que en la campaña por el control de la publicidad que realizó en el año 2002 «se arrendó un Sofware para vigilar la propaganda de los candidatos y que se logró comprarlo en cantidades bien costosas en el 2004 para tenerlo permanente. Nosotros tenemos un equipo técnico, que podemos denominar los empleados, que somos entre 13 y 14 personas en Quito y 3 o 4 personas en Guayaquil que somos los que armamos las estrategias y políticas, pero contamos con cerca de 3000 personas a nivel nacional».

Con estas declaraciones se podrá entender que son los empleados de Inteligencia Norteamericana, que junto a la USAID como ente de financiamiento económico, fomentan la intervención «democrática» en el Ecuador.

Sin embargo, no existe documentación pública de los recursos económicos que habrán recibido en el año anterior, pero es lógico entender que si en el año 2003, a un año de inaugurados, recibieron 559.075 dólares, les faltaría un promedio de 1’815.322 dólares para cumplir con los objetivos económico-ideológico de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la cantidad exacta de dólares que Participación Ciudadana puso para la «Marcha por Democracia» realizada en Quito el pasado 16 de febrero.

Ruptura de los 25: nuevos políticos con los mismos vínculos de poder

Los grandes medios de comunicación han brindado un amplio espacio para que grupos como “Ruptura de los 25” intenten influir en el pueblo ecuatoriano con supuestos principios de «defensa de la democracia». Son mostrados como una generación de jóvenes líderes que no están contaminados con las prácticas e intereses de la vieja «clase política».

Pero para desilusión de muchos el origen y los vínculos que este tipo de agrupaciones tienen, nos remiten a la misma trágica historia del poder en el Ecuador. Es así que, por ejemplo, Norman Wray, dirigente de esta organización, reconoce con orgullo sus vínculos con Alberto Wray, ex Asesor Jurídico del ex presidente, Jamil Mahuad, uno de los Gobiernos más corruptos de la historia ecuatoriana. «Mi relación con él (Alberto Wray) es motivo de orgullo, porque es primo hermano mío», sostiene Norman. Pero, recordemos algunos hechos que dicen quién es Alberto Wray.

Este individuo fue uno de los juristas políticos vinculados a la Democracia Popular (DP), que junto Alexandra Vela (DP), León Roldos (PS-FA), Julio César Trujillo (Pachakutik) y otros representantes socialcristianos, integraron una comisión para intervenir en la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituida en diciembre pasado.

Esta comisión fue escogida por la Asamblea Nacional Constituyente, conformada en 1997 en el Gobierno interino de Fabián Alarcón a través de la Consulta Popular. Después de las negociaciones políticas del caso, estos individuos enviaron al Congreso Nacional una serie de carpetas para que se elija a los 31 jueces, con una mayoría controlada por la DP y el PSC; la famosa «aplanadora».

Fruto de esta acción, León Febres Cordero y su partido llegaron a tener una mayoría aplastante de jueces a su servicio en la Corte.

Por otro lado, según lo denunció mediante una llamada telefónica uno de los televidentes del programa «Este Lunes», de Jorge Ortiz, María Paula Romo, otra de las representes de los «Ruptura 25», tendría vinculaciones con los ex magistrados Arturo Donoso y Santiago Andrade, destituidos en diciembre pasado por el Congreso Nacional.

¿De dónde sale «Ruptura de los 25»?

Una coincidencia que llama la atención es que Norman Wray y María Paula Romo, dirigentes de «Ruptura de los 25», trabajan como consultores «democráticos» en la fundación Esquel, cuyo presidente es Jaime Mantilla, director de «Diario Hoy» de Quito, y uno de sus vocales es León Roldos, a quien ambos dirigentes aoyan en su propuesta de consulta popular en torno a la Corte.

La Fundación «Esquel», que fue constituida el 31 de agosto de 1990 en Quito, como una organización independiente, privada, no gubernamental y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es «contribuir al desarrollo humano sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de los pobres y la construcción de una sociedad democrática y solidaria en el Ecuador», recibe financiamiento proveniente de diversas organismos extranjeros como la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), Kellog Foundation, Cooperación Internacional y Compañeros de las Américas.

La primera, una de las agencias norteamericanas de inteligencia, que con el supuesto de ayuda humanitaria, ha financiado a aparatos ideológicos yanquis para contrarrestar la lucha de los pueblos en Latinoamérica y el Mundo. ¿Construcción de una Sociedad Democrática? ¿ecuatoriana o norteamericana?

Según información proporcionada por la misma fundación Esquel, 1’153.251 dólares le fueron entregados por la USAID en el año 2003, para el programa «Formación Ciudadana y Responsabilidad Social», justo a inicios de la conformación de «Ruptura de los 25», que según dicen sus integrantes, surgió en los pasillos en el Campus de la Universidad San Francisco de Quito.