El apoyo del Ejército a los paramilitares

La difusión de esos documentos obtenidos por Archivos de Seguridad Nacional, una organización no gubernamental con sede en Washington, DC, ocurrió en un momento clave, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió exonerar por “falta de pruebas” a 20 indígenas detenidos y sentenciados por su presunta participación en la masacre de Acteal.

Los cables desclasificados fueron enviados en mayo de 1999 por la oficina del agregado militar de la embajada estadunidense en la ciudad de México a la Agencia de Inteligencia Militar y otros agencias como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Aunque los cables sólo son reportes informativos y no productos acabados de inteligencia, el contenido tiene un alto nivel de credibilidad y revela el acceso de la agregaduría militar estadunidense a información sensible sobre los acuerdos del presidente de la república con el secretario de la Defensa Nacional y a detalles precisos de las actividades de la Sección Segunda de inteligencia militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Uno de los cables explica que el presidente mexicano autorizó en 1994 la formación de una red de espionaje militar en las comunidades de los Altos y las Cañadas, Chiapas, con los fines de obtener información de las actividades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y promover las operaciones de los grupos paramilitares antizapatistas.

El documento alude a la presencia de oficiales de inteligencia militar que supervisaban a los grupos paramilitares en Los Altos de Chiapas durante los momentos de la matanza de Acteal. Según la información del agregado militar estadunidense, el Ejército Mexicano dispuso a elementos jóvenes, generalmente con el grado de capitán primero y capitán segundo, así como a sargentos fluidos en las lenguas indígenas de la región, para integrar células de inteligencia que recogían información de las comunidades y entrenaban militarmente a los grupos armados en Chiapas.

Cada una de esas células estaban integradas por tres o cuatro oficiales del Ejército que cambiaban de comunidad cada tres meses por razones de seguridad. Con razón, el Archivo de Seguridad Nacional califica a estas células como una red clandestina. La información estadunidense sugiere que la existencia de estas células no era conocida por otras unidades militares operativas. Como parte de sus misiones, los oficiales de inteligencia estaban encargados de mantener la impunidad de los paramilitares y protegerlos de las eventuales acciones de los cuerpos policiales y militares que patrullaban la región.

Según los reportes informativos, las unidades policiales y militares que estaban presentes en la zona de Chenalhó ese 22 de diciembre de 1997 tardaron más de cinco horas en responder a la masacre. Basados también en fuentes abiertas, principalmente información de prensa, los reportes relatan quejas de indígenas sobre el carácter violento de los grupos paramilitares, en particular del Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista que extorsionaba a los habitantes de la región y los forzaba a realizar trabajos sin pago.

Sin atribuir la fuente, uno de los documentos cita que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) declaró un estado de alerta máxima después de la matanza de los 45 indígenas en Acteal. La Sedena envió 5 mil tropas adicionales, además de un número no determinado de miembros de un grupo de fuerzas especiales, como refuerzo de los 30 mil soldados ya desplegados en Chiapas. Un batallón de fuerzas de elite así como un regimiento de infantería mecanizada fueron puestos también en estado de alerta máxima.

Tras la indignación nacional e internacional provocada por la matanza de Acteal, las operaciones de esta red de inteligencia militar bajaron su perfil, pero no desaparecieron del todo. Todavía en mayo de 1999, fecha de elaboración de las fichas de la agregaduría militar, la red de espionaje seguía funcionando en apoyo a los grupos paramilitares existentes.

Los documentos de la agregaduría militar de Estados Unidos muestran la magnitud de la preocupación que existía entre las agencias de seguridad nacional en Washington por la presencia continua de grupos paramilitares en Chiapas, el apoyo que éstos recibieron de las unidades secretas de inteligencia del Ejército y la posibilidad de una nueva insurrección indígena en la zona.

Aunque cumplieron una función de inteligencia sobre los recursos y las operaciones del Ejército Mexicano, ahora, ya desclasificados, los documentos producidos por la agregaduría militar estadunidense permiten avanzar en la reconstrucción histórica de lo que sucedió en Chiapas entre 1994 y 1999, durante el periodo más álgido de la insurgencia zapatista y la respuesta del gobierno, controlado en ese entonces por el Partido Revolucionario Institucional.

Esa reconstrucción permitiría analizar cada vez con más detalle como se comportaron tanto el Ejército Mexicano como otras entidades gubernamentales durante la crisis ocasionada por el conflicto armado en Chiapas. Aunque han pasado casi 12 años de la matanza de Acteal, el hecho sigue siendo objeto de discusión en los medios, en la Suprema Corte de Justicia y en la conciencia pública.

En el transcurso de los últimos meses, el Archivo de Seguridad Nacional solicitó a la Sedena, a la Secretaría de Gobernación y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional más información sobre la masacre de Acteal. Sin embargo, según relata Kate Doyle, la directora de ese grupo de investigación independiente, el gobierno mexicano no entregó información relevante para documentar la masacre.

Paradójicamente, el acceso público a los documentos desclasificados de la inteligencia militar estadunidense se ha convertido en la única fuente de información oficial, con un alto grado de credibilidad, sobre lo que realmente sucedió en Acteal. Aunque es un trabajo lento y minucioso, la desclasificación de documentos en las oficinas de gobierno en Estados Unidos podría dar lugar a nuevas revelaciones.

Es posible que los cables secretos de otras agencias estadunidenses como la CIA, la Agencia Antidrogas o la Oficina Federal de Investigación también contengan información sensible sobre los vínculos del gobierno mexicano con grupos armados irregulares que cumplen misiones contrainsurgentes.

Cada vez que obtenga y envíe información de la Sedena al gabinete de seguridad nacional en Washington, la agregaduría militar de Estados Unidos y otras agencias de inteligencia que funcionan en México estarán produciendo información que podría ser desclasificada y volverse pública en un plazo no mayor de 10 años.

Afortunadamente para los ciudadanos de uno u otro país, los sistemas de libertad de acceso a la información pública gubernamental de ambos países resultan complementarios para comprender lo que sucede en México y ampliar el sistema de rendición de cuentas.

La impunidad de algunas operaciones clandestinas gubernamentales puede ser seriamente limitada si los grupos independientes y organismos de la sociedad civil de ambos países tienen acceso a más documentos de esta naturaleza y difunden ampliamente sus hallazgos.