El abismo energético

El proyecto de Ley de Hidrocarburos de la Cámara de Diputados deja a las petroleras el 100 % del refinado y de la comercialización del gas de exportación. Por esto tantas compañías operan en Bolivia.

El tema de regalías e impuestos es la torta pequeña del negocio, que representa el 20 % de las fantásticas transacciones que se realizan fuera del país. Partir en dos (50/50) esta torta significará que el país obtendrá menos de 10 % del negocio total. Y ello ocurrirá si no se industrializa el gas en territorio boliviano y si el Estado no fija los precios de exportación del energético.

El proyecto establece el principio de “neutralidad”, por el cual el Estado otorgará un trato IMPARCIAL a las empresas. ¿Esto quiere decir que YPFB será tratada igual que las demás compañías? ¿Será neutral el Vicepresidente de EEUU (Dick Cheney) con su empresa Halliburton (cuyo ejecutivo en América Latina, Raúl Kieffer, preside la Cámara Boliviana de Hidrocarburos -CBH—), Brasil con Petrobrás, Venezuela con PDVSA, Holanda con la Shell, Francia con la Total o Inglaterra con la British Petróleum?

Juan Carlos Virreina, ex delegado presidencial, pretendió recuperar para el Estado el 40 % del gasoducto al Brasil entregado ilegalmente a la ENRON por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL). El proyecto de ley no incluye esa recuperación. El artículo 30 de la Ley de GSL obliga a las empresas a devolver al Estado las parcelas no perforadas al cabo de cinco años.

El proyecto dice que el dinero no gastado en perforación deberá ser utilizado en redes de gas domiciliario. En este sentido, el proyecto es peor que la ley “gonista”, ya que no recupera los campos de las compañías que cometieron esas transgresiones. No se dispone el enjuiciamiento de los funcionarios que catalogaron como “inexistentes” los campos descubiertos por YPFB ni de quienes vendieron a Petrobrás las refinerías a precios vergonzosos.

Tales funcionarios reciben viáticos y pasajes de las petroleras, autorizados por el anexo “D”, del decreto de GSL, del 4-VIII-97. El timorato proyecto, calificado de “confiscatorio” por el show de las compañías, está siendo castrado, aún más, por la Cámara de Senadores, famosa por aprobar la inmunidad para tropas norteamericanas.

A su vez, el Presidente Mesa, quien hizo redactar un rechazado proyecto de Ley Corta por el norteamericano Jan Sullivan, formulará observaciones a la ley del Congreso, las que, para ser rechazadas, requieren de dos tercios del Parlamento, porcentaje difícil de alcanzar por el interesado apoyo que ahora tiene en el Legislativo. Así quedará como Ley de la República el proyecto de Mesa y las compañías.

La resistencia social es casi nula. Los empresarios cruceños acogen en su seno a representantes de las petroleras. El Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, ha apoyado la exportación de gas a la Argentina, a cargo de Repsol y Pluspetrol, al precio “solidario” de $US 0.98 el millar de pies cúbicos, cuando Brasil estaba pagando $US 2.30 por la misma cantidad.

El MAS es parte de la Fundación para la Democracia Multipartidaria, financiada por Holanda (patrocinador de la Shell), integrada también, por Ignacio Sánchez de Lozada (hijo de GSL) del MNR y por toda la partidocracia, incluyendo al partido de Felipe Quispe. ¿Existen vinculaciones de Morales con Human Right Watch y la Transnacional Institute (TI), de Holanda, ligadas al multimillonario George Soros, quien explotará la plata del fabuloso yacimiento de San Cristóbal, bajo la gerencia de Oscar Bonifáz, hombre de GSL? Morales acusó a su senador Filemón Escóbar de no pagar a una ONG el préstamo que le hizo para su campaña electoral. ¿Cuál es esa ONG?

Mesa acaba de reemplazar a Eduardo Zegarra, del Servicio de Impuestos Internos (SIN), por cobrar a las petroleras $US 80 millones por evasión impositiva, y designó, con el aval de la delegada anticorrupción, Lupe Cajías, a José Kreidler, vicepresidente YPFB, hombre de las petroleras, quien debe fiscalizarlas, las que contrabandean gas a Brasil, GLP a Paraguay y petróleo crudo a Chile.

Las petroleras pagan el equivalente al uno por ciento de sus ganancias (y no el 25 % de acuerdo a ley) sobre ventas de gas y nada (0 %) sobre el fantástico negocio de exportación del energético. Como puede advertirse, el abismo de Bolivia parece no tener fondo.