El agua busca un espacio en la Constitución como derecho fundamental

Por lo menos así lo sienten más de 1.200 organizaciones sociales, grupos de ambientalistas, usuarios de servicios públicos domiciliarios, etnias indígenas y comunidades afrodescendientes de todo el país quienes desde el año anterior crearon la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, instancia desde la cual se viene impulsando el llamado “referendo público por el derecho al agua”.

La iniciativa busca introducir una reforma a la carta magna colombiana que garantice el derecho que tienen todos los ciudadanos a acceder al agua potable. De acuerdo con los postulados del referendo, se busca que los colombianos accedan al agua potable con equidad de género, que la prestación del servicio público de acueducto esté en manos del Estado o en su defecto de las comunidades organizadas; que se garantice un mínimo vital gratuito del líquido para vivir con dignidad y que se respete el uso tradicional del agua dado por las comunidades afrodescendientes e indígenas.

Para que esto sea una realidad, el colectivo de organizaciones ha recurrido al Referendo, mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución Política de 1991 y desarrollado por la Ley 134 de 1994. Según el articulado, los promotores de un referendo deben radicar la propuesta ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañada del aval de 450 mil firmas registradas en el censo electoral (cinco por mil según la Ley). Una vez inscrita la propuesta, los promotores o el grupo promotor tiene un plazo de seis meses para recolectar 1.400.000 firmas, equivalente al 5% del censo electoral, para poder convocar al Congreso a un referendo.

Al respecto, la Comisión ya cumplió con la primera parte del proceso, que inició hace dos años con la realización de foros temáticos nacionales en los que se discutió el problema del agua potable en Colombia y que derivó el año anterior en la recolección de más de 250 mil firmas, superior al número exigido por la Ley para radicar la iniciativa.

Ahora, el reto de las organizaciones comprometidas con el referendo se centra en la recolección de dos millones de firmas que la Comisión se puso como meta, lo que les permitiría incluir el tema del agua como derecho fundamental en la próxima agenda legislativa del Congreso. “Empezamos esta tercera etapa en marzo y tenemos seis meses para recolectar los dos millones de firmas. Hasta el momento tenemos un balance nacional de 350 mil firmas”, afirma Lida Posada, miembro del Comité Departamental del Agua y de la Vida, ente que promueve la iniciativa en Antioquia.

Si bien existen comités, promotores y voluntarios dedicados a esta labor en todo el país, se espera que Antioquia juegue un papel clave en las aspiraciones de Comité que impulsa el referendo. Según Posada, el departamento aspira a que más de 400 mil personas den su rúbrica, meta que no se ve lejana dada la buena acogida que la propuesta ha tenido entre la gente del común.

“En las salidas que hemos hecho a recoger firmas, que son casi cada ocho días, lo que vemos es que la gente dice que sí. Con sólo escuchar que el agua la van a privatizar y que queremos que sea un derecho, inmediatamente firman, es algo que la siente como una necesidad. Lo mismo en los recorridos que hacemos en los barrios, las personas son receptivas, se interesan en la propuesta e invitan a más gente a firmar”. Añade Posada.

Aunque aún falta mucho terreno para el objetivo trazado, el Comité Departamental ya tiene motivos para sentir que su lucha no ha sido en vano. Recientemente, el Concejo de esta ciudad introdujo una reforma al Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín 2008-2011, en la cual se estipula garantizar un mínimo vital de agua para las familias de nivel 1 del Sisbén.

La exigencia obliga a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) destinar 64 mil millones de pesos para materializar el beneficio, representado en el acceso de 25 litros de agua persona día libre de cobro alguno. “Lo ideal hubiera sido un mínimo vital de 50 litros persona día, pero sin duda es un paso importante, teniendo en cuenta el alto número de desconectados que hay en esta ciudad”, añadió la integrante del Comité Departamental.

Problema en aumento

Según la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, la problemática del agua potable en Colombia radica fundamentalmente en un asunto de acceso. El último censo realizado por el Departamento Nacional de Estadística, Dane, señaló que en las áreas urbanas el 91% de la población cuenta con agua apta para el consumo humano, mientras que en las áreas rurales el porcentaje no supera el 66%.

Sin embargo, estudios de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la Nación demuestran que, por lo menos en las cabeceras municipales, el acceso real al líquido no supera el 30% y en varias ciudades de la zona andina, Costa Atlántica y Llano Orientales, el suministro no se da las 24 horas al día. A esto se suma el tema de la calidad. La Defensoría del Pueblo estima que por lo menos en el 58% de los municipios de Colombia y en 23 ciudades capitales del país el agua suministrada no es apta para el consumo humano.

Pero sin en materia de acceso y calidad del agua las cifras son preocupantes, la prestación del servicio presenta un panorama más desalentador, según la Comisión.

De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, entre los años 1995 y 2000 se registraron incrementos entre el 38% y el 226% por la facturación del servicio de agua potable en las 18 principales ciudades del país, aumentos que hasta la fecha no han cesado. Prueba de ello es el alto número de desconectados que hoy no cuentan con el vital líquido. Estadísticas oficiales señalan que en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, actualmente hay más de 470 mil familias sin acceso al agua potable y en Medellín la cifra llega a los 48 mil usuarios, lo que equivale a unas 100 mil personas.

Lo preocupante, según lo expresan voceros de la Comisión, es que el número seguirá incrementándose de continuar la entrega del manejo de los acueductos a operadores privados. Desde la implementación de la Ley Nacional 142 de 1993, que permite el ingreso de capitales privados a las empresas prestadores de servicios públicos domiciliarios, el manejo de los acueductos de las principales ciudades de la Costa Atlántica y de algunas ciudades del interior, incluida Bogotá, ha pasado a manos de multinacionales como las españolas Suez, Vivendi y Aguas de Barcelona, lo que ha redundado en aumento en las tarifas sin que ello implique una mejora en la cobertura y en la prestación del servicio.

“Las empresas de servicios públicos domiciliarios entraron en toda una dinámica de privatización, y esta iniciativa de referendo va en contra de la privatización (...) nosotros proponemos que haya un uso público del agua y que sea el Estado quien garantice la prestación del servicio”, manifestó Lida Posada, quien al oscuro balance que hace de la situación del agua, añade un elemento del que poco se habla: el deterioro de los recursos hídricos nacionales.

“El IDEAM ha advertido que si no se intervienen los ecosistemas esenciales para el ciclo hidrológico, muchos de los cuales presentan avanzados estados de deterioro debido a la contaminación y a la deforestación, corremos el grave riesgo de desabastecimiento de agua que afectaría al 69% de los colombianos a la vuelta de solo 17 años, es decir en el 2025”, concluyó.