Ecuador y México desafían a EEUU por el Tribunal Penal Internacional

Tercera Asamblea del TPI de los Estados miembros, La Haya 6-10 de septiembre de 2004. Foto cortesía Corte Penal Internacional.
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Para no quedarse definitivamente solo, sin aliados, EEUU modificó la llamada Ley ASPA y excluyó la ayuda militar de sus sanciones económicas contra los países que ratifiquen el TPI [conocido también como Corte Penal Internacional] sin suscribir el acuerdo de inmunidad para sus tropas. Pero Donald Rumsfeld le informó esta semana a su par chilena, la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, que si Chile ratifica el instrumento internacional verá afectado igual el financiamiento preferencial y la disponibilidad de material de excedente. [Nota del traductor] .

El 22 de junio de 2005, el presidente de Ecuador, Alfredo Palacios, pronunció una enfática negativa a firmar un BIA (también conocido como Acuerdo del Artículo 98 para el Estatuto de Roma del TPI), a pesar de la amenaza de Washington de retener 70 millones de dólares al año en ayuda militar.

México, que ya era signatario del Estatuto de Roma que estableció la corte en el 2000, ratificó formalmente el tratado el 28 de octubre de 2005, convirtiéndose en la nación Nº 100 que se adhirió al TPI. Como consecuencia de ratificar el TPI sin un acuerdo de inmunidad BIA para eventuales criminales de guerra de EEUU, México está condenado a perder millones de dólares en ayuda estadounidense, incluyendo 11,5 millones de dólares para la lucha contra el tráficos de drogas. El 29 de septiembre de 2005, el departamento de Estado informó que había afianzado unos 100 "acuerdos de inmunidad", aunque menos de un tercio se han ratificado.

"Nuestra última meta es concluir acuerdos del Artículo 98 con cada país del mundo, sin importar si han firmado o han ratificado el TPI y sin tener en cuenta que piensan a futuro", dijo John Bolton, ex subsecretario de Control de Armamentos, actual embajador de EEUU en Naciones Unidas y uno de los antagonistas más duros del TPI.

El boicot de EEUU lo hace perder aliados militares

Los esfuerzos estadounidenses por minar el TPI le golpearon los dientes –como un boomerang– en 2002, cuando el Congreso de EEUU adoptó el American Servicemembers’ Protection Act, ASPA (Ley de Protección de Miembros Americanos de Servicio) que contiene disposiciones para restringir la cooperación de EEUU con países signatarios del TPI, que afectan su apoyo a las misiones pacificadoras dependientes de la ONU por su afán de obtener impunidad para todo el personal de EEUU. El ASPA prohíbe la ayuda militar americana a los estados miembros del TPI que no hayan firmado un BIA.

La legislación, que –sin embargo– tiene alcances mucho mayores, fue firmada como ley por el presidente Bush en diciembre de 2004. La Enmienda Nethercutt autoriza la eliminación de los Fondos Económicos de Ayuda (ESF, en inglés) a los países que no hayan firmado un BIA, incluyendo a muchos aliados relevantes de EEUU.

Luis Moreno-Ocampo máximo procurador del TPI. Foto cortesía Corte Penal Internacional.
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Los efectos de la enmienda Nethercutt amenazan hoy, entre otros programas, los fondos para los esfuerzos de seguridad internacional y de contraterrorismo, los programas de los procesos de paz, las iniciativas anti-tráfico de drogas, las comisiones de verdad y reconciliación, la distribución de sillas de ruedas, los programas de derechos humanos, de desarrollo económico y democrático, y la educación sobre el Sida/HIV. La enmienda Nethercutt fue readaptada por el congreso de EEUU en noviembre 2005. [1]

A pesar de la severa presión de EEUU, 53 miembros del TPI han rechazado firmar los BIAs.

«Peligro amarillo»

Katherine Stapp afirmó que si Washington continua con las amenazas de reducir radicalmente la ayuda a los estados miembros del TPI, aumenta el riesgo de enajenar a los aliados prominentes de EEUU y de marcar la atención sobre su cada vez más inestable registro sobre derechos humanos. "Habrá un precio a pagar por el gobierno de EEUU en lo referente a su credibilidad", dijo a la agencia de noticias IPS Richard Dicker, director del Programa Internacional de Justicia en Resguardo de los Derechos Humanos. Pero la crítica a la línea dura de la administración Bush también proviene de sectores inesperados.

Atestiguando en marzo ante el Congreso, el general Bantz J. Craddock, comandante de las fuerzas militares de EEUU en América latina, se quejó de que las sanciones hayan excluido a oficiales latinoamericanos de los programas de entrenamiento de EEUU y podrían permitir llenar ese vacío a China, que ha estado buscando lazos castrenses con América Latina.

"Ahora arriesgamos perder el contacto y la inter-operabilidad con una generación de estratos militares de muchas naciones de la región, incluyendo a varios países importantes", dijo Craddock ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. Los expertos dicen que es particularmente notable que México, que vende 88 por ciento de sus exportaciones en el mercado norteamericano, esté desafiando la presión de Washington.

"Es exactamente debido a la proximidad geográfica y comercial entre México y Estados Unidos que la ratificación de México adquiere la mayor significación, poniendo de relieve cómo está aislado el gobierno de EEUU en su actitud hacia el TPI", le dijo Dicker a IPS.

Actualización de Katherine Stapp

Como indicó Amnistía Internacional, EEUU es la única nación en el mundo que se opone activamente al Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, cada vez aparecen más países resistiendo la presión para eximir a los nacionales estadounidenses de la jurisdicción de la corte. Desde la época de mi escritura, el número de "acuerdos bilaterales de inmunidad" –o BIAs– obtenidos por Washington ha seguido siendo igual: 100, pero solamente 21 han sido ratificados por los parlamentos, mientras que otros 18 se consideran "acuerdos ejecutivos" que presumiblemente no requieran ratificación. Solamente 13 estados parte del TPI (de 100) han ratificado BIAs con EEUU, mientras que otros 18 han entrado, según se informa, en acuerdos ejecutivos. En los últimos dos años, solamente 4 países de América Latina y el Caribe han firmado BIAs, también conocido como acuerdo del Artículo 98.

Algunas figuras clave en la administración Bush han expresado recientemente sus dudas respecto a la sabiduría de detener la ayuda a países amistosos que se niegan a firmar. En una sesión informativa, el 10 de marzo, la ministra de Relaciones Exteriores Condoleezza Rice comparó el BIAs a “algo parecido a dispararse en el pie. . . teniendo que aplazar la ayuda a países con quienes tenemos importantes acuerdos de contra-terrorismo o anti-drogas o en algunos casos, con algunos de nuestros aliados, afectando incluso la cooperación en lugares como Afganistán e Irak”.

Bantz Craddock, jefe del comando sur de EEUU, criticó verbalmente las sanciones ASPA en su testimonio ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso, el 16 de marzo, informando que 11 naciones latinoamericanas ahora están impedidas de recibir el entrenamiento y la educación militar internacional que cubrían los fondos. Esos países incluyen a Brasil, Bolivia, Ecuador y México.

“La declinación de nuestro compromiso abre la puerta a la competencia de naciones y agentes políticos del exterior que pueden no compartir nuestros principios democráticos para aumentar su interacción y su influencia dentro de la región", observó.

Apoyo al TPI entre ciudadanos de EEUU

Y en la Revista Informe Cuatrienal de Defensa 2006, publicada el 6 de febrero, el departamento de Defensa dijo que considerará si las restricciones de la ley ASPA en los "programas de asistencia al extranjero comprometidos para seguridad y guerra al terror hacen necesario un ajuste a medida que continuemos avanzando la puntería del ASPA".

Entretanto, una encuesta del 11 de mayo del Programa sobre Actitudes en Política Internacional de la Universidad de Maryland encontró que una mayoría del público adscrita a los dos partidos políticos del país (69 por ciento) cree que EEUU no debe otorgar excepciones especiales cuando se convierte en parte de tratados de derechos humanos. El 60 por ciento apoya explícitamente la participación de EEUU en el TPI.

México se ha mantenido firme en su negativa a firmar un BIA, mientras la cámara baja del parlamento mexicano indica que la inmunidad no está permitida bajo el Estatuto de Roma que establece el TPI. Como resultado, fueron congelados 3,6 millones de dólares en ayuda militar y otros Entrenamientos e Intercambios Militares Internacionales se redujeron a cero en los requerimientos planteados por la administración para el presupuesto 2007. El país también está listo para perder más de 11 millones de dólares del Fondo Económico de Ayuda (ESF, en inglés).

Otros países actualmente amenazados con cortes de la ayuda incluyen a Bolivia, que podría perder el 96 por ciento de su ayuda militar de EEUU, y Kenia, que podría perder 8 millones de dólares en ayuda del ESF.

Más información puede encontrarse en:

Citizens for Global Solutions (Ciudadanos para las Soluciones Globales) (http://www.globalsolutions.org/); Coalition for the International Criminal Court (http://www.iccnow.org/?mod=bia); The American Non-Governmental Organisations Coalition for the International Criminal Court (http://www.amicc.org/); Washington Working Group on the International Criminal Court (http://www.usaforicc.org/wicc/)