El Sacha ya no es de todos...

Aunque parece la frase más repetida, es una verdad innegable: Petroecuador es el botín político de los gobiernos de turno; y es por demás conocido que el petróleo es el mejor negocio “legal” del mundo, y por ello son muchas las ilegalidades, componendas e “interpretaciones”, con el nombre de contratos, que se han realizado entre Petroecuador y empresas nacionales y extranjeras, con autorizaciones de las autoridades del ramo y, claro, con el aval de los gobernantes de turno. Petroecuador, por esas decisiones erróneas y antipatria, ha sido golpeada desde su creación, ha sido saqueada con este tipo de contratos desde 1978, todo para entregar jugosas ganancias a los empresarios. Estas acciones y decisiones solo muestran las claras intensiones de acabar con la primera empresa del país y que a pesar de esos usos y abusos entrega la primera cuota del Presupuesto General del Estado.

Con la firma de esos contratos petroleros, típico y propio de los gobiernos de derecha, se han entregado bloques petroleros y campos productivos con petróleo liviano, como ejemplos constan: la entrega de Palo Azul, la construcción del ilegal y antifuncional del Oleoducto de Crudo Pesado OCP; la dotación de todo tipo de servicios, la entrega de los campos marginales, entre otros; pero ninguna argucia les sirvió para entregar la joya más grande e importante del Ecuador, el Campo Sacha, que por su extensión, petróleo, tecnología e inversión es la razón de ser de Petroecuador.

Para el experto en Contratación Petrolera, Dr. Luis Arauz, catedrático universitario y autor de varios libros sobre el tema petrolero; “el contrato de creación de la empresa Río Napo adolece de algunas deficiencias jurídicas, no se cumple con lo que manifiesta la Constitución en los Arts. 315 y 316, la Ley de Hidrocarburos en los arts. 2 y 3, que admiten la formación de compañías de economía mixta, mismas que deben sujetarse a los arts. 15 y 18 de la mencionada ley, además se establece claramente sobre las asociaciones que puede hacer el Estado con estas compañías, y eso tampoco se cumplió; y el art. 19, porque no se llamó a una licitación, por lo tanto, ese contrato está plagado de deficiencias”.

“Es la misma historia de los contratos de prestación de servicios específicos basados en las alianzas estratégicas, que no están en la Ley de Hidrocarburos anterior ni en la actual, peor en la Constitución; son simples acuerdos políticos firmados entre gobernantes, entre ministros o entre los presidentes ejecutivos y gerentes de las empresas estatales de otros países. Esta modalidad se pudo concretar basándose en el decreto 799 que se publicó en septiembre del año 2000, que tampoco tiene sustento jurídico. Este acuerdo internacional (Petroecuador – PDVSA) debería estar dentro del contenido de los convenios internacionales o de los instrumentos jurídicos internacionales, y por sus irregularidades no puede enmarcarse en éstos, además no cuenta con el aval de la asamblea nacional, algo que le resta aún más validez.

El experto asegura que “todos los contratos petroleros han sido perjudiciales para el país, las compañías han recibido porcentajes altísimos y el Estado migajas”. Las compañías no solo que se llevaron el petróleo sino las ganancias también, en los de prestación de servicios la distribución fue de 90% - 10%, en los contratos de participación fue 80% - 20%; en los contratos de compañía mixta fue 70% - 30%.

El Eco Jorge Pareja Cucalón, ex presidente de la Estatal petrolera y actual representante del Foro de Opinión Petrolera FOPEC, mencionó que los perjuicios económicos para el Estado son inmensos y que se evidencian porque “se sube los costos de operación artificialmente de 5 dólares de producción a 7,81, y esos 2,81 se le facilita a Río Napo para el reparto con PDVSA”; destacando que “es innecesaria la presencia de PDVSA porque no aporta ni con tecnología ni con recursos, los técnicos ecuatorianos saben de memoria qué se debe hacer en ese campo; es prácticamente un obsequio ideológico a Venezuela por algo que el Ecuador puede hacer solo a través de Petroproducción y su personal calificado.

“Desde el punto de vista económico, tampoco tiene sentido, y en cuánto se afecta al Estado, será eventualmente dependiendo de las cifras (en la venta del crudo), ya que una cantidad importante que corresponde al aporte de “Sacha” que era destinado para las arcas fiscales ecuatorianas, ahora irán a las arcas fiscales venezolanas”.

Como la compañía Río Napo nace con un capital suscrito y pagado de 100 mil dólares, de los cuales PDVSA pone 30 mil, el 30%, ahora el presupuesto que tiene Río Napo para perforación del campo son 630 millones de dólares, de los cuales PDVSA debería poner por lo menos 180 millones, porque si no los pone, para el estado ecuatoriano sería una trampa aún mayor”, terminó el economista Pareja.

En cuanto a las inversiones que requiere el campo Sacha, se ha dicho que son 630 millones de dólares, esa cantidad es para 10 años, cantidad que Petroecuador puede solventar, por dos razones: porque es paulatinamente que se debe inyectar el capital, y porque las inversiones de los campos se recuperan en tiempos cortos.