Un oleoducto amenaza el territorio de tres pueblos indios en Ecuador. A pesar de que el gobierno de ese país se comprometió a no explotar el patrimonio de las comunidades originarias, en los hechos estaría dando pasos para el despojo del Parque Nacional Yasuní
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| Quito (Ecuador)
La Defensoría del Pueblo de Ecuador y organizaciones ecologistas investigan si en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní, hogar de dos pueblos en aislamiento voluntario, se realizan actividades petroleras.
La Constitución de Ecuador prohíbe explotar hidrocarburos en la zona, declarada intangible por la presencia de los pueblos indígenas tagaeri y taromenane, jamás integrados a la civilización occidental.
Se ha avanzado con la construcción del oleoducto que conectaría los campos actuales con la posible zona de explotación en el parque, dijo a IPS Esperanza Martínez, directora del proyecto Amazonía por la Vida Salvemos al Yasuní, que lleva adelante la organización no gubernamental Acción Ecológica.
Por contraste, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Germánico Pinto, dijo que el presidente Rafael Correa había aprobado los términos de un fideicomiso para financiar la decisión de dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra.
El Estado emitiría bonos con el compromiso de no extraer nunca ese petróleo, unos 850 millones de barriles de crudo pesado, y de proteger el Yasuní.
El fideicomiso reuniría contribuciones nacionales e internacionales que permitirían al país no explotar ese valioso recurso, lo que a su vez evitaría lanzar a la atmósfera unas 410 millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal de los gases que recalientan la atmósfera, según estimaciones del proyecto ambiental.
La iniciativa, planteada oficialmente por Correa en 2007, es alcanzar un fondo de 3 mil 500 millones de dólares, cercano a la mitad de lo que podría obtenerse explotando los hidrocarburos.
El petróleo se encuentra en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, ubicados parcialmente bajo el suelo de una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo que, de triunfar la tesis ambientalista, quedaría intocada, por lo que la iniciativa se conoce como Yasuní-ITT.
Pinto añadió que el fideicomiso se volverá a negociar con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la agencia a la que se busca encargar su administración.
Pero días atrás, la ministra del Ambiente, Marcela Aguinaga, reconoció que se está tramitando la licencia ambiental para explotar el yacimiento petrolero Armadillo, limítrofe de la zona protegida.
“Dar la licencia de explotación al campo Armadillo supone una amenaza real para los pueblos aislados que, se sabe por hechos dolorosos como el del sitio Los Reyes, están en la zona”, dijo Martínez.
Se refería a tres miembros de la familia Duche Zabala, cuyos cuerpos se encontraron atravesados por lanzas de madera el 10 de agosto del año anterior.
El Yasuní está enclavado en la Amazonía ecuatoriana, en las provincias orientales de Orellana y Pastaza. En sus 982 mil hectáreas se han descrito 1 mil 762 especies de árboles y arbustos; pero se estima que podría haber unas 2 mil 244, según Acción Ecológica.
Es uno de los sitios de mayor variedad de aves del mundo y viven allí casi 40 por ciento de todas las especies de mamíferos de la cuenca amazónica.
En 1979 fue declarado parque nacional, y en 1989 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo incorporó como reserva mundial de biósfera.
En 2006 fue delimitada una porción del parque como zona intangible. Allí, por su importancia cultural y biológica, no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva.
La Defensoría del Pueblo irá a inspeccionar si la construcción del oleoducto se adentra en el parque. “Ese crudo, que antes se dirigía a (la central de) Edén-Yuturi, ahora tiene una ruta de entrada hacia el norte del Yasuní”, dijo Martínez.
La razón sería que, para explotar en el futuro el crudo pesado del ITT, se requerirá mezclarlo con el crudo liviano de otro campo, Pañacocha, para así poder transportarlo.
El gobierno de Correa planteó desde el inicio una doble estrategia: un “plan B” en caso de que no prospere la iniciativa ambiental Yasuní-ITT para explotar el crudo.
En diciembre, ocho países europeos se alistaban a firmar en la cumbre climática de Copenhague el compromiso de aportar 1 mil 700 millones de dólares al fideicomiso que administraría el PNUD.
Pero Correa ordenó suspender la firma, y días después denunció que las condiciones del acuerdo eran un “atentado a la soberanía” de Ecuador.
La reacción presidencial provocó la renuncia en enero del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, y de la tercera Comisión Negociadora de la Iniciativa Yasuní-ITT, presidida por el empresario y ambientalista Roque Sevilla.
El parlamento de Alemania, uno de los países contribuyentes, manifestó su preocupación por ese giro drástico. Iguales mensajes llegaron de otras naciones y de la opinión pública ecuatoriana.
Esto llevó al gobierno a nombrar una nueva comisión, la cuarta, encabezada por el vicepresidente de la república, Lenin Moreno, y la exembajadora en Estados Unidos, Ivonne Baki.
Alberto Acosta, exministro de Petróleo y presidente de la Asamblea Constituyente, que se alejó del gobierno por diferencias en la política ambiental, cree que la iniciativa Yasuní-ITT sólo “marcha en su propio terreno, mientras que el plan ‘b’ avanza más rápido”.
Según Sevilla, si no se explota el crudo del ITT, se dejaría de invertir 3 mil 500 millones de dólares y “eso afectaría muchos intereses que están de por medio”, como el transporte en helicóptero, la “dotación de torres de perforación, bombas, lubricantes, asesoría jurídica y mucho más”.
La cifra se basa en el promedio de los costos de la explotación petrolera de los campos nuevos de la Amazonía, donde se requiere una intensa operación de helicópteros al no haber carreteras.
Pero “lo más grave”, dijo, es que sin el petróleo pesado del ITT no se justificaría la inversión de 12 mil 500 millones de dólares en la Refinería del Pacífico, un proyecto que impulsa Correa junto con su par venezolano Hugo Chávez, en la noroccidental provincia de Manabí. Sin embargo, Martínez cree que las condiciones han cambiado en los últimos tres años.
“Tenemos una nueva Constitución, la mayoría de asambleístas con posición pública a favor de la no explotación, y mucha gente cree que la prioridad es conservar el Yasuní”, dijo antes de partir hacia la Amazonía.
La decisión final compete al parlamento y podría incluso dirimirse en una consulta popular, prevista en la Constitución.
La idea original del fideicomiso era utilizar los intereses generados en programas ambientales, protección de los 41 parques nacionales, reforestación de 1 millón de hectáreas y generación de energía limpia (hidroeléctrica, solar, geotérmica y eólica).
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