La administración Bush planea reanudar la producción de sistemas de minas antipersonales terrestres en una iniciativa adversa para la comunidad internacional y contraria a la anterior política de EEUU, según Human Rights Watch (HRW), la principal organización de derechos humanos de ese país.
Las minas antipersonales terrestres son lanzadas y diseminadas frecuentemente desde aviones militares en vuelo.
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Ver los otros artículos del Proyecto censurado.
Casi todas las naciones han suscrito el acuerdo de prohibición global de minas antipersonales. En 1994, EEUU requirió “la eliminación eventual” de todas esas minas y en 1996, el presidente Bill Clinton dijo que EEUU habría de “buscar un acuerdo mundial lo más pronto posible para acabar con el uso de todas las minas antipersonal”. EEUU produjo sus ultimas minas antipersonales en 1997. Ése fue el objetivo declarado por el gobierno norteamericano para unir a los 145 países signatarios del futuro Tratado de Prohibición de Minas de 1997, que prohíbe el uso, la producción, exportación y almacenamiento de minas antipersonales.
Sin embargo, en febrero de 2004 la administración Bush dio una media vuelta en la política estadounidense de minas terrestres antipersonales, cuando abandonó cualquier idea de unirse al Tratado de Prohibición de Minas, conocido también como la Convención de Ottawa. "Estados Unidos no se unirá a la Convención de Ottawa porque sus condiciones nos habrían exigido que abandonáramos una capacidad militar necesitada", anunció la Oficina de Política Militar del Departamento de Estado, mientras la administración asumía una nueva política: "Estados Unidos continuará desarrollando sin persistencia minas anti-personal y minas terrestres antitanque”.
HRW reportó que “las nuevas minas terrestres norteamericanas tendrán dos maneras de iniciar su detonación: un soldado podrá decidir cuándo hacer explotar la mina o la tradicional activación que realiza la propia víctima. El Tratado Internacional de Prohibición de Minas” no permite minas diseñadas para explotar por presencia, proximidad o contacto con una persona, es decir, la activación por la propia víctima.
Para eludir a la oposición internacional, el Pentágono se propone desarrollar el "Sistema Araña”, que consiste en una unidad de control capaz de monitorear a distancia las municiones desplegadas en un área unidas a una red de alambres finos. Una vez que la telaraña de alambres envía información, el sistema de control permite que un operador active los mecanismos. El Sistema Araña, sin embargo, posee "una característica de invalidación del campo de batalla" que permite una activación por el blanco, o sea, por la víctima.
Foto arriba: campo minado en Colombia.
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Un informe del Pentágono al Congreso explicó: “La activación por blanco es la capacidad del software de habilitar la munición requiriendo la acción de un operador para iniciar la detonación, pero la munición puede ser detonada por el blanco. El jefe, la junta de jefes de personal y los jefes de servicio, usando su mejor juicio militar, sienten que sin esta característica del sistema que requiere la intervención del hombre no se resolverían adecuadamente las condiciones operacionales tácticas y las contramedidas electrónicas”.
El ejército de EEUU gastó 135 millones de dólares entre los años fiscales 1999 y 2004 para desarrollar la Araña y pidió otros 11 millones para completar su investigación y desarrollo. Se presupuesta un total de 390 millones de dólares para producir 1.620 Sistemas Araña y 186.300 municiones. Según documentos del presupuesto liberados en febrero 2005, el Pentágono pidió 688 millones para seguir adelante la investigación y 1.080 millones para la producción de nuevos sistemas de minas terrestres entre los años fiscales 2006 y 2011.
Steven Goose, Director de la División Brazos de HRW, dijo al Proyecto Censurado que el Congreso solicitó al Pentágono un informe sobre las consecuencias humanitarias que se “atropellan en el campo de batalla” con la activación de estas municiones por la víctima para revisarlo antes de aprobar los fondos. Aunque la entrega del documento estaba fijada para diciembre de 2005, hasta junio de 2006 el Congreso no había recibido este informe preliminar del Pentágono.
Si la araña sigue adelante, o similares sistemas de munición de las minas, se viene encima un precedente aterrador. En el mejor escenario, los 145 países signatarios de la Convención de Ottawa deberían aplicar el Tratado, que prohíbe ayudar operaciones en militares comunes en las que se estén utilizando minas terrestres. En el caso peor, la producción de EEUU legitimaría la reasunción internacional de la proliferación de minas terrestres.
Steven Goose advirtió: “Si no se insiste en una prohibición que comprenda todos los tipos y usos de minas anti personales, cada nación podrá exigir justificaciones y requisitos únicos”.
Las minas terrestres son armas horroríficas. Y, naturalmente, las escasas noticias veraces en los medios sobre el terror que infligen sobre los seres humanos –principalmente civiles– son ríspidas y perturbadoras, especialmente cuando el propio gobierno es el responsable. Y esta historia periodística sobre la reanudación de su fabricación no hizo muchos titulares, dado el típico servicio que prestan al poder los grandes medios de comunicación.
Pero las ramificaciones potenciales de la reasunción gobierno de EEUU de la producción de minas terrestres son abrumadoras. Y puesto que el ciudadano norteamericano medio no puede disponer de muchos medios para informarse de las cosas horrificas que está haciendo su gobierno, la gente interesada debe asumir sobre sí misma la tarea de poner en su lugar a su gobierno.
Todos deberíamos preguntarnos: ¿Deseamos que nuestro gobierno –un cuerpo que teóricamente nos representa a nosotros, el pueblo– esté gastando millones sobre millones de dólares en estas armas destructivas? ¿Nos quedaremos cómodamente sentados permitiendo que nuestro gobierno produzca armas que matan y mutilan civiles? ¿O nos uniremos y haremos saber al poder que nosotros no aceptaremos este descuido grueso por la vida humana y la opinión internacional?
Es nuestra responsabilidad parar los abusos de poder en nuestro país. Y si no enfrentamos a nuestro gobierno en esta cuestión, creo que la sangre de los inocentes manchará en todos nuestras manos.
Para más información sobre cómo involucrarse en esta tarea, por favor visita: http://www.hrw.org y http://www.banminesusa.org o http://www.icbl.org.
Fuente
Human Rights Watch
Human Rights Watch es una organización dedicada a la protección de los derechos humanos alrrededor del mundo, apoyando víctimas y activistas. Fue fundada en Helsinki en 1978, tiene sedes en EEUU y en varios países, se declara independiente, no gubernamental, apoyada por contribuciones privadas individuales y de fundaciones. Asegura que no recibe fondos de gobiernos directa ni indirecamente. Mayor información en su página web: www.hrw.org/
Traducción de Ernesto Carmona.
Fuentes:
Inter Press Service, August 3, 2005.
Title: “After 10-Year Hiatus, Pentagon Eyes New Landmine”.
Author: Isaac Baker.
Human Rights Watch website, August 2005.
Title: “Development and Production of Landmines”.
Faculty Evaluator: Scott Suneson.
Student Researchers: Rachel Barry and Matt Frick.
(*) Proyecto Censurado (Project Censored) es un programa a cargo del profesor de sociología Peter Phillips, de la Universidad Sonoma State de California, que desde hace 30 años emite un estudio anual sobre las 25 grandes noticias “top” ocultadas por la gran prensa de EEUU. Estas “25 historias top” sobre grandes temas sustraídos del debate periodístico ofrecen una radiografía actualizada de la sociedad estadounidense y la política exterior de EEUU, cuyo conocimiento permite comprender mejor los designios del imperio. Los textos completos pueden verse (en inglés) en http://www.projectcensored.org/.
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